La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) interrumpió la transmisión de al menos 40 emisoras durante 2017. Un año después, la mitad mantiene sus antenas apagadas y la otra está nuevamente al aire: en ambos casos esperan a que el Estado responda a sus trámites.

“Ninguna emisora legal ha sido tocada. Quien tenga dudas, que investigue los hechos de forma veraz”, alegó Andrés Eloy Méndez, cuando dirigía la institución que regula las telecomunicaciones en el país, como respuesta a las denuncias de censura en su contra por cierres masivos y procesos opacos para otorgar permisos.

La Ley vigente admite una política de silencio administrativo que atenta contra el derecho humano a la libertad de expresión. La reforma propuesta por la Asamblea Nacional en 2016, con mayoría opositora al Gobierno, no lo solucionaba.

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El viernes 25 de agosto de 2017, a las 10:45 de la noche, Salomón Ron Pedrique Heller iba a bordo de una camioneta rumbo a una zona boscosa del Ávila, la imponente montaña que bordea Caracas. La vía estaba escasamente iluminada. Dentro del vehículo se trasladaban con él cuatro inspectores de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Ron Pedrique, pensativo y silencioso, apenas intercambiaba palabras con ellos. Mientras transitaban cerca del Camino de Los Españoles —un profundo sendero ubicado al oeste del cerro—, los funcionarios le aseguraron que se harían responsables de su integridad física. Sabían el peligro que suponía andar por ese lugar a tan altas horas de la noche; pero debían concretar la tarea que se les había encomendado y que no podía esperar: apagar la antena de la emisora La Nueva Mágica 99.1 FM, activa desde 1989.

A Ron Pedrique le tocó ser actor de esta escena porque se desempeñaba como vicepresidente de Comercialización y Mercadeo de ese medio, que habían sacado adelante él y su familia. A las 9:00 de la noche, doce funcionarios de Conatel ingresaron a la sede de la emisora, ubicada en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, al este de Caracas.

—¿Dónde están los dueños? — preguntó una inspectora.

La madre de Ron Pedrique, propietaria de la estación, se encontraba fuera del país ese día. Así que lo llamaron a él: le informaron de la visita y, al poco tiempo, se apersonó.

—Venimos a cerrar

—¿Pero cuál es la razón?

—Una orden de arriba

Le pidieron que firmara un documento que exponía los motivos de la medida. “Decía que somos un monopolio radial, pero nuestra emisora es local, pequeña y no tiene otras frecuencias”, acota ahora Ron Pedrique. Aquella noche, los visitantes ordenaron apagar los equipos de la estación, que esperaba una renovación de concesión —permiso oficial para operar una estación de radio— desde 2009.

—Si vuelve a encenderlos, vendremos por ellos —amenazó la inspectora, antes de informar que debían trasladarse, de inmediato, a El Ávila para el siguiente paso.

Durante el viaje, Ron Pedrique pensaba en qué ocurriría con la frecuencia que por casi tres décadas había ocupado La Nueva Mágica. La respuesta se conoció a los cinco minutos: una nueva señal comenzó a sonar por el dial 99.1 FM al cesar las transmisiones de la emisora. Lo supo porque en ese momento recibió una llamada de Enza Carbone, presidenta de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión (Camradio), quien le confirmó que aquel espacio radioeléctrico había sido cedido a alguien más.

—¿Ustedes me están cerrando o le están dando el dial a otro operador? —interpeló en ese instante a los representantes de Conatel—. Si me dices que la razón del cierre es porque somos un monopolio radial, al menos deberían darnos chance para hablarlo, ¡para manifestar por qué estamos en desacuerdo!

—No sé, esa fue una orden de arriba

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“Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”

Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos de Humanos, 2000

Ron Pedrique aún no sabía que otros trabajadores de Conatel habían visitado esa misma noche la sede de la emisora 92.9 FM, que también operó por 28 años en Caracas. Tanto La Nueva Mágica 99.1 como 92.9 pasaron a engrosar la lista de al menos 40 emisoras de radio que Conatel decidió cerrar temporal o permanente en todo el país en 2017. Jaime Nestares, directivo del grupo empresarial al que pertenece 92.9, dio a conocer la noticia del procedimiento en las redes sociales, donde recibió mensajes de apoyo de locutores, periodistas, artistas y radioescuchas.

