Huérfanos de la salud

Los niños desnutridos en Venezuela requieren no solo de acceso a los alimentos sino de la atención que no todos encuentran en los centros públicos nutricionales del país. La falta de recursos y los retrasos oficiales en los planes para mejorar los servicios hoy afectan la respuesta del Estado frente al repunte de casos graves desde los últimos dos años. Mientras tanto, decenas de voluntarios se movilizan para ayudar a los pequeños que padecen la crisis alimentaria

Sección 1                                                                                                                                         a

El Centro de Especialidades Nutricionales Hipólita Bolívar no recibe en el presente pacientes que requieran estar internados debido a una remodelación de sus instalaciones

Escasean los cupos para rehabilitar a niños con desnutrición grave

Giobely, de cuatro meses de edad, llegó en ambulancia al Hospital Clínico Universitario de Caracas. Era necesario atenderla con urgencia porque su vida peligraba. Presentaba un cuadro de desnutrición grave que se había complicado con una imparable diarrea de origen viral. Yeisy Nieto, madre de la bebé, entendió que su hija podía morir cuando los médicos del Hospital Pediátrico Julio Criollo Rivas de El Cementerio así se lo dijeron. La mujer, vecina de Santa Teresa del Tuy, había llevado antes a la pequeña a cinco centros públicos de salud de Miranda y de Caracas para auxiliarla. En tres de ellos, incluido el localizado en la Universidad Central de Venezuela, la habían rehidratado y dado de alta sin garantizar una solución al problema de fondo: el grave déficit de alimentación que padecía y para el cual los hospitales venezolanos ofrecen apenas atención de emergencia. “Siempre regresaba a la casa con miedo, a pesar de que algunos médicos me decían que no era nada grave”, dice Nieto. Los galenos le habían pedido que llevara a su hija a un servicio especializado de recuperación nutricional. Mientras ella buscaba un cupo con desesperación, Giobely sufrió la recaída que por poco le quitó la vida.

En el itinerario para cumplir las instrucciones de los médicos, Nieto visitó un servicio estatal de El Cementerio al cual fue referida: el Centro de Especialidades Nutricionales Hipólita Bolívar, que fue bautizado con el nombre de la esclava que según la historia patria alimentó con su pecho a El Libertador. La madre ignoraba la existencia de la institución como la mayoría de los venezolanos que no son conscientes de la misión que cumple. La instalación pública tiene entre sus funciones hospitalizar a los bebés y niños con desnutrición grave, que ya han sido estabilizados en las salas de urgencia de los hospitales, pero aún requieren apoyo prolongado para lograr una rehabilitación total. Punto a punto, el caso de Giobely era uno que debía ser atendido por el servicio, que es el más importante de la red de unidades nutricionales del Estado y funciona como centro nacional de referencia para pacientes en la condición que estaba esa bebé.

La institución, sin embargo, no acogió a la hija de Nieto. “Dijeron que estaba contaminada por una remodelación y que por eso no podían ingresarla, pero me dieron fórmulas y pañales”, dice la madre, a quien no le transmitieron falsedad alguna. El centro carece de cupos disponibles para recluir de manera permanente a pacientes con el perfil de Giobely, porque el edificio donde funciona, un inmueble de tres pisos con fachada blanca y roja, se encuentra desde el año pasado en un proceso de remodelación cuyo plazo de conclusión es incierto. “No podemos tener aquí a niños hospitalizados con todo este polvo”, dice un funcionario en la recepción, cuando es interrogado acerca de si se puede llevar allí a un pequeño en condición grave que lo necesite. Solo se ofrece atención ambulatoria y de momento las autoridades han implementado un plan de emergencia con tres hospitales de Caracas que reciben a los más necesitados de modo provisional y con plazas y recursos limitados: el José Ignacio Baldó de El Algodonal, el José Manuel de Los Ríos de San Bernardino y el Materno Infantil Hugo Chávez de El Valle. De la existencia de esa medida de contingencia, se enteran principalmente quienes acuden a la institución e insisten sobre cuáles son las alternativas disponibles. Al último de los mencionados llegó Nieto con su pequeña luego del calvario que quiere olvidar.

