Con orden de deportación a pesar de tener estatus de refugiadas, diez venezolanas migrantes permanecieron detenidas en Trinidad y Tobago, en medio de tratos crueles e irregularidades

Nayrobis Rodríguez – 16/10/23

A inicios de septiembre pasado, un video en el que diez mujeres venezolanas solicitaban, desde un centro de detención en Trinidad y Tobago, ser liberadas y volver con sus hijos menores de edad, se volvió viral en perfiles de medios de comunicación en el estado Sucre.

Lo que había detrás de este video, según activistas en la isla antillana, eran maltratos y violaciones de derechos humanos a una decena de migrantes que, además, tenían estatus de refugiadas otorgado por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Según la definición de Acnur, las personas con estatus de refugiadas son quienes huyen de conflictos y persecuciones en su país de origen. “Se trata de una figura que el derecho internacional define y protege; por tanto, estas personas no deben ser deportadas ni devueltas a contextos en los que peligran su vida y su libertad”, indica el portal

“Queremos saber qué más tenemos que pasar. Tenemos dos meses detenidas acá. Nosotras diez tenemos niños afuera, hay muchos niños de los cuales están enfermos. Señor ministro, Embajada, Migración, les pedimos que resuelvan nuestros casos”, decía en el video una de las detenidas.

Se trató de un grupo de mujeres que migraron hacia Trinidad y Tobago y que, según la activista de derechos humanos en la isla, Yesenia González, fueron detenidas junto a otros 200 venezolanos migrantes desde el 9 de julio de 2023 durante una redada policial en el Bar Apex, de Saint James y llevadas de forma irregular a la sede del Heliport, en Trinidad, un recinto que no tenía condiciones para albergar detenidos.

Detención ilegal y torturas blancas

Tras la difusión masiva del video en el que las migrantes denunciaron su situación y solicitaron a las autoridades migratorias de Trinidad y a la Embajada de Venezuela en la isla antillana su liberación, la abogada Karla Henríquez, activista por los derechos humanos y Embajadora At Large del Parlamento Internacional para los Derechos Humanos (PIDH) ante Canadá, explicó que las detenidas sufrieron una serie de ilícitos y torturas blancas durante la privación de libertad. Advirtió que esto se extendió, en consecuencia, a algunos de sus hijos pues permanecieron separadas de ellos por varias semanas.

Henríquez, que brinda asesoría legal a migrantes en Trinidad y Tobago, explicó que 16 días después de la detención de las diez mujeres migrantes, una sentencia de primera instancia de un tribunal de la isla, con fecha del 25 de julio de 2023, declaró como ilegal el proceso de privación de libertad.

“El recinto donde fueron llevadas, el Heliport, era un sitio usado para evacuar enfermos de Covid-19 durante la cuarentena y lo habían mandado a cerrar por diferentes denuncias de abusos a mujeres migrantes”, dijo la jurista.

Sin embargo, y a pesar de la sentencia, el mismo 25 de julio en la madrugada el ministro de seguridad de Trinidad y Tobago, Fitzgerald Hind, habilitó el lugar como centro de detención, con la intención de que las diez mujeres permanecieran allí.

Durante el periodo de detención, según indica Karla Henríquez, ocurrieron una serie de ilícitos que atentan contra los derechos humanos de las migrantes venezolanas.

“Estuvieron privadas de libertad, sin acceso a llamadas, abogados para su defensa, separadas de sus hijos y dos de ellas estaban en periodo de amamantar a sus hijos”, explicó la abogada.

También  advirtió que “el trato era cruel e inhumano”. Ella detalló que les aplicaron gaslighting, que es una forma de violencia psicológica; así como torturas blancas. La abogada explica que éstas consisten en aislar a las personas, dejarlas sin sonidos, sin información, sin alternancia de visión, sin olores, ni sabores, y sin forma de pasar el tiempo. 

La diez detenidas, de las cuales seis son oriundas de los poblados de Güiria e Irapa en la Zona de Paria del estado Sucre, no tenían acceso a visitas, ni contacto con sus hijos. “Recibían amenazas constantes por parte de oficiales de migración, coaccionándolas para que firmaran la repatriación o nunca saldrían libres”, aseveró Henríquez. Posteriormente, fueron enviadas a  la prisión de máxima seguridad, Golden Grove en Aruca.

Los 98 otros sí, pero ellas no

De las 200 personas detenidas en la redada del 9 de julio de 2023, el Gobierno de Trinidad y Tobago logró, el 12 de agosto pasado, la deportación de 98 venezolanos a pesar de que existía una medida emitida por un tribunal antillano para impedir la deportación.

La activista Yesenia Gonzalez explicó que los 98 venezolanos deportados tenían solicitud de asilo y constaban en el registro la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Las diez mujeres del video, a pesar de tener el mismo estatus, no corrieron con la misma suerte y permanecieron detenidas. En el proceso de detención, tanto ellas como sus hijos, sufrieron las consecuencias según la abogada Karla Henríquez.

Henríquez funge como vocera del caso ya que aseguró que ellas tienen temor de hablar públicamente por temor a represalias. Por ello también mantienen en confidencialidad el sitio en el que permanecen en la actualidad. 

Ellas finalmente pudieron salir de la detención el 20 de septiembre, aunque su estatus legal aún está por definirse ya que deben someterse a otros procedimientos legales. 

Activistas por los derechos humanos apuntan hacia las autoridades del consulado venezolano en Trinidad y Tobago como partícipes de las irregularidades durante la detención, solicitando a las migrantes las firmas de documentos de repatriación y órdenes de de deportaciones. “Todo esto sin seguir un debido proceso”, indicó Henriquez. Una situación que fue secundada por la activista Yesenia González.

Según el estudio de Movilidad Venezuela, realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) hasta agosto de 2023 UNOS 36.218 connacionales emigraron hacia Trinidad y Tobago y de esta cantidad, 3.200 venezolanos cuentan con el estatus de refugiados.