En los primeros días de febrero de 2004, el parlamentario chavista Luis Tascón, se dirigió a las instalaciones del CNE en Caracas para retirar copias de todas las firmas consignadas por la oposición que solicitaban la convocatoria de un referendo revocatorio contra Hugo Chávez. Las firmas terminaron en un software que dio rienda suelta a una política sostenida de amedrentamiento, persecución y despidos dentro de la administración pública. Un año después de ganar el referéndum, el presidente de la República ordenó que la lista fuese enterrada. Sin embargo, 13 años más tarde, aún es posible conseguirla en plataformas de comercio online.
Oscar González-
El caos citadino, el sonido de las bocinas de los carros y el zumbido que dejan tras de sí las motos eran cotidianos para María. Un día dejó su oficina en la Avenida Casanova, al centro este de Caracas, para ir a un lugar todavía más congestionado, la Avenida Urdaneta en pleno centro de la ciudad. En esa ocasión, el defensor del pueblo para la fecha, Germán Mundaraín, había llamado a reunión en la sede principal de la Defensoría del Pueblo.
Días atrás, el 15 de agosto de 2004, por primera y única vez en Venezuela -hasta la fecha- se llevó a cabo un Referéndum Revocatorio Presidencial. El fallecido presidente Hugo Chávez salió victorioso y fue ratificado para concluir su mandato.
En la Defensoría “todo el mundo, incluido el defensor”, según sus propias palabras, sabían que ella había firmado para activar el referéndum y votado para revocar de su cargo al exmandatario nacional.
Firmar para apoyar la puesta en marcha de un Referéndum Revocatorio (RR) era y es un derecho constitucional. Así lo garantiza el artículo 72 de la Constitución, apartado legal que concede a los ciudadanos la capacidad de poder revocar el mandato de todos los cargos y magistraturas de elección popular. Para su realización, por ley, un número no menor al 20% del total de electores podrá solicitar la convocatoria.
Luego de varios intentos fallidos producto de la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) en convalidar las firmas recogidas por la oposición y tras denuncias del Gobierno que apuntaban a un fraude en cuanto a esas rúbricas, del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2003 la oposición, por medio de la Asociación Civil Súmate y bajo la supervisión del CNE, recolectó 3.448.747 peticiones bajo un evento denominado como el “Reafirmazo”. Esa cifra representaba un 29% del total de votantes inscritos en el registro electoral.
Para conseguir el referendo revocatorio la oposición tuvo que ir a firmar cuatro veces.
El Jefe de Estado mantuvo su posición y acusó a la oposición de entregar rúbricas falsas, el órgano electoral anunció una nueva fase previa al RR, la reparación de firmas. Del 27 al 31 de mayo de 2004, los venezolanos tendrían la oportunidad de reparar su firma, es decir, revalidar su petición o anularla.
Sería el 3 de junio de 2004 cuando el actual Ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, para la fecha rector principal del Poder Electoral, anunciara que tras el proceso de reparación la oposición, con 2.451.821 firmas válidas, había conseguido una “tendencia clara” mayor a las 2.436.083 firmas necesarias para convocar a un RR.
20 años de trabajo al traste por firmar
La reunión para la que fue convocada María Verdeal, que por esos días era defensora en materia de servicios públicos con competencia nacional, resultó ser un panfleto político en apoyo al gobierno chavista por parte del defensor Mundaraín.
“Al concluir el encuentro hice una objeción, pues no tenían que convocar a todos los funcionarios si era una reunión netamente política. Bueno, al lunes siguiente estaba firmada mi destitución. Me dijeron que en la Defensoría iban a venir cambios que yo no iba a aceptar”, rememora. De esa manera, el Gobierno echaba por tierra los 20 años de trabajo en la administración pública de Verdeal y que la acreditaban como funcionaria de carrera.
Pero ella estaba consciente que su “destitución no tenía que ver con ninguna modificación en la Defensoría sino porque había firmado el revocatorio en contra del presidente Chávez”, asevera con firmeza.
El cargo de esta trabajadora pública era de confianza o mejor conocido como cargo de libre nombramiento y remoción. Razón por la que decidió no recurrir legalmente pero sí optó por denunciar, a través de los medios de comunicación, lo que ocurría puertas adentro en el ente encargado de defender los derechos humanos.
Germán Mundaraín le replicó públicamente y, a juicio de Verdeal, el defensor “hizo una confesión. Dijo que en la Defensoría del Pueblo había personas que firmaron en contra del presidente de la República y que todavía estaban ahí. Entonces, como dicen los abogados, a confesión de partes relevo de pruebas. ¿Cómo el defensor podía saber que existían personas que habían firmado sino cruzó la nómina de la Defensoría con la denominada Lista Tascón? Era imposible”.
