La separación de quien fuera su esposo durante 35 años la dejó en la calle. Ni siquiera la ropa le dejaron sacar de su vivienda. Ahora, Rosa Ibarra, enfrenta el proceso de denuncia de violencia patrimonial y económica que formuló en contra del padre de sus cuatro hijos y su maltratador desde que ella tenía 16 años.  Siente que “la aplicación de justicia no ha sido justa” con ella

Marieva Fermín – 17/01/24

Rosa perdió el miedo. Ahora no le importa que el mundo entero conozca de lo que padeció durante los 35 años que convivió con José Juan Corzo Machuca, el padre de sus cuatro hijos y su maltratador desde que comenzó la relación cuando apenas ella tenía 16 años y él 20.

Ahora, Rosa Abel Ibarra Roa, tiene 51 años, vive en Socopó, capital del municipio Antonio José de Sucre, estado Barinas, en los llanos occidentales de Venezuela, y en los últimos seis meses ha estado viviendo otra violencia. Ya no la de los golpes, gritos ni correazos. Ahora se enfrenta a otra agresión, una que según la Ley Orgánica sobre el Derecho de las  Mujeres a una  Vida Libre de Violencia, se llama  Violencia Patrimonial y Económica. Quien fue su esposo y con quien forjó todo un patrimonio la “dejó en la calle”. Sin casa, sin dinero, sin bienes, sin ropa, sin nada, solo su dignidad y determinación de recuperar lo que por ley le corresponde.

Esta forma de violencia de género, está tipificada en el sistema jurídico penal venezolano en el artículo 50 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV, 2007, reformada en 2014), que  establece:

“El cónyuge separado legalmente o el concubino en situación de separación de hecho debidamente comprobada, que sustraiga, deteriore, destruya, distraiga, retenga, ordene el bloqueo de cuentas bancarias o realice actos capaces de afectar la comunidad de bienes o el patrimonio propio de la mujer, será sancionado con prisión de uno a tres años”.

Así la define la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: como una de las 25 formas de violencia que contempla este instrumento jurídico y, aunque es mucho más común de lo que se sabe, las víctimas no la reconocen como tal. 

Muchas veces las mujeres desisten de buscar ayuda legal porque desconocen que el hecho de casarse o tener una pareja y que él controle todo el dinero, que no te deje trabajar o estudiar, que decida los horarios y lugares en los que puedas trabajar; o que una vez terminada la relación deje de pagar las pensiones alimentarias o les eche de la casa y les deje sin hogar, forma parte de esta violencia patrimonial y económica. 

De acuerdo al Informe Anual de la Organización No Gubernamental Tinta Violeta, entre marzo de 2020 y marzo de 2021, se registraron 662 personas víctimas de violencia machista.

“En esta cifra están incluidas 369 mujeres que contactaron a la organización, así como 293 niños, niñas y  adolescentes que también fueron impactados por la violencia”. Y la violencia patrimonial y económica representa el 29% de las denuncias formuladas por 106 mujeres. El informe destaca que un gran porcentaje de mujeres no se atreve a denunciar porque el miedo las paraliza. 

“El 29% de las mujeres reportaron ser víctimas de conductas activas u omisivas, que directa o indirectamente ocasionaban daños o limitaciones al disfrute de sus bienes, propiedades o patrimonio”, dice el informe de Tinta Violeta.

Rosa Ibarra es una de esas mujeres pero ella sí actuó para revertir su situación. Durante los últimos 35 años ha resistido las agresiones económicas de su pareja. El miedo a no tener recursos para ayudar, primero, a la manutención de sus padres y hermanos menores, y luego, para mantenerse a sí misma y a sus propios hijos, la neutralizaron, por lo que aguantó al maltratador que terminó por socavar su autoestima.

En esos años no recuerda un momento de felicidad. “Ni siquiera cuando nacieron mis hijos”, reconoce. Tampoco recuerda haber tenido una conversación de tipo hogareña con su expareja, “quien siempre estaba cansado”. Lo que sì tiene grabado en su cuerpo, son los correazos, golpes y fuetazos que recibió por parte desde que ella tenía 16 años y se fue a vivir con él a una pequeña finca en el municipio Pedraza, en Barinas, estado de los Llanos Occidentales de Venezuela.

La justicia también le falla

“La justicia me ha violado todos mis derechos”, dice ahora Rosa. Tajante. Sin titubeos. No deja una rendija para la duda y cuenta que el 30 de mayo de 2023 una comisión integrada por siete funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Barinas, acompañados por su exmarido, plenamente identificados y denunciados, irrumpieron en sus parcelas 104 y 105 del sector La Laguna-El Encanto, ubicada en la parroquia José Antonio Páez, municipio Pedraza, la golpearon a ella y a su hijo menor, los amenazaron con sus armas de reglamento, rompieron los candados del potrero y se llevaron un ganado de su propiedad y no conformes con eso, los sacaron a golpes de su propiedad solo con la ropa que llevaba puesta.

Foto: Héctor Lucena, Rosa Ibarra y Juan José Corzo, abogado defensor y el hijo de la víctima han acudido a todas las instancias jurídicas y judiciales para que Rosa recupere su patrimonio. Crédito: Cortesía

Desde ese día, Rosa Ibarra echó el miedo a un lado y se dedicó, junto a su segundo hijo Juan José Corzo, a denunciar la situación por la que pasa y a buscar una justicia que se le hace esquiva, pero a la que sigue acudiendo porque ya no quiere más violencia “aunque no hay justicia y el agresor sigue en la finca”, comenta.

