IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Conatel calla y no otorga. Mientras cierra periódicamente algunas estaciones por carecer del permiso legal que no concede, otras que se mantienen o regresan al aire operan bajo el riesgo de ser las próximas en desaparecer. El más reciente microsite del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela indagó en los casos de 40 emisoras de radio cerradas en 2017 por el Estado
En ambos años el argumento del Estado para apagar estaciones de radio ha referido irregularidades en los permisos para operar en el espectro radioeléctrico. Sin embargo, el carácter masivo de las sanciones llevó al equipo de investigación de IPYS Venezuela a poner la lupa sobre los procedimientos administrativos que las respaldan, hasta hallar aspectos en la Ley que son contrarios a las garantías de transparencia que se establecen en estándares de Derechos Humanos y en la Carta Magna venezolana.
La mayoría de los cierres se ejecutaron durante el periodo de protestas callejeras en contra del gobierno de Nicolás Maduro, en el primer semestre del año. Cabalgando entre las denuncias de censura y arbitrariedad estatal, el argumento oficial para silenciar estaciones de radio fue la carencia de permisos para operar en el espectro radioeléctrico. Las clausuras responden a procedimientos administrativos y legales que son contrarios a las garantías de transparencia establecidas en la Constitución nacional y en los estándares internacionales de Derechos Humanos.
Principales hallazgos
La Ley vigente en materia de telecomunicaciones admite una política de silencio administrativo que atenta contra el derecho humano a la libertad de expresión, lo cual permitió a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones interrumpir de forma legal la transmisión de al menos 45 emisoras en distintas regiones durante 2017. La norma actual admite el silencio de Conatel como una forma válida de rechazar solicitudes sin ofrecer explicaciones. Mientras el ente regulador cierra periódicamente algunas estaciones por carecer del permiso legal que no concede, otras que se mantienen o vuelven al aire operan bajo el riesgo de ser las próximas en desaparecer.
La gran mayoría de las emisoras afectadas en 2017 necesitan obtener un permiso oficial por primera vez, pero no han recibido mayor respaldo por parte del gremio radiofónico, que ha expresado apoyo hacia las estaciones que requieren la renovación de sus licencias. La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, tampoco parece haber advertido ese punto: en la reforma a la Ley que presentó en 2016, se proponía la extensión automática de los permisos (concesiones), pero no respuesta oportuna a nuevos solicitantes.
Conatel mantiene una política de opacidad en sus procesos para asignar o negar permisos de uso de frecuencias radioeléctricas, bajo el amparo de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones: la norma admite el silencio de Conatel como una forma válida de rechazar solicitudes sin ofrecer explicaciones. La reforma de la Ley planteada en 2016 por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, no lo solucionaba: se propuso la extensión automática de las concesiones, pero no garantía de respuesta para nuevos solicitantes.
Dos emisoras de Caracas fueron cerradas por el vencimiento de sus licencias, mientras que la gran mayoría de las estaciones sancionadas, ubicadas en el interior del país, necesitaban la obtención de un permiso por primera vez.
La Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión rechazó que Conatel no renovara los permisos de los medios capitalinos, pero apoyó la clausura del segundo grupo de emisoras, consideradas clandestinas por su estatus de ilegalidad, a pesar de que varios de sus representantes demuestran haber cumplido diligencias administrativas ante el Estado, sin obtener respuesta.
Un año después de la ola de cierres, casi la mitad de las emisoras sancionadas por Conatel permanece con las antenas apagadas y esperando información sobre el destino de los equipos decomisados. La otra mitad está nuevamente al aire, pero aún esperando que el Estado atienda sus trámites.
Naturaleza del trabajo
El trabajo desarrollado por IPYS Venezuela cumple con parámetros de periodismo de profundidad y de investigación. En el primer caso, el abordaje periodístico permitió conocer con mayor detalle una denuncia de cierre masivo de emisoras en 2017, que había sido formulada por organizaciones defensoras de la libertad de expresión como el mismo Ipys Venezuela y Espacio Público, y posteriormente mencionada en el Informe País de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La investigación parte además de una base de datos construida dentro de Ipys Venezuela, que se profundizó a través de un trabajo documental y de campo, que devela un problema estructural de interés público, como lo es una gestión legislativa lejana a las garantías de transparencia y de igualdad de oportunidades que se establecen en estándares de Derechos Humanos y en los principios de la Constitución nacional.
Se trata de un trabajo colaborativo entre miembros del equipo de planta y colaboradores de IPYS Venezuela, tanto en Caracas y en estados afectados por los cierres de Conatel en 2017.
La investigación siguió el patrón de trabajo en red periodística, de conexión de Caracas con aportes desde distintas regiones, que Ipys ha venido impulsando en sus proyectos previos, como “Propietarios de la Censura” y “Huérfanos de la Salud”, con el objetivo de mantener el alcance nacional de los hallazgos en los temas, así como la participación de reporteros de varios estados en las iniciativas investigativas de la organización
