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El gobierno firmó un convenio millonario con Argentina que permitió la compra de más de 12.300 equipos para unidades públicas de atención obstétrica y neonatal. Sin embargo, 70 por ciento de los aparatos está sin mantenimiento mientras repuntan las denuncias de mortalidad infantil y de déficit de médicos

 

  Sección 1                                                                                                                                              a

 Incubadora deteriorada en un pasillo del Hospital Universitario de Caracas

Una dotación abandonada para atender neonatos

María Milagros nació el pasado 8 de enero en el Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar. Tenía apenas seis meses de gestación cuando vino al mundo en un parto prematuro. Sus pulmones no tuvieron tiempo para desarrollarse por completo. Por eso prácticamente no podía respirar por sí sola y necesitaba de un ventilador mecánico neonatal para aumentar sus posibilidades de sobrevivir, que quedaron aminoradas con su precoz nacimiento. Ese aparato facilita a los bebés una acción esencial para cualquier ser humano: que el aire entre y salga del organismo.

La recién nacida pasó sus primeras horas de vida en una incubadora mientras sus padres, Yulimar Prieto y Luis Yánez, compartían el tiempo entre acompañarla y buscar alternativas para ubicar el equipo o para identificar otra institución que lo tuviera. Debían dedicarse a esas gestiones porque la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del hospital público, dependiente del Ministerio de Salud, no disponía de un aparato en servicio para el momento de la reclusión de la bebé. Todos los que estaban en el inventario se encontraban dañados, según les fue informado a los padres y de acuerdo con lo que se pudo corroborar con fuentes del centro de salud del estado Bolívar durante una visita realizada en los días de hospitalización de María Milagros.

La bebé nació como la segunda hija de la pareja. Su madre tuvo una amenaza de aborto que fue una primera campanada y luego el proceso de parto ocurrió precozmente. Prieto y Yánez acudieron en principio al Hospital Héctor Nouel Joubert del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pero allí no pudieron atender a la mujer a punto de dar a luz. Le aseguraron que no había incubadoras para casos de bebés prematuros y los remitieron de inmediato al hospital Ruiz y Páez donde finalmente nació María Milagros.

Desde ese momento comenzó la jornada de Prieto y Yánez por la vida de su hija. Al padre, quien trabaja como personal de seguridad en una empresa privada, se le veía recorrer las instalaciones del hospital con un cartel escrito a mano con las palabras “ventilador neonatal”. Con el improvisado afiche consiguió que alguien lo fotografiara y compartiera su imagen y su solicitud de ayuda en las redes sociales. También iba y venía a laboratorios privados con muestras de la bebé para ser examinadas debido a que el centro de salud carecía de reactivos: “No me importa lo que haya gastado, lo que importa es que ella esté bien”. Su esposa también padecía un calvario en esos días.

Mientras Yulimar Prieto esperaba los turnos para ingresar a la sala donde tenían a María Milagros, lloraba silenciosamente. Cuando podía pasar se inclinaba sobre la incubadora para seguir cada pequeño movimiento del pecho de la recién nacida y para hablarle en susurros en un diálogo íntimo. El mayor consuelo de ella y de su esposo, en esas horas angustiosas, fue ver a los médicos del servicio público haciendo todo lo posible por salvar a la bebé. Los profesionales, sin embargo, no contaban con todas las herramientas. Entre el 11 y el 12 de enero, Prieto y Yánez fueron informados de cinco paros respiratorios sufridos por su hija. La pequeña, en su combate por la vida, se sobrepuso a cuatro, pero del último no despertó.

Así fue como dejó en luto a sus padres y plantó la duda de si hubiera sobrevivido a su nacimiento anticipado con la ayuda de algún ventilador del hospital. La masificación de aparatos como ese o como las incubadoras, que crean barreras contra las bacterias, ayudaron precisamente a mejorar las perspectivas de sobrevivencia de recién nacidos prematuros como María Milagros. El progreso tecