El diario De Frente, de Barinas (ciudad capital del estado del mismo nombre, en el suroccidente de Venezuela), lleva más que noticias en su historia. En la memoria de sus empleados hay, además y sobretodo, un expediente de agravios: un período de persecución política a sus periodistas, violación de sus derechos como trabajadores, el cambio violento de su editorial y, característicamente, un constante traspaso de propietarios, la mayoría, vinculados al Gobierno Nacional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No es que el diario De Frente sea el más influyente de un estado cuya población ni siquiera excede los 900.000 habitantes, de una vigorosa actividad agropecuaria y comercial, pero puesto en el mapa político e informativo venezolano por ser el lugar de nacimiento del comandante Hugo Chávez y el coto privado de su clan familiar. Solo que por un tiempo llegó a ser, en palabras del diputado opositor Rafael Simón Jiménez, la única ventana plural que “podía desenmascarar a la familia Chávez”.

 

Desde 1998 los Chávez –Hugo de los Reyes, el patriarca, y Adán, el hermano mayor-  se han sucedido en la gobernación del estado y otros hermanos y familiares del líder revolucionario se repartieron alcaldías y cargos de la administración pública. Nunca fue buen momento para poner en tela de juicio la gestión de la familia presidencial, pero menos todavía lo fue la coyuntura electoral del año 2008. Entonces Adán Chávez lanzó su candidatura a Gobernador luego de un decenio de gestión de su padre. La fuerza del apellido Chávez, aunque parecía garantizar la victoria en las urnas, truncó las ambiciones de varios dirigentes locales del oficialismo que se tenían a sí mismos por candidatos naturales al gobierno regional. Entre ellos estaba el alcalde de la ciudad de Barinas, Julio César Reyes, quien en el brete optó por postularse como candidato independiente. De la noche a la mañana, el fantasma de la división amenazaba al chavismo con hacerle perder una posición emblemática. Era un riesgo que no se podía correr. Planteado así el problema, la solución que encontró Adán Coromoto Chávez fue la de usar a los medios regionales.

 

El diario De Frente se fundó el 20 de agosto de 1990 según el expediente número 5509 que reposa en el Registro Mercantil Primero del estado Barinas. Sus páginas certifican que José Daniel de Jesús Trejo y José Luis Carrasco constituyeron la empresa Inversora 435, editora del diario De Frente, con un capital de 7 millones de bolívares; cada acción con un costo de 10 mil bolívares. Trejo tenía 560 acciones y Carrasco 140. Nueve días después aumentaron el capital a 8 millones 200 mil bolívares. Dos años más tarde, en 1992, Jesús Trejo vendió sus acciones a los hermanos Manfredi Campochiaro: Luigi, Sabatino y Giancarlo. Inmediatamente, Luigi vendió 140 acciones a María Eugenia Cedillo Vaz. Ese mismo día, Carrasco vendió sus acciones a Luis Velázquez Alvaray, el exmagistrado chavista que cayó en desgracia unos años después y que ahora, desde su exilio en Costa Rica, acusa a sus excompañeros de partido, ideales y sitio de trabajo de ser corruptos e incluso criminales. En septiembre del año 2000 Velázquez Alvaray y María Cedillo vendieron todas sus acciones a los hermanos Manfredi, y estos aumentaron el capital a 30 millones de bolívares. Cambiaron el domicilio a Caracas y nombraron a Emperatriz Guevara como gerente general del diario De Frente. Los Manfredi también son los propietarios del diario Frontera, de Mérida, cuyo director fue Velázquez Alvaray hasta su elección como magistrado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situación jurídica y laboral en De Frente se mantuvo así hasta 2007, cuando ya se aproximaba la campaña de las elecciones regionales.

 

Cambio de elenco

 

El diputado Rafael Simón Jiménez, que en los años 90 fue director del diario De Frente

y mantuvo cercanos vínculos con Manfredi  y Velázquez Alvaray, asegura que ese año los propietarios de origen italiano vendieron el periódico al banquero Ricardo Fernández Barrueco, que ya tenía un largo historial de compra de medios en estados llaneros como Portuguesa. Sin embargo, el acta constitutiva de 2007 de De Frente Barinas C.A. (una persona jurídica distinta a Inversora 435 editora del diario De Frente) registra que sus dueños eran Miguel Ángel Méndez Cedeño y Miguel Quintero Hernández.

 

-Yo estoy seguro de que es así- insiste Jiménez, sin embargo- porque Miguel Quintero es mi compadre en dos sacramentos y nos criamos juntos. El dueño era Fernández Barrueco.

