El oscurantismo en materia de información es síntoma de anomalías y da cuenta de una sociedad enferma, débil, con candados y con un diagnóstico reservado ante la ausencia de la rendición de cuentas y la falta de transparencia, pilares fundamentales del derecho a saber.

Esto mismo ocurre en la salud pública, uno de los sectores más afectados por la opacidad en 2016. De acuerdo a la percepción de 74% de los periodistas que participaron en esta investigación, los organismos de salud pública están entre las principales instituciones que aprietan el tornillo de la opacidad en Venezuela. Al menos 45% de ellos tuvieron obstáculos con alta frecuencia para hacer su labor periodística en centros de asistencia médica en el país.

Esta práctica de opacidad también involucró a otros actores de la salud del sector privado. Las empresas de la industria farmacéutica también se negaron a rendir cuentas sobre el manejo de medicamentos en el país, según la percepción de 54% de los encuestados.  

En los tres últimos años la salud entró en las sombras en materia de información, pero entre 2015 y 2016 las instituciones que manejan estos asuntos ha sido de las que más trabas han presentado para el ejercicio periodístico.

Alrededor de la salud también se dibujó en 2016 un círculo de la censura, que comenzó con el ocultamiento de la información tanto en el sector estatal y privado, y avanzó hacia las presiones internas en los medios de comunicación. Así lo refirió 22% de los periodistas, quienes afirmaron que los directivos y dueños de medios prohibían abordar y difundir asuntos noticiosos relacionados con las deficiencias de la salud y escasez de medicamentos en el país.

Esta situación también abonó el terreno para que los periodistas prefirieran el silencio, como suerte de autoprotección, ante la crisis de la salud. Al menos 21% admitió que se autocensuró para evitar cubrir estos temas, evadiendo los principios del periodismo como servicio público.

Por voluntad de los propios periodistas, esto demuestra el ejercicio de un oficio adormecido, indiferente, evasivo y algunas veces complaciente para no confrontar los conflictos sociales. Y le dio, en muchos casos, la espalda a la realidad, para no relatar los padecimientos de la gente. Pero a su vez, esta fue una medida de resguardo ante un escenario incierto en el que prevalecieron las amenazas y la violencia.

Estos rasgos de la autocensura que se impuso en 2016 sobre la crisis de salud, fue ese eslabón más alto de la censura en la que el silencio se convirtió en una decisión y acción personal, y no necesitó órdenes oficiales ni controles excesivos que se hicieran responsables.

Silencio sin justicia

Pero la opacidad no solo fue una anomalía de la salud pública en Venezuela. También fue una aflicción que restringió al periodismo en las instituciones que manejan los asuntos de seguridad ciudadana, electorales y de justicia. Así, pues, 74% de los consultados refirió limitaciones de acceso a la información de interés público por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado, en diversas frecuencias.

Los conflictos que se presentaron en materia de participación ciudadana a lo largo de 2016 también estuvieron acompañados por el oscurantismo. El silencio y la desinformación fueron prácticas que afectaron a 64% los periodistas en relación a la actuación del Consejo Nacional Electoral, principalmente en función de los mecanismos del Referendo Revocatorio Presidencial que fueron anulados, y los asuntos de las elecciones regionales que debían celebrarse en 2016. Lo mismo ocurrió con las instituciones de justicia, principalmente, los tribunales nacionales, regionales y locales, que prefirieron asumir el silencio ante los requerimientos y las preguntas de los periodistas, según lo reflejó 60% de los consultados.

Estos casos evidencian que las principales instituciones de los poderes públicos así como del sector privado y de la sociedad civil acuden a las prácticas de negar información a los periodistas, y su comportamiento de oscurantismo oscila en rangos que están entre 30 y 70%, de acuerdo a los aportes de los periodistas que contribuyeron con esta investigación.

Esta situación es síntoma de un gobierno cerrado y de una sociedad sumida en la desinformación y el silencio, rasgos que impiden a todos los actores tomar decisiones acertadas y rendir cuentas a nivel local, regional e internacional, pero sobre todo obstaculizan los procesos de revisión, planificación y diseño de soluciones que contribuyan a atender los problemas de la sociedad. Sin información se anulan los mecanismos de participación y deliberación ciudadana.

