En Venezuela prevaleció la desinformación como estrategia política en 2016, de acuerdo a la percepción de 39% de los periodistas que colaboraron con IPYS Venezuela, quienes consideraron que fueron comunes las omisiones de noticias de interés público. Estos rasgos dan cuenta de un país con una institucionalidad fragmentada, una nación que se niega a debatir los asuntos que son de interés público.

El patrón de ocultamiento de información hizo que la percepción cuantitativa para los periodistas en torno a las órdenes directas de censura fuese menor que en años anteriores. Estos indicadores no se tradujeron en mejoras para las libertades informativas, más bien -en una reducida proporción- continuó la impresión de una articulación entre los poderes públicos, que se comportaron como censores, para imponer el silencio sobre asuntos de interés nacional.

Este panorama demostró que los poderes públicos recurrieron a otras prácticas disimuladas, que se solidificaron estos últimos tres años con una sostenida negación de información de interés público e intimidaciones, e hicieron del periodismo un oficio riesgoso en Venezuela.

Los consultados respondieron que las mayores órdenes de censura en 2016 provinieron del poder ejecutivo (21%) y del poder judicial (12%). Los periodistas se vieron afectados por órdenes de censura emanadas del poder legislativo. Mientras que 5% refirió órdenes de silencio de parte del poder electoral y 3% del poder moral.

Pero no solo el Estado se comportó como censor. Esta fue una conducta de los demás sectores de la sociedad, para los cuales la censura -en mayor o menor medida-  fue también opción coercitiva. Entre los actores no estatales, prevalecieron las órdenes de censura directa por parte de los grupos políticos partidistas, según la percepción de 14%, es decir 35 de los participantes de esta investigación. Esto ocurrió en medio de una crisis de gobernabilidad y dificultades para construir consensos, que agudizaron los conflictos y la polarización política. Esta percepción dio un salto significativo en comparación al año 2015, cuando solo ocho de 227 periodistas, es decir 4% consultados ese año, admitieron que habían recibido órdenes expresas de censura por parte de sectores partidistas.

Preocupó que en 2016 las organizaciones de delincuencia organizada se radicalizaron al mostrar su poder a través de las órdenes de silencio, de acuerdo a lo que refirió 12% de la muestra de este año, mientras que entre 2014 y 2015 la percepción se ubicó en 6%.

A las empresas privadas también les interesó prohibir la deliberación pública, así que 10% de los periodistas denunciaron que recibieron órdenes directas de censura por parte de grupos económicos no estatales. Igual ocurrió por parte de grupos de la sociedad civil (4%).

Además de evitar la discusión sobre temas que afectan a los ciudadanos, las órdenes de censura dan cuenta de fuerzas de poderes en la  sociedad a la que el ejercicio del periodismo le resulta incómodo y se niega a dar espacio a la denuncia y el escrutinio público.

Los sigilos

Según los resultados de esta encuesta pareciera que hay una clara intención, de parte de todos los sectores sociales, de quebrantar -con imposiciones sagaces y con silencio- la autonomía y la independencia del ejercicio del periodismo. La intención del Estado y de los demás sectores de la sociedad, que asumen el rol de censores, es la misma: imponer una sola versión de la realidad, una voz única, una visión fragmentada, que más que afectar al periodista transgrede a los ciudadanos, quienes reciben solo retazos de información.

Este patrón se manifestó, principalmente, con presiones externas de las diversas fuerzas de poder que tenían la intención de que los medios no publicaran información específica y de interés ciudadano, según lo refirió 41% de los consultados. Este fenómeno se consolida como una anomalía que sacude al periodismo desde 2015, año cuando la cifra fue la misma.

Igual ocurrió en 2016 con la práctica a la que recurrieron altos funcionarios públicos para obligar a los medios de comunicación a publicar, de manera forzosa, boletines y notas de prensa de organismos oficiales, sin darles la libertad a los periodistas de corroborar y contar los hechos con diversidad de fuentes y perspectivas, como lo establecen los principios periodísticos. Así lo denunció 26% de los consultados. En esta misma tendencia, 27% de los periodistas atribuyó modificaciones de sus ediciones informativas a presiones oficiales, cuyas acciones infringen la autonomía de periodismo.

De acuerdo a la percepción de más de la mitad de los consultados -es decir 53%- entre las presiones externas persistieron órdenes de actores estatales y no estatales para utilizar un lenguaje indirecto y evasivo que, de cierta manera, intenta prohibir que los hechos se cuenten con certeza.

Las presiones directas fueron más allá del lenguaje y la imposición de una versión fragmentada e interesada del poder sobre la realidad. Buscaron intimidar a los periodistas y quebrantar sus principios y compromisos profesionales con la intención de saber quiénes son sus fuentes de información.

Las fuerzas del poder no solo quisieron imponer una visión limitada del mensaje, sino perseguir también al mensajero. Así se intentó avasallar a los periodistas y también a los ciudadanos que ofrecen datos y denuncian en los medios de comunicación. De esta manera, 30% de los participantes de esta investigación coincidieron en que recibieron presiones por parte instancias estatales para conminarlos a revelar sus fuentes de información. Solo 3% de los periodistas, admitió haber obedecido estas órdenes.

IPYS Venezuela pudo corroborar a lo largo de 2016 que, principalmente, los cuerpos de inteligencia policial utilizaron acciones coercitivas para que periodistas revelaran datos de sus fuentes de información a cambio de la tranquilidad y la libertad de los reporteros.  

Censura
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