 

Jiménez asegura que Quintero, siendo dueño o representante legal del periódico, inició una ambigua campaña que, lejos de favorecer a Adán Chávez en su propuesta electoral, mantenía una línea poco identificada y a la que hasta acusaron de beneficiar a Julio Reyes. A la postre, Adán Chávez ganaría las elecciones regionales con 50,48% de los votos, con una diferencia mínima sobre Julio César Reyes, quien obtuvo 43,95%.

 

Miguel Quintero, El Gordo Quintero, el operador que dio la cara en ese período como propietario en los papeles del diario, fue director de Comunicaciones de la Cancillería de la República durante la gestión de José Vicente Rangel, eminencia gris de los gobiernos chavistas, según revelaron en un reportaje del diario El Mundo de Caracas las periodistas Andrea Daza y Carjuan Cruz. . También era el editor de la extinta revista Pax. Versiones lo vincularon con El Diario de Caracas y lo retrataron como enlace del servicio exterior chavista con los movimientos guerrilleros de Colombia.

 

A principios de 2009, Quintero y Méndez salieron del diario y le dejaron todas las acciones a José Gregorio Camacho. El cambio de propietarios coincidió con una campaña de hostigamiento interno contra los periodistas. Testimonios, todos confidenciales, relatan que los jefes de redacción escondían las notas que estaban por publicar y que eran reprobadas desde la sede de la gobernación y que incluso los reporteros, a la hora de escribir, se sometían a una excesiva vigilancia. Para ese entonces, según el Registro Nacional de Contratistas que citaron las periodistas Daza y Cruz, los principales clientes del diario eran el Consejo Legislativo del estado Barinas, el Instituto de Transporte y Vialidad del estado y Abundio Sánchez, entonces alcalde de la ciudad de Barinas y quien hizo llave con Adán Chávez en la elecciones de 2008.

 

Poco antes de  finalizar el año, José Gregorio Camacho vendió sus acciones a Rubén Hernández Remón y Eduardo José Hernández Remón, para luego entregarse a las autoridades en la sede local de la policía política, todavía llamada Disip (Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención) para ese entonces.

 

La selva de Barrueco

 

¿Qué había ocurrido? Que Camacho era abogado y socio de Ricardo Fernández Barrueco.

 

Fernández Barrueco estaba vinculado al Gobierno Nacional y ya para entonces era una verdadera leyenda a voces, como una de las fortunas de más rápido crecimiento en el país en su rol productor y distribuidor de alimentos para las cadenas comercializadoras del Estado. Sin embargo, por una vuelta del destino, el magnate en ciernes cayó en desgracia a finales de 2009. Fue detenido por órdenes del presidente Chávez en medio de una crisis financiera que arrastró una a cuatro bancos de los que era dueño: Bolívar, Canarias, Confederado y Banpro. Era el dueño de al menos 266 empresas registradas en Venezuela, Panamá, Estados Unidos, Curazao, España, Ecuador y Guatemala, entre otros. También tenía en sus manos Molinos Nacionales (Monaca) y otras empresas distribuidoras y procesadoras de alimentos que tenían vínculos directos con la red estatal Mercal. José Gregorio Camacho, que aparecía como dueño de De Frente a mediados de 2009, figuraba como accionista de al menos 90 de esas empresas de Fernández Barrueco.

 

“Fernández Barrueco, por petición de los Chávez, sacó a Quintero, puso a Camacho y cambió toda la línea editorial”, sigue armando el rompecabezas el diputado Jiménez.

 

Apenas unos meses antes de caer en prisión, Camacho vendió todas las acciones del diario a los Hernández Remón y a Eduardo Hernández Remón por 20.000 bolívares fuertes (algo más de 4.500 dólares al cambio oficial vigente para la fecha).

 

Desde entonces ellos son los dueños del periódico y mantienen la línea editorial que le favorece al Gobierno. Razones hay para ello. Rubén Hernández Remón es el esposo de Tanía Díaz, exministra de Comunicaciones, exdirectora de Venezolana de Televisión, diputada a la Asamblea Nacional y presidenta de la Comisión de Medios del parlamento. Hernández Remón, además de ser fundador del canal de televisión de la Asamblea Nacional, es cineasta y ha hecho algunas producciones para Venezolana de Televisión, la principal televisora del Gobierno.

 

Cuando volvió a salir, El Sol alumbraba de otra manera

 

Las líneas editoriales de los medios de comunicación en Maturín, capital del estado Monagas (oriente de Venezuela), se acomodan de acuerdo a los intereses políticos del momento. Las emisoras de radio han sido muy cautelosas y prácticamente han desaparecido los programas de opinión de las frecuencias radiales; en cuanto a los informativos, se limitan a leer los titulares de la prensa.

