La misma empresa que se encarga del sistema automatizado en las elecciones venezolanas es la que está detrás del sistema de biopago del expropiado Banco de Venezuela, entidad que para abril de 2018 contaba con 13 millones 528 mil clientes y donde se reciben los pagos de las Misiones Socialistas
Alicia Hérnandez-
Por la entidad pasan todos los datos e ingresos de las Misiones Socialistas, un sistema de ayuda del Gobierno de Nicolás Maduro que se ha vuelto moneda de cambio electoral. La empresa detrás de la logística del banco estatal es Ex-Clé, la misma que se ocupa del aparato técnico de las elecciones venezolanas después de que la anterior empresa, Smartmatic, saliera tras decir que en los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 hubo fraude.
En 2004 las captahuellas llegaron a Venezuela para ser parte del “sistema de votación más confiable del mundo”, en palabras del Gobierno en el poder desde 1999. Desde entonces se mantiene este sistema en el que, para votar, primero hay que poner el dedo y validar la identidad.
La empresa encargada de la maquinaria electoral era Smartmatic. El idilio acabó en agosto de 2017, después de las elecciones organizadas por el Gobierno de Nicolás Maduro para elegir la Asamblea Nacional Constituyente, un poder por encima de todo, incluyendo la Asamblea Nacional elegida en 2015 y de mayoría opositora. Precisamente, la oposición en bloque decidió no acudir a estos comicios.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que más de 8 millones de venezolanos habían acudido a las urnas para elegir, básicamente, a los miembros del Gran Polo Patriótico, el bloque de partidos afines al Gobierno chavista. Smartmatic, que como en cada elección anterior estaba a la cabeza del sistema de voto, señaló que “sin lugar a dudas hubo una manipulación del dato de participación” de estos comicios. Antonio Mugica, directivo de la empresa, dijo que “la diferencia entre la cantidad anunciada (de votos por el CNE) y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores”.
Así, tras años en el medio electoral, Smartmatic salió de Venezuela.
El testigo lo tomó Ex-Clé, una empresa argentina fundada el 24 de julio de 1998 por los socios y parientes Guillermo Carlos San Agustín y Eduardo César San Agustín, según el Boletín Oficial de la República de Argentina en su Segunda Sección. Ambos se erigieron como presidente y vicepresidente respectivamente. La razón social de esta sociedad anónima era, entre otras, la de hacer proyectos de investigación y desarrollo de emprendimientos tecnológicos en el campo de la electrónica, la informática y las comunicaciones, así como la programación y el armado de bases de datos informáticos.
El capital inicial de Ex-Clé fue de 18.000 pesos argentinos, equivalente a 17.910 dólares estadounidenses para el momento. Años después, en su sede venezolana, recibirán más de 370.000 dólares a través del sistema DICOM, una subasta, a la que pueden acudir personas naturales y jurídicas para comprar divisas extranjeras, bajo control del Gobierno.
En su página web se definen como “empresa líder en el desarrollo de soluciones de identificación biométrica y soluciones integrales de software para gestión de empresas”. Hablan de 2004 como un año clave para su expansión. Precisamente fue cuando abrieron su primera oficina en Venezuela y empiezan a dar “soluciones de gestión para compañías y entidades gubernamentales”. Concretamente, desarrollan el Sistema de Autenticación Integrado (SAI), el que se usa en las elecciones venezolanas como base de datos de las huellas dactilares de aquellos que estén autorizados a votar.
En el año 2004, el 83% de las mesas de votación ofrecía el voto electrónico. Fue el 15 de agosto de ese mismo año –con el referendo revocatorio presidencial–, cuando se estrenó el voto electrónico y totalmente automatizado que se utiliza hasta hoy día. Así se reseña en el texto “Auditorías del sistema electoral venezolano” publicado por el CNE en 2015, al igual que ratifica el SAI como instrumento de autenticación del sistema automatizado de votación para la misma fecha.
Mientras, la empresa de desarrollo rioplatense fue aumentando su presencia internacional y, además de su sede central y la de Caracas, llegaron a Chile y Paraguay. A pesar de eso, en su página web recogen como casos exitosos sólo los realizados en las antes hermanada políticamente Argentina y Venezuela.
