IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
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Señaló a las ONG Espacio Público, Ipys Venezuela y a cuatro medios independientes de emitir noticias falsas
El portal “Misión Verdad” publicó una nota con contenido agraviante y de descrédito contra las ONG Espacio Público, IPYS Venezuela y los medios digitales independientes El Pitazo TV, El Estímulo, Efecto Cocuyo y Caraota Digital. En el artículo, presentado como una investigación, el medio afirma que “El Departamento de Estado financia noticias falsas en Venezuela”.
Este medio de línea editorial oficialista acusa a las organizaciones y medios independientes mencionados de generar “confusión a favor en un contexto de guerra no convencional contra Venezuela” y de crear expedientes contra el gobierno que promuevan escenarios de violencia como los de Siria y Libia.
A su vez indica que el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y las agencias Ned y Usaid “financian permanentemente” la difusión de información falsa sobre el gobierno venezolano.
El grueso de estas acusaciones se sustenta en un artículo de opinión publicado en el año 2010 y firmado por Eva Gollinger, abogada y asesora del expresidente Hugo Chávez, actualmente analista en el canal Russia Today; y por el registro de tres informaciones sobre las protestas que ocurren actualmente en el país sustentadas en testimonios de ciudadanos o declaraciones de dirigentes políticos.
De acuerdo a este portal, estos medios críticos siguen un “circuito de elaboración de la noticia falsa” y una “línea editorial de noticias falsas definidas por el Departamento de Estado”.
Este portal mantiene una campaña en contra los medios y periodistas críticos al gobierno venezolano. Anteriormente emitió señalamientos irresponsables contra periodistas y medios que participaron en las investigaciones sobre la Masacre de Tumeremo y los Papeles de Panamá.
Acusaciones como las emitidas por “Misión Verdad” el pasado 3 de mayo contribuyen a socavar la credibilidad de los medios de comunicación y de los periodistas, actores fundamentales de toda democracia. Además, este tipo de mensajes agraviantes exponen a riesgos o ataques innecesarios a los trabajadores de las ONG y medios señalados; y contribuyen a un clima de polarización y violencia, al plantear que el trabajo informativo, de promoción de derechos humanos y escrutinio de la gestión pública que desarrollan es parte de un plan “terrorista” o de “intervención extranjera”.
Esta alerta constituye un uso abusivo del poder estatal vinculado a la utilización sistemática de un medio de comunicación para agraviar a periodistas y medios de comunicación.
La Constitución Nacional en su artículo 57 garantiza que “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”.
La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión establece que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.
