Presidente del diario El Luchador. Es oriundo del estado Bolívar. Es empresario

y en su historial figuran al menos un medio de comunicación y una compañía de comercialización.

En el Registro Nacional de Contratistas (RNC) aparecía como socio y dueño de 30% de las acciones de la empresa Guayanasur Telecom C.A, suspendida del registro. El objeto de la compañía era el de “la explotación y comercialización del área de las telecomunicaciones” y tuvo contratos entre 2007 y 2008 con conocidas empresas como la constructora Odebretch, el canal Radio Caracas Televisión (RCTV) y la compañía de telefonía móvil Telcel, que más tarde sería Movistar.

Sin embargo, su perfil como hombre de medios también lo trajo hasta el máximo tribunal del país. El 7 de mayo de 2014, su nombre aparece en una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por una demanda que recibió el diario El Luchador por parte del antiguo presidente del periódico, Víctor Casado. La sentencia refería a una serie de deudas que el periódico mantenía con Casado. No obstante, por falta de evidencia y una serie de errores de formulación de la demanda -entre ellos el hecho de que el periódico, por no tener personalidad jurídica, no puede ser objeto de denuncias legales- se dejaba sin lugar la acción.

 

Rubén Fernando Gamarra Sobenes

Empresario del sector de construcción, de los medios de comunicación y el deporte que falleció el 18 de noviembre de 2008 a causa de envenenamiento, de acuerdo con la autopsia realizada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Nacido en Perú, obtuvo la nacionalidad venezolana. Su actividad empresarial y familiar la desarrolló en el estado Bolívar, donde fundó el Grupo de Empresas RG, el diario Nueva Prensa y el equipo de baloncesto profesional Gigantes de Guayana. Contaba con propiedades en Venezuela, Perú y EEUU.

Tuvo seis hijos, cuatro de su primer matrimonio y dos del segundo, con Jalousie Fondacci Ruiz. Precisamente Fondacci Ruiz se encuentra detenida acusada de homicidio calificado por envenenamiento de su expareja. Los herederos de Gamarra protagonizaron pleitos judiciales con la viuda por el manejo de los bienes del fallecido, lo que incluyó el manejo del diario Nueva Prensa, medio que fue intervenido el 5 de junio de 2013 por orden tribunalicia.

 

 

Ildemaro Guzmán Aguirre

Jalousie Fondacci Ruiz

Abogada, nacida en Venezuela y nacionalizada peruana. Estuvo casada con el empresario del sector construcción y de los medios de comunicación Rubén Gamarra, quien falleció el 17 de noviembre de 2008 en Puerto Ordaz, estado Bolívar.

Al momento del deceso de su marido, Jalousie Fondacci se hallaba en Perú. Vino al sepelio y ordenó que lo velaran con el ataúd sellado, incluso solicitó la cremación del cadáver, pero debido a exámenes patológicos ordenados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), que dieron como resultado la presencia de sustancias venenosas en los tejidos, se suspendió la cremación a medio andar.

Tras la muerte de su esposo asumió la dirección del Diario Nueva Prensa. Pero las investigaciones policiales continuaron, lo que dio como resultado la detención de la asistente de Gamarra, Solange del Valle Álvarez de Rendón y la orden de captura de Fondacci, quien huyó de las autoridades. En febrero de 2009 se entregó y comenzó el proceso en su contra.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Fondacci se puso de acuerdo con su amiga Solange del Valle Álvarez de Rendón para envenenar a Gamarra. La viuda dice ser inocente y la asistente se acogió al precepto constitucional para no declarar. En tanto, la pelea entre Fondacci y los hijos mayores del empresario fallecido continúa, con el diario Nueva Prensa como epicentro del conflicto.

 

 

 

Yamal Mustafa

Abogado y empresario guayanés propietario del diario Primicia y representante de la empresa estadounidense Muszam Investment INC. Está a la cabeza de 19 compañías que asisten a las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y entidades de la Gobernación del estado Bolívar con suministro de tickets de alimentación, comedores industriales y otros servicios de electrificación, construcción y exportación de minerales.

