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El millonario negocio de las compras de vacunas
Francis Sierra tiene más de dos semanas buscando la vacuna pentavalente para su bebé de tres meses. Ha recorrido más de cinco ambulatorios para hallar ese producto biológico, cuyas primeras tres dosis deben aplicarse a los dos, cuatro y seis meses para prevenir cinco enfermedades que pueden provocar discapacidad o muerte entre ellas la tos ferina, el tétano y la difteria, esta última reaparecida durante 2016 en Venezuela después de casi un cuarto de siglo sin que se registraran casos nacionales. A sus 28 años de edad, esta ama de casa cuenta su peregrinaje en el consultorio popular de La Pedrera, Maracay, estado Aragua. Allí acaba de recibir la última confirmación de la inexistencia de una dosis básica dentro del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). “Dicen que no ha llegado el lote y que por eso no hay”. Esa es la respuesta que le ofrece la enfermera, el mismo argumento que ha escuchado en las últimas dos semanas en la capital del sexto estado más poblado de Venezuela.
Francis Sierra es una de las madres que el 5 de abril llegaban al puesto de vacunación en La Pedrera, estado Aragua, en una búsqueda infructuosa de vacunas pentavalente y rotavirus.
A cinco horas en carretera, Yadulmi Ure, una ama de casa del Tocuyo, estado Lara, pregunta dónde conseguir la vacuna contra el neumococo y la antiinfluenza para su hija de ocho meses con Síndrome de Down, miembro de uno de los grupos de riesgo identificados en el PAI. Ha recorrido cinco puestos de vacunación en el estado y aún no consigue el producto que protegerá a su hija de enfermedades como la neumonía, la otitis o la influenza estacional. A Kenny Maldonado le sucedió lo mismo en Caracas. Padre de una bebé de seis meses resolvió pagar una dosis en un consultorio que le resultó muy costosa a pesar de que, en teoría, es un medicamento que debería estar disponible regular y gratuitamente en el sistema público. “No fue barato, pero teníamos la posibilidad y lo hicimos”, comenta sobre la dosis de BCG que debía recibir su hija en sus primeras 24 horas de vida para prevenir la tuberculosis.
Yadulmi Ure es madre de una bebé de ocho meses y después de recorrer cinco ambulatorios no consiguió la vacuna contra el neumococo y la influenza.
Sierra, Ure y Maldonado no se conocen entre sí y seguramente ignoran que más allá de la escasez que los inquieta hay un negocio que implica erogaciones millonarias del tesoro nacional. Un dato que ilustra la escala del dinero involucrado lo dio Luisana Melo, ex ministra de Salud, cuando compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington en junio de 2016 y dijo que el gobierno venezolano invirtió 44 millones de dólares ese año en la compra de 13 tipos diferentes de vacunas, 55 por ciento más que en 2015, según aseguró. El aumento, sin embargo, no pareció traducirse en mejoras de acceso, debido a la pronunciada escasez de productos biológicos denunciada por padres y médicos desde 2016 y que se ha proyectado al presente a pesar de que el ministerio presupuestó un aproximado de 1,42 millardos de bolívares para aplicar de 18 millones de vacunas del PAI en 2017. Si el monto se traduce a la tasa de cambio oficial para el sector salud, sería equivalente a 142 millones de dólares.
A pesar de las cifras en dólares implicadas en las compras de vacunas y del impacto que su disponibilidad tiene para millones niños, su adquisición se rige según procedimientos y estrategias que son opacos para la mayoría de las familias en el país. En las rendiciones de cuenta del Ministerio de Salud en el período 2002 a 2015, se han proporcionado datos fragmentados sobre precios, cantidades adquiridas y proveedores involucrados en las ventas al Estado. La dependencia de proveedores internacionales se ha mantenido en los últimos 15 años, porque los planes oficiales para lograr el autoabastecimiento con producción nacional han fallado. Fuentes del sector afirman que antes de 2004 las compras se realizaban a través de licitaciones principalmente a laboratorios farmacéuticos transnacionales asentados en el país. Después de entonces, el modelo de adquisiciones aplicado por los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y Nicolás Maduro se ha apoyado fundamentalmente en convenios internacionales firmados con fabricantes de países como Cuba e India y en transacciones con el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mecanismo regional que permite una intermediación de la instancia internacional para la obtención planificada y masiva de vacunas y otros artículos como como jeringas.
Los cambios aplicados desde hace casi década y media no contribuyeron a mejorar la transparencia de la gestión e incluso las operaciones de compra han estado bajo lupa de organismos oficiales. Un aporte para la comprensión del negocio y su manejo lo dio la Contraloría General de la República en un informe especial publicado en 2010, el cual reflejó la auditoría de las compras del quinquenio precedente. En ese período, Venezuela firmó 30 contratos por un aproximado de 31 millones de dólares para el suministro de medicamentos y vacunas, de los cuales nueve fueron para productos biológicos vendidos por los laboratorios cubanos Finlay y Heber Biotec. Los auditores no hallaron las facturas que respaldaran las compras relacionadas con dos de los contratos con esos proveedores para la importación de vacunas pentavalente infantil y anti hepatitis valoradas en 7,8 millones de dólares. Por ello la Contraloría emitió una recomendación al Ministerio de Salud: “Ejercer efectivamente el control y supervisión de todos los actos o acciones que se deriven de la ejecución de los contratos suscritos internacionalmente, a fin de garantizar la correcta administración de los recursos del Estado”.
