Detenciones postelectorales causan terror en Apure
También las más de 30 mujeres “resguardadas”, a pesar de que se encuentran fuera de la entidad, se niegan a responder llamadas y mensajes de los periodistas. Tienen miedo por el hostigamiento y represalias que, aún, sufren sus familias en Apure, donde se encuentran sus hogares
Mujeres Constructoras de Paz – 11/09/24
María Isabela García, la primera mujer detenida en Apure. Foto cortesía La Patilla
Tras las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio, las personas que trabajaron en función de un cambio de gobierno en Venezuela o manifestaron públicamente en contra del resultado electoral que ratificó al presidente Nicolás Maduro, son buscadas y detenidas por los cuerpos de seguridad del Estado e imputadas por la Fiscalía del Ministerio Público, de “terroristas”.
La medida gubernamental ha infundido terror a estas personas y a las de sus entornos inmediatos. “Nos pidió que, por favor, no publiquemos nada referente a su caso”, dijo un familiar acerca de su pariente detenida.
“La situación que estamos pasando no es fácil, pero tampoco quiero empeorar las cosas”, expresó el familiar de otro detenido.
Asimismo, “las que trabajamos en este proceso en busca de la libertad y la democracia de nuestro país estamos prisioneras por cuido propio y para no preocupar a nuestros familiares”, reveló una mujer resguardada.
La negativa a dar declaraciones a la prensa, a raíz de estas detenciones, también se ha generalizado en la población y se refleja en situaciones cotidianas como, por ejemplo, la recurrencia de fallas eléctricas, una molestia usualmente denunciada en las comunidades, afirmó un habitante de San Fernando, la capital de Apure.
“Hay una especie de paranoia, lo que más se ve en los grupos de Whatsapp es: Por favor no me escribas para hablar del gobierno, apenas leo borro el chat, me salí de todos los grupos”,aseguró el lugareño capitalino.
La información aquí reflejada, sobre las mujeres detenidas y resguardadas en el estado Apure, se recabó con suma dificultad y luego de ensamblar los escasos y temerosos reportes obtenidos de algunas de estas personas que se sienten perseguidas y temen por sus vidas y las de sus familiares.
Su miedo a denunciar sólo fue superado por su necesidad de que el mundo conozca la situación en que se encuentran, la precariedad y angustia que están padeciendo y por su propósito, consecuente, de conseguir ayuda para poder restablecer la normalidad en sus vidas.
Manifestaciones postelectorales en San Fernando de Apure son rodeadas por presencia numerosa de efectivos policiales y Guardia Nacional Bolivariana. Foto cortesía.
Desde que comenzaron las detenciones en el estado Apure, el 29 de julio en la noche, sólo se conoce, públicamente, de cuatro mujeres detenidas y, extraoficialmente, se sabe de dos más.
No obstante, son 10 las mujeres aprehendidas en todo el estado confirmó en un programa radial local, el coronel Ramón Cabezas, secretario de seguridad ciudadana y comandante de la Policía de Apure, apenas este miércoles 04 de septiembre, a más de un mes de estas detenciones.
Detenidas
La primera mujer detenida de la que se tiene conocimiento es María Isabela García, militante del partido Primero Justicia y miembro del voluntariado de mujeres con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en la población de Elorza, municipio Rómulo Gallegos, arrestada por la Guardia Nacional Bolivariana, el 03 de agosto.
Por allegados se conoce que la imputación de García por un fiscal virtual, una semana después de su detención y sin derecho a defensa privada ni pública, se realizó el 09 de agosto, en San Fernando, a 300 kilómetros de distancia de Elorza, dónde fue aprehendida.
El Ministerio Público le imputó “terrorismo e incitación al odio” por administrar un grupo de Whatsapp en el que, “algunos hablaron mal de una dirigente de Ubch (Unidad de Batalla Bolívar Chávez), de Elorza”, indicó una de las personas allegadas.
El juez de la causa, único miembro presencial del tribunal en función de control, determinó la reclusión de la educadora en el comando de la GNB de Mantecal, una población del municipio Muñoz, distante unos 90 kilómetros del hogar de la detenida y 250 de la capital apureña.
En Elorza es vox populi que los carceleros de la también abogada y madre de un bebé de un año de edad, intentaron obligarla a grabar un video, pero el alterado estado de nervios de ella impidió la grabación.
“Chabela, como le dicen a García, es una muchacha sana de aquí del pueblo, es de una familia humilde y tranquila. Ella vive con su mamá y su hermana y tiene un niño de un año. Su familia no quiere hablar con nadie, están aterrados”, comentó otra persona allegada.
Lo más reciente que se conoce acerca de García es que, el 29 de agosto, “a las mujeres de Mantecal -entre las que se encuentra Chabela- las vistieron de azul y las trasladaron a San Fernando para llevarlas con los demás detenidos a Tocorón”, aseguró una integrante del comando Con Venezuela, resguardada.
