Huérfanos de la salud

En la Emergencia Pediátrica del Hospital José Ignacio Baldó (El Algodonal) denunciaron que la dotación de broncodilatares no es oportuna. Cuando hay dotación, solo se garantiza para casos de urgencia.

Una investigación realizada en 22 salas de urgencias pediátricas de los mayores centros públicos de salud de Venezuela confirmó que a los familiares de los niños enfermos se les impone la obligación de buscar las medicinas e insumos que el Estado no puede dotar a pesar de que es su obligación. Ese es el mal más visible de un sistema estatal de atención de emergencias que también padece de déficit de personal, de equipos e incluso de cupos y cuyo desempeño refleja la crisis hospitalaria

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Padres subsidian 
urgencias pediátricas del gobierno

“Joan tiene una crisis de asma que no le deja respirar. Ingresé en la emergencia del hospital y aquí no hay para darle las diez dosis de nebulización que necesita. Gracias a una enfermera que tenía un frasco de gotas de sobra se le pudo dar la primera. Debo completar el tratamiento, pero eso es muy difícil porque en las farmacias las gotas que debo comprar no se consiguen”

Yoriangel Yegué, Emergencia del Hospital José Manuel de los Ríos, Caracas, 6 de marzo de 2017, 10:20 a.m.

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Salbutamol. Ese es el nombre del fármaco que no estaba disponible en la sala de urgencia del principal hospital pediátrico de Venezuela y que necesitaba el pequeño Joan, de un año edad, para ser atendido con prontitud. El broncodilatador figura en la Lista de Medicamentos Esenciales publicada por el gobierno en 2015. En ella se mencionan todas las medicinas que obligatoriamente deben estar en los inventarios de los centros públicos de salud. Su carencia en la institución había alejado la posibilidad de una asistencia inmediata para el bebé. Solo fue gracias a la solidaridad de una enfermera que el infante recibió el primer tratamiento para volver a respirar con normalidad y superar la angustia y el sufrimiento de no poder tomar aire en paz.

Así como él requería de un broncodilatador, Yosef, de cuatro años, quien estaba recluido en la emergencia del Hospital Central de San Cristóbal (Táchira), necesitaba de antiinflamatorio en ampollas para aliviar las dolencias que le dejaron unas quemaduras que sufrió. Para Jesús, de 11 meses de nacido, no se encontraba un antibiótico en la sala de urgencia del Hospital Universitario de Maracaibo (Zulia). A Victoria, de tres años de edad, ni siquiera se le podía administrar un medicamento para controlarle la fiebre porque no había inyectadoras en el departamento de casos urgentes del Hospital Antonio Patricio de Alcalá de Cumaná (Sucre). A Josymar, de seis años, no había cómo hacerle una placa de rayos X en su mano fracturada en el Hospital Alfredo Van Grieken de Coro (Falcón). Ellos, como otros niños de Venezuela, han sufrido por las fallas de una red pública de emergencias pediátricas, cuyas limitaciones en la disponibilidad de medicinas, insumos, equipos y servicios auxiliares básicos dificultan a diario la atención oportuna de los pequeños y la posibilidad de garantizarles el derecho a la salud.

Un total de 22 salas de urgencias de los mayores centros públicos del país fueron visitadas por periodistas del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela en el marco de una investigación adelantada en alianza editorial con reporteros de El Pitazo. En ellas se conversó no solo con médicos y personal de las instituciones, sino con 43 padres o familiares de niños enfermos que describieron qué les pidieron comprar para atender las emergencias vividas por sus pequeños. La mayoría mostraron a los reporteros del presente trabajo las facturas, los récipes o los informes médicos de solicitudes comúnmente relacionadas con productos que no estaban disponibles en los centros estatales, incluidos broncodilatadores, antibióticos básicos, analgésicos de primera línea o sales de rehidratación oral recetados para problemas respiratorios, infecciones, traumatismos y cuadros diarreicos que constituyen las primeras causas de morbilidad atendidas en las unidades de emergencia de la red hospitalaria del Estado que tiene la obligación de brindar una atención integral y gratuita.