El centro nutricional de El Cementerio de momento presta atención ambulatoria y brinda servicios educativos

La situación del centro nutricional Hipólita Bolívar de El Cementerio, en remodelación en medio de una crisis alimentaria en el país, luce como una metáfora de las condiciones en las que se encuentra la red estatal encargada de garantizar la completa recuperación a los bebés y niños con desnutrición grave. Una investigación realizada por Ipys Venezuela, en alianza editorial con periodistas de El Pitazo, pudo confirmar que el sistema público de atención, constituido por 19 centros similares al de El Cementerio según datos del Instituto Nacional de Nutrición (INN) del cual dependen, sufre limitaciones que la coyuntura presente desnuda de manera frontal. Hace casi una década, el gobierno diseñó un plan de fortalecimiento de los llamados Servicios de Educación y Recuperación Nutricional (SERN), pero a la luz de los resultados el proyecto se ejecutó a medias. Hoy algunos de esos centros han dejado de ofrecer la opción de hospitalización, otros funcionan de manera intermitente según denuncias manejadas por las autoridades y los demás ofrecen opciones de atención ambulatoria y semi-internada que son insuficientes, según las normativas nacionales vigentes, para tratar los casos más agudos que se han disparado como una epidemia en los últimos dos años en el país.

La escalada ha hecho sonar las alarmas: solo en 2017 se han conocido los casos de al menos 17 niños cuyas muertes se atribuyeron a la desnutrición. Los dos más recientes perdieron la vida el lunes y jueves de esta semana en el Hospital Domingo Luciani de El Llanito en Caracas. El viernes siguiente Livia Machado, nutricionista de ese centro de salud y miembro de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, expuso en rueda de prensa los resultados de un estudio realizado desde enero en las salas de emergencia de seis ciudades del país: según la evaluación dos de cada diez pacientes menores de un año presentaban desnutrición grave. Estas estadísticas se suman a las recolectadas desde finales del año pasado por Cáritas Venezuela, una organización no gubernamental de la Iglesia Católica. A finales de mayo se conoció su diagnóstico más reciente realizado con más de mil niños en 29 parroquias de cuatro de las entidades más pobladas del país: Caracas, Miranda, Vargas y Zulia. El trabajo confirmó una tasa de 11 por ciento de menores de cinco años de edad con déficits nutricionales agudos. El marcador está en niveles de crisis de acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al presentarlo públicamente, Janeth Márquez, directora de Cáritas, afirmó que los datos obtenidos en la investigación cuadruplicaban las más recientes admitidas oficialmente para todo el país: “Dicen que no hay crisis humanitaria porque ellos tienen posibilidad de responder a ella, pero no hay alimentos ni medicamentos y la gente está sufriendo”.

Las muertes de niños por desnutrición se han sumado a un panorama complicado. Como es sabido, el Estado no pudo lograr la meta de reducir en dos tercios las tasas de mortalidad infantil para 2015 y la evidencia indica que los avances obtenidos ahora están en un proceso de reversión. En 2016, según datos oficiales del Ministerio de Salud, fallecieron más de 11.000 pequeños que no alcanzaron los primeros 12 meses de vida en Venezuela. La cifra representó un tercio más de los decesos ocurridos en 2015 y motivó la reacción en cadena de instituciones internacionales como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la Juventud, Unicef, y de organizaciones locales como la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, entre otras. Que los casos graves de desnutrición estén en ascenso ratifica que el hambre es un problema creciente en el país, muy a pesar de que en 2013 y 2015, y entre protestas de especialistas, el Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) certificó al Estado por el cumplimiento de la Meta del Milenio de disminuir en la mitad el número de personas afectadas por la falta de comida.

