El 3 de julio de 2009, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), a través de una medida cautelar, ordenó a los canales Venevisión, Meridiano Televisión, Globovisión y a las radios Onda 107.9 FM y Fiesta 106.5 FM, dejar de transmitir todas las piezas de la campaña "En defensa de la propiedad", por considerar que dichos mensajes causan angustia, temor y zozobra en la población, alteran el orden público y la seguridad nacional, violando así el artículo 29 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

El 3 de julio de 2009, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que junto a un grupo de abogados y expertos del organismo preparan un proyecto de ley contra los denominados "delitos mediáticos", con el fin de establecer sanciones penales para periodistas y medios de comunicación.

El 28 de noviembre de 2007, el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió la difusión de dos spots electorales en contra de la reforma constitucional, producidos por la organización civil Sinergia, y difundidos en Globovisión

El 27 de mayo de 2007, la Directora General de Responsabilidad Social y Producción Nacional Independiente del Ministerio de Comunicación e Información (MINCI), María Alejandra Díaz, advirtió en conferencia de prensa que los medios serán sancionados con un cierre temporal de 72 horas si transmiten mensajes "que promuevan la discriminación o inciten a la guerra"