Las respuestas confirmaron que papás y mamás dependen de sus bolsillos, de la caridad de terceros o de la suerte en un panorama de escasez general para procurar lo que en las salas de urgencias oficiales no se encuentra para curar las dolencias agudas de los niños. Quienes tienen ingresos suficientes logran costear medicinas, insumos y otros exámenes, si alcanzan a conseguirlos en las farmacias, laboratorios, clínicas privadas o en el creciente mercado negro que prospera alrededor de los hospitales. Los que no tienen los medios económicos les toca otro destino: recorrer varios centros públicos de salud con la esperanza de encontrar un servicio con condiciones para recibir a sus hijos.

Las visitas a las salas (14 del interior y 8 de Caracas, dependientes del Ministerio de Salud o del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales) permitió constatar que la capacidad de resolución de casos en los servicios de emergencia está obstaculizada y eso impide frecuentemente que los especialistas logren observar y estabilizar a un niño en menos de 24 horas, como lo indica el vigente Reglamento de Emergencia y Medicina Crítica, aprobado por el antiguo Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y publicado el 21 de mayo de 1993 en Gaceta Oficial. Las carencias no solo alejan las emergencias del cumplimiento de las regulaciones nacionales, sino de las recomendaciones de organizaciones globales como la Federación Internacional de Medicina de Emergencia, que establece como norma básica que para el correcto cuidado de los infantes en ese tipo de servicio debe existir una provisión suficiente e ininterrumpida de fármacos e insumos las 24 horas del día y un arsenal de equipos en funcionamiento permanente.

Veliz inicialmente había llevado a su hijo al Hospital Luis Salazar Domínguez del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de Guarenas, en Miranda, pero allí no lo recibieron porque faltaban equipos para hacer seguimiento de los signos vitales del niño. Luego se desplazó con inmediatez al Domingo Luciani de El Llanito donde sí disponían de los aparatos, pero no de uno de los antibióticos pediátricos que más escasean en el país: “Cuando llegamos acá pasé dos horas en el cuarto para niños asmáticos mientras esperaba una cama. La doctora me había dicho que necesitaba el antibiótico, porque en el hospital no lo había y solo estaban colocando dos presentaciones que el niño no requería. Las mandé a comprar en la calle y con mucha fortuna las conseguí por apenas 300 bolívares en una farmacia ”.

La institución donde fue recluido el hijo de Veliz forma parte de la red de siete centros de salud tipo IV –los de mayor capacidad de atención según las normativas venezolanas– que están localizados en el área capitalina y disponen de emergencias pediátricas. Además de las existentes en el J.M. de los Ríos y en el Domingo Luciani, se encuentran las de los hospitales Universitario de Caracas de la UCV, José Ignacio Baldó de El Algodonal, Miguel Pérez Carreño de La  Yaguara, José María Vargas de Cotiza y José Gregorio Hernández de Los Magallanes de Catia. Una octava que está entre las principales de Caracas funciona en el Hospital Materno Pastor Oropeza de Caricuao, el único pediátrico tipo III incluido en la muestra del presente reportaje. Todas fueron visitadas por reporteros de este trabajo en diferentes días y horarios y en cada uno de estos centros asistenciales fueron identificados casos de familiares de infantes que necesitaron buscar productos o servicios fuera de los muros de las instituciones.

En otros de los centros de la capital venezolana el mismo tipo producto escaseaba por esos días incluido el Hospital Universitario de Caracas, donde se forman los galenos egresados de la Universidad Central de Venezuela. Allí solo tenían en inventarios una mínima cantidad procedente de una donación cuando Bisenia Agustiniano ingresó a la emergencia con su hija de cinco años por un broncoespasmo que la aquejaba. “Mi otro hijo también es asmático y mi rutina es andar en busca de las gotas e inhaladores por si llegan a sentirse mal pero tengo dos años sin hallar Salbutamol”, relató Agustiniano. Richard Rangel, médico residente de la emergencia pediátrica del hospital universitario, afirma que a diario atienden a una centena de niños y que la mayoría de las veces no tienen otra opción sino la de hablar con honestidad con sus padres: “Nuestro trabajo buena parte del tiempo se limita a dos cosas: diagnosticar y recetar las medicinas que les deben comprar”, admitió el especialista, quien coincidió con otros médicos y enfermeros en que el suministro la sala es intermitente.