“¿Por qué me sacas, si el espectro radioeléctrico es tan grande como para meter otras emisoras?”, cuestiona Nestares, quien oyó, justo al momento en que se apagaron los transmisores de la 92.9 FM, cómo la emisora “Corazón Llanero” reemplazaba la que por casi tres décadas ofreció contenido dirigido a la juventud caraqueña.

Ambas frecuencias funcionaron con una espada de Damocles sobre sus antenas: esperaban a que Conatel respondiera sus solicitudes de renovar las licencias para continuar al aire, lo cual nunca ocurrió. La Asociación Internacional de Radiodifusión emitió un comunicado en contra de ambos cierres. La Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión también se pronunció: era la primera vez que esa organización rechazaba una clausura radiofónica en un año en el que, desde febrero, Conatel había apagado 35 emisoras fuera de la capital.

Estaciones ubicadas en los estados Monagas, Nueva Esparta, Yaracuy, Falcón, Barinas, Cojedes, Mérida y Zulia recibieron órdenes de detener sus transmisiones. Al igual que en Caracas, fueron visitadas por funcionarios de Conatel; y, en algunos casos, también por efectivos de la Guardia Nacional. La cantidad de medios radiofónicos sacados del aire en 2017 sólo es comparable, de acuerdo con los registros del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) Venezuela, con el cierre masivo de 32 radioemisoras ocurrido en agosto de 2009. Denuncias gremiales calificaron entonces la medida de “radiocidio”, pero Conatel alegó que las estaciones presentaban irregularidades en sus concesiones.

La radio venezolana enfrenta un obstáculo administrativo común para tramitar sus permisos: la falta de respuesta del Estado a peticiones de otorgamiento o renovación de concesión, lo cual encuentra amparo en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. La norma admite el silencio de Conatel como una forma válida de negar solicitudes sin ofrecer explicaciones. Los principios de transparencia contemplados en esa misma Ley, así como en la Constitución Nacional vigente y en estándares internacionales de Derechos Humanos, apuntan a que todos los ciudadanos merecen atención oportuna del Estado y acceso a los criterios de sus decisiones; en este caso, en torno a la asignación de frecuencias radioeléctricas.

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Artículo 31

Si el órgano rector o la Comisión Nacional de Telecomunicaciones no se pronuncian dentro de los lapsos legalmente establecidos sobre la procedencia o no de las solicitudes relativas a la obtención de habilitaciones administrativas y concesiones, así como cualquier otra solicitud realizada conforme a lo establecido en la presente Ley, dicho silencio se entenderá como una negativa de la solicitud formulada.

Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2000

Cuando Conatel calla, no otorga el permiso; pero distintas emisoras del espectro radioeléctrico nacional acumulan años de espera por alguna respuesta a sus trámites. Mientras el ente regulador cierra periódicamente algunas estaciones por carecer del permiso legal que no concede, otras que se mantienen o vuelven al aire operan bajo el riesgo de ser las próximas en desaparecer.

La gran mayoría de las emisoras afectadas en 2017 esperan obtener una concesión por primera vez, pero no han recibido mayor respaldo por parte del gremio radiofónico, que ha expresado apoyo hacia las estaciones que requieren la renovación de sus licencias. La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, tampoco parece haber atendido ese punto: en la reforma a la Ley que presentó en 2016, se garantizaba la extensión automática de las concesiones, pero no respuesta oportuna a nuevos solicitantes.

—Tenemos un apoyo absoluto hacia el ente regulador en el cierre de estas emisoras. No sólo se han venido cerrando en Falcón, sino en muchos estados de Venezuela —declaró Enza Carbone, presidenta y única vocera de Camradio, el 11 abril de 2017, un día después de que Nelson Urbina fuese obligado a firmar la Providencia Administrativa PADS-043, dictada por la Gerencia General de Operaciones de Conatel, para la clausura de su emisora Studio 92.1 FM, en Punto Fijo, la ciudad más poblada del estado Falcón, en el noroeste del país.

Nelson Urbina escribió a mano en el expediente oficial del cierre que su emisora no era clandestina

Era lunes de Semana Santa y Urbina, médico oftalmólogo y director de Studio 92.1 FM, estaba en su consultorio cuando recibió la llamada de amenaza desde la estación de radio: que si no se presentaba de inmediato, funcionarios de Conatel se llevarían detenidos a los operadores de la emisora. Habían llegado con orden de confiscar los equipos a modo de sanción por transmitir de forma clandestina.

