ONG venezolanas contradicen al Estado venezolano ante la Cedaw
Las activistas recogieron datos y testimonios sobre la afectación diferenciada de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) en las mujeres y otras vulneraciones que existen en el país.
Venezuela, como Estado, está en la fase de revisión ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw). Este jueves 18 de mayo la ministra de la Mujer e Igualdad de Género, Diva Guzmán, presentó el noveno informe periódico ante el comité; sin embargo, las ONG que tienen incidencia en el tema de género alertan que la realidad venezolana no se ve reflejada allí.
Para contrarrestar la versión oficial de cómo el Estado venezolano ha aplicado los acuerdos de la Convención adoptada por las Naciones Unidas en 1979, cerca de 50 organizaciones civiles presentaron más de 30 informes alternativos, también denominados informes sombra.
Activistas por los derechos de las mujeres recogieron datos y testimonios sobre la afectación diferenciada de la EHC; el acceso a la justicia, participación política y liderazgo; migración; población indígena vulnerable, entre otros temas.
La ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz), junto a Women’s Link Worldwide, lideró la articulación, formación y orientación del resto de organizaciones. Este proceso resultó en el envío de más de 10 informes de la lista de cuestiones y más de 22 informes sombra.
Presentan hallazgos
El 16 de mayo, en el marco de las sesiones del comité, las voceras de las distintas agrupaciones expusieron parte de los hallazgos en el evento “Los derechos de las mujeres venezolanas: una promesa incumplida”.
Los datos que presentaron fueron recabados a través de los diagnósticos comunitarios realizados en el terreno a casi 6.500 hogares en 18 estados del país, y exponen la vulneración diferenciada en el acceso y ejercicio de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas en las siguientes áreas: salud, alimentación, vida libre de violencia, movilidad humana y la afectación específica de las personas LGBTI, desde una perspectiva de género y diversidad.
En esta investigación se resalta, por ejemplo, que los servicios inoperativos de salud (17%) y la falta de recursos (60%) impiden el acceso a las mujeres a atención de salud para enfermedades crónicas.
Señala además que 32% de las encuestadas indicó que ellas o algún miembro de su familia tiene una condición crónica de salud. Siendo las más frecuentes: hipertensión, diabetes, hipo/hipertiroidismo e insuficiencia renal.
En el informe Mujeres que resisten, de la Red de Mujeres Constructoras de Paz, ya se advertía que el tema de la salud sexual y reproductiva constituye el mayor problema que enfrentan las venezolanas.
El 26,6% de las consultadas por la red indicó usar anticonceptivos mientras que el porcentaje restante dijo que no o no contestó, lo que sugiere que más del 70% de ellas no puede planificar sus embarazos.
Además, el 40% de las encuestadas aseguró no tener acceso a productos para la gestión menstrual.
Impacto diferenciado de la EHC en las mujeres
Sobre el impacto diferenciado de EHC en las mujeres, Luisa Rodríguez Táriba, vicepresidenta de la Red Sinergia y presidenta de Funcamama, señaló que en el año 2022 se estableció que existen 18 millones de personas con necesidades humanitarias en Venezuela, de las cuales 9.5 son niñas, adolescentes y mujeres.
Rodríguez Táriba, que participó en nombre de la alianza Con Ellas compuesta por Acción Solidaria, Cepaz, Funcamama, Prepara Familia, Uniandes y Unión Afirmativa, destacó que hay una vulneración del derecho a la vida de las mujeres venezolanas. “Las afectaciones se ven no solamente en la actualidad, sino que se verán en las próximas generaciones”, dijo
Sobre el derecho a la alimentación, dijo que las mujeres no tienen acceso a alimentos y presentan severos casos de desnutrición. Además, mencionó que siguen enfrentando barreras para movilizarse dentro y fuera del territorio.
Basándose en el informe de Con Ellas, recalcó que las adolescentes están invisibilizadas de las estadísticas, y que el 61 % de la población LGBTI está afectada por la falta de acceso a alimentos. “En el caso de las mujeres trans, la cifra aumenta a 74 %”.