Se estima que sus compañías manejan  72%  de los contratos de la gobernación.

La vinculación existente entre el gobernador Francisco Rangel Gómez y Yamal Mustafá se remonta a 2001, cuando el último trabajó como asesor jurídico de la CVG en el período en que Rangel Gómez presidió la corporación. Fotografías en actos públicos evidencian la permanente amistad entre el gobernador y el empresario.

Yamal Mahmud Mustafá Henríquez fue detenido el 18 de julio de 2013, al igual que otros tres ex directivos de Ferrominera, entre ellos el ex presidente de la CVG Ferrominera Orinoco C.A, Rafwan Sabbagh. Yamal Mustafá fue imputado por el tribunal 5º de Control, extensión Puerto Ordaz, por ser presunto cooperador en los delitos de peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir. También se le prohibió movilizar sus cuentas bancarias, así como enajenar y gravar bienes.

 

El Crimen (I)

 

La noticia no pasó desapercibida en Guayana, la rica región al sur del río Orinoco.

El empresario Rubén Gamarra, dueño de un emporio que incluía al diario Nueva Prensa de Guayana,  había fallecido el 17 de noviembre de 2008. Fue la misma fecha en la que cumplía 14 años de casado. Lo que en principio pareció un infarto, luego se transformó, a raíz de la experticia toxicológica, en una muerte por envenenamiento tras la que se señaló como principal sospechosa a su entonces esposa, Jalousie Fondacci.

 

Quince años antes, Gamarra y Fondacci se habían unido también para emprender en la industria de los medios de comunicación. El 26 de mayo de 1993, en el Registro Mercantil de la circunscripción judicial del Estado Bolívar, inscribieron a Sociedad Mercantil Editorial R.G., C.A. Gamarra detentaba 22.500 acciones y Jalousie Fondacci de Gamarra 2.500 acciones, representativas de un capital –pagado al 20%- de 25 millones de bolívares. Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia ha sido la que permitió saberlo, solo tras la muerte de Gamarra, pues el documento original de constitución de la empresa no apareció al momento de solicitarlo y la archivista indicó que sospechaba que se lo había llevado uno de los abogados que actuaron en el juicio penal.

 

Dos tazas de café tomó el empresario de origen peruano y nacionalizado venezolano el día de su muerte. La segunda, servida por su asistente, Solange Sánchez, fue la que se sospecha le dio muerte. Las muestras de sangre dieron indicios de la “intoxicación por envenenamiento” con un químico utilizado en productos domésticos contra las ratas. Encontraron “metomilo y derivados cumarínicos (…) confirmándose como causa de la muerte el envenenamiento con rodenticida (raticida)”, refleja el expediente judicial del caso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde 1993 hasta 2008 el emporio mediático de Guayana había crecido. El matrimonio Gamarra-Fondacci contaba con una empresa que en 2005 había aumentado su capital a 300 millones de bolívares y cuyo accionariado se repartía en 80% de Gamarra y 20% de Fondacci, según registra la sentencia del juicio por “acción de indignidad sucesoral” que iniciaron los hijos de Gamarra contra quien fuese la esposa de su padre, Jalousie Fondacci.

Ese mismo 17 de noviembre de 2008, Jalousie había llamado 19 veces desde Perú a Sánchez para que preparase un ramo de flores para Gamarra por la celebración de su aniversario, reportó el diario Últimas Noticias. Dos días después, se realizaría la cremación del cuerpo

de Gamarra, coordinada por su esposa desde Perú. Cuando el proceso llevaba una hora con 45 minutos, una comisión del Cicpc detuvo la cremación. “Desde Caracas, había llegado

el informe toxicológico que confirmaba la sospecha inicial del envenenamiento”,
indicó el diario.