Quien visite hoy  las salas de emergencias de los hospitales públicos confirmará que son ocupadas cada vez más por niños delgadísimos, sin energía y presos de las secuelas de las dificultades para acceder a alimentos, en un país que acumula tres años consecutivos de inflación de tres dígitos (se calcula que la de 2016 fue de aproximadamente 700 por ciento) y en el que 33 por ciento de la población come solo dos veces al día y 74 por ciento bajó al menos nueve kilogramos de peso en 2016, según la más reciente Encuesta de Condiciones de Vida del Venezolano conducida por cuatro universidades públicas y privadas del país.

Una debilidad de estructura
La historia de Giobely comenzó con las dificultades que vivió su madre para mantener la lactancia de la bebé. Ante la imposibilidad de darle pecho, le ofrecía fórmulas pediátricas con las que no siempre contaba porque se han convertido en un producto escaso y costoso en Venezuela. No sospechaba que la pequeña tenía un déficit nutricional y se enteró de su existencia cuando comenzó la diarrea y los médicos tratantes se lo aclararon. El primer lugar donde Nieto buscó auxilio fue el más cercano a su residencia: el Hospital Santa Teresa de Jesús. Allí le administraron suero a su hija y le dieron de alta, pero los problemas continuaron. La mujer entonces partió a Caracas, a 60 kilómetros de distancia de su lugar de origen. Acudió primero al Hospital Miguel Pérez Carreño, luego al José Manuel de los Ríos, más tarde al Hospital Clínico Universitario, después al Julio Criollo Rivas y una vez más al Hospital Clínico Universitario, en un periplo en los que se repetían las negativas a recibirla, las hidrataciones urgentes y las órdenes para que hallara cupo en un centro nutricional como los SERN, cuya obligación de atender en la modalidad de internado a los niños con desnutrición grave está mencionada en normas del Ministerio de Salud de 2008.

El gobierno difundió en 2008 las normas para el tratamiento de niños desnutridos en Venezuela

El número de servicios públicos para recuperación nutricional se ha reducido en una década en Venezuela, según los datos disponibles. Sus condiciones de funcionamiento además se han visto afectadas por la crisis presente. El Centro de Recuperación Nutricional Pastor Oropeza de San Cristóbal, Táchira, es un ejemplo de ello. “Desde el año pasado dejamos de brindar hospitalización”, confirma Blanca Sanguino, quien es la jefa del lugar. “Seríamos felices si pudiéramos tener a los niños 24 horas aquí con nosotros porque así se recuperan”,   añade. La alternativa del internado no se volvió a ofrecer tras un período de ocho meses de cese total de servicios por falta de recursos que ocurrió el año pasado en esa institución.

Solo un grupo de seis SERN ofrece la opción de internar a pacientes, de acuerdo con visitas y consultas telefónicas que se realizaron en 15 de los establecimientos localizados en 13 entidades del país incluidas no solo Táchira y Caracas sino Zulia, Miranda, Anzoátegui, Amazonas, Apure, Barinas, Bolívar, Cojedes, Delta Amacuro, Portuguesa y Trujillo. No se pudo confirmar la cantidad de cupos totales disponibles para la modalidad de hospitalización, pero se verificó que de éstos el centro con mayor cantidad de plazas para cumplir ese propósito es el Hipólita Bolívar de Caracas cuyas 30 camas permanecen fuera de actividad. En la mayoría de los casos, los servicios funcionan con las modalidades ambulatorias y semi-internado.

El Centro de Recuperación Nutricional María Teresa de Calcuta ubicado en San Fernando de Apure, por ejemplo, tiene un transporte para trasladar a los niños desde sus casas  a la institución y viceversa entre las siete de la mañana y las dos de la tarde. El personal recibe pagos fijos de entes públicos, pero el servicio ha experimentado dificultades para recibir un suministro estable y suficiente de alimentos por parte del Estado y por eso se sostiene con donaciones de fundaciones, comerciantes y pequeños aportes de la comunidad, explica Alida Chourio, hermana de la Diócesis de San Fernando y una de las encargadas: “Antes éramos nosotros los que buscábamos a los niños y ahora tenemos más de 30 desnutridos aquí”.

