Durante 2023, Venezuela registró 201 femicidios consumados y 107 en grado de frustración, según monitoreo de Cepaz. En ese año, quedaron sin madres al menos 66 niños, niñas y adolescentes

Bianile Rivas – 19/02/24

Roxana, víctima colateral de femicidio. Foto Bianile Rivas

Cada vez que Roxana ve a Yerri en el estrado siente rabia, pena y mucho dolor. No puede serenarse cuando él, algunas veces, entra a la sala de audiencias del tribunal y bate la quijada en carcajadas, se burla de ella y de su familia.  

Yerri, en tono hiriente, grita que él no asesinó a Roosmary. Se dirige a los presentes y pregunta en voz alta: “¿De dónde sacaron ustedes ese cuento?”. Por esas ironías, en más de una ocasión, la juez lo ha mandado a desalojar el recinto. 

Roxana no puede lidiar con ese sentimiento y se aferra a Dios como único soporte. Llora y se le acelera el corazón cada vez que vive y cuenta esos episodios. Tiene sentimientos encontrados: no sabe si perdonar u odiar. No logra cerrar ciclos, y cada vez siente de forma intespectiva dolor el pecho, hormigueo en las manos, debilidad para respirar, sudor, escalofríos y hasta temblores.Cree que estas dolencias serán progresivas, pues el juicio penal contra Yerri Oswaldo Timaure Rodríguez supera 800 días sin expectativas de conclusión. Tiene miedo.

Roxana es tía  de tres hermanos de 18 ,10 y 7 años, que son huérfanos por una acción femicida. Pero ella también es víctima y huérfana, Su hermana, Roosmary Chirinos Sequera, de 35 años, fue asesinada por su pareja, Yerri Oswaldo Timaure Rodríguez, el 14 de noviembre de 2021 en el municipio Agua Blanca del estado Portuguesa. El hombre la lanzó de un carro en marcha y ruleteó su cuerpo durante cinco horas antes de llevarla sin vida al hospital.

La autopsia reveló que Roosmary Chirinos Sequera ingresó sin signos vitales al hospital J. M . Casal Ramos de Acarigua-Araure. El cadáver presentaba traumatismo craneal y laceraciones en diferentes partes, además de lesiones por hematomas en un ojo y en el labio, así como otras de vieja data.

Roxana ha tenido que llevar todo ese proceso en solitario. Su trastorno de pánico no ha sido tratado por especialistas en salud mental. Las consultas y terapias psicológicas no están al alcance de su presupuesto. Una cita con el psicólogo o el psiquiatra está entre 30 y 50 dólares, ambas especialidades. Ella ni ninguno de los miembros de su familia recibe apoyo psicoemocional por parte del Estado, pues la red de salud pública no garantiza estos servicios en Portuguesa.

Han pasado más de 2 años desde que ocurrió el femicidio de Roosmary. Roxana ni sus sobrinos-hermanos figuran en algún registro de víctimas. «A la fecha no recibimos asistencia ni apoyo, nadie sabe que existimos», dice. 

Según su relato, los dos adolescentes se han hecho la idea, con su ayuda y la de su abuela materna, que Roosmary está en el cielo, aunque la extrañan y luchan con la culpa. Advierten que ella debió quedarse en casa ese domingo.

«Ellos están conscientes de lo que le sucedió a su mamá. Era inevitable, porque veían a diario el maltrato que Roosmary recibía de parte de su padrastro», asegura Roxana.

El niño más pequeño tenía 5 años cuándo su papá asesinó a  Rosemary. Hoy,  a sus 7, no sabe con exactitud qué le pasó a su mamá . Vive el vacío propio de quienes, de pronto, perdieron a su padre y a su madre de un solo golpe.

Al principio, el niño hacía muchas preguntas. Ahora, cree que su mamá está en el cielo, y que su papá se fue a trabajar y no ha regresado. Roxana enmudece cuando él le pregunta «por qué Diosito no curó a mi mamá». 

Él sueña con ser un doctor para poder curar a todas las mamás. Claro él supone que a su mamá le dio un dolor y que no se pudo salvar. Esa es su conclusión. 

Roxana, víctima colateral de femicidio. Foto Bianile Rivas

Evaluación integral

En diciembre de 2021, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) advertía en el artículo Femicidios y Fenómenos Asociados sobre la necesidad de que el delito de femicidio sea evaluado de forma comprensiva e integral. 

Cepaz insiste en que el Estado, además de ejercer su función investigativa y punitiva frente al delito de femicidio, también debe contemplar a los niños, niñas y adolescentes como víctimas colaterales del delito. 