 

El Castigo (I)

 

Como resultado, Jalousie Fondacci, viuda de Gamarra y señalada como presunta autora intelectual, y Solángel Álvarez, presunta autora material, fueron detenidas. Fondacci rompió el silencio dos años y medio después del hecho y dio a conocer su versión de la historia, publicada por Nueva Prensa de Guayana:

 

Jamás pensé quitar nada a nadie, y los deseos de tener más no podrían ser mejor expresados por esos hijos: un golpe bajo en el momento de más debilidad. Bastaron veinticinco (25) días luego de fallecido el padre para encontrar unas culpables del asesinato que jamás ocurrió, de un envenenamiento inventado a la sazón de la ingenuidad.

Todo se orquestó en la mente maquiavélica de quien dictaminó (sin haber evidencia física, ni sospecha médica-patológica) que Rubén Gamarra había sido envenenado porque un familiar cercano, muy cercano a él había atravesado por las mismas circunstancias.

(…)

Quizás no se sepan muchos detalles de las formas en que se orquestó esta patraña mentira; hubo llamadas a los medios policiales (donde también se desenvolvía como peces en agua) por los interesados, pagos fraudulentos compradores de silencio y la anuencia de un fiscal nacional que se llevó las glorias investigativas.

 

Aclaro: al momento de su fallecimiento yo no me encontraba en el país, me había residenciado con mis tres hijos por petición de Rubén y de mutuo acuerdo, sin conflictos maritales (como algunos intentaron hacerlo ver) en la ciudad de Lima, decisión alternativa para superar una condición médica a través de terapias y descanso del stress laboral y de modus vivendi; para nadie es secreto los momentos de angustia que se vivieron en determinado momento en la ciudad por los innumerables secuestros; sentíamos que de nuestras cabezas pendía una espada de Damocles.

 

El deceso de Rubén Gamarra y el conflicto sucesoral se tradujeron inevitablemente en una disputa por el control del diario.  El lunes 13 de junio de 2013, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar sentenció el nombramiento de María Cequea como administrador ad hoc de la Sociedad Mercantil R.G., C.A.; y a Carmen Zoraida Cordero como comisario ad hoc de la empresa.

 

“Un asunto muy particular del periódico se vio reflejado en el clima laboral del día a día”, cuenta María Alba Toledo, quien trabajó en el diario Nueva Prensa de Guayana como periodista de las fuentes de Economía y Política entre 2011 y 2014. El periódico inicialmente estaba dirigido por la esposa del fundador del diario y luego la junta ad hoc ha mediado para equilibrar los intereses de las partes en conflicto.

 

Toledo cuenta que en el intervalo se encontró con listas de temas y personajes vetados. Al final, optó por salir del diario. “Fue algo que fue creciendo”, reconoce, “hasta ese punto en que ya no puedes hacer tu trabajo, ni siquiera medianamente como esperas, y te dices que si no puedo cambiar esto entonces mejor me retiro de esta situación”.

 

Columnas de opinión dejaron de salir en el diario solo para abrir espacio para los textos que enviaba el gobernador Francisco Rangel Gómez, relata Jorge Muziotti, quien fue coordinador de la sección de Deportes y coordinador de Corresponsalías entre 2010 y mayo de 2014 en Nueva Prensa de Guayana. Dice que nunca fue censurado a excepción del caso de un partido de fútbol en el que se le ordenó colocar en su nota que la seguridad había sido un éxito gracias al operativo de la Gobernación del Estado Bolívar. Pero tuvo que censurar: “Había ciertas personas de carácter político que no salían. Yo tenía que llamar al corresponsal y decir que tal persona no salía y que no hiciera notas de eso”, confiesa.

 

Los cambios en la administración se hicieron notar en las formas de gerencia del medio según recuerdan periodistas que trabajaron allí. Algunas veces los cambios se consumaron sin conflicto, pero otras se produjeron discusiones acaloradas entre Luis Vera, asociado con los hijos de Gamarra, y los periodistas, que con frecuencia terminaron por renunciar.

Jalousie Fondacci y Solange Sánchez, han apelado a la justicia venezolana. En un recurso introducido por sus abogados el tribunal sentenció el 12 de febrero de 2014 inadmisible la solicitud de anulación de la sentencia que ratificaba la aceptación de la solicitud de prórroga de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad realizada por la representación Fiscal.