#3Ago | @Pr1meroJusticia denunció que funcionarios de la GNB se llevaron detenida a la profesora María Isabela García, secretaria de educación de este partido en Elorza, estado Apure.
— El Diario (@eldiario) August 3, 2024
📸: @1EROEDUCACION pic.twitter.com/W8UOq80ykP
La segunda mujer aprehendida es Rosa María Mota, fiscal provisoria décima quinta del Ministerio Público, detenida en San Fernando, el 07 de agosto. Se conoció de su detención porque el propio fiscal general de la república Tarek William Saab, la notificó en su cuenta de X.
Mota fue procesada “por su participación en el delito de retraso u omisión intencional de funciones, por actuar contrario a su deber al divulgar información de carácter reservado permitiendo la evasión de sujetos investigados por hechos de violencia, actos vandálicos y desestabilización”, publicó Saab.
Extraoficialmente se dice que la detención de la fiscal es por su parentesco con la abogada Nahir Mota, jefa de campaña del comando Con Venezuela, en el estado Apure quien, actualmente, también está “resguardada”.
Lo que se sabe de Rosa Mota es que su sitio de reclusión es la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de San Fernando, en donde permanece con otra detenida.
La tercera es Yulennis Aranguren, también coordinadora del Movimiento de Mujeres con María Corina y Edmundo en el municipio Biruaca, detenida por el SEBIN y la PNB, la noche del 9 de agosto. Sólo se conoce que está recluida en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en la localidad de Biruaca, capital del municipio homónimo, aledaño a San Fernando.
Jennireth Gómez Piña, aprehendida en Guasdualito, es la cuarta mujer detenida en Apure relacionada con las elecciones, de la que sólo se pudo conocer el nombre. Se desconoce la circunstancia y fecha de su arresto, así como el cargo que le imputaron y el centro de detención.
Adicionalmente, se sabe dos mujeres más detenidas en Apure: una es la joven María Lemus, habitante de la comunidad La Guamita, parroquia El Recreo de San Fernando, a quien “simplemente por haber filmado un video en una de las protestas, por eso fue que la apresaron”, indicó una fuente.
Aún no se tiene información del sitio de reclusión de Lemus. De la otra, detenida en la población de Achaguas, capital del municipio homónimo, a 90 kilómetros de San Fernando, se desconoce su identidad, circunstancia, fecha y lugar de detención.
Apureños de la tercera edad son constantes en manifestaciones. Foto cortesía.
La ONG defensora de derechos humanos Una Ventana a la Libertad (Uval) que, en su sitio web, se refiere a estas detenciones como “privaciones ilegítimas de libertad”, indica que la mayoría de estas personas cumplen prisión en los centros de detención preventiva de la Policía del estado Apure, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, comando de la Guardia Nacional Bolivariana, Zona de Defensa Integral 31 y Dirección de Contrainteligencia Militar del estado.
Uval añade que, entre los delitos imputados, figuran “terrorismo, incitación al odio, obstrucción a la vía pública y resistencia a la autoridad, cuyas penas son altas por ser delitos mayores tipificados en las leyes penales del país”, se lee en la website de la ong.
De acuerdo con la cuenta que lleva la Ong Foro Penal, en Apure se han practicado 22 detenciones desde el 29 de julio hasta el 30 de agosto. Sin embargo, fuentes ligadas al sistema judicial apureño afirman que pasan de 100, solamente en San Fernando, la capital del estado.
El 02 de agosto Cabezas confirmó la detención de 30 personas en todo el estado. Este número ascendió a 39, indicó él mismo, en el programa radial, el miércoles 04 de septiembre.
Condiciones infrahumanas
Integrantes del comando de campaña Con Venezuela de Apure, desde su sitio de resguardo y bajo condición de anonimato por su seguridad y la de sus familiares, indicaron para este informe que “las mujeres injustamente detenidas, por el sólo hecho de luchar por la libertad de Venezuela y la reconstrucción de la democracia, están encerradas en condiciones infrahumanas”.
…“Son celdas de dos metros por dos metros, ocupadas hasta por 20 mujeres detenidas por diferentes delitos, llenas de alimañas, hormigas y cucarachas”.
Relataron además que, al igual que las detenidas, también “sus familiares sufren humillaciones psicológicas y vejaciones en los sitios de reclusión del estado, para poder verlas”.
Estas condiciones de reclusión de las detenidas apureñas coinciden con las denunciadas por el Observatorio Venezolano de Prisiones (Ovp) en contra de 70 detenidas, recluidas en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas “La Crisálida”, ubicado en el estado Miranda”.
“Salimos a la calle con mucho miedo, sólo con el valor que nos da defender la verdad. Siempre le decimos a los guardias y policías que nos rodean y toman fotos y videos, que ellos también son pueblo y que esta lucha también es por ellos”, confesión de una manifestante que ha participado en todas las protestas en el sector Casa de Zinc, de San Fernando de Apure. Foto cortesía.
