Entorno

Ante la realidad de desiertos de noticias, es pertinente preguntarse si la escasez de información local favorece que ocurran vulneraciones a otros derechos de los ciudadanos. Esto, en un país en el que el Estado ha desconocido acuerdos y obligaciones nacionales e internacionales y no ha atendido las reiteradas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de las distintas misiones que han llamado la atención sobre lo que ocurre en Venezuela.

A la luz de la premisa anterior, hicimos el ejercicio de examinar los municipios evaluados en la investigación de desiertos de noticias, conscientes de que la relación entre fenómenos no implica, en modo alguno, causalidad. Se trató no más de una mirada exploratoria.

Durante 2022, la organización no gubernamental COFAVIC, que se dedica a monitorear los derechos a la vida y la integridad personal, registró 1099 casos de violaciones a los derechos humanos, que comprenden 677 ejecuciones extrajudiciales, 389 detenciones arbitrarias, 30 agresiones a la integridad personal, 14 desapariciones forzadas, y tres incidentes por trata de personas.

Estos hechos se ubicaron en 158 municipios de 23 estados de Venezuela, y al cruzarlos con la clasificación de desiertos de noticias encontramos que 33% de los casos corresponden a zonas en las que es escasa o inexistente la cobertura de información local. En cuanto a las violaciones constatadas en estos territorios, suman 214 de las cuales la mayoría, 162, fueron presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Se observó, así mismo, que 96% de las víctimas fueron hombres (96%) y 4% son mujeres. En lo que concierne a la edad, 84% fueron jóvenes menores de 25 años, mientras que 12% estaban entre los 26 y 40 años, 2% tienen entre 41 y 60 años y 2% corresponde a menores de edad.

Esta data también evidencia que en 38% de los casos fueron presuntamente responsables funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB); en 17% funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); en el 11% funcionarios de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Policía Estadal (PE); en el 4% funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y de la Policía Municipal (PM); y en el 14% hubo una actuación de presuntos grupos civiles armados.

Septiembre de 2022 fue el mes en el que se documentaron más violaciones, con 255 registros, y de estas 182 corresponden a detenciones arbitrarias que se ejecutaron en el estado Guárico.

En febrero, que acumuló 104 hechos, predominaron las presuntas ejecuciones extrajudiciales con 86 casos, y Aragua es la entidad que mostró el número más elevado de estos actos en los que se quebranta el derecho fundamental a la vida. También se identificaron violaciones frecuentes durante marzo, con 96; enero, con 90, y abril con 82. Los otros meses del año se distribuyeron de la siguiente manera: julio (67), noviembre (59), diciembre (58), agosto (55) y octubre (43).

Entre los estados del país con más casos aparecen Aragua con el 16%, Guárico con 15%, Miranda con 14%, Distrito Capital con 12%, Carabobo con 8% y Zulia 7%. Así fue el total de hechos registrados en cada entidad,: Amazonas (9), Anzoátegui (58), Apure (13), Aragua (171), Barinas (8), Bolívar (46), Carabobo (83), Cojedes (3), Delta Amacuro (01), Dto. Capital (135), Carabobo (01), Falcón (07), Guárico (160), Lara (19), Miranda (156), Monagas (28), Nueva Esparta (8), Portuguesa (13), Sucre (21), Táchira (33), Trujillo (20), Vargas (07), Yaracuy (36), Zulia (77).