Más recientemente, en diciembre pasado, el diario El Nacional divulgó cálculos según los cuales precios de los productos biológicos cubanos adquiridos en 2015 fueron mayores que los del Fondo Rotatorio de la OPS y que por ello los acuerdos Caracas-La Habana dieron un resultado ilógico ese año: se compraron menos dosis a mayor precio a pesar de que había la oportunidad de obtener productos de calidad, certificados por un organismo internacional y a tarifas más ventajosas en una difícil coyuntura económica.
El Fondo Rotatorio de la OPS es considerado un mecanismo de mayor transparencia, que incluso publica en su página web datos sobre los precios aproximados que cancela por cada tipo de vacuna. Sin embargo, la información sobre las compras realizadas por cada Estado no es pública. A la institución se le presentó por escrito el 20 de diciembre de 2016 una petición para que informara detalles sobre las adquisiciones y montos invertidos por el Ministerio de Salud de Venezuela en los últimos seis años. Los funcionarios se limitaron a dar una respuesta durante una entrevista que sí ofrecieron en enero de 2017. “Los detalles relativos a las compras realizadas por Venezuela a través del Fondo Rotatorio, le recomendamos consultarlos directamente con el Ministerio del Poder Popular para la Salud”.
Cinco meses después, la OPS divulgó un boletín en el cual contestó parte de las dudas e informó que en los últimos seis años Venezuela había adquirido a través del fondo un total de 170 millones de dólares. Las compras se concentraron en 19 tipos de productos biológicos, de los cuales más de la mitad eran presentaciones para la población infantil. El documento aportó otros dos datos: que en 2017 se anticipaba la adquisición por parte del ministerio de 20 millones de dosis por una cantidad de dinero que no se aclaraba en la información y que la reaparición de la difteria había obligado a las autoridades venezolanas a comprar 3,5 millones de dosis adicionales de inmunizaciones para adultos en 2016.
En el período de seis años mencionado por la OPS, el gobierno planificó dedicar a suministros, materiales y mercancías para el PAI un aproximado de 375 millones de dólares, de acuerdo con una revisión de la Ley de Presupuesto. La cifra puede tomarse como un indicador de cuánto se planificó pagar en total a todos los proveedores en ese período por la aplicación de 148 millones de dosis. Solo en 2013, 2014 y 2015 el Ministerio de Salud reportó oficialmente haber invertido 195 millones de dólares en dosis de inmunizaciones. En los siete años precedentes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, el país importó poco más de 122 millones de dólares. La mayoría de los productos tuvieron origen principalmente en Francia, México y Bélgica y en dos naciones ya mencionadas: Cuba e India. El dato del organismo no discrimina cuánto de esa importación fue realizada por el sector privado y cuánto fue realizada por el sector público.
Las transnacionales establecidas en Venezuela han tenido un menor perfil en el negocio desde 2004 y particularmente desde los últimos tres años cuando se desplomó la asignación de divisas del sistema del control de cambios manejado por el gobierno para laboratorios especializados en este ramo. “Las empresas disminuyeron en 90 por ciento todos sus negocios y solo quedaron para asuntos muy puntuales” dijo Tito López, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Farmacéutica. Algunas de las empresas con mayor tradición en el negocio apenas surten mínimamente a algunos compradores privados, se pudo conocer. Es una situación que María Auxiliadora Cardozo, presidenta de la filial Lara de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, describe como difícil: “Es la primera vez que estamos con tan poca dotación de vacunas en un centro privado. Se pedía a través de las droguerías que a su vez requerían a los laboratorios”.
Planificación sin resultados
Esther Perdomo es una de las madres que deambula en Caracas tras la búsqueda de las vacunas contra el rotavirus y la pentavalente. Es maestra, tiene 31 años de edad y vive en el 23 de Enero, que es una de las barriadas más grandes de la capital. Durante dos semanas ha buscado el producto para inmunizar a su hijo de dos meses: “Me dijeron que el sector salud estaba en reunión, luego que un avión tenía que venir a Venezuela pero que por falta de dinero no habían podido mandarlo el avión y después supuestamente iban a mandar ese avión el lunes”. Alejandro Risquez, pediatra epidemiólogo, no descarta que las compras hayan sido menores, pero no le cabe duda de que la carencia de inventarios se explica en una razón: “Si no hay es porque ha fallado la planificación”.
Un caso que lo ejemplifica ha sucedido con la vacuna contra el neumococo, de las más escasas en el país a pesar de que su introducción fue oficialmente asumida por el Estado en 2014 luego de años de insistencia de expertos que reclamaron su incorporación. La exigencia de una buena planificación está mencionada en los manuales de la OPS con respecto a los pasos a seguir para introducir nuevas vacunas en los esquemas de inmunización. Carlos Torres, asesor del PAI de esa organización internacional para Venezuela, confirmó que en 2016 el producto no estuvo disponible en el país y atribuyó esto a que se está evaluando una reintroducción de la vacuna. “Es una discusión técnica. Vamos a tener apoyo y en función de eso poder plantear una reintroducción”, dijo en entrevista. Risquez, en cambio, asevera que la escasez no está relacionada con debates técnicos: “En 2015 se adquirió un número menor del que se esperaba y en 2016 ni siquiera hubo la compra”. Lo que ocurre con la pentavalente también ilustra los problemas de gestión. En Falcón, Francisco Leal, coordinador regional de Epidemiología, atribuye la falta de ese tipo de dosis a la reaparición de la difteria que, según dice, obligó a desviar vacunas a los estados con la enfermedad: “A partir de agosto los inventarios van a mejorar”.
Para prevenir casos como los mencionados, fue constituido el Grupo Asesor en Inmunizaciones en Venezuela hace tres años. Las tareas de la instancia incluyen precisamente hacer recomendaciones de planificación para las políticas de inmunización, la selección de nuevas vacunas y el manejo del PAI. Según sus normas debían reunirse una vez al mes. Uno de los integrantes, que prefirió el anonimato, informó que en la actualidad la instancia “estaba retomando las labores” y que sus miembros esperaban a ser convocados para abordar, entre otros puntos, la situación que se ha presentado con la vacuna del neumococo. En 2014 fueron nombrados seis integrantes en la comisión: Yuraima Villarroel, Patricia Zamán, Armando Gómez, Dámaso Moreno, Gregorio Sánchez y Oswalda Pérez. Todos fueron reemplazados dos años después y en su lugar el gobierno designó a Neris Villalobos, Jorge Sánchez Lander, Sonia Rojas de Mendoza, Carlos Alberto Ortiz, María Auxiliadora Cardoza, Elia Sánchez Ortiz, Ana María Izaguirre, Paula Cartiñas de Sánchez y Humberto José Acosta. Las listas están constituidas por pediatras, expertos en salud pública, enfermeros y epidemiólogos.
Sin autoabastecimiento
De haberse concluido los proyectos para la producción de vacunas, Venezuela gozaría de mayor autonomía en el auto abastecimiento de biológicos, afirman los expertos. El Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel disponía de una planta que funcionaba desde 1938 y tenía una producción limitada que con el tiempo, incluso, le permitió fabricar hasta la llamada triple bacteriana empleada contra la difteria, el tétano y la tos ferina. A finales de la década del noventa, realizaba ensayos para la fabricación de tetravalente y pentavalente y por eso se ideó entonces un proyecto de ampliación de las instalaciones que permitiera además la obtención de una certificación de la OPS como laboratorio fabricante de biológicos. El plan tenía un título sugerente: “Construcción, Remodelación y Reacondicionamiento de las Áreas de Producción, Formulación, Control y Prestación de Servicios de la Vacuna contra la Difteria, Tétanos y Tosferina”. Para 2003, el instituto producía más de seis millones de dosis de distintos productos.
El gobierno de Chávez asumió darle continuidad a la ampliación y prometió poner en funcionamiento una planta remozada en 2004. A pesar de ello, solo fue una década más tarde cuando se inauguró una fábrica que no fue adscrita al Instituto de Higiene Rafael Rangel y que finalmente fue bautizada como Espromed: siglas que significan Empresa Socialista para la Producción de Medicamentos Biológicos. Los datos oficiales indican que cuenta con tres laboratorios independientes de fermentación industrial y alta tecnología para producir 50 millones de dosis anuales de toxoide diftérico, igual número de vacunas contra la tos ferina, 60 millones de dosis al año de toxoide tetánico y 50 millones de DPT (Difteria, Pertussis, Tétanos), lo que se traduce en una capacidad instalada de 210 millones de dosis anuales de vacunas. Además está en capacidad para llenar y procesar 120 millones de dosis al año. Sus gerentes califican esta empresa como uno de los proyectos “más bonitos” de la era revolucionaria y esperan que ayudará a lograr un abastecimiento completo.
Pese a que esos son los planes, la fábrica solo se dedica de momento principalmente a envasar productos importados desde Cuba como se evidencia incluso en los empaques de la vacunas marca Espromed. En 2015, por ejemplo, envasó y etiquetó 21 millones de dosis, de acuerdo con los datos divulgados en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Salud. “Es un fiasco”, dice Oletta cuando señala que la incipiente producción nacional fue interrumpida. Sobre esas aspiraciones productivas no concretadas, se sustentó la solicitud de información entregada el 6 de abril de 2017 tanto al presidente de Espromed, Gerardo Briceño, como al gerente de producción, Franco Díaz. Hasta la fecha ninguno ha respondido.
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