La Fundación Centro de Recuperación Educacional y Nutricional San Francisco de Ciudad Bolívar igualmente ofrece atención semi-internada. Aura Marina de Goya, directora de la institución, fue entrevistada en enero y afirmó que el Estado proporcionaba carne y pollo y que el resto de los alimentos debían obtenerlos a través de donaciones. En el plazo de 21 años que ha funcionado el centro, de Goya solo había visto morir a ocho niños que habían sido tratados allí. “Eso ha cambiado. Solo entre agosto y diciembre de 2016 perdimos a tres. Ha sido muy doloroso para nosotros”.

La Unidad Nutricional SERN Esteller-Píritu, en Portuguesa, fue clausurada temporalmente dos años atrás por fallas de infraestructura luego de una década de funcionamiento continuo. Ya se encuentra reabierta y es atendida por cuatro empleados del INN. Aunque fue inaugurada en 1999 para atender 22 niños, en la actualidad puede brindar servicios para la mitad o menos en horarios comprendidos entre la mañana y la tarde, afirmaron funcionarios entrevistados. El personal de otros centros visitados, como la Fundación Amigos del Niño Desnutrido de San Carlos, el servicio José Gregorio Hernández de Valera, el centro Pastor Oropeza de El Tigre y el servicio Hugo Chávez de Santa Teresa del Tuy afirmó que reciben dotaciones con regularidad y procuran ofrecer la mejor atención pese a la difícil  coyuntura del país y las limitaciones que supone no hospitalizar.

Tres estados con población indígena, donde ha habido tradicional prevalencia de la desnutrición, cuentan con SERN localizados en centros públicos de salud. El de Puerto Ayacucho funciona en el Hospital José Gregorio Hernández de Amazonas, pero de manera intermitente por falta de insumos, según Naura Añez, directora del Consejo de Protección de Derechos del Niño, Niña y el Adolescente de la capital del estado. “Este año ha estado más cerrado que abierto, a pesar de la gran cantidad de niños desnutridos de distintas etnias”.

El servicio de Delta Amacuro está localizado en el Materno Infantil Oswaldo Brito y ofrece opción de reclusión permanente. Un pediatra consultado, que habló a condición de anonimato, afirmó que enfrenta dificultades para retener a los pequeños que necesitan tiempos prolongados como internados. “Recibimos niños sin lactancia materna, alimentados con agua de arroz o jugo. Hay hambre oculta. Los tratamos rápido, pero apenas dan signos de mejoría sus padres los regresan a sus comunidades”.  En Zulia, los centros están distribuidos en instalaciones conexas a cuatro hospitales. Uno de ellos es el Adolfo D´ Empaire de Cabimas, donde hay capacidad para 13 niños. La institución está entre las que ofrece mejor infraestructura en el estado y recibe pacientes de entidades vecinas como Falcón o Lara.

La oferta limitada para hospitalización en el país no solo afecta a los padres que han recibido a sus hijos de vuelta desde las salas de urgencia, sino también a aquellos cuyos pequeños sufren de desnutrición pero no tienen complicaciones adicionales como una diarrea o una afección respiratoria. Esos son casos, de acuerdo con testimonios recabados para el presente trabajo, que no siempre tienen prioridad para el ingreso inmediato en los servicios públicos de emergencia. La imposibilidad de reclusión somete a los familiares de los afectados  a enfrentar con recursos propios la difícil carrera para acceder a los alimentos y por garantizar con ellos una atención en casa cuyo cumplimiento, en las condiciones actuales, luce cuesta arriba.