Una frustración semejante se evidenciaba en las respuestas que los médicos del servicio de urgencias del J.M. de los Ríos, centro nacional de referencia del sistema público de atención pediátrica, aportaron por escrito a auditores de la Contraloría General de la República que les remitieron en junio de 2016 un cuestionario que indagaba sobre la situación de la emergencia. Las condiciones de trabajo les hacían llegar a una conclusión: “No se puede prestar una atención de calidad a los pacientes a fin de garantizar la salud como lo expresa la Carta Magna, la Constitución venezolana”.

La lista de productos escasos se paseaba desde los protectores gástricos a los antialérgicos. Christhian Cano, médico residente del servicio de urgencias, entrevistado para este reportaje, afirmó que las fallas de dotación incluyen antibióticos especiales para tratar bebés menores de tres meses con fallas respiratorias y que en los inventarios disponibles hay productos con dos años de vencimiento que igualmente se han administrado a infantes con infecciones: “Atendemos muchos enfermos y tenemos dos años presentando fallas en las provisiones”.

“Mi dos hijos sufrieron quemaduras de segundo grado. El menor tiene un año y está en cuidados intensivos y el otro de tres años permanece en la emergencia. Acá la atención ha sido buena, lo malo es que debemos correr para buscar medicamentos. Mi esposo, desde que llegamos, ha recorrido toda San Cristóbal buscando ampollas de antibióticos y otros tratamientos como adrenalina que tuvimos que pedirle a familiares en Colombia”

“Un crimen”. Son las dos palabras que usa José González Cisneros cuando reflexiona sobre servicios de urgencias pediátricos desprovistos de medicamentos e insumos. El médico fue asesor en la creación y ampliación de los servicios de emergencia y medicina crítica cuando estuvo en el antiguo Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y además fue el creador del primer posgrado de Medicina de Emergencia en el país y fundador de la Sociedad Venezolana de Medicina de Emergencias y Desastres. “Le quitas a los niños oportunidades de recuperarse de inmediato de sus enfermedades. A los gerentes de salud les toca trabajar más en la prevención y evitar que surjan complicaciones, pero siempre debes tener unidades capaces de dar respuesta a las fases agudas que presentan los pacientes”.

La historia de las emergencias como se conocen en el presente está asociada justamente a la atención de comunidades desfavorecidas. Así surgieron, por ejemplo, en Estados Unidos para cubrir poblaciones de bajos recursos en ciudades como Chicago y Los Ángeles. Si bien al principio la asistencia estaba centrada en los adultos, tiempo después los servicios fueron ampliados para brindar auxilio especializado a los niños y hace aproximadamente cuatro décadas la especialidad pediátrica adoptó un campo propio. Con relativa rapidez Venezuela adoptó las innovaciones, pero la situación actual de ese tipo servicios evidencia que las personas con menos recursos no necesariamente son a las que mejor les va en las salas de urgencia estatales.

González logró salvar la situación para poder internar al neonato, pero luego de que fue remitido a hospitalización la presión continuó. “Al subir al piso hay que tener dinero, porque piden la solución, los pañales, los medicamentos y todo lo demás”, relató en medio de la desesperación.  El panorama de las emergencias de niños en el interior no es mejor que el que se observa en la capital. Maricarmen Morales, jefa del servicio en el Hospital de la Universidad de Los Andes en Mérida, respondió para este reportaje que además de medicamentos básicos también echa de menos productos elementales como los de limpieza para mantener la asepsia del área. En la institución, los pediatras protestaron el 3 de junio de 2017 y colocaron una serie de pancartas en las que indicaban que los pacientes debían costear todos los fármacos y materiales para ser atendidos. La emergencia pediátrica no fue la excepción, a pesar de ser un área para la atención de una población vulnerable.