Los datos de los diagnósticos comunitarios hasta marzo 2022 muestran que 1 de cada 4 mujeres no cuentan “nunca” o sólo “algunas veces” con toallas desechables sanitarias para su higiene menstrual, dijo Luisa Rodríguez Táriba.
Derechos políticos de las mujeres
Sobre los derechos políticos, Luisana Subero, de Voto Joven y en representación de la Red Electoral Ciudadana, dijo que Venezuela no cuenta con una ley nacional que reconozca y garantice efectivamente la participación de mujeres y hombres de forma paritaria en los procesos electorales, señaló
“De más de 100 organizaciones políticas venezolanas, solamente 6 están lideradas por mujeres”; y dijo que, en 818 casos de persecución y criminalización registrados en Venezuela en el año 2021, 73 ocurrieron contra mujeres, 211 contra hombres y 534 casos no pudieron ser desagregados por género.
El principal perfil de estas mujeres perseguidas estaba conformado en 57 % por trabajadoras de la comunicación y 17 % por mujeres vinculadas directamente con la política”.
Citó que en las elecciones regionales y municipales de 2021 se documentaron 28 inhabilitaciones arbitrarias por parte de la Contraloría General de la República, aplicadas luego de la inscripción ante el CNE, afectando a las pocas mujeres que lograron ser candidatas.
Mencionó que, de 277 escaños, la Asamblea Nacional está integrada solo por 93 mujeres, la representación de mujeres en el Parlamento es de 33,57 %, estando muy lejos de la representación paritaria. De igual manera de 23 gobernaciones, solo dos son ocupadas por mujeres, hay 273 alcaldes y solo 62 alcaldesas, 1312 concejales y solo 1035 concejalas.
De su análisis se desprende que hay una escasa representación de mujeres jóvenes en los cargos de representación popular, con solo 17,64 %.
Violencia de género
Otro de los focos que se presenta en los informes sombra es el relacionado con el acceso a la justicia, con especial hincapié a las víctimas de violencia de género.
Sobre esto habló Victoria Capriles, de la Coalición de Justicia y violencia basada en género, quien se refirió a que durante la pandemia existieron barreras estructurales para que las mujeres en situación de violencia obtuvieran justicia.
Estos obstáculos se han profundizado por las fallas del sistema de justicia venezolano. “Las mujeres denunciantes reciben amenazas, maltratos y violencia verbal y son objeto de acoso por parte de funcionarios a causa de sus esfuerzos por encontrar justicia. En Venezuela no existe un mecanismo de justicia que trabaje sobre el impacto diferenciado en este grupo de víctimas mujeres y atienda sus necesidades multidimensionales”, dijo Capriles.
Resaltó que la definición de femicidio adoptada en la Ley, deja de lado la responsabilidad del Estado, por ello es una deuda importante que mantiene la normativa la extensión del término a feminicidio.
Además, acotó que no hay información sobre la planificación, estructuración y ubicación de las fiscalías para el proceso de denuncia. “La impunidad agrava los efectos de la violencia contra la mujer. El Estado se convierte en agresor cuando tolera actos de violencia, no actúa en el marco legal interno e internacional de protección y cuando los hechos de violencia se cometen en contexto de persecución”, indicó.
Recomendó al final de su exposición instituir un mecanismo especial de justicia y atención a mujeres víctimas, que opere bajo un enfoque de género e incorporar este enfoque en sus políticas dirigidas a asegurar el acceso a la justicia.
Derechos de las mujeres migrantes
Sobre la situación de las migrantes Carolina Cortes, del Center for Migration, Gender, and Justice, refirió que es importante la adopción de mecanismos de regulación desagregados y la recopilación y desagregación de datos que aborden las necesidades y desafíos de las personas migrantes venezolanas.
“El nivel de vulnerabilidad en los países de destino es alto. Las mujeres se encuentran en condiciones de subsistencia al llegar, y no cuentan con redes de apoyo en el país de acogida”.
Además, dijo, la regularización puede llevar meses, lo que incrementa el riesgo. La falta de protección contribuyó en el aumento de las tasas de femicidio contra las venezolanas en el exterior. “Es necesario facilitar el acceso de las mujeres a los documentos de regularización de su situación migratoria y publicar datos desagregados sobre los flujos migratorios”.