Un proyecto retrasado

El servicio de Educación y Recuperación Nutricional de Miranda ocupa espacios cedidos por la Alcaldía del municipio Independencia

Nieto, por ejemplo, no podía recibir asistencia hospitalaria para su hija en el SERN de Santa Teresa del Tuy, sin opciones de internado. El centro funciona apenas a dos calles de distancia del primer hospital que ella visitó con Giobely y solo ofrece servicios para niños con desnutrición leve y moderada. En abril pasado la institución fue visitada por periodistas de Ipys Venezuela. Tres niños de entre cuatro y ocho años de edad aguardaban con sus respectivas madres en la sala de espera para la consulta externa, mientras en la cocina preparaban el almuerzo que sería servido en el comedor de la instalación para otros pequeños que hacían la siesta. La institución tiene capacidad de 25 cupos para el régimen semi-internado y de 20 cupos para consultas externas. “Los casos de mayor gravedad generalmente los remitimos al Hipólita Bolívar o al Materno Infantil Hugo Chávez de El Valle”, dice Angélica Belisario, coordinadora de la centro, localizado en un pequeño inmueble visitado por usuarios en un promedio de 150 ocasiones semanales.

El INN perfiló en 2007 el proyecto Nutrición para la Vida en el cual establecía las líneas centrales de una estrategia el fortalecimiento de los SERN. Los servicios habían recibido críticas de distinta procedencia hasta entonces. La organización de derechos humanos Provea, por ejemplo, había cuestionado en su informe anual de 2004-2005 que existían 21, pero que se necesitaban mayor cantidad en zonas con incidencia de desnutrición. Desde el gobierno, las mayores inquietudes para entonces estaban relacionadas con el hecho de que los centros no estaban adscritos a una rectoría única que debía ser la del INN, que para la época formaba parte del Ministerio de Salud. “Es necesario implementar la evaluación y seguimiento de los SERN de manera regular, sistemática y orientada a determinar si cumplen con los objetivos”. Los servicios aún trabajan, en muchos casos, en una modalidad mixta, en las que gobiernos locales y regionales y fundaciones privadas participan en la gestión o en el financiamiento. Algunos de ellos surgieron precisamente por iniciativa de particulares y aparecen en las listas oficiales por el apoyo que reciben de instituciones estatales. Otros han subsistido en los peores tiempos precisamente por la voluntad de privados que no los abandonan.

El contexto en que se produjo el proyecto de mejora de los SERN hace una década era completamente diferente al del presente. Los técnicos del INN lo formularon cuando Venezuela era bendecida por los millonarios ingresos de un boom petrolero, que permitieron al gobierno impulsar una gestión social que le garantizó respaldo popular. El optimismo era una seña de identidad compartida por quienes respaldaban el proyecto político de Hugo Chávez y el hambre se percibía como un enemigo en camino de ser derrotado. En 2008, el gobierno remitió a la FAO un informe de seguimiento de su estrategia de alimentación en la cual mencionaba que existían 26 SERN los cuales formaban parte destacada del paquete de cuatro programas nacionales de atención nutricional a los cuales se había entregado en conjunto un presupuesto total de aproximadamente 44 millones de dólares en los tres años previos. Se mencionada entonces como una novedad que los servicios habían sumado la dimensión de la formación y capacitación de las madres y padres para que asumieran con propiedad las tareas para la rehabilitación de sus hijos desnutridos.

El proyecto Nutrición para la Vida recibió, según el documento, apenas  98.892 dólares en su primer año de vida. Pese a esos limitados recursos, con su implementación se buscaba fortalecer los SERN como parte de un sistema “para generar respuestas oportunas e integrales a la comunidad, a través del esfuerzo conjunto de las instituciones que ejecuten mejoras para los niveles de malnutrición en función de la seguridad alimentaria en el país”. La pista de la ejecución del proyecto se pierde sin mayor información sobre el progreso en las memorias y cuentas del Ministerio de Salud y de Alimentación a los cuales ha estado adscrito el INN en los últimos 10 años. Las referencias más recientes corresponden a los años 2014 y 2015, en los que se habla de una iniciativa para el fortalecimiento de la denominada Red de Atención y Educación Nutricional Integral. Dentro del proceso de construcción de ese sistema, se esperaba cumplir la meta de consolidar los SERN para trabajar en conjunto con otros programas oficiales de alimentación.