Según el Ovp, estas detenidas postelectorales padecen hacinamiento, precariedad y maltrato físico y psicológico. Igualmente sus familiares visitantes.
También irregularidades en su proceso judicial que la ong denunciará “ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Relatoría de Venezuela de la CIDH, la Relatoría sobre los DDHH de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH, la Relatoría de los derechos de las mujeres de la CIDH, el Subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH”, se lee en su sitio web.
Traslado a Tocorón
El viernes, 30 de agosto, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, trasladaron al primer grupo de 29 personas detenidas de Apure rumbo a la cárcel de Tocorón, estado Aragua, a más de 300 kilómetros de San Fernando y a casi mil kilómetros de Páez, el municipio apureño más distante, en donde también hubo detenciones.
Eduardo Piñate, gobernador del estado Apure, informó: “Ya están desde hace varios días yendo a ocupar sus nuevas habitaciones en los nuevos penales que han sido acondicionados para ellos, incluso, desde Apure, ya salió un lote hacia Tocorón de esos terroristas y facistas”.
Sin embargo, las 10 mujeres detenidas no fueron trasladadas en ese primer lote y permanecen en los centros de detención preventiva de Apure (Cdp), aún por investigación, confirmó Cabezas.
Mujeres “resguardadas”
Mediante la información recabada para esta nota periodística, se conoció de, por lo menos, 35 mujeres del comando de campaña Con Venezuela, la plataforma Gran Alianza Nacional y el movimiento de Mujeres con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, de los municipios San Fernando, Pedro Camejo, Muñoz y Páez del estado Apure, que están “resguardadas”.
“Resguardadas” es una nueva expresión que ha adoptado la oposición venezolana para referirse a las personas que están fuera del alcance de las detenciones postelectorales y de las agresiones de “los colectivos” (civiles armados al mando del gobierno que reprimen a los opositores). También de las guerrillas ELN y EXFARC Segunda Marquetalia, en el caso de Apure.
Manifestación en protesta de resultados electorales, sector Casa de Zinc Apure. Foto cortesía.
De las apureñas en esta condición, algunas se encuentran en la misma región, pero no en su propia casa sino con otros familiares; otras, fuera de sus hogares en diferentes estados del país y se conoce de, por lo menos cinco, que cruzaron la frontera de Apure con los departamentos de Vichada y Arauca, Colombia.
“Algunas salieron con uno, dos y hasta cuatro de sus niños menores de edad para proteger su integridad física, otras no pudieron llevárselos. Hubo una que, aparte de persecución, sufrió allanamiento en su casa de habitación por parte del SEBIN y no pudo llevarse a su hijo, también menor de edad”, aseguró otra fuente allegada.
Añadió que “las cinco mujeres que ahora están refugiadas en Colombia fueron asediadas y amenazadas y hasta la guerrilla ha ido a amenazar a la mamá de una de ellas. A ellas hubo que sacarlas a escondidas, por trochas y en canoa y las condiciones en las que se encuentran son terribles, están padeciendo necesidad”.
Una tragedia
Manifestantes de Apure sólo se reúnen durante una hora en la que muestran sus pancartas, gritan sus consignas, oran por Venezuela y se retiran para evitar detenciones. Foto cortesía.
Una de las lideresas políticas resguardadas fuera del estado Apure, también describe la situación que atraviesan sus compañeras refugiadas en Colombia:
“Las mujeres que se encuentran en sitios de refugio, mujeres nobles, trabajadoras y decentes, están sufriendo con sus hijos ya que no tienen recursos para mantenerse tanto tiempo sin producción y las Ongs que se han tocado para ayuda humanitaria también están limitadas por falta de recursos, es una tragedia la que vive la mujer apureña por luchar por un país libre de violencia, democrático y en paz”, se lamenta.
La situación no es más fácil para ella misma que manifiesta estar incomunicada donde se encuentra y angustiada por su familia: “El DGCIM asedia mi casa (en Apure), no se cansan, me preocupa mi familia”, relata.
“Clima de miedo”
En Venezuela “hay un clima de miedo, en este momento”, denunció Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el martes 03 de septiembre.
Una nota de prensa del portal web de las Naciones Unidas, indica que Shamdasani, mediante conferencia de prensa, cuestionó que “se está deteniendo a las personas por manifestar su derecho a la participación política, a la libertad de expresión y a la libertad de asamblea”.
La misma noticia refiere que la Misión de Investigación sobre Venezuela designada por el Consejo de Derechos Humanos, “indicó que las protestas electorales fueron reprimidas por el Estado, generando así un entorno de temor generalizado”.
El propio Volker Turk, titular de ACNUDH, manifestó su preocupación por los más de 2400 detenidos en el período postelectoral y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró su llamado “a la protección plena y el respeto de los derechos humanos”.
Mediante su portavoz Stephan Dujarric, Guterres recordó que “nadie debe ser sometido a arresto o detención arbitraria”, indica la nota de prensa de las Naciones Unidas.