Salud sexual y reproductiva
María Cecilia Ibáñez de Women’s Link Worldwide, habló sobre la emergencia humanitaria compleja y dijo que desde antes que se impusieran las primeras sanciones ya venía ocurriendo un deterioro muy grande en materia de acceso a la salud y específicamente a la salud sexual y reproductiva.
En la revisión anterior, de 2014, la Cedaw indicó su preocupación por la escasez de servicios y productos de salud sexual y reproductiva. “En Venezuela no existe una política clara en materia de educación sexual y reproductiva. La opacidad de la información dificulta aún más tener información sobre la situación de las mujeres en Venezuela. El Estado venezolano ha sido negligente para solucionar la situación de escasez de métodos anticonceptivos”.
Denunció que Venezuela tiene una de las regulaciones sobre el aborto más restrictivas de América Latina y esto tiene un impacto negativo en la salud de las mujeres, quienes además son perseguidas por abortar.
Las ONG en la Cedaw
En las sesiones realizada el 18 de mayo, Venus Faddoul, abogada y comunicadora de la ONG 100% Estrógeno, habló sobre el articulado que penaliza el aborto, el cual no ha sido reformado en más de 100 años, “convirtiéndose en una normativa anacrónica, al margen de los compromisos adquiridos con Cedaw”.
“En Venezuela solo se admite el aborto cuando la vida de la mujer corre peligro y dicho criterio solo queda a discreción del médico tratante sin que haya un protocolo claro libre de prejuicios. En 2021 se anunció una reforma del Código Penal y en la misma no se contempla la despenalización del aborto por lo cual la labor de defensores(as) sigue siendo criminalizada”.
La defensora mencionó el caso de Vanesa Rosales, detenida de manera arbitraria en 2020 por haber apoyado la interrupción del embarazo de una adolescente, producto de una violación, pues su vida corría peligro.
“Para el 202 Unfpa determinó que en Venezuela la pandemia afectaba el acceso público a la anticoncepción manteniendo 80% de escasez de anticonceptivos gratuitos. Venezuela se posiciona, según las cifras, con la sexta mayor tasa de mortalidad materna de la región. El Estado venezolano mantiene y promueve una política estatal de esterilización dirigida a mujeres en edad reproductiva. En muchas de estas campañas no se cumple con el consentimiento previo libre e informado”, recordó Rosales.
Mujeres presas
Por su parte, Laura Louza, abogada de la ONG Acceso a la Justicia destacó que en Venezuela hay una sola cárcel para mujeres en todo el país, en ella hay 500 mujeres recluidas en condiciones insalubres.
“Hay más de dos mil mujeres detenidas en anexos de cárceles masculinas donde se les dificulta recibir visitas y en muchas ocasiones pueden ser víctimas de violencia sexual. Las mujeres y sus familias también sufren mucho cuando visitan a los 37 mil hombres privados de libertad por las vejaciones a las que son sometidas”, dijo.
En su intervención aseguró que levanta su voz en nombre de las mujeres víctimas de violencia de género en Venezuela que no tienen prácticamente a quién acudir. “En Venezuela existen tribunales, fiscalías y unidades policiales especializadas, pero suelen carecer de un enfoque de género y no tienen capacidad para hacer justicia. La ausencia absoluta de Estado de Derecho y justicia en Venezuela no se debe tanto a problemas de su normativa, sino a la ruptura institucional producto de la falta de autonomía en sus figuras de autoridad”, añadió.
Destacó que el país requiere cambios estructurales y reales más que cambios normativos y circunstanciales. “Es necesario que se designen verdaderos operadores de justicia que cumplan y defiendan los derechos de los ciudadanos”.
Durante la durante la sesión 85 del Comité, del pasado 18 de mayo, las organizaciones Acceso a la Justicia, Cepaz, Cofavic, el Monitor ODH-ULA, la Asociación Cauce y defensoras como Linza Loaza, también se expusieron documentación sobre la explotación sexual, la trata de personas, la violencia obstétrica, el aumento de los casos de femicidios y sobre otros tipos de agresiones contra la mujer como la violación del principio de paridad y alternabilidad, hallazgos que desmontan la versión oficial del noveno Informe.