El 22 de marzo de 2012, el Tribunal 25 de Control del Área Metropolitana de Caracas emitió una medida cautelar que exige que los medios de comunicación "que tengan el soporte técnico veraz avalado por un organismo competente" cuando divulguen información sobre denuncias de presunta contaminación del agua en el país.

El 02 de enero de 2013, Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, dependencia del poder ejecutivo, envió una carta a Globovisión, planta televisiva privada en la que calificó de "inaceptable" y "desatinado" que este canal se refería al Vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, "como presidente encargado".

El 22 de diciembre de 2009, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) aprobó la "Norma Técnica de Producción Nacional Audiovisual" que obliga a ciertas televisoras por suscripción a regirse por la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), obligándolas a transmitir mensajes oficiales pronunciados por el presidente, vicepresidente o los ministros.

El 3 de julio de 2009, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que junto a un grupo de abogados y expertos del organismo preparan un proyecto de ley contra los denominados "delitos mediáticos", con el fin de establecer sanciones penales para periodistas y medios de comunicación.

El 21 de julio de 2009, una treintena de policías llegó hasta la sede de la emisora Playera 101.9 FM para arrestar al concejal de oposición y coordinador del partido Primero Justicia, Emilio Guzmán, quien opinó en su programa "Claro y Raspao" sobre una denuncia de presunta corrupción dentro de la policía de Puerto Píritu, en la provincia de Peñalver, estado Anzoátegui, al noreste del país.

El 15 de diciembre de 2006, la Sala sexta de la Corte de Apelaciones confirmó la condena a 2 años y 11 meses para el periodista Julio Balza, por difamación en agravio al ministro Ramón Alonzo Carrizalez Rengifo, sentencia dictada por el Tribunal 9º de Juicio