Cruzan hacia Colombia en busca de trabajo. Muchas veces consiguen largas jornadas como domésticas o en fábricas donde las ponen a picar piedras y les dan pocos minutos para el almuerzo

Norma González – 15/01/24

Foto: Norma González

Las mujeres y niñas de diferentes poblaciones étnicas del estado Zulia y quienes tienen condiciones específicas, como alguna discapacidad, cuando migran no solo enfrentan violaciones de sus derechos humanos, también son víctimas de discriminación debido a su situación de pobreza.

En la frontera colombo-venezolana la desnutrición ha afectado tanto a adultos como niños. En esas comunidades la dieta de las familias se redujo significativamente, en algunos casos llegan a consumir alimentos una vez al día bajos en grasas, calorías y proteínas. 

Asimismo, las fuentes de agua se encuentran contaminadas o simplemente secas producto de la fuerte sequía y la falta de limpieza de los pozos artesanales, según el Comité de Derechos de La Guajira (Cdhlg), ONG que promueve y acompaña casos de vulneración de derechos humanos en el municipio fronterizo.

Esa problemática empuja a las wayuu a migrar. Y cuando cruzan la línea geográfica (la  mayoría de los casos), consiguen trabajos como domésticas o logran entrar a alguna fábrica, lo que les permite enviar un poco de dinero y alimentos a sus hogares. Sin embargo, se exponen a diversas situaciones y maltratos. Principalmente las wayuu han denunciado agresiones psicológicas, en las empresas colombianas que las contratan.

“Me regañaban y gritaban”

Lisbeth Montiel (25), de la etnia wayuu, tomó la decisión de migrar a Colombia en septiembre de 2023 con la esperanza de ahorrar dinero para darle de comer y vestir a sus hijas en Navidad. Pero la joven sólo duró un mes en una empresa de la capital colombiana, debido al trabajo forzoso asignado.

“Recibía regaños por parte del jefe de grupo (supervisor), me gritaba porque no hacía el trabajo como ellos querían, ocho horas de trabajo bajo el sol sin casco y sin guantes solo porque era nueva, me tocó picar piedra en un campo de cultivo polvoriento. A los 15 días me sentí mal porque se me removió mi dispositivo anticonceptivo que tenía en el brazo.

Cuando presenté mi situación en la oficina, me llevaron a servicios de enfermería y no me dieron reposo”.

Contó que no les respetan la hora del almuerzo. “Sólo nos daban dos minutos y volvíamos a nuestros puestos de trabajo, muchas veces algunas compañeras vomitaban por comer tan rápido. Eso es indignante, pero en ese país no toman en cuenta nuestros reclamos, quizás porque no tenemos documentos”, dijo.

La joven wayuu resaltó que en la empresa en la que trabajó hay un gran número de ciudadanos venezolanos, en su mayoría son mujeres que solo portan el permiso temporal de permanencia (PPT), un documento de identificación de autorización administrativa expedida por migración Colombia a los extranjeros que no requieren visa.  

“Las que tienen el permiso son las que se encargan de picar las piedras con pico y pala en los campos de flores”,  resaltó.

No son reconocidas

Cuando la población indígena cruza la zona limítrofe, dice que sus derechos ancestrales están restringidos, pues los Estados no reconocen la binacionalidad, la cosmovisión indígena. Los tratan como migrantes y esto es una barrera, que afecta de manera diferenciada a las mujeres, a la hora de disfrutar de los servicios, de la atención médica y para optar por un puesto de trabajo.

Colombia ha recibido casi 2,5 millones de venezolanos en su territorio, siendo La Guajira el quinto departamento con mayor población venezolana en Colombia, con 150.806 personas, de las cuales el 56 % tiene un estatus irregular. (Información tomada de Dejusticia)

Según cifras que el Cdhlg presentó en el informe de 2022-2023, 45 % de las mujeres wayuu que salieron del país y que dejaron atrás a sus familiares, lo hicieron para buscar trabajo en Colombia o en el continente europeo.

Foto: Norma González

José David González, coordinador del comité,  señaló, que en esa búsqueda terminan realizando trabajo forzoso y no son reivindicadas con sueldos reglamentarios, bien sea en Colombia o en otros países. 