La organización no gubernamental insta en su documento a que se les garantice a estas víctimas programas de contención, apoyo directo, continuos y gratuitos. Además, recalca que se les debe garantizar la protección y el  ejercicio de sus derechos.

En 2021, año en que ocurrió el asesinato de Roosmary, la Red de Mujeres de Portuguesa , en conjunto con la Asociación Civil Gurrufio,  contabilizó en ésta entidad federal de la región Los Llanos nueve femicidios consumados y tres en grado de frustración, los cuales pasaron a formar parte de la data nacional. Las víctimas colaterales de esos crímenes nadie las conoce:  son víctimas invisibles. 

Femicidios en ascenso 

En Venezuela no se cuenta con data oficial sobre la violencia contra la mujer. No obstante, organizaciones no gubernamentales como el Centro de Justicia y Paz redoblan esfuerzos para documentar los femicidios.

Fue así como ,entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2021, por monitoreo de su Observatorio Digital de Femicidios, Cepaz registró en Venezuela 258 femicidios consumados. 

La misma organización declaró, al  cierre del año 2022,  que en ese año se monitorearon 282 casos de femicidios consumados y 120 frustrados. En promedio, hubo una acción femicida cada 26 horas.

Una situación similar se registró en 2023. Cepaz documento hasta septiembre de ese año 201 femicidios consumados y 107 en grado de frustración. La ong destacó en este período las víctimas colaterales de este delito.

María Teresa Piñero Suárez, líder de la lucha regional por los derechos humanos de las mujeres y apoyo de las activistas de la Red de Mujeres Constructoras de Paz en Portuguesa,  destaca la ausencia de políticas públicas integrales con perspectiva de género. 

«No cesamos en la  exigencia de  la aprobación urgente de un programas de abordaje para sobrevivientes de la violencia machista. Es inaceptable que el Estado y la sociedad sigan invisibilizando esta situación», explica la experta, quien estuvo durante 18 años como consejera de protección de niños, niñas y adolescentes en Acarigua, capital del municipio Páez.

Piñero Suárez está consciente de que la deuda no es exclusiva del Estado venezolano. Es una deuda continental, dice. De manera que la lucha será larga y extendida si queremos avanzar en derechos para todos, argumenta.

La especialista en sistemas de protección de niños, niñas y adolescentes asegura que las activistas de la región dirigen sus esfuerzos para que los Estados accedan a: 

✓ la elaboración de un registro de los niños en situación de orfandad a causa del femicidio .

 ✓ el diseño de un protocolo para reparar y atender a los niños y a los familiares de la mujer víctima de femicidio  

 ✓ la formulación de una política pública exclusiva para la atención de esta población. 

Alianza por una ley

María Teresa Piñero Suárez informó sobre la experiencia de Bolivia, país suramericano que tampoco cuenta con normas de apoyo a los huérfanos por femicidio. 

En Bolivia más de 50 instituciones civiles formaron la Alianza Nacional por los Niños, Niñas y Adolescentes Huérfanos de Feminicidio para promover una ley que garantice la atención gubernamental de estas víctimas, no prevista en el Código Niña, Niño y Adolescente, en la ley contra la violencia hacia las mujeres ni en la Constitución boliviana. 

En Bolivia se han promovido tres proyectos de ley que buscaban protección para los huérfanos por feminicidios, pero han sido rechazados por los ministerios de Economía y de Justicia, según relata la Alianza. 

A partir de sus propias experiencias con los casos de huérfanos por femicidio, la alianza plantea que la ley otorgue a los menores una beca económica que no sea menor al 20 % de un salario mínimo nacional, becas alimenticias y  atención en salud totalmente gratuita. 

Además, se prevé que la ley promueva un plan de vivienda, acceso prioritario a educación en cualquier momento del año y sin restricción, aparte de facilidades para que las víctimas puedan continuar sus estudios superiores

Sin apoyo no hay sanación

Juan Manuel Hernández, psicólogo radicado en  Acarigua, especializado en neurodivergencia y líder del programa comunitario «Psicología en casa»,  enumera el miedo y  la depresión como las principales afectaciones psicológicas entre los hijos e hijas huérfanos por femicidio. 

De acuerdo con su registro de casos, la vida futura de estos sobrevivientes y su manera de afrontar la violencia en la adultez dependerá de las herramientas psicológicas a las que hayan tenido acceso luego de la ocurrencia del femicidio que vivieron. 

«Sin apoyo psicológico ni contención no habrá oportunidad de sanación», alega Juan Manuel Hernández.