 

Cuando el diario  El Sol estuvo diez meses sin circular dio como explicación oficial la falta de papel de prensa. En ese ínterin, el diario solo podía consultarse por internet. Sin embargo, Jesús González, jefe de información del medio, declaró que su salida de circulación no se debió “específicamente a la falta de papel. El periódico fue vendido y hubo una restructuración”. Al ser consultado sobre los nuevos dueños, dijo no conocerlos y señaló que en el manchón del periódico aparece Gustavo Planchart como directivo del consejo editorial. De acuerdo a los archivos mercantiles de la empresa, Planchart figura como accionista del diario desde el 16 de febrero de 2011 y no hay información nueva en el expediente desde 2012.

 

González agregó que en este momento El Sol no tiene problemas con el suministro de materia prima. Actualmente circula de lunes a viernes y sólo quedan una minúscula redacción de dos periodistas, menor de la que había antes del cierre temporal. En cambio, en el área administrativa se mantiene el mismo número de empleados. Calificó de “muy normal” el cambio de los contenidos en el impreso y aseguró que en este momento los periodistas tienen acceso a todas las fuentes.

 

Jhoan Gutiérrez, periodista que ha trabajado durante dos años y medio en la empresa, explicó que nadie se esperaba el cambio de propiedad. Dijo que de seis periodistas, sólo quedan dos en la organización. “Mientras estuvimos saliendo on line las fuentes se mostraban reacias a darnos la información porque no iban a salir en el periódico”.

 

María Moreno, por su parte, tiene 20 años de experiencia en medios impresos y fue una de las despedidas cuando ocurrió la restructuración.  “Nos llamaron a una reunión el 4 de septiembre de 2013 en la tarde y nos dijeron que iban a sacar a varias personas porque no había cómo mantenerlas en la empresa. Prescindieron de diagramadores, reporteros gráficos y periodistas”. La empresa los envió a la inspectoría del trabajo para dirimir el caso. “Nos ofrecieron 5.000 bolívares a cada uno, mas 2.000 para que nos quedáramos tranquilos”. Luego de liquidados, se encontraron con que tenían prohibida la entrada a la sede del diario.

Ahora Moreno, quien cubría Policiales, vende chucherías en su casa y no desea trabajar nuevamente en medios debido a las presiones: “Íbamos a cubrir las informaciones y luego no las publicaban. Eso afectaba a las comunidades, quienes más adelante no querían volver a declararnos. En varias oportunidades protestaron o fueron a quejarse al periódico. Trancaron las informaciones y el pueblo pasó a segundo plano. Ir a otro periódico sería volver a caer en lo mismo. La decepción es muy grande”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hubo tiempo extra

 

Jesús Alberto Puerta fue director del diario Extra de Monagas durante ocho años. Era quien estaba a la cabeza del diario el 17 de diciembre de 2012, fecha en la que circuló el último número del impreso –justo un día después de que José Gregorio El Gato Briceño, ex Gobernador disidente del chavismo, perdiese las elecciones–. Reconoce que la línea editorial del medio estuvo siempre a favor de la gestión del ahora ex gobernador.

 

“Tuve la oportunidad de entrevistarlo en Costa Rica y me aseguró que no era el dueño del diario”, dice el periodista.

 

El fundador de Extra fue Claudio González en el año 2000. En enero de 2009 el impreso fue vendido a la familia Guevara (Miguel y Luisa) y en septiembre de ese mismo año pasó a manos de la familia Farías (Wilfredo Farías y Dinora Zimeri de Farías).

 

Puerta asegura que los Farías eran cercanos al gobernador Briceño y que cuando el ex gobernador fue expulsado de las filas del PSUV, la línea editorial del medio cambió: “Nos convertimos en un periódico de oposición”. Si bien admite que en ese momento la directiva del medio les ordenaba la realización de trabajos especiales orientados a señalar las fallas del gobierno central de Hugo Chávez, asegura que nunca recibió órdenes directas de El Gato, como era conocido el gobernador.

 

En agosto de 2012 le embargaron la rotativa al diario. Sus directivos se vieron obligados a tercerizar la impresión con proveedores en Anaco (población del vecino estado Anzoátegui, al oeste) y Puerto Ordaz (ciudad del estado Bolívar, al sur), y a bajar el tiraje de 12.000 a 5.000 ejemplares. “La situación económica apretó porque costaba hasta 15.000 bolívares diarios imprimir el periódico”.

 

Ese postrero 17 de diciembre de 2012, el impreso circuló en blanco y negro. Puerta explica que se debió a un problema con la impresión en Puerto Ordaz, pero en ese momento en la ciudad se corrió la teoría de que lo hacían por luto, debido a que El Gato perdió las elecciones. Dieron vacaciones colectivas a todos los empleados, con el plan de retomar la circulación en enero de 2013, cosa que nunca sucedió, pese a que los Farías lograron comprar otra rotativa en Alemania. Liquidaron a todos los empleados y se declararon en quiebra. Al cerrar, el medio contaba con existencias de papel que fueron embargadas el año pasado.