En el hospital Victorino Santaella de Los Teques, en Miranda, los médicos a condición de anonimato expresan que sienten vergüenza en muchos casos. “A mí me da pena pedirles a los pacientes que traigan todo, porque es gente que no tiene recursos”. Sobre el tema, Eleazar Gutiérrez, subdirector del centro de salud, aseguró al diario El Avance el 31 de mayo de 2017 que se hacían diligencias para solventar la situación. “Presentamos deficiencia con algunos insumos y estamos esperando que lleguen medicamentos. Tenemos a los pacientes limitados por los materiales con los que contamos, pero de igual manera se les sigue dando la atención”, explicó al medio impreso.

Al igual que en el Victorino Santaella, las fallas insumos se presenta como unos problemas más críticos de salas de urgencias pediátricas, denuncian los padres y médicos consultados. En el Hospital Pedro Emilio Carrillo, del estado Trujillo, y en el Hospital Central de Maracay, estado Aragua, familiares de pacientes coincidieron en que debían comprar por su cuenta desde las gasas hasta el alcohol . Lo mismo se reportó en el Hospital Ruiz Páez de Bolívar donde los galenos denunciaron que en el servicio de urgencias pediátrica, con capacidad para 30 niños, no había disponibilidad de yelcos ni otros materiales fundamentales para colocar tratamientos a los pequeños.

Rondón tenía cargada a Yeriangely cuando increpó a un médico del hospital de niños con una pregunta: “¿Vas a dejar que se me muera en los brazos?”. Había aguardado horas enteras por un cupo mientras la cubría con una manta que, además de abrigarla del frío, ocultaba los síntomas de la condición de la bebé: su piel pálida y reseca y sus brazos y piernas esqueléticas. Además de la diarrea y los vómitos, presentaba un cuadro de desnutrición grave que requería una intervención que comenzaba con una rehidratación rápida. La desesperación de Melisa, quien no contaba con recursos, no le permitía comprender por qué no podían realizarse los exámenes de su hija en el laboratorio del Hospital J.M. de los Ríos. La situación de la unidad ya había sido descrita en un informe situacional, elaborado por los médicos de la emergencia el 3 de mayo de 2016, en el cual señalaban que no se podían practicar estudios diagnósticos de heces, de orina y otros elementales por las fallas en los equipos y por la ausencia de reactivos y medios de cultivo necesarios.

El de laboratorio es uno de los servicios conexos de las emergencias pediátricas que mayores dolores de cabeza causa a los padres que buscan auxilio en los centros  estatales. Es común además que otro tipo de estudios diagnósticos como las tomografías y las radiografías no estén disponibles para los niños que las requieren con urgencia por falta de mantenimiento en los aparatos.

Para este reportaje se constató que 18 emergencias pediátricas estatales estaban afectadas por fallas en ese tipo de unidades de apoyo, que otros países de la región han declarado imprescindibles como los agrupados en el Mercado Común del Sur, Mercosur, del que Venezuela formó parte y fue apartada por incumplimientos a sus normas. Una de las regulaciones de ese foro regional que incluye a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay tiene el siguiente título: Directrices para la organización y funcionamiento de los servicios de urgencia y emergencia. En ellas se establece que todo hospital que cuente con un servicio para la atención de casos de urgencia debe tener, entre otras facilidades, un laboratorio y un departamento de radiología en total operatividad.

La lucha por la sobrevivencia de los padres que se traduce en un constante peregrinaje por farmacias y laboratorios particulares pone de relieve el alcance del fenómeno de privatización de la salud, de acuerdo con Marino González, médico y especialista en políticas públicas sanitarias. “Venezuela es el tercer país del mundo con mayor gasto de bolsillo de la gente en salud, pese a que tiene una red de asistencia que el Gobierno describe como gratuita y universal”. Cita datos de la Organización Mundial de la Salud según los cuales 65 por ciento de la población venezolana toca su presupuesto para costear servicios cuando se enferma mientras el Estado mantiene una inversión deficitaria en la red pública de atención, lo que explica sus carencias.