 

El Crimen (II)

 

La opinión pública del estado Bolívar volvió a tener como foco el caso de un empresario vinculado con medios de comunicación y un crimen; Yamal Mustafá, empresario que manejaba casi tres de cada cuatro contratos de la Gobernación, fue privado de libertad el 18 de julio de 2013 por su vinculación con un caso de corrupción. El Ministerio Público informó al día siguiente que realizarían una audiencia sobre su caso por ser el representante de la empresa Muszam Investment y “por su presunta vinculación con las irregularidades ocurridas en la CVG Ferrominera del Orinoco C.A., durante la gestión del ex presidente Radwan Sabbagh”.

 

Cuatro años antes, el empresario se había iniciado como editor. En 2009, junto a Celestino Adames (exjefe de redacción de Nueva Prensa de Guayana) fundó el semanario El Crítico. La publicación desapareció luego de la creación de su siguiente emprendimiento mediático: Primicias, que fue presentado como empresa con un capital inicial de 200 mil bolívares, bajo el nombre de Editorial de Primicias, ante el Registro Mercantil del estado Bolívar el 1 de junio de 2010, y que tuvo como accionistas a él y a su esposa Mary Rosa Rodríguez en partes iguales. La empresa Venimpres, también registrada por Mustafá y Mary Rosa Rodríguez, es la encargada de la impresión del periódico.

 

El mismo día en que Mustafá fue apresado

en 2013, había acudido a los tribunales del

estado Bolívar para introducir una demanda

contra el diario El Correo del Caroní

y su presidente David Natera, por daños

y perjuicios. Según reportó Primicia fue para

 “para demandar por daños y prejuicios a

David Natera Febres y la sociedad mercantil

Editorial Roderick C.A., editora del diario

El Correo del Caroní, por la campaña de descrédito

que han emprendido en su contra y la de su familia. Esta demanda civil se suma a la querella penal”. Solicitó se prohibiese a El Correo del Caroní y los medios locales publicar informaciones sobre las investigaciones legales que lo vinculaban con presuntos hechos de corrupción en CVG Ferrominera del Orinoco.

 

El tribunal falló a favor de Mustafá el 22 de julio de 2013 y solicitó al periódico “se abstenga de publicar o permitir publicar, informaciones subjetivas o prejuiciosas, emitidas de manera directas o indirectas, simuladas o figuradas, relacionadas al ciudadano Yamal Mustafá, así como referido a cualquier otro proceso penal que se llegue a instaurar contra su persona, que pudiere interpretarse como lesiva de sus derechos constitucionales, como lo es el debido proceso, presunción de inocencia, del derecho al honor y reputación y del derecho a la integridad de las personas y las familias, procediendo a publicar información de manera objetiva y apegada a la ética periodística”. Esto hasta tanto no se resolviese la demanda penal contra Natera por difamación e injuria, introducida por Mustafá.

 

Tres meses después de la privación de libertad contra Mustafá, en octubre de 2013, Denisse Bocanegra, juez novena de Control del Área Metropolitana, dictó una medida de incautación de bienes contra seis personas vinculadas con el caso de corrupción denominado “el cartel del hierro”, que según la prensa significó la pérdida de más de mil millones de dólares para el Estado venezolano. Se ordenó la incautación de los bienes de Yamal Mustafá junto a la de cinco ex funcionarios de CVG Ferrominera del Orinoco.

 

En el caso de Mustafá, la incautación incluiría empresas como Editorial de Primicias, entre otras inversiones a cargo del empresario. Sin embargo, hasta mediados de 2014, los libros de la empresa en el Registro Mercantil del estado Bolívar no incluían referencia alguna a la incautación.

 

El Castigo (II)

 

La mayoría de los periodistas y ex trabajadores del diario Primicia contactados para esta historia tienen miedo de hablar. Hablan de presiones y casos de censura dentro del diario, pero prefieren no ser citados.