—Un clandestino es una persona que está escondida, que dispara desde el monte, que no tiene ningún tipo de ubicación —replicó al llegar—. Hemos sido supervisados varias veces y conocen, por documentos y por todo, que existimos.

—Clandestino es todo aquel que esté haciendo uso de la frecuencia sin la concesión —precisó uno de los inspectores, antes de proceder a decomisar un amplificador, una consola de audio, un par de micrófonos con parales, CPU, mouse, teclados, monitores, reproductores y otros aparatos.

Urbina había pagado en 2007 un monto de 8.279,04 bolívares a Conatel para la reserva de la frecuencia 92.1 FM. Hasta la reforma parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en el año 2011, se consideraba como uso clandestino del espectro radioeléctrico cuando no había “al menos la reserva de frecuencia correspondiente”. La Ley vigente ahora estableció que toda actividad radiofónica sin concesión es clandestina.

Después de la reserva, Urbina asegura que acudió varias veces a las oficinas de Conatel a consultar la razón por la que aún no formalizaban la asignación de la frecuencia, mediante el otorgamiento de la concesión, si todos los trámites habían sido cumplidos y revisados. “En el año 2011 ellos hicieron una evaluación de la estación, de cómo estábamos emitiendo. Y todo estaba perfecto. Entonces, confirmaron que estábamos en el aire y no nos dijeron nada. Volví a Conatel a preguntar: ‘¿por qué no me asignan la frecuencia?’ Y me decían que no estaban asignando”, recuerda. “No puede venir ahora esa gente a decir que nosotros somos clandestinos cuando tú no me has asignado la frecuencia, Conatel; yo no soy el que está cometiendo la irregularidad”.

Urbina, quien también es locutor y periodista, viajó a Caracas en busca de Enrique Quintana Sifontes, entonces director de Conatel y responsable de la orden que estaba desmantelando su radio. “El hecho de que esté en el gobierno no quiere decir que no haya podido dar la cara nunca”, pensó con decepción después de visitar dos veces la sede principal del organismo en Caracas, tras cruzar enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos de seguridad en protestas en contra del Gobierno, que marcaron el primer semestre de 2017 y que tuvieron uno de sus epicentros en el sector Las Mercedes, donde se encuentra la oficina del ente regulador de las telecomunicaciones. Sólo fue recibido en el pasillo de entrada de Conatel, y no logró contacto con el personal encargado de su caso.

El siguiente paso consistió en apelar el proceso ante los tribunales: su abogado y él alegaron en principio una violación del debido proceso, al ejecutarse la medida durante días festivos. El presidente de la República había decretado no laborable toda la Semana Santa. “Esperamos que una acción de esta característica pueda funcionar. No puede ser que tengamos que terminar en un juicio, que era lo que no queríamos hacer. Nosotros queríamos conversaciones con la gente de Conatel y no se ha podido”, lamenta. Cree que quizá la distancia geográfica de la capital —a 527 kilómetros desde Punto Fijo— y la aguda crisis de transporte han influido: “Estamos en el interior y viajar ahorita a Caracas es una cosa complicadísima, pero si yo estuviera allá, de repente hubiese hecho algún tipo de trabajo, de esfuerzo”.

—Este cierre es cónsono con la solicitud que desde hace años, de manera responsable, la Cámara ha venido haciendo —afirmaba Carbone luego de la salida del aire de 11 estaciones falconianas—. Estas emisoras causan un grave daño a la colectividad, interfieren las frecuencias legalmente constituidas, no pagan impuestos, tasas y contribuciones, no cumplen con las leyes y reglamentos y compiten deslealmente con las emisoras legales.

—¡Sólo estamos atacando a las clandestinas! —declaraba de modo similar Andrés Eloy Méndez, al frente de Conatel en los primeros meses de 2017, cuando ocurrieron los cierres radiofónicos de forma masiva—. Una emisora es clandestina cuando nunca ha tenido una concesión de Conatel.

Ninguno de los dos contestó a las solicitudes de entrevista para este trabajo. Méndez salió del cargo en junio para asumir una candidatura a la Asamblea Nacional Constituyente, que hoy integra como diputado por Falcón.

