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Presidente de Conatel amenazó con sancionar a los medios por la cobertura de conflictos

“Aquí no va a haber impunidad mediática”. “Vamos a ir aplicando las medidas  que tengamos que aplicar por el uso irresponsable, por la violación de la ley, por llamar a la violencia y al odio público”. Esta fue la amenaza que hizo William Castillo, presidente de la Comisión Nacional  de Telecomunicaciones (Conatel) a los medios de comunicación por la cobertura de las movilizaciones del 1 de septiembre de 2016, en Caracas, en la que los ciudadanos exigieron el derecho a la participación ciudadana, a apropósito de la convocatoria del Referendo Revocatorio.

Sus declaraciones intentaron condicionar la cobertura libre y amplia por parte de los medios de comunicación sobre posibles hechos de conflicto, al afirmar que “están prohibidos los llamados a la violencia, al desconocimiento de las autoridades, a la alteración del orden público y a la paz ciudadana, mensajes que puedan generar algún tipo de zozobra en la sociedad”.

“Vamos a ir aplicando las medidas que tengamos que aplicar por el uso irresponsable, por la violación de la ley, por llamar a la violencia y al odio público”
“Vamos a ir aplicando las medidas que tengamos que aplicar por el uso irresponsable, por la violación de la ley, por llamar a la violencia y al odio público”

Esta amenaza las emitió Castillo en la mañana del 1 de septiembre, en una entrevista que ofreció a La Radio del Sur, emisora del Estado, a propósito del exhorto que emitió el 31 de agosto el Directorio de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos, instancia que depende de Conatel y que el también dirige.

Esta instancia enfatizó que rechaza “las campañas de odio, desinformación y agresiones psicológicas hacia el pueblo venezolano, y en particular aquellas que se manifiestan por algunos medios de radiodifusión y las denominadas redes sociales, a través de las cuales se hacen llamados directos a la violencia, al desconocimiento del orden constitucional y de las autoridades legítimamente constituidas, así como a fomentar situaciones que pueden alterar el orden y la paz pública”.

William Castillo opinó que “lamentablemente, en Venezuela sigue sucediendo la práctica del uso del espectro radioeléctrico y de los medios de comunicación y medios electrónicos, con una gran irresponsabilidad. Una parte de ellos sigue creyendo que son instrumentos de guerra, que son instrumento para conseguir sus fines políticos”.

El presidente de Conatel dijo que “es lamentable cómo algunas emisoras de Caracas, y en resto del país, siguen presentando vocerías que siguen llamando a ensangrentar las calles de Caracas. Esto lo hacen con total libertad, con el permiso de los dueños (de estos medios privados)”.

El directorio de responsabilidad social, por su parte, “deplora también que a estas campañas se hayan sumado relevantes voceros de opinión y personas con acceso a los medios de comunicación, lo cual constituye una grave falta a la ética periodística y política. Recuerda a todos los actores del espacio comunicacional que de acuerdo al artículo 27” de la Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos “la emisión de mensajes que promuevan la alteración del orden público, inciten, promocionen, hagan apología al delito, o fomenten zozobra en la ciudadanía, afecta los derechos comunicacionales del pueblo venezolano y constituyen ilícitos administrativos, e incluso penales, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico”.

William Castillo, en la entrevista de radio, emitió descalificaciones contra los periodistas Marta Colomina y Domingo “Mingo” Blanco, locutor de la emisora 99.1 FM, y en contra de Radio Caracas Radio (RCR), ambas emisoras privadas con sede en Caracas. Dijo que ellos les han dado espacio a voceros que han “hecho llamados muy violentos”.

“Ha llegado el momento de que estas cosas tengan un parao”, opinó William Castillo. En esta misma línea se pronunció el directorio de responsabilidad social, que en su comunicado advirtió “a los medios de difusión, dueños de medios, concesionarios de frecuencias radioeléctricas, operadores de medios electrónicos, periodistas y corresponsales, y en general a todos aquellos que tienen acceso a medios de difusión, a hacer un uso responsable del legítimo derecho a la libertad de expresión, a garantizar a nuestro pueblo información veraz y oportuna, y a promover un clima de paz entre los venezolanos y venezolanas; y les exige abstenerse de promover o difundir campañas malintencionadas, cuyo único objetivo es destruir la convivencia entre los ciudadanos y ciudadanas de la República”.

Esta instancia también “solicitará a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones los elementos técnicos de monitorización que permitan evaluar de forma objetiva el tratamiento que estos mensajes están recibiendo en los medios sujetos a la ley, y actuará de acuerdo a sus atribuciones y de forma expedita, con los instrumentos establecidos en la Ley. No se tolerarán irresponsables acciones mediáticas destinadas a reproducir un escenario similar al del 11 de abril de 2002 y de principios de 2014, cuando se avaló la agresión al pueblo venezolano mediante el uso de los medios de comunicación”.

En sus declaraciones a la radio, el presidente de Conatel condicionó la independencia y la autonomía del ente regulador al favorecer una parcialidad partidista y expresar “su completo respaldo al Presidente Nicolás Maduro Moros y su llamado al diálogo nacional, y a fortalecer todos los mecanismos que permitan preservar la paz de la República, la fraternidad y la convivencia entre todos los venezolanos y venezolanas”.

Con los mismos argumentos, el Directorio de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos emitió un pronunciamiento que condicionaba la cobertura de los medios radioeléctricos de las protestas que ocurrieron en febrero de 2014, y que derivó en acciones de censura previa por parte de los medios de comunicación estatales, comunitarios y privados.

IPYS Venezuela rechaza estas amenazas de acciones administrativas contra los medios de comunicación, así como las declaraciones de descalificación y los condicionamientos dirigidos desde el Estado que pretenden restringir una cobertura periodística libre y amplia sobre hechos que pueden ser de interés público. Estas acciones configuran un uso abusivo del poder estatal en materia de comunicaciones, contrario a los principios establecido en los estándares internacionales de libertad de expresión y derecho a la información.

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