REPORTE
Las Cicatrices del Periodismo Venezolano
Desde el día anterior, varios reporteros acordaron cubrir la protesta en grupo, para sentirse más seguros. La manifestación se llevaba a cabo el sábado 26 de septiembre de 2020, en el municipio Independencia del estado Yaracuy, en la región centro-occidental de Venezuela. Por cuarto día consecutivo, la gente salía a las calles para reclamar por las fallas en los servicios básicos —agua, electricidad y gas doméstico— y por la crisis económica y humanitaria del país. Los cuerpos policiales y la Guardia Nacional lanzaron bombas lacrimógenas y perdigones, y se llevaron detenidos a varios manifestantes.
Las protestas habían comenzado en Urachiche, en el suroeste del estado, y con el paso de los días fueron extendiéndose hacia los municipios Bruzual, Peña, Aroa, San Felipe, Nirgua, Cocorote e Independencia. En este último, la policía de Orden Público de Yaracuy agredió con gas pimienta a los reporteros que estaban entrevistando a los asistentes. Ricardo Tarazona, de Qué Pasa en Venezuela; Astrid Dudamell, de Noticias Yaracuy; Luis Rodríguez, de El Impulso y Anthony Mujica, de Radio Hispana 89.5 FM corrieron y se resguardaron en una vivienda cercana. Pero allí fueron atacados de nuevo: desde una patrulla policial arrojaron hacia la casa una bomba lacrimógena.
Así esos periodistas comenzaron a formar parte de una lista muy larga.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela documentó, entre 2019 y marzo de 2021, un total de 481 casos de restricciones y agresiones contra el trabajo periodístico a lo largo del territorio nacional. La organización ha sistematizado esta información en un Mapa de Riesgos en el que figuran 17 tipos de actos violentos, de los cuales los más recurrentes son la intimidación, las detenciones arbitrarias y las agresiones físicas.
Con el objetivo de explorar el impacto personal y laboral que tienen estas agresiones en los profesionales de la información, IPYS Venezuela realizó una encuesta online a 24 periodistas (uno por cada estado del país y el Distrito Capital). El estudio apuntó además a identificar efectos diferenciados de la violencia en cada región del país, de acuerdo a las percepciones de vulnerabilidad y de alternativas de protección.
Los resultados exponen una serie de consecuencias generadas por los hechos violentos que se producen contra el trabajo periodístico y por ende, contra el derecho a la información. Las respuestas de la encuesta evidencian cómo cambian algunas dinámicas de los trabajadores del periodismo tras los actos que violan o ponen en riesgo sus derechos a la vida, a la libertad personal, al debido proceso y a la integridad física, psíquica y moral.
La encuesta se aplicó durante tres semanas, entre el 1 y el 23 de marzo de 2021. Los consultados fueron periodistas que en los distintos estados del país se desempeñan como corresponsales de IPYS Venezuela o como delegados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
De acuerdo con el estudio, entre los efectos de la violencia están la censura, la autocensura, el desplazamiento forzado y la interrupción temporal de la práctica periodística.
El miedo cosecha silencios
La violencia contra el ejercicio del periodismo en Venezuela se ha consolidado en las últimas décadas como una política de Estado tanto por omisión como por acción, lo cual ha sido denunciado por varios organismos internacionales. Un informe de julio de 2020 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, concluyó: “Los periodistas y los defensores de los derechos humanos que critican al Gobierno siguen siendo objeto de intimidación y difamación pública”.
La intimidación repunta en el Mapa de riesgos de IPYS Venezuela como el tipo de violación a la libertad de prensa que se ejecuta con mayor frecuencia. Y los resultados de la encuesta señalan que la intimidación, ejercida con amenazas de diversa índole (físicas, legales, etc.), tiene alto impacto sobre todo en el Distrito Capital y 10 estados del país.
El principal efecto que genera la intimidación es la autocensura, de acuerdo con los encuestados. Le sigue la censura de los medios, como reacción ante las amenazas en 21 estados. La tercera parte de los encuestados incluye el desplazamiento forzado de periodistas, dentro o fuera del territorio nacional, luego de amenazas, acoso y persecución.
Varios consultados relataron casos de colegas que, luego de recibir mensajes intimidatorios provenientes del gobierno regional, cesaron su ejercicio profesional durante un periodo de tiempo en el que, con temor de ver afectada su integridad personal, se escondieron en fincas o fundos. Algunos de ellos retomaron el trabajo junto a la decisión de abordar temas menos críticos o polémicos para las autoridades.
La censura en medios radioeléctricos es una consecuencia natural de mensajes intimidatorios por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Esto se traduce en una programación apegada a la línea informativa oficial para evitar su salida del aire.
De lesiones cotidianas a la desaparición forzada
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) indica que la violencia contra periodistas tiene un triple efecto social: vulnera el derecho de las víctimas a expresarse, amedrenta hasta fomentar el silencio y viola el derecho de las sociedades a estar informadas.
La Relatoría asigna a los Estados el deber de prevenir, proteger y procurar justicia en torno a la seguridad de los periodistas. La violencia física, sin embargo, se extiende, con impactos de nivel alto y medio, en 15 de 24 entidades federales en Venezuela.