El problema de fondo, para el experto, radica en una mala ejecución de políticas que no apuntan a reforzar las estrategias de prevención de enfermedades ni a la recuperación de la red ambulatoria que no ha ofrecido atención adecuada, a pesar de los planes enmarcados dentro de la Misión Barrio Adentro I que, de acuerdo con informes de la Sociedad Venezolana de Salud Pública, el Observatorio Venezolano de la Salud y la Red Defendamos la Epidemiología Nacional, no dieron frutos porque no lograron descongestionar los grandes hospitales ni bajar los índices de mortalidad materno – infantil.

La queja de Escobar no solo recaía en la poca dotación de insumos y medicamentos de la emergencia pediátrica del Hospital Materno Infantil Pastor Oropeza de Caricuao, también sobre las condiciones: el servicio no cuenta con buena iluminación ni con aire acondicionado y para evitar que su hijo se sofocara sacudió un sobre manila doblado. Las emergencias pediátricas también se han visto afectadas por fallas de infraestructura, de equipos y por la falta de especialistas en pediatría formados en asistir urgencias. Estos males impactaron ocho de los servicios visitados que en 2016 interrumpieron su atención por lo menos una vez, de acuerdo con fuentes internas consultadas para este trabajo. En los últimos cinco años además ha habido remodelaciones y reinauguraciones que han sido anunciadas por el gobierno en notas de medios oficiales. En al menos 11 de esos servicios de urgencias pediátricas remozados, las fallas de aparatos y de suministros se repitieron, lo que dejó ver que la inversión estatal no siempre se tradujo en mejores duraderas de la atención para los niños.

En las visitas realizadas se confirmó que en las urgencias son comunes las fallas de los monitores de signos vitales para la medición de las frecuencias cardíacas. Así se constató en grandes instituciones como el Hospital Universitario de Maracaibo y el Hospital J.M. de los Ríos dotados gracias a convenios con países como Cuba y China. Se conoció también que en los servicios han denunciado problemas como daños en aires acondicionados (lo que impide la preservación de los equipos y de un clima adecuado para evitar el desarrollo de bacterias) y hasta la existencia de camas en mal estado. Para conversar sobre estas inquietudes, el equipo envió el 27 de junio de 2017 una carta al Viceministro de Hospitales del Ministerio de Salud, Exavier Campos, pero sin obtener respuesta; la misma petición fue remitida el 30 de junio de 2017 al despacho de Carlos Rotondaro, presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pero tampoco ha contestado.

Un vacío central que identifican los especialistas en este contexto es el de la inexistencia de un reglamento para los servicios de urgencias pediátricas en el país. González explicó, que tras la apertura de los departamentos, la atención y la formación solo apuntó a la asistencia de adultos. “El área pediátrica es más compleja porque su atención es diferente y debe ser asumida por un pediatra que no solo esté formado para atender urgencias dentro y fuera del hospital. Al Ministerio de Salud le corresponde reglamentar y definir el alcance de los servicios y, al mismo tiempo, fijar hasta los mecanismos especiales para el traslado de un niño hacia el centro de salud”.

Mientras las autoridades sanitarias del país llenan ese vacío que ha dejado la ausencia de una política pública que dé sentido más amplio a los servicios de emergencias pediátricas, padres como Eduardo López continúan, con incredulidad, subsidiando al Estado en medio de la desesperación que implica un problema de salud agudo. López aguardaba con su hijo Gabriel, de ocho años, en la sala de urgencias del Hospital Central de San Cristóbal después de que el niño presentara un cuadro febril. Le diagnosticaron chikungunya. La ausencia de tratamientos e insumos retrasó su proceso de atención médica y por casos como ese González Cisneros hace una reflexión: “El futuro del país está el manejo clínico de los primeros años de vida del ser humano, en su crecimiento y desarrollo. Cualquier déficit en un servicio de emergencia por cualquier falla va repercutir en su edad adulta”.