En respuesta a los cierres, la representación del Colegio Nacional de Periodistas en ese estado emitió un comunicado en el cual expuso: “(…) si bien es cierto que existen medios de comunicación que no han realizado ningún tipo de procedimiento para sus respectivas habilitaciones ante el ente rector, existen otros que alegan cumplir con todos los requisitos de ley, pero que lamentablemente Conatel les ha mantenido por años un vacío administrativo en sus respuestas”. El patrón de indolencia institucional que resuena en Caracas también apaga micrófonos en las regiones.  

Para operar una radio, todo venezolano necesita el consentimiento de Conatel de acuerdo con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (Lotel) aprobada en el año 2000. Como las ondas electromagnéticas son limitadas, los estándares internacionales destacan el importante papel de los Estados para poner orden en el espectro radioeléctrico de forma democrática, y así asegurar el ejercicio libre y plural de la radiodifusión. En Venezuela, el espectro es definido como un bien de dominio público que los ciudadanos pueden explotar al solicitar dos permisos: una habilitación administrativa, para poder operar en telecomunicaciones, y una concesión que permite usar una frecuencia radioeléctrica específica hasta por quince años, con posibilidad de renovar el permiso para continuar al aire.

Jaime Nestares fue de los primeros en ser convocados por Conatel para ajustarse a la norma: los medios radiofónicos y televisivos con permisos vigentes al momento de la publicación de la Ley tendrían dos años para adecuar sus licencias al sistema de concesiones y autorizaciones administrativas. “Jesse Chacón [director de Conatel] escogió primero a Radio Caracas Televisión (Rctv), Radio Caracas Radio y 92.9 para hacer lo que se llama la transformación del título, y presentamos toda la documentación”. Nestares asegura que Conatel no dio respuesta en el lapso establecido, sino siete años después cuando aprobó la transformación de los permisos de 92.9 FM, con su habilitación y concesión, pero a casi tres meses de vencerse el permiso anterior. “Tuvimos que correr”, dice en alusión al plazo necesario para solicitar con antelación renovaciones de concesión. “Pero lo hicimos y no nos contestaron más, así que todos los años fuimos enviando una nueva petición de renovación tanto a Conatel como a un tribunal para dejar constancia de la solicitud”.

Los lapsos de la Lotel para presentar una petición y recibir respuesta son claros. Luego de la solicitud ante Conatel, el ente tiene 45 días continuos para decir si cumple o no con los requisitos, y después enviarla a la cartera del Gabinete Ejecutivo a la que esté adscrito. El ente regulador ha pertenecido a los ministerios de Infraestructura, de Obras Públicas y Vivienda, de Comunicación e Información, y hoy depende del Ministerio de Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. El ministerio, calificado en la Ley como “ente rector” de las telecomunicaciones, debe decidir en 45 días más si finalmente se aprueba el permiso o no. En total, el Estado cuenta con un lapso de tres meses para contestar a solicitudes de habilitación y concesión.

Al igual que La Nueva Mágica, la emisora 92.9 FM fue sacada del aire por el vencimiento del permiso. “El objetivo es político, porque hacemos críticas al Gobierno”, afirma Nestares, y opina que a todas las emisoras constituidas legalmente, y que cumplan con sus requisitos y estén apegadas a la Ley, se les debería renovar su concesión. «Si tengo un buen comportamiento y pago mis impuestos, ¿por qué me tienen que sacar; si además hay más espacio en el espectro? Al cerrar una frecuencia, se la quitas a la audiencia». Los directivos de la emisora 92.9 FM tienen una demanda en curso ante el Tribunal Supremo de Justicia en contra de la medida.

El tema jurídico-administrativo en materia radiofónica hizo su primera ebullición nueve años después de aprobada la Ley, cuando Conatel convocó a todos los concesionarios a actualizar los datos de sus emisoras y a presentar recaudos personalmente en la institución, en 15 días.

—No estamos revocando concesiones, estamos aplicando la Ley —decía Diosdado Cabello, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda y de Conatel, en respuesta al escándalo de algunos sectores, gremiales y opositores al gobierno, que se manifestaron en contra del cierre de 32 radioemisoras el 1 de agosto de 2009.

—¡El gobierno acaba de consumar el primer radiocidio de la historia contemporánea! —exclamaba William Echeverría, presidente del Colegio Nacional de Periodistas.