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por trabajo forzoso puede entenderse el trabajo que se realiza de manera involuntaria y bajo amenaza de una pena cualquiera. Se refiere a situaciones en las cuales personas están forzadas a trabajar mediante el uso de violencia o intimidación, o por medios más sutiles como una deuda manipulada, retención de documentos de identidad o amenazas de denuncia a las autoridades de inmigración.

González también citó que a la par, son víctimas de violencia basada en género (VBG), o están afectadas severamente por la falta de servicios públicos. 

Destacó que la mayoría de los casos en La Guajira se han resuelto mediando, utilizando el sistema normativo del pueblo wayuu, que comprende un conjunto de principios de reparación de daños. De hecho, mencionó que en febrero de 2023 se creó la oficina de resolución de conflicto mediante  una ordenanza municipal, la cual atiende a la población indígena, y tiene previsto adecuar sus costumbres a la institución policial como garante de la justicia y el uso adecuado de sus creencias ancestrales.

Otros datos son los que maneja la Intendencia de la parroquia Guajira: durante el año 2023, 90 % de las denuncias puestas por las mujeres en este municipio (incluso de las que van a Colombia a buscar sustento) están vinculadas a la violencia física, sigue la psicológica y, por último, las denuncias por la falta de manutención por parte de sus parejas.

Jennifer Guerra, intendente parroquial, aseguró que los casos de agresiones físicas han sido remitidos a la fiscalía y la mayoría de las denuncias ya tienen sus procesos judiciales y algunos agresores están privados de libertad. 

“Nosotros hacemos el acompañamiento a las víctimas  y canalizamos los casos y ayuda psicológica con algunos aliados que nos prestan la colaboración, como la Defensoría del Niño Niña y Adolescentes y la policía municipal de la Guajira”. 

Sucede que algunas wayuu, quizás por miedo y desconocimiento, no denuncian estos malos tratos y prefieren seguir un camino resiliente para poder sobrevivir y ayudar a sus hijos y familiares.

Sensibilizar a través del cine 

Historias como la de Lisbeth Montiel abundan en la frontera. Y en aras de documentar y visibilizar las diferentes situaciones de las mujeres wayuu, surge una narrativa audiovisual para reconstruir la memoria indígena y dejar documentado los indicios de los distintos casos de violación de derechos humanos. 

Entre el 23 y el 25 de noviembre, en La Guajira colombiana, y en Venezuela del 7 al 9 de diciembre de 2023, un grupo de cineastas indígenas recopiló testimonios para la realización de cortometrajes, cuya idea es visibilizar los casos de violencia, trabajar en la prevención y elevar la voz de “no más violencia en contra de las mujeres”. 

Foto: Norma González

Leiqui Uriana, cineasta wayuu, expresó que este año los realizadores indígenas se enfocaron en  la temática de  la “mujer y frontera”, mujeres activas de diferentes lugares del caribe colombiano, que están construyendo memoria desde su propias miradas, kankuamo, arawaka y wayuu. 

Durante esos días, Eduardo Hernández, realizador del cortometraje, presentó un contenido audiovisual donde mostró los pasos de la mujer venezolana tanto indígenas y no indígenas (alijuna) que “sobreviven hasta el final”: historias de muchas enfrentando retos difíciles para ganarse un puesto de trabajo estable en el territorio colombiano.

“He visto la necesidad de mostrar esas historias, esa resilencia de la mujer migrante que cruza esta zona limítrofe y, a través de esto, queremos sensibilizar y concienciar a la ciudadanía en general sobre la violencia contra las mujeres”. 

Es fundamental destacar que las indígenas enfrentan múltiples desafíos: desde la violencia sexual hasta la desigualdad laboral y la limitación en la participación política, dijo Hernández.

“Pero la misión de la muestra de cine y videos wayuu es acercar estos debates e información a las mujeres y niñas y empoderar para que se conviertan en agentes de cambios”.

La presentación de los audiovisuales se hizo en el marco de unas charlas donde se entregaron cartillas con herramientas para la prevención de la VBG.

Este trabajo seguirá en 2024. La propuesta es minimizar los casos y que la mujer indígena venezolana sepa detectar cuando es abusada, evitar el maltrato, cómo documentar y denunciar.  

Foto: Norma González