Los reparos más recientes a los SERN provienen de expertos que consideran que su modelo de trabajo ha quedado progresivamente desactualizado, de acuerdo con las tendencias globales de la última década y las cuales se apoyan en la asistencia comunitaria y en la labor de los padres para lograr la recuperación nutricional incluso de aquellos que están más gravemente afectados. “Desde la aparición de los alimentos terapéuticos listos para el consumo, los datos demuestran que la mayoría de los niños con desnutrición aguda severa pueden ser tratados fuera del hospital sin correr riesgos”, indican las directrices más recientes de la OMS. “Los centros de recuperación nutricional son un enfoque de guerra, pasado de vigencia”, dice Susana Rafalli, quien participa justo ahora en un proyecto de Cáritas para hacer un análisis de la red pública. Una adaptación supondría, sin embargo, la modificación de los protocolos vigentes y un viraje para garantizar mejoras en la disponibilidad de recursos que hoy en día no están al alcance de las familias.

Una contingencia mayor
“Estos niños necesitan ayuda urgente”, dice Livia Machado, responsable del servicio de nutrición del Hospital Domingo Luciani de El Llanito, mientras recorre los pasillos de la institución con angustia. La recurrencia de casos que le ha tocado atender la hace pensar que la única solución posible en el presente es la apertura de un canal humanitario que eleve la disponibilidad de alimentos y medicinas para los venezolanos. “De lo contrario veremos cada vez filas más grandes de niños desnutridos aguardando para ingresar en unos  hospitales colapsados”.  Esa posibilidad, sin embargo, ha sido negada por el gobierno que la considera un acto que facilitaría una intervención extranjera en Venezuela.

Bajo el cuidado de Machado aún permanece una bebé de seis meses, con solo siete kilogramos de peso. Su imagen es difícil de olvidar, porque tiene en las piernas los edemas que causa la desnutrición. También atiende a otra bebé que en ocho meses de vida solo aumentó medio kilogramo de peso y que estaba afectada por una infección gástrica que requería de tratamiento con antibióticos.

Machado considera que desnutridos como ellos solo pueden recibir la primera asistencia en las salas de urgencia de los hospitales, pero que luego requieren atención integral bajo régimen internado en otra instalación si se pretende rehabilitarlos por completo. “Mantenerlos en hospitales por tiempos prolongados los hace correr riesgos de contagiarse de enfermedades”. Esa limitación,  fue la que los médicos del Materno Infantil de El Valle consideraron para darle el alta a la hija de Yeisy Nieto luego de 23 días de hospitalización como beneficiaria del plan de contingencia por el cierre temporal de las áreas de internado del Servicio de Especialidades Nutricionales Hipólita Bolívar de El Cementerio. “Estábamos en la misma habitación con niños que tenían escabiosis y otras enfermedades que se podían contagiar y eso era un peligro para mi hija”.

El materno infantil de El Valle además padece otras dificultades como alternativa de recuperación nutricional. Nieto se queja de que tenía condiciones insalubres y falta de aire acondicionado y que además faltaban especialistas en cantidad suficiente. Una visita realizada en mayo por reporteros de este trabajo permitió constatar que el centro de salud, que cuenta con un solo nutricionista, apenas puede destinar una habitación de cinco cupos para los niños referidos por rehabilitación nutricional. El cuidado de esos pacientes queda bajo la tutela de médicos del Centro Hipólita Bolívar quienes no están continuamente y acuden de forma periódica al materno infantil para rondas de chequeos.

La falta de opciones en Caracas ha convertido el Centro de Alimentación y Nutrición Integral de Antímano (Cania), una institución de Empresas Polar, en un servicio de referencia obligado en el que se ha multiplicado la asistencia de padres. “Este año hemos recibido más casos de desnutridos graves menores de dos años”, dice Mariana Mariño, gerente de Salud del centro.