En 2004, el manejo y análisis de datos cobraron un interés capital en la escena política y social de Venezuela. Un antes y después marcado por la irrupción de un Frankenstein informático bautizado como “La lista Tascón”, cuyo nombre hace referencia al apellido del creador de la criatura, el difunto diputado chavista, Luis Tascón.
La respuesta del Gobierno liderado por Hugo Chávez a la recolección de firmas realizada a finales de 2003 para solicitar la convocatoria de un RR, fue denunciar que muchas de esas firmas eran falsas. De ahí nace la famosa lista.
En los primeros días de febrero de 2004, el parlamentario chavista Luis Tascón, ingeniero eléctrico de la Universidad de Los Andes y apasionado por la informática, se dirigió a las instalaciones del CNE en Caracas para retirar copias de todas las firmas consignadas por la oposición en 2003. Posteriormente empleó su página web, www.luistascon.com, para hacer públicas todas las rúbricas.
Al poco tiempo, la lista volvió a pasar por el laboratorio para ser repotenciada y convertida en el software “Maisanta”. Una aplicación que desarrolló el comando de campaña que llevaba el mismo nombre, órgano dispuesto por el partido de gobierno de ese entonces, el Movimiento V República (MVR), para enfrentar la recta final de la campaña gubernamental de cara al RR, donde Hugo Chávez salió airoso con el 59,1% de los votos.
Esa aplicación sólo necesitaba que se colocara nombre y apellido de una persona junto con su número de cédula para obtener información como: edad, fecha de nacimiento, dirección de habitación, centro electoral en el que vota incluso fuera del país, número de electores de dicho centro con sus respectivos números de cédula, si la persona participó o se abstuvo en los últimos eventos electorales, si había firmado o no la petición de RR y si era beneficiada por alguna Misión o política asistencial del Gobierno.
Los datos de Maria Verdeal aparecen en el software Maisanta por haber firmado a favor de un referendo revocatorio
Desde ese instante, hasta el presente, la lista Tascón y el software Maisanta quedaron emparentados y son vistos como uno solo, un mismo sujeto. Un monstruo que, en forma de lista y software, cobró vida propia para convertirse en el arma predilecta del gobierno y sus operadores políticos dentro de las instituciones del Estado.
La situación vivida por María Verdeal en la Defensoría del Pueblo se multiplicaba a lo largo y ancho del país. La retórica oficial se mantenía: con esa información alojada en internet de acceso gratuito y libre, cualquier ciudadano podía verificar si la oposición había forjado su firma. Pero, en la administración pública, ministerios y demás instituciones o entes del Estado se dio rienda suelta a una política sostenida de amedrentamiento, persecución y despidos. La fórmula de asedio era sencilla: buscar en la lista Tascón a todos los funcionarios públicos y quienes hubiesen firmado debían atenerse las consecuencias.
Otra persona que fue víctima por la utilización de dicha lista es la abogada y defensora de los derechos humanos, Rocío San Miguel. En 2004 ella fue despedida del Consejo Nacional de Frontera, ente adscrito a Miraflores y dirigido en aquel tiempo por el otrora Vicepresidente de la República, José Vicente Rangel.
San Miguel comprende que el Estado maneje información de sus habitantes como parte de una política de seguridad y defensa, algo que ocurre en cualquier país pero en Venezuela ese no era el objetivo de la lista Tascón.
El problema está en que el Estado debe “garantizar la confidencialidad de esos datos y, sobre todo, que no sean utilizados con fines de control social y de utilidad política partidista. Es decir, para mantenerse en el Poder. Eso es lo que ha pasado con el Estado venezolano que ha hecho utilización de esos datos con fines políticos partidistas”, alerta la defensora de derechos humanos.
Tanto Verdeal como San Miguel, ambas abogadas, coinciden en que las dos simplemente ejercieron un derecho consagrado en la Constitución, tal como es firmar para activar un revocatorio y participar en un evento electoral. Pero eso bastó para que fueran despedidas y discriminadas políticamente por ser dos empleadas públicas que no apoyaban a Hugo Chávez.
Verdeal es tajante en ese sentido: “Cuando tú entregas de buena fe tu información a un órgano público, esa información no puede ser utilizada ni manipulada para otra cosa que no sea la información que requiere el ente”.
La asociación civil Transparencia Venezuela ha participado en estudios latinoamericanos sobre la protección de datos personales como la investigación “SABER MÁS III” en 2011.
Un trabajo en el que mencionan que la Carta Magna contempla el hábeas data, que es el derecho de conocer el uso que se le dan a nuestros datos al punto de solicitar su destrucción ante un tribunal si “fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos”.
Asimismo, resalta el artículo 60 del texto constitucional y que reza: “Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos”.