Más allá de las fronteras, la embajada venezolana en España emitió dos años después un informe titulado “Venezuela nunca ha cerrado ninguna radio”, el cual alegaba razones vinculadas a concesiones usadas ilegalmente: sin vigencia, o en funcionamiento tras el fallecimiento del concesionario. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por otra parte, recibió información de parte de algunas emisoras afectadas sobre silencio estatal ante solicitudes de transformación de títulos y notificaciones de defunción de concesionarios. “Las decisiones se adoptaron sin atender a ninguna de estas condiciones, sin permitir una controversia previa a la decisión”, destacó el organismo en su informe de ese año.

—Antes las concesiones eran entregadas a dedo, no existía régimen de concesiones —replicaba William Castillo en 2015, en calidad de director de Conatel, cuando invitó a los miembros de la CIDH, durante una audiencia sobre libertad de expresión, a no creer en las denuncias de censura formuladas por organizaciones no gubernamentales, a su juicio carentes de evidencias.

Castillo recibió una carta al año siguiente, el 21 de abril de 2016, de parte del Colegio Nacional de Periodistas con la petición de que su despacho girara instrucciones pertinentes para dar celeridad a los procesos de renovación y otorgamiento de concesiones a radios y televisoras. Seguían lloviendo denuncias sobre trámites sin respuesta. Al respecto, el artículo 30 de la Ley de Telecomunicaciones establece que en caso de que la respuesta resultara negativa, el ente notificaría al interesado, pero el artículo siguiente, el 31, agrega que si Conatel no se pronuncia ni a favor ni en contra en los lapsos en que debiera hacerlo, el silencio también debe entenderse como una negativa a la solicitud. Este silencio administrativo ha devenido en un mecanismo opaco de asignación y renovación de frecuencias radioeléctricas, contrario a los principios y garantías previstos desde hace ocho años en los “Estándares de Libertad de Expresión para una Radiodifusión Libre e Incluyente”, formulados por la CIDH.

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“La asignación de licencias de radio y televisión debe estar orientada por criterios democráticos y procedimientos preestablecidos, públicos y transparentes, que sirvan de freno a la posible arbitrariedad del Estado y que garanticen condiciones de igualdad de oportunidades para todas las personas y sectores interesados”

Estándares de Libertad de Expresión para una Radiodifusión Libre e Incluyente, 2010

La bomba de tiempo estalló de nuevo en 2017, cuando Andrés Eloy Méndez, a cargo de la Dirección General de Conatel, ordenó un recorrido por el país para sacar del aire a emisoras carentes de concesión, lo que también afectó a estaciones que habían formulado sus solicitudes hasta diez años atrás, sin obtener la respuesta estatal. Mientras las instituciones gremiales de periodismo, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y sedes regionales del Colegio Nacional de Periodistas, rechazaron los cierres y destacaron los trámites sin respuesta, Camradio acompañó a Conatel en clasificar a las emisoras afectadas en las regiones como clandestinas y en celebrar su salida del aire. El CNP solicitó en mayo una reunión con Conatel para abordar la situación, la cual Méndez aceptó. Lograron acuerdos en el encuentro: los distintos casos serían revisados y se procuraría celeridad para los trámites. Pero esto no se materializó.

Algunas inspecciones devinieron en la confiscación de equipos, como en Yaracuy con Yara 104.3 FM y en Barinas con Dinámica 100.9 FM, Llanura Stereo 105.7 FM, Sport 95.3 FM, Radio Coordillera 90.3 FM, América 92.1 FM y Rumba Brava 95.1 FM. También hubo decomisos materiales en Golosa 97.5 FM y Sonido 104.3 FM de Cojedes. Las emisoras que regresaron al aire tras la interrupción de sus transmisiones, por otro lado, actualizaron sus trámites y llevan más de un año esperando respuesta de la Administración Pública en telecomunicaciones.

Al norte de Cojedes, en el estado Yaracuy, la emisora Yara 104.3 no corrió con la suerte de otras cinco estaciones que, junto a ésta, fueron inspeccionadas en la entidad: Más Network 98.9 FM, Rumbera 106.5 FM, Shaddai 101.9 FM, Mix 98.3 FM y Criollísima 104.9 FM regresaron al aire después de haber sido apagadas temporalmente por Conatel, sin que sus aparatos fuesen confiscados. Rudy González, directivo de Yara, estuvo presente en la fiscalización: “Les dimos toda la documentación, levantaron el informe y pregunté si debía apagar la radio y me dijeron que no, pero al día siguiente llegó otra comitiva con Guardia Nacional y allí sí procedieron a apagar”. No entendió por qué otras estaciones de la entidad conservaron sus equipos a diferencia del caso de su emisora, que hasta entonces cumplía una década al aire, desde que González y dos socios más decidieron embarcarse en la oportunidad que brindaba la aprobación de una legislación para radios comunitarias, impulsada y celebrada por el fallecido presidente Hugo Chávez. “Se llevaron transmisor, procesadores de audio, computadoras, impresoras, micrófonos, y hasta cosas que no tenían que ver con el aparataje de la radio, como un módem y un wifi”.