IPYS Venezuela insiste que un país sin información es un país a retazos, aislado y a la deriva. El fenómeno de la opacidad le abre grietas a Venezuela, mientras que los países democráticos crean consensos y se encaminan a cumplir las metas de datos abiertos que se plantean en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda de las metas para 2015-2030 que impulsa Naciones Unidas, en la que el acceso a la información es una prioridad.

Sociedad de cómplices

Estas acciones regresivas del Estado en materia de acceso a la información hacen de éste un claustro en el manejo de datos oficiales, en los diversos poderes públicos del país. Se ha naturalizado el ocultamiento de información, un rasgo evidente y espontáneo en esta sociedad desinformada.

Al evaluar los impedimentos más frecuentes de parte de los poderes públicos de Venezuela, los periodistas que contribuyeron con este estudio, ubicaron en primer lugar a los organismos de salud pública. Con altas recurrencias aparecieron las instituciones del poder ejecutivo: los ministerios (42%); los organismos tributarios (31%); la Presidencia de la República (30%); las gobernaciones (29%); la Fiscalía General de la República (29%); la Contraloría General de la República (22%); y la Defensoría del Pueblo (22%).

Las instituciones públicas de educación y la Asamblea Nacional aparecieron entre las instancias de menores restricciones con alta frecuencia. Sin embargo, el parlamento llegó a acumular 38%, en alta, mediana y poca recurrencia. Esto demuestra que aunque esta institución del Estado fue la mejor evaluada, también se hizo partícipe de la opacidad, un fenómeno que se ha extendido y naturalizado en el país.

Esta situación refleja el resquebrajamiento de la institucionalidad en Venezuela. Tanto es así que los demás sectores sociales -aunque en menor medida- también adoptaron prácticas de ocultamiento de asuntos de interés público y abonaron el terreno para el juego de la desinformación. Las cuotas de silencio las impusieron, sin distinción, diversos actores de poder, provocando que los ciudadanos tuvieran visiones restringidas y trasquiladas de la realidad local, regional y nacional.

El mutismo en 2016 se convirtió en una norma social. Así lo reflejaron los impedimentos que encontraron al consultar diversas fuentes no estatales. Los periodistas -en distintas escalas- se toparon con prácticas de opacidad, principalmente, en grupos de manifestantes violentos (58%); partidos políticos (58%) y también en empresas productoras, distribuidoras o comercializadoras de alimentos (57%).

Los periodistas percibieron las dificultades más reiteradas de acceso a la información entre los proveedores de la industria petrolera e industrias básicas (22%); bancos y casas de bolsa (20%); las empresas importadoras (19%); y los movimientos paraestatales (15%).

Los resultados confirman que la opacidad es una política de Estado. Se ha instaurado como una cultura que se manifiesta en acciones cotidianas de confiscar al ciudadano su derecho a estar informado, y que denota esa insistencia de esconder todo aquello que el país necesita saber y, sobre todo, es de su interés.

En los últimos dos años este estudio de censura ha demostrado que todos los sectores del país, en mayor o menor medida, se han hecho partícipes y cómplices en esta Venezuela de oscurantismo.

En 2016, 72% de los periodistas tuvo la percepción de que los mayores obstáculos para acceder a la información pública ocurrían en instituciones estatales. Preocupa que en la fragmentación de la institucionalidad en el país se construyan nuevos referentes de poderes fácticos y lo ejerzan bajo el oscurantismo. Esta fue la opinión de 27% de los consultados, quienes indicaron imposiciones de opacidad de parte de grupos al margen de la ley.

En el tercer nivel los participantes ubicaron a las instituciones de la sociedad civil, que acumularon 23% al mirar la percepción de opacidad por sectores. Desde 2014, las instituciones ciudadanas han aumentado sus índices de opacidad, lo que demuestra que el ocultamiento de información es la reacción más común para no rendir cuentas a la ciudadanía y como medida de protección ante los riesgos inminentes.

Las instituciones privadas aunque obtuvieron los porcentajes menores acumularon en 2016 una percepción de opacidad por parte de 22% de los periodistas, lo cual representó la opinión de 53 consultados. Estos números coincidieron con la evaluación del año 2015, cuando 52 periodistas compartieron este mismo juicio.

Esta escena muestra un plano secuencia de la censura, un fenómeno social que en 2016 impulsó el peso del silencio en el primer eslabón de la espiral, cuyas fuerzas se concentraron en cerrar la válvula del acceso a la información. Esto derivó en medidas más sofisticadas y menos evidentes de prohibiciones informativas a través de diversas prácticas directas e indirectas de la censura.

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