Pese a ello y a las leyes venezolanas, la legalidad desamparó a María Verdeal, Rocío San Miguel y cientos de personas más que perdieron su trabajo a raíz de la aplicación de la lista Tascón.
El CNE, un Poder autónomo bajo los lineamientos de la Constitución, no garantizó la confidencialidad de los datos de quienes firmaron a favor de la activación del RR. No sólo eso sino que en el seno del ente electoral también se produjo una razia en contra de los firmantes.
En el libro “El Apartheid del Siglo XXI”, escrito por Ana Julia Jatar en 2006, se puede leer un texto fechado el 11 de junio de 2005 por el diario El Nacional que reproduce una declaración de Oscar Battaglini, rector principal del CNE para ese instante sobre la situación interna de la institución: “Serán despedidas aquellas personas que firmaron en las recientes peticiones de referéndum revocatorio o quienes estén cursos en ilícitos. Hay que garantizar la transparencia…”.
En el presente, Battaglini manifiesta que el poder del CNE siempre lo ha tenido una facción que obedece a los designios del gobierno. “Ahí comenzó un acoso contra cualquier persona. Inclusive, contra muchos funcionarios del CNE que también firmaron. Eso se ha ido consolidando. Esa persecución sigue allí, se sigue haciendo, se sigue practicando. Y es una situación de terror dentro de la administración pública”, reflexiona.
Jorge Rodríguez, otro rector principal del órgano electoral en esa época y que llegó a ser presidente de esa institución, el 2 de mayo de 2016 respondiendo a la pregunta de un periodista en las instalaciones del CNE esgrimió el argumento oficial que ha perdurado en el tiempo por parte de las instituciones y el Gobierno con relación a la confidencialidad de las firmas del RR en 2004 y de cualquier otro proceso revocatorio por venir.
Declaraciones de Jorge Rodríguez desde el CNE sobre confidencialidad de las firmas del referendo revocatorio de 2004
“La manifestación de voluntad es un acto público, el voto es secreto. Nadie debe, ni puede saber, por quién votó usted. Porque está garantizado que el voto es secreto. Ahora, cuando usted manifiesta su voluntad, es una manifestación pública. ¿Y por qué es necesario que sea una manifestación pública? Porque hay gente que puede aparecer firmando y no firmó”, indicó.
También arguyó que en 2004 nóminas de bancos, corporaciones y empresas cerveceras fueron utilizadas para apoyar la recolección de firmas “y muchísima gente dijo: mira, yo no firmé”. Es decir, para el Gobierno no todo lo que envuelve un acto electoral es secreto salvo el voto.
Rodríguez cerró el tema manifestando que el creador de la lista no había sido Luis Tascón y defendió la imagen del difunto asambleísta responsabilizando a los opositores Ismael García y María Corina Machado, aún cuando fue el propio Jorge Rodríguez quien en 2007 anunciara la expulsión de Tascón del Partido Socialista de Venezuela (Psuv).
Por su parte, Ismael García, quien hoy es diputado opositor en la Asamblea Nacional (AN) pero que en el 2004 pertenecía a las filas del MVR y fue parte del comando Maisanta desmiente lo dicho por Rodríguez y expresa que Tascón sólo cumplió con un encargo.
“Esa lista fue solicitada por el presidente Chávez y encargó para esa tarea a Luis Tascón. Pero detrás de eso está todo lo que hemos visto en estos años, una política del Gobierno para perseguir a la gente”, dice García.
Así pues, aunque en el año 2004 toda la atención recayó en Luis Tascón como padre y creador de esa lista que se convirtió en un monstruo que generaba terror, resulta que a diferencia de Víctor Frankenstein, el científico que bajos sus propios conocimientos y manos creó a la temible criatura en la novela “Frankenstein o el moderno Prometeo” de la autora Mary Shelley, el tachirense no actuó por afición a la informática y vocación propia sino que cumplió con una tarea impuesta por el Jefe de Estado.
No en vano, previo al nacimiento de ese moderno Prometeo criollo, en el programa de radio y televisión presidencial Aló Presidente, conducido por el propio Hugo Chávez, en su emisión número 180 del 1 de febrero de 2004, el mandatario le comenta al parlamentario: “Tascón, fíjate, yo recuerdo haber firmado hace varios días un oficio enviado al Consejo Nacional Electoral. Bueno, solicitando las copias de todas las planilla que entregó la oposición, tenemos derecho a ello”. Justamente, el mismo oficio que indica Ismael García y que tiene como fecha 30 de enero de 2004.
Hugo Chávez se dirige al CNE autorizando a Luis Tascón para pedir las firmas
Tiempo después, tras una ola de críticas por los cientos de testimonios que emergían en la opinión pública y que narraban historias de zozobra, persecución y despidos que se ejecutaron sobre trabajadores públicos que firmaron la petición para activar el RR, el propio presidente Chávez pidió que se detuviera esa política.