González no se opuso a la intervención, por reconocer el estatus irregular de su estación y solicitó orientación para ponerse a derecho: asegura haber sido estafado por un socio que había obtenido permisos falsos, lo cuales no fueron advertidos por Conatel en sus otras visitas periódicas de inspección técnica y legal. “Yo tenía cómo defenderme pero aunque traté de hacer bulla a nivel mediático y de vincularme con personas cercanas al Gobierno para que me ayudaran, no logré mayor cosa sino que había gente queriendo estafar también: ‘si me das tanto, te consigo los equipos’, y decidí quedarme quieto y dejarlo así”. González sólo acudió a la oficina regional de Conatel más cercana, ubicada en el estado Lara, donde no consiguió información. “No fui a sede central porque ése era el tiempo de las protestas del año pasado, que ni siquiera en Caracas se podía entrar. Entonces eso enfrió un poco la situación. ¿Pero por qué no me podían dar una información oficial en Lara? Es muy difícil para uno tener alguna respuesta de Conatel”.  

En cambio, contactos políticos apoyaron el regreso al aire de las estaciones vecinas. Esperaban respuesta a sus trámites, cuando, aseguran varios de sus directivos, autoridades regionales avalaron la reanudación de sus transmisiones. “Hemos solicitado la concesión desde 2008, y presentamos todos los requisitos”, explica Rosa Virginia Vides, directora de la emisora cristiana Shaddai 101.9 FM. “Siempre nos decían ‘que tranquila, que la concesión les llega’, y nos pidieron renovar la solicitud en 2013, y lo hicimos y así nos mantuvimos hasta que nos cerraron”. Vides presentó entonces los trámites como evidencia de sus diligencias; y Conatel, una vez más, pidió que actualizaran sus recaudos. No hubo más respuesta, hasta que la Gobernación de Yaracuy, dice, respaldó el regreso al aire. “Nosotros habíamos expuesto el caso al gobernador y nos llamaron para decirnos que volviéramos al aire. Yo pedí que me lo pasaran por escrito, pero me dijeron que eso era sólo verbal. Lo hice porque yo ya tenía siete meses apagada. En Conatel sí me atendieron, no voy a decir que no, pero después de que entregamos los papeles que nos pidieron, no nos solucionaron, nunca nos han dado la concesión”.

La orden de salida del aire había quebrantado las esperanzas que un mes antes despertaron las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro: “Estoy de acuerdo con que se multipliquen las radios religiosas, las radios de Dios y las radios del amor, y encargo a la ministra de la Presidencia, de convocar al director de Conatel de manera inmediata (…) y resolver, entregarles los permisos para que tengan sus radios en todo el país”.

—Viste, Virginia, ahora sí darán el permiso —celebraron sus compañeros.

—Bueno, ya veremos.

Shaddai 101.9 FM retomó el funcionamiento como otras 20 emisoras más, casi la mitad de las apagadas en 2017 por Conatel, mientras aguardan a que los trámites cumplidos tras la inspección sean contestados. Vides no descarta un nuevo cierre, como tampoco José Samuel Morales, gerente y productor de Criollísima 104.9 FM, otro medio alternativo que también encendió de nuevo sus antenas. Tenían tres meses sin información de Conatel sobre los recaudos entregados. “Si nos ponemos a esperar a que ellos nos digan algo, se hubiesen muerto un poco de personas que trabajan aquí. Entonces mi socio y yo hablamos: bueno, chico, vamos a abrir, porque si tenemos estos papeles… Así que ahora andamos trabajando bien, la radio se mantiene bien y, como dicen, en el nombre de Dios, esperando por la decisión de algún organismo que nos dé el permiso para que podamos funcionar sin miedo”.