 

La familia Farías está detenida, con casa por cárcel, desde noviembre de 2013.

 

El Sol de Maturín

Agustín Adrián Álvarez

Ricardo Fernández Barrueco

Periódico regional radicado en el estado Monagas, al oriente del país, y ubicado en el sector Brisas del Orinoco, en Maturín. Se fundó en 1970. En agosto de 2013 su director, Gustavo Planchart, envió un comunicado a los diarios capitalinos para informar que su periódico había dejado de circular por falta de papel. Después de eso, estuvo durante más de cuatro meses sin ser impreso. Está inscrito en el Registro Nacional de Contratistas con un capital superior a los mil millones de bolívares y entre sus clientes se encuentran las alcaldías de Ezequiel Zamora y Santa Bárbara, entre otros.

Director y único accionista de la Impresora El Sol De Maturín, C.A., empresa editorial y publicitaria creada en 1971, ubicada en el estado Monagas, que tiene contratos de publicidad con el Estado venezolano, como por ejemplo, con las alcaldías de los municipios Ezequiel Zamora y Santa Bárbara, y con la Tesorería de Monagas. Adrián figura en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales como miembro del consejo directivo del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal (Ipasme), adscrito Ministerio de Educación. Fue diputado de la Asamblea Legislativa del estado Monagas y en ese cargo suscribió la Ley de Protección Social de las Fuerzas Armadas Policiales de Monagas en 1992, la Ley de Conservación, Administración y Aprovechamiento de la Vialidad del estado en 1993, así como también, introdujo, junto a otros diputados de la entidad, un recurso de nulidad contra la Ley de Presupuesto de Monagas para 1998.

 

 

 

 

Empresario apresado en 2010 por la apropiación indebida de fondos de los ahorristas de cuatro entidades bancarias y por asociación para delinquir. Fue el único de los banqueros vinculados a la mini-crisis bancaria de 2009-2010 que no salió en libertad en diciembre de 2012. Los beneficiados ese año fueron Arné Chacón, ex presidente del Banco Real y hermano del ministro Jesse Chacón, Miguel Vaz, directivo del Banco Real, Carlos Ponce, ex presidente del Banco Canarias, Antonio Marquez, ex presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Mario Dickson, directivo de la CNV, Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío y Ernesto Rangel, directivos de Econoinvest; Eduardo Sacco de Venevalores y finalmente José Ignacio Rivero de Banvalor. Un perfil publicado en el diario El Mundo Economía y Negocios señala que Fernández Barrueco inició su carrera como financista de campesinos y comprador de cultivos. En 2002 prestó al gobierno su flota de vehículos durante el paro petrolero, para el transporte de alimentos. Luego de eso, se convirtió en el principal proveedor de Mercal y Pdval, programas de distribución y venta de alimentos del Estado venezolano. Era, por ejemplo, propietario de Proarepa, contratista de Mercal desde 2006 para el suministro de harina de maíz. En total, el empresario registró –según datos de El Mundo Economía y Negocios- 41 empresas en Venezuela, 29 en Panamá y dos más en Ecuador relacionadas al sector pesquero. Entre 2008 y mediados de 2009 adquirió cuatro bancos: Banpro, Confederado, Bolívar Banco y Canarias. La Casa de Bolsa U21 también se incluía entre las entidades financieras bajo su dominio, todas ellas intervenidas en 2009. El Estado tomó posesión de todas sus propiedades, en gran parte vinculadas al área de los alimentos, entre ellas, Maicera Proarepa Industria Venezolana, Industria Venezolana Maicera Pronutricos, Venarroz RSA, Monaca Molinos Nacionales, Derivados de Maíz Seleccionado Demaseca, Productos y Financiamientos Agrícolas (Profinca), Consorcio Agropecuario Venezolano Coave, Ríos Algodonera del Sur, la Corporación Agropecuaria Integrada (Caica) y Grasas Grasoca de Oriente. En 2012 fue trasladado al Hospital Militar por razones de salud y en marzo de 2013 fue liberado con una medida sustitutiva de libertad. El diputado Ismael García aseguró, en una rueda de prensa de julio de 2014, su vinculación con Hugo Carvajal, ex director de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) señalado de narcotráfico. El parlamentario afirmó que el crecimiento empresarial de Fernández Barrueco contó “con el apoyo de una estructura criminal que montó Hugo Carvajal. Él sabía quiénes robaban y luego se encargaba de robarlo bajo la extorsión y el chantaje y así se mantuvo en el poder durante muchos años”, dijo García.