 

Sebastián Cisternas trabajó como periodista en el diario entre abril y noviembre de 2013, antes que se produjese la intervención del periódico. Recuerda que en época de protestas no le permitían el uso de ciertas palabras para hacer las reseñas de las manifestaciones y que temas como el caso de corrupción de Ferrominera, o denuncias contra el gobernador, eran sensibles para el periódico. “Andrés Velásquez (diputado de La Causa Radical) estaba vetado del periódico, el movimiento estudiantil también estuvo vetado, y sí, había muchos temas incómodos porque al fin y al cabo, la primera plana siempre estaba dedicada al gobernador. Había muchos intereses de por medio”.

 

La renuncia de Cisternas a Primicia estuvo acompañada por un ambiente de tensión y hostilidad que atravesaba el periódico, además de la censura que impedía contar cosas que sucedían en la calle, así como los grupos de poder que influenciaban la publicación: “por ejemplo, cubrías una nota de cierto político, o cierto tema, y eso era un regaño y hasta una amenaza de despido contra algunos periodistas”.

 

 

ENTREVISTA

 

Víctor Casado / Director de El Luchador entre 2005 y 2011 /

Ex director de la Electricidad de Ciudad Bolívar

 

Conflicto con el gobernador del Estado, Francisco Rangel Gómez, motivó la venta del diario

 

Las presiones contra el personal del diario y amenazas contra uno de sus dueños fue el detonante del cambio de manos del medio de Ciudad Bolívar. Amenazas de prisión contra Víctor Casado así como el cerco económico que sufría El Luchador, fueron algunas de las razones que su ex-director presentó como detonantes de la venta del diario que se produjo en el año 2010

 

Las presiones políticas han acompañado la historia de El Luchador, que comenzó a circular bajo el nombre de El Anunciador en el año 1905 después que Agustín Suegart lo fundara. Pero la incomodidad que sentía el entonces presidente Cipriano Castro por la publicación impulsó su cambio de nombre, pues como reseña la revista Producto de Caracas, “ahí es cuando surge El Luchador. En 1969 el periódico cambia su formato a tabloide para hacerle frente a El Bolivarense. Así se mantuvo hasta 1978 cuando dejó de circular”.

 

En 2005 reabrió sus puertas cuando los empresarios Simeón García –entonces propietario de la compañía de electricidad local, así como de la aerolínea Aserca- y Víctor Casado compraron la marca, que quedó como empresa registrada el 1 de agosto de ese año. Pero las presiones volvieron a llegar al diario, y se produjeron varios cambios de dueños desde el año 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

Los documentos de El Luchador C.A. muestran un acta de asamblea extraordinaria del

14 de mayo de 2011 en la que los accionistas Braulio Merino Alonso y Daniel Merino Riva vendieron la totalidad de sus acciones a Ildemaro Guzmán Aguirre, quien quedó como presidente de la empresa tras la compra que realizó por un monto de 350.000 bolívares

(o unos 80.000 dólares, al cambio oficial de la época). El documento de la reunión fue redactado por Wilmer Rafael Gil Jaime, socio en el bufete de Yamal Mustafá, dueño de Primicia, y defensor en su juicio.

Víctor Casado, uno de los empresarios que reabrió la publicación en 2005, cuenta que aunque nunca pensó que en su ánimo nunca estuvo la intención de vender, finalmente tuvo que hacerlo bajo amenazas de prisión y acuciado por la inseguridad jurídica.

 

¿Qué motivó la venta de El Luchador?

Hubo muchos factores que influyeron para que yo tomara la decisión de vender El Luchador, aunque en el fondo nunca estuvo en mis planes. El conflicto con el gobernador del estado, Francisco Rangel Gómez, sus  constantes amenazas de meterme preso, el cerco económico que desde la Dirección de Relaciones Públicas le hicieron al diario y a sus anunciantes, y la inseguridad jurídica que se me podía presentar en el caso de que él concretara sus amenazas, fueron las razones que más privaron a la hora de tomar la decisión.

 

 

¿Hubo presiones gubernamentales para su venta?

Presiones directas del Gobierno regional no hubo, pero indirectamente sí. Amenazas de los círculos cercanos a Rangel, presiones a los periodistas del periódico, y la denuncia infundada de un Diputado para ese entonces afecto a Rangel, eran mensajes directos para amedrentarme y por lo menos mantenerme alejado del periódico.