En un acto de gobierno, el V Gabinete Móvil, celebrado en abril de 2005, José Vicente Rangel como vicepresidente de la República le comenta al exmandatario que su gobierno no puede tolerar discriminación alguna hacia los firmantes. Es el momento en el que Hugo Chávez expresa que la lista Tascón cumplió un cometido en cierto momento pero que debía ser enterrada.
Toda la data del software Maisanta estaba a disposición del MVR en 2004. En un texto incluido en la aplicación, los desarrolladores apuntan que la necesidad de crear esa “solución“ era “democratizar el acceso a la información”. En principio, esa democratización se tradujo en una herramienta que sólo favoreció al partido oficial a costa de una nueva forma de control social y discriminación política en Venezuela.
La aplicación se esparció por toda la administración pública. Algo lógico, pues la única manera de poder pasar de una web en la que podían verificar nombre, apellido, número de cédula y firma de una persona a un software como la lista Maisanta es extrayendo datos de las instituciones y demás poderes del Estado venezolano para cruzarlos con la lista. Todo un valioso cúmulo de información a disposición del MVR y los operadores políticos del partido de gobierno a lo interno de los entes públicos.
En ese punto, la solución para democratizar la información traspasó las barreras políticas para mutar a la comercialización ilegal de toda esa data. Durante el 2004 y parte del 2005, en cualquier puesto de venta informal de discos quemados o software pirata se distribuía la lista Tascón, que al final era el programa Maisanta.
Un lugar de referencia en la ciudad de Caracas para conseguir esos productos es la Universidad Central de Venezuela. En el pasillo de ingeniería, atendiendo su puesto, se encuentra Claudia Perdomo*. Ella reconoce que en su momento comercializó la lista Tascón.
“Todos vendíamos esa lista. No sólo esa, antes también se vendía la base de datos del CNE y otras como la de Movistar. Pero todo cambió cuando el Gobierno mandó a sacar esa lista de la calle. La policía comenzó a realizar operativos y te revisaban todo el puesto. Aquí, en la entrada de Las Tres Gracias, detuvieron y encarcelaron a una persona por vender la lista Tascón. La acusaron de estafa a la nación. Desde ese día no la vendimos más”, recuerda Perdomo.
El software Maisanta pasó de venderse en puestos de venta informal a páginas de comercio online
En la actualidad, María Verdeal es profesora en la UCV, vicepresidenta nacional del partido Movimiento Al Socialismo y no volvió a trabajar en la administración pública. Cataloga a la lista Tascón como un “mecanismo de persecución macabro”.
Subraya que no puede olvidar que hubo personas que ante la desprotección del Estado, el vilipendio de su imagen, al ser despedidas y viéndose con las puertas cerradas para volver a ingresar a la administración pública luego de años de carrera, optaron por el suicidio. En contraparte, enfatiza que “tanto el ente público que dio las firmas, quien la creó y quien la aplicó, tienen responsabilidad en violación de derechos humanos y ese delito no prescribe”.
Por su parte, Rocío San Miguel es presidenta de la ONG “Control Ciudadano” y junto a dos de sus compañeras (Magally Chang y Thais Peña) que fueron despedidas por firmar la petición de revocatorio en 2004, se ha mantenido luchando por una reparación de daños a las víctimas de la lista Tascón.
El 30 de mayo de este año, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) falló a favor de estas mujeres. La CIDH condenó al Estado venezolano por la violación del derecho a la participación política, vulneración de la libertad de pensamiento y expresión, violación a las garantías del debido proceso y violación del derecho al trabajo.
San Miguel no espera nada de la institucionalidad venezolana en lo inmediato. No obstante, sentencia que la violación de los derechos humanos fue tan grave que pudieron demostrarlo ante la CIDH y puede catalogarse “como una política de Estado que está persiguiendo a quienes piensan distinto políticamente o quienes son considerados como opositores o críticos. Y eso está muy cercano a ser interpretado como delito de lesa humanidad”.
Mientras tanto, aunque esa data ya no se consigue en puestos de vendedores informales aún es posible comprarla a través de plataformas de comercio digital como el portal Mercado Libre. “El software me ayudó bastante para localizar unas personas. Ya que te indican los datos de dirección de vivienda y todo. El software funciona perfecto. Sin problemas, fácil de descargar e instalar”, son el tipo de comentarios que se pueden encontrar al revisar las publicaciones que ofrecen usuarios que la han adquirido. Así se puede concluir que, a pesar que alguna vez fue mandada a enterrar, la Lista Tascón sigue vivita y coleando.
*Claudia Perdomo no es el nombre real de esta persona, ella pidió no ser identificada con su verdadero nombre por miedo a posibles represalias.