Entre 2011 y 2012, Ex-Clé se encargó de la validación de identidad de 19 millones de electores para las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012, las últimas en las que participó Hugo Chávez, y del 14 de abril de 2013, las que dieron ganador a Nicolás Maduro frente a Henrique Capriles.
En 2013 implementan la tecnología biométrica en el Banco de Venezuela. Según explican, el objetivo era evitar casos de fraude relativos a la identidad de las personas. El Banco de Venezuela era parte del Grupo Santander (España) desde 1996. En julio de 2009 el gobierno de Hugo Chávez lo expropió y nacionalizó.
Saltaron las alarmas al ver que Ex-Clé S.A., con RIF J 316926591 aparecía entonces en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como inhabilitada para contratar con el Estado y sin domicilio en Venezuela. A día de hoy no aparece en el RNC y en la página web del Seniat dice que tiene el registro vencido.
Pero la empresa sigue en Venezuela, solo que bajo otra forma.
La “nueva” Ex-Clé tiene RIF J 407882333 y ha cambiado su forma jurídica de sociedad a compañía anónima. Su nombre completo según aparece en el registro del Seniat es Ex-Clé Soluciones Biométricas C.A pero no aparece en el RNC.
Otro lugar donde aparece es en la página de subastas DICOM. Según la web, Ex-Clé C.A. recibió dinero hasta en tres ocasiones, todas destinadas a “importar insumos y repuesto”. La primera fue en 2017, en la subasta del 31 de mayo, por un monto de 1.000 dólares. Las otras dos son recientes: el 8 y el 15 de junio de 2018 por unas sumas de 187.693 y 185.210 dólares respectivamente. En la última, las únicas empresas por encima de Ex-Clé en dólares recibidos están dedicadas a la alimentación: Central Madeirense CA y General Alimentos NISA C.A.
Consiguieron 372.903 dólares en el mismo mes en que el Banco de Venezuela anunció la entrega de 280 nuevos puntos BiopagoBDV en distintos establecimientos del país. Según las cifras del banco, actualmente hay 3.508 de estos dispositivos activos y se prevén activar 25.000 más en estos meses.
En varios locales de Caracas ya es posible verlos. En un restaurante en el municipio Baruta tienen la versión más grande. En un café del municipio Sucre, el pequeño. En ambos cuentan que fue el banco el que asumió el costo, los entregó y pidió al comercio que lo usaran.
La otra, la Futronic, es más sencilla, sólo con espacio para poner la huella y, a su vez, se conecta con la computadora del comercio para poder seleccionar con qué tarjeta –crédito, débito, Misiones, Alimentación–, se desea pagar. Esta aparece en la web de Ex-Clé como el FS88, “una versión mejorada del scanner de huellas dactilares FS80 certificado por el FBI”. Explica también que es un “robusto dispositivo pero a un costo conveniente”, aunque no aclara cuál.
Así, Ex-Clé se encarga del sistema de captura, recopilación, comparación y búsqueda de huellas dactilares de todos los venezolanos y residentes en el país que puedan votar, así como de las máquinas por las que pasan todos los pagos del Banco de Venezuela, incluyendo las Misiones Socialistas, a las que se accede previo registro y aprobación del Gobierno.
Según el registro mercantil de la empresa, creada el 30 de mayo de 2016 como Ex-Clé Soluciones Biométricas C.A, los dueños son Guillermo Carlos San Agustín, de nacionalidad argentina que funge como socio mayoritario; y Marcos Javier Machado Requena, venezolano.
Lo que sí hay en la calle, constantemente, son varias motos y camionetas de las que frecuentemente se usan en el país por los escoltas de seguridad. Al no encontrar la oficina de Ex Clé preguntamos a uno de los hombres que pasea por la calle con un aparato de radio colgado del cinturón. Le sorprende la pregunta. “¿Para qué quieres más o menos saber dónde está Ex Clé?”, dice. Explicamos que queremos hablar con un responsable, que hemos llamado por teléfono y que nadie atiende y que en la oficina de Argentina nos mandaron hasta aquí. “Los dueños no están ahora”, responde. “Es decir, que conoces a los dueños”. No contesta.
Llama por teléfono, pero nadie le atiende. “Estoy llamando a un pana que sé que trabaja con esa gente y es el chófer, pero creo que te han dado mal la dirección, eso debe ser en la Tercera Transversal”, dice mientras mira de soslayo a otra hombre en una camioneta. Insiste en mandarnos a otra calle mientras sigue haciendo llamadas por el teléfono. Nadie más nos atiende en esa calle.
En agosto de 2014, el presidente Nicolás Maduro asomó por primera vez la idea de un sistema biométrico, “un sistema perfecto que no busca racionar las compras, sino liberar la actividad comercial de los contrabandistas”.
El Gobierno compró más de 60.000 máquinas en varios lotes de la marca HiSoft, situada en Panamá. Su web se hizo en 2015, en el mismo tiempo que empezó la importación de máquinas captahuellas de esta empresa. Entonces, los “Casos de estudio” que recogían como hitos de la marca eran todos hechos en Venezuela, entre ellos, la digitalización del Archivo Histórico del Registro Civil y la “Gestión Biométrica de Identidad”. En tres años y a juzgar por su página, no han tenido nuevos movimientos ni hitos de estudio.
En Zulia nació del acuerdo entre la Gobernación y los comerciantes debido al problema creciente de las colas y el contrabando. El costo de las máquinas fue asumido por los establecimientos.
En ese momento, el registro de los datos y la huella era voluntaria. Se quería poner control a 23 artículos “esenciales, que presentan mayor irregularidad en su distribución nacional”, según declaró el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez. Pero pasaron los meses, y los productos que necesitaban de la huella dactilar pasaron de 23 a 30. Y de ser un sistema “voluntario e instalado de manera progresiva”, según dijo Maduro, pasó a verse en todas grandes superficies del país.
Además de los estatales Bicentenario, Pdval y Mercal, las nuevas máquinas empezaron a verse en las redes de Farmatodo y Makro. Más grandes, con un mecanismo para detectar la huella, una pantalla y teclado, el experimento del Zulia se extendió hasta las grandes cadenas de Caracas. Ya era agosto de 2015. Las empresas privadas aceptaron el sistema porque no querían problemas, pero hubo detalles en la mesas técnicas para abordar el tema que no esperaban.
Desde unas de las cadenas involucradas –y que pide se mantenga en el anonimato–, cuentan que no sabían que el sistema iba a interconectar a todos los mercados, público y privados. Tampoco que su uso iba a trascender los productos regulados. Al llegar las máquinas se dieron cuenta de que la caja registradora solo se activaba al poner la huella. Así que para cualquier mínima compra, debía usarse.
El sistema registraba qué compraba cada usuario y no permitía la compra del mismo producto regulado en el plazo de una semana. Pero el sistema estaba lejos de ser perfecto. Para validar la huella se compara con la base de datos del Gobierno y con la información de venta. “Se bloquea si ya se hizo una compra de un determinado rubro”, explican desde el supermercado.
Hubo casos en los que los usuarios no estaban registrados y había que poner los datos de modo manual. Otros en los que, al poner el número de cédula, decía que esa persona ya había adquirido un producto y estaba bloqueado para una nueva compra, aún cuando no había pasado.
La máquina estaba conectada con el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) por lo que, automáticamente, quien esté registrado en el ente gubernamental debería aparecer al dar su número de cédula, sea venezolano, residente o transeúnte en posesión de identidad laminada.
Los comercios que se afiliaron a este sistema no asumieron el costo de las máquinas, pero sí el de la logística que conlleva. Tres años después de hecho el gasto por parte del Estado para importar las máquinas y distribuirlas, éstas acumulan polvo en cada caja de supermercado en la que se puso. “Está aquí haciendo bulto, ya no se usa para nada, y mira que nos dieron trabajo para aprender a usarlas”, cuenta una cajera.