 

Al momento de vender las acciones, ¿tuvo que tomar alguna decisión de reducción de personal?

No, nunca.  Ni siquiera en la peor crisis del periódico tomé medidas para reducir el personal.  Y a la hora de vender le solicité y le recomendé al comprador no tomar acciones de reducción del personal. El personal El Luchador era para mí el activo más importante que tenía el periódico.

 

¿Cómo definiría la línea editorial de El Luchador durante su administración?

Completamente equilibrada. No éramos un periódico de la oposición, pero tampoco del gobierno. Nuestra misión era informar oportunamente a nuestros lectores, proporcionando información exacta, veraz e imparcial y permitiendo, al mismo tiempo, la participación de las personas para que pudieran expresarse libremente.

 

De acuerdo al registro mercantil, los propietarios para 2011 eran Braulio Alonso, Daniel Merino e Ildemaro Guzmán. ¿La venta de sus acciones se dio antes?

Yo vendí mis acciones en 2010. 50% a Braulio Merino Alonso (quien decidió poner a su hijo como accionista) y el 50% a Ildemaro Guzmán, quien representaba un grupo de inversionistas que liderizaba Oscar Jiménez, para entonces, dueño del Banco Guayana.

 

¿Cómo evalúa la libertad de prensa y de expresión en Venezuela?

Actualmente la libertad de expresión en Venezuela está reducida. Son muy pocos los medios independientes y prácticamente lo que existe en Venezuela es un oligopolio comunicacional en donde los medios se dividen entre oficialistas y opositores, con la gran desventaja de que son más los medios que están en manos del Gobierno que los que están en manos privadas.  Cada día se hace más difícil expresarse en Venezuela. Ya casi no quedan medios en donde los ciudadanos puedan expresarse libremente y tampoco quedan muchos medios en donde los periodistas puedan expresar sus ideas con toda libertad.

 

El Luchador

Diario de circulación regional, en los estados Bolívar y Monagas. Fue fundado el 10 de julio de 1905 y es una prolongación del diario El Anunciador, cerrado por el presidente Cipriano Castro.

En 2005 cambió de dueños y su presidente pasó a ser Simeón García, mientras que Víctor Casado funge como editor-director. Para 2014, su presidente es el empresario Ildemaro Guzmán Aguirre.

 

Víctor Casado

Empresario. Nacido el 16 de enero de 1954, es administrador. En su Twitter personal destaca su participación como ex director y propietario del diario El Luchador, y de las emisoras Onda 103.5 FM y Actualidad 1100 AM, todas en Ciudad Bolívar; así como su residencia: “Radicado en Miami por razones obvias”.

Para 2006 trabajó en la Electricidad de Ciudad Bolívar (Elebol), empresa dedicada al suministro de energía eléctrica para la región y que, más tarde ese mismo año, fue intervenida por la Presidencia de la República. En esa empresa ocupó el cargo de presidente ejecutivo. La empresa enfrentó una demanda por difamación agravada continuada por declaraciones que emitió la consultora de la compañía, María Antonieta Martínez, en el diario El Progreso, contra el ciudadano Manuel Guevara, a quien calificó como estafador. El calificativo, alegaba Guevara en su escrito, vino por presuntas órdenes de Casado y del presidente de la Junta Directiva de Elebol, Simeón García.

Según el blog Cronologías del estado Bolívar, ambos, García y Casado, son socios y en 2005, adquirieron el periódico El Luchador. Allí también enfrentaron una denuncia en 2010, de parte del diputado a la Asamblea Nacional, Adel El Zabayar, quien los acusó de cometer defraudación al Estado venezolano y apropiación indebida por tarifas cobradas durante su administración de Elebol, que más tarde no cancelaban al Estado venezolano.

A partir de febrero de 2014 inició una serie de acciones legales contra el mismo periódico, del que ya se había separado, por presuntas deudas contraídas durante su relación laboral con el diario y que todavía no habían sido canceladas. Las demandas fueron declaradas sin lugar por el TSJ en mayo de ese mismo año.