Las estaciones al aire de nuevo en Monagas, Yaracuy, Falcón, Barinas y Cojedes aguardan algún cambio en su situación legal: la entrega del anhelado permiso. “Estuvimos como tres meses apagados. Ya consignamos todos los documentos. Aún no hemos sido habilitados, pero nos hemos estado reuniendo y nos permitieron estar al aire”, dice José Gregorio Rodríguez, director de Suena 101.7 FM de Maturín, capital monaguense, en el oriente del país.

Las consecuencias de la falta de respuesta fue uno de los cambios planteados para la Lotel por los diputados de la fracción opositora de la Asamblea Nacional, cuando definieron una propuesta de reforma de Ley en 2016. Fue aprobada en la plenaria del Parlamento, pero luego desestimada por el presidente Nicolás Maduro y la Sala Constitucional del Poder Judicial. Los legisladores habían modificado el significado del silencio de Conatel a favor de un grupo de solicitantes: el artículo 31 de la posible nueva Ley de Telecomunicaciones mantenía la ausencia de respuesta como un rechazo sobreentendido, pero agregaba que de esa disposición estarían exentos los artículos 21 y 73, cuya reforma establecía que las habilitaciones y concesiones podrían ser renovadas por 20 años más, de forma automática, con sólo notificarlo por escrito al Estado sin necesidad de que éste se pronunciara para validar. La entrada en vigencia de la reforma legal evitaba la salida del aire de las legendarias Mágica 99.1 FM y 92.9 FM de Caracas, pero no amparaba a la mayoría de las emisoras afectadas en la ola de cierres de 2017: las que claman por una licencia por primera vez. 

La emisora Jet 95.3 de Punto Fijo salió del Circuito Digital Kys al que pertenecía y clausuró sus oficinas tras inspección de Conatel

¿Por qué no descartar todo el silencio estatal en la Ley? El periodista Biagio Pilieri y el abogado José Gregorio Correa, diputados de la Comisión de Medios de Comunicación que elaboró la reforma, aseguran la necesidad de prever y precisar el significado de una ausencia de respuesta: “Si no lo ponemos, queda a libre interpretación: los solicitantes lo podrían entender como que su petición fue aceptada”, explica Pilieri. Los parlamentarios consideran que la renovación de permisos no necesita un pronunciamiento del Estado, porque creen que estas emisoras habrían demostrado en el pasado que reúnen requisitos para operar. Los legisladores las diferencian de las nuevas solicitudes: “No tienen la certificación de que pueden prestar servicio”, dice Correa sobre el riesgo de admitir que el silencio del Estado pueda ser entendido como una respuesta positiva para estos casos desconocidos: estaciones cuya idoneidad no ha sido antes comprobada.

Los diputados sugieren que las nuevas emisoras se amparen en la Carta Magna venezolana: la Constitución nacional establece el derecho de petición a los entes públicos, y de obtener una respuesta oportuna y adecuada. “Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo”, reza el artículo 51, pero hasta la fecha no se conocen medidas de ese tipo en la gestión de telecomunicaciones del Estado venezolano. Tampoco hay evaluaciones al respecto en los informes públicos de la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo.

Que un organismo de la administración pública no responda a una petición y que dicho silencio deba ser interpretado como una negativa a lo solicitado, también está contemplado en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) —vigente desde 1981—, que, sin embargo, lo rechaza cuando ocurre de forma reiterada y lo establece como motivo de amonestación a los funcionarios públicos responsables de la omisión o demora. Ese mismo año 2017, sin embargo, mientras Conatel apagaba las emisoras de manera masiva por motivos jurídicos, la Universidad Católica Andrés Bello —una de las principales casas de estudios superiores del país— era escenario de las II Jornadas de Derecho Administrativo “José Araujo Juárez”, dedicadas a revisiones y propuestas de cara a una reforma de la LOPA.

Uno de los planteamientos de los académicos es la eliminación del silencio administrativo de la legislación venezolana: que la falta de respuesta no represente ninguna decisión del Estado sino que éste sólo pueda responder de forma expresa, y que, en su defecto, ante el silencio del funcionario público, el ciudadano pueda activar directamente una demanda por “inactividad administrativa”. El cambio formulado por el Programa de Especialización en Derecho Administrativo de la Ucab, pretende mayores garantías para el acceso a la justicia y al derecho de petición. Por lo pronto, el debate continúa abierto, mientras la gestión parlamentaria aún no concreta, en las distintas leyes, el derecho constitucional de respuesta adecuada y oportuna del Estado, que permita, en materia de telecomunicaciones, solventar el silencio que oprime a la radio.