Su caso está denunciado en los cuerpos policiales. Lo conocen en la Fiscalía 18, la fiscalía 16, ambas orientadas a recibir denuncias de violencia contra las mujeres.La denuncia de Rosa ha llegado también a la Fiscalía Superior del estado Barinas, al Tribunal Agrario, al Instituto Regional de la Mujer (Inremujer), la Guardia Nacional Bolivariana, y el Cicpc, solo  la Fiscalía 16 contra la violencia de la mujer ha sido diligente en sus demandas de justicia, dice Rosa, porque el primer intento de sacarla de su finca, el 16 de mayo, estuvo a cargo de tres guardias nacionales que actuaron bajo la órdenes de una capitana de ese cuerpo militar. En ese momento no lograron su cometido porque sus abogados defensores apelaron a las tres órdenes de alejamiento que le favorecen.

Hace falta educar

José Gregorio Bermúdez es abogado. No posee un cargo en ningún organismo que brinde protección contra la violencia a la mujer. Su trabajo es ad honorem y se conforma con que las mujeres que acuden en su ayuda, puedan recuperar lo que les pertenece aunque reconoce que esa es una tarea que puede durar entre cinco o más años.

Foto: José Gregorio Bermúdez, abogado, considera que hay mucho desconocimiento de los diferentes tipos de violencia de género, siendo la violencia patrimonial y económica, una de las más comunes, pero más difíciles de reconocer. Crédito: Marieva Fermín

Él también está convencido de que la aplicación de justicia es tardía y que no favorece o favorece muy poco a las víctimas, “a quienes hay que tratar con respeto, ayudarlas, acompañarlas en sus diligencias y entenderlas  en ese proceso donde su autoestima está disminuida”, comenta.

Bermúdez considera que resolver una demanda de violencia patrimonial y económica no es fácil. “Tiene muchas aristas, y desde el primer momento cuando la mujer abandona el hogar cansada de los golpes y maltratos, ya comienza a perder, aunque sea para salvarse de un asesinato”, dice. El depredador es quien tiene el dinero, los recursos  y es quien puede sobornar.

Cree que el desconocimiento de la ley en cuanto a lo que constituyen delitos de violencia de género, es grave. Dice que hay que hacer más talleres, informar sobre la ley, educar desde el hogar a las niñas y niños para que conozcan sus derechos. “No hay suficiente información ni educación sobre el tema”, sostiene. 

También sugiere que el personal que ingrese a los entes encargados de resolver problemas de violencia de género, pasen por un filtro, tengan un perfil adecuado para ayudar a esas víctimas que requieren de tratamiento especial. Hay que agarrarlas de las manos como a un niño y llevarlas a las instituciones, sostiene.

Insiste en que hay que preparar a personal idóneo para asistir a las mujeres maltratadas, incluso a los funcionarios policiales que no las tratan con respeto y consideración.

Ayuda profesional

Natalia Gómez es psicóloga y reconoce que es difícil identificar qué es un patrimonio, porque las víctimas no perciben que sus objetos personales desde la ropa, un lapicero, los colores, la cesta donde guardan la ropa, un aire acondicionado o cualquier cosa que hayan adquirido por sus propios medios o por herencia, es su patrimonio.

“Hay personas que creen que un patrimonio son las estatuas que están en una plaza o un monumento de la comunidad, pero no identifican sus patrimonios personales, incluso, piensan que los hijos son su patrimonio, pero tampoco es cierto porque ese no es un bien o un servicio adquirido”, refiere Gómez. 

Explica que muchas creen que es violencia patrimonial cuando las dejan sin sus casas, pero no, también lo es cuando dañan a los objetos, un jarrón, cualquier objeto que le pertenezca a la víctima.

La violencia patrimonial afecta en muchos sentidos, dice la profesional de la psicología. Que les priven el acceso a un servicio de atención de salud, como por ejemplo ir a una consulta ginecológica, o que les priven del uso de objetos personales como el teléfono celular, puede hacer que las mujeres se vean afectadas no solo en el área emocional sino también en lo físico. Generalmente las violencias vienen acompañadas. Cuando hay violencia patrimonial, generalmente hay violencia psicológicas con amenazas,  privación, insultos, menosprecios, pero reconocer a cada tipo de violencia muchas veces facilita la toma de decisiones y sirven para temas legales.

Gómez considera que muchas mujeres no están sensibilizada sobre lo que es la violencia de patrimonio, no la identifican, y por eso es difícil que se denuncie, aunado a la falta de confianza a los medios receptores de denuncias. “Lo que siento y creo es que no están preparados para esta tarea”, dice en referencia a los comandos policiales, donde solo se habla de violencia verbal y física, pero no de la violencia patrimonial.

Propósito firme

Foto: Rosa teme por su integridad física. 

Rosa Ibarra sigue en la pelea. Lleva meses de espera. De vez en cuando tambalea, pero sigue firme en su propósito de recuperar lo que por ley le corresponde, aunque eso signifique días tras días de diligencias, de viajes entre Socopó -donde reside- hasta Barinas o Sabaneta.

“Temo por mi integridad física, porque mientras yo intento que se haga justicia, mi agresor, “Cheo” (José Juan Corzo Machuca), sigue instalado en mis tierras, vende mi ganado y hace lo que quiere con mi patrimonio”, dice Rosa, tras afirmar que no pierde la esperanza de que vendrán tiempos mejores.

Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, en México 29 por ciento de las mujeres de 15 años o más sufrieron violencia patrimonial o económica en algún ámbito de su vida.

Dónde acudir

1. Ministerio Público.
2. Juzgados de Paz.
3. Prefecturas y jefaturas civiles.
4. División de protección en materia de niños, niñas, adolescentes, mujer

y familia del cuerpo de investigación con competencia en la materia.

5. Órganos de policía.
6. Unidades de comando fronterizas.
7. Tribunales de municipios en localidades donde no existan los órganos

anteriormente nombrados.

8. Cualquier otro que se le atribuya esta competencia.