Cania funciona en la modalidades de ambulatorio y semi-internado y ha beneficiado a madres como Yubir Lezama, vecina de Antímano, cuya hija bajó drásticamente de peso tras dificultades en la lactancia y diarrea continua. La institución, sin embargo, no puede atender los casos agudos, lo que ha llenado de preocupación a sus integrantes. La institución ha seguido la política de remitir a los afectados directamente al Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del Municipio Libertador, precisamente por la imposibilidad de poder referirlos a un centro estatal apropiado como el Hipólita Bolívar. Tanto a los miembros del consejo, como a las del servicio de El Cementerio se le presentaron solicitudes de entrevistas escritas sobre la situación de cupos para desnutridos graves el 31 y 16 mayo respectivamente y hasta la fecha no habido respuesta.  Igual sucedió con una petición el 22 de mayo a Marilyn de Luca, quien ha sido presidenta del INN desde 2007.

De la invención a la crisis
Una historia es ignorada por la mayoría de las madres venezolanas como Yeisy Nieto  que buscan alternativas donde atender a sus hijos para lograr su completa rehabilitación. Es la del médico vasco-venezolano José María Bengoa, a quien se le atribuye la creación del tipo de establecimientos en los que están basados los SERN. La invención, de origen nacional, surgió cuando el médico destinó un espacio en la comunidad rural de Sanare del estado Lara para alimentar a niños desnutridos y educar a madres durante varias semanas. Esta experiencia fue replicada internacionalmente por Bengoa desde la OMS. Alguna vez al galeno le preguntaron cómo saber por cuánto tiempo debían permanecer hospitalizados los niños desnutridos. “Hasta que sonrían otra vez”, fue la  respuesta que dio y la cual quedó grabada como un momento memorable en la historia de la medicina venezolana.  

Pasado el tiempo, no deja de lucir paradójico que un país que dio muestras de estar a la vanguardia atraviese en el presente dificultades para brindar la mejor atención a todos los niños con desnutrición grave. El Estado, de acuerdo con expertos como Raffalli, tiene deudas pendientes para trazar políticas públicas más efectivas: la  detección apropiada de los casos, un protocolo bien definido y el acceso a fórmulas terapéuticas especiales son elementos claves de los aspectos que recomienda atender con urgencia. A esas consideraciones, se agrega el análisis de Yuly Velazco, jefa de la cátedra de Nutrición y Salud Pública de la UCV, quien afirma que las políticas oficiales de alimentación están fallando. Según la académica, el Estado ha trazado planes que se han traducido en medidas concretas como la Misión Alimentación y sus sistemas de distribución como Mercal, Pdval y más recientemente los Clap, un mecanismo para la venta directa de comida desde las comunidades. “No se puede decir que no tenga directrices, pero no conocemos si cumple los lineamientos para un plan de acción en nutrición en salud pública. Debe contar con un diagnóstico con indicadores confiables que debe estar a abierto al examen de cualquiera que lo pueda consultar; debe tener una estrategia para toda la población y otra focalizada para los grupos de riesgo; y debe hacer evaluación seria y confiable de los procesos”.

Maritza Landaeta, de la Fundación Bengoa, añade un elemento adicional: se debe rescatar la producción agrícola nacional y realizar las importaciones de alimentos de modo planificado y con asesoría académica, en aras de garantizar el acceso adecuado y suficiente en los hogares. “Esto no está peor por la solidaridad de las organizaciones particulares”. La médica experta en Planificación Alimentaria Nutricional advierte también sobre las secuelas irreversibles de una desnutrición mal atendida durante la infancia: el futuro desarrollo intelectual de los niños queda comprometido y por ende, su posterior desempeño académico y laboral y su desenvolvimiento ante la vida. El efectivo acceso a los alimentos y a la asistencia oportuna, previstos en los distintos planes alimentarios y nutricionales del Estado, evitarían que niñas como Giobelys corrieran ese peligro, o incluso el riesgo el de morir.