Las lesiones leves son resultados comunes de las agresiones físicas contra periodistas en 18 estados. Por su parte, las lesiones graves —aquellas que requieren atención médica de emergencia— lo son en 8 entidades. También destacan el desplazamiento forzado y el cese temporal del ejercicio periodístico como consecuencias de los actos de violencia física, para un tercio de los consultados.
Los encuestados refirieron los grupos que para ellos representan un riesgo particular de violencia física: miembros del movimiento político-institucional Frente Francisco de Miranda en Cojedes, y miembros de mafias mineras en Bolívar.
La participación de cuerpos de seguridad oficiales en la violencia sistemática contra periodistas en Venezuela destaca en el Mapa de Riesgos de IPYS Venezuela: las detenciones arbitrarias son el segundo tipo de violación a la libertad periodística más recurrente, después de la intimidación. El impacto de esta forma de violencia se considera alto en 8 entidades del país.
Algunas de las detenciones arbitrarias —al menos 5 de las 99 registradas entre 2019 y marzo de 2021 en el Mapa de Riesgos— también han consistido en desapariciones forzadas, aquellas que ocurren con autorización o conocimiento de los cuerpos de seguridad del Estado sin que reconozcan la detención ni respondan sobre el paradero del detenido. Esa es la definición de la Convención Interamericana para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Y ese ha sido el caso del periodista Roland Carreño, quien permanece privado de libertad desde el 26 de octubre de 2020, y fue víctima de desaparición forzada durante 24 horas tras su detención; y luego el 6 de enero de 2021 por 12 horas.
Las detenciones arbitrarias producen autocensura en 19 estados y censura en 15, según resultados de la encuesta. Este tipo de violencia también deviene en violación a la libertad personal por más de una hora en la mitad de los estados. El cambio de residencia es otra consecuencia de este tipo de detenciones en 9 entidades.
La ONU establece que los Estados deben registrar y monitorear asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas de periodistas, como indicadores para evaluar el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, de “promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”. Uno de los componentes de este objetivo consiste en garantizar el acceso público a la información.
Una coraza en construcción
Otra cara del impacto de la violencia contra el periodismo son las estrategias que los profesionales de la información adoptan como parte de sus rutinas para protegerse. Es un tema de preocupación mundial. Los protocolos de seguridad para periodistas han sido promovidos por distintas instancias. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) presentó en 2012 el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad. El documento cita en su encabezado a Barry James: “Cada periodista asesinado o neutralizado por el terror es un observador menos de la condición humana. Cada ataque deforma la realidad al crear un clima de miedo y autocensura”.
Así mismo, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) desarrolló el “Manual de Seguridad para Periodistas. Cubriendo las noticias en un mundo peligroso y cambiante”; mientras que Reporteros Sin Fronteras y la Unesco produjeron la “Guía práctica para reporteros en zonas de riesgo”. En Venezuela, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) publicó el “Manual de Riesgos y Mejores Prácticas para el Ejercicio del Periodismo” e IPYS Venezuela presentó la guía “Periodistas a buen resguardo. Estrategias para protección y seguridad”.
Los encuestados por IPYS Venezuela también fueron consultados sobre las estrategias de protección que aplican ante situaciones de violencia. La reacción principal es denunciar el hecho públicamente. Las denuncias son documentadas en 16 de las entidades y apenas en 8 los casos son presentados ante los organismos de justicia del Estado.
Los encuestados sugieren hacer coberturas en grupo o en pareja, en detrimento de la antigua y tradicional competencia periodística por la primicia y la exclusividad. Aunado a esto, en tiempos en que el miedo fomenta el silencio, los consultados también resaltaron la necesidad de la solidaridad gremial, como forma de lograr la protección colectiva. Las redes profesionales se erigen como pilar fundamental para la supervivencia del periodismo nacional.
Otra sugerencia planteada en la encuesta es la creación de mecanismos de protección temporal, como hogares de refugio u otros protocolos de seguridad que faciliten el cambio de residencia durante un periodo prudencial. Asimismo, se hace cada vez más necesario expertos que brinden asesorías y acompañamientos legales ante detenciones arbitrarias y casos de violación a la libertad de expresión e información.
Un caso emblemático durante la pandemia de COVID-19 en Venezuela fue la detención arbitraria del periodista Darvinson Rojas en Caracas. El 22 de marzo de 2020 fue encarcelado por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, tras publicar información relacionada con el nuevo coronavirus. Distintas organizaciones civiles —Amnistía Internacional, el observatorio Monitor de Víctimas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y Human Rights Watch— rechazaron rotundamente la medida y exigieron al Estado su liberación.
Uno de los consultados manifestó en la encuesta un efecto dominó con la detención de Rojas, luego de percibir el riesgo cada vez más próximo: “Me afectó emocionalmente porque fuimos compañeros de trabajo muy cercanos. Desde entonces, me limité a sólo cubrir información del coronavirus que suministrara el gobierno regional”. Es una evidencia de que en tiempos de represión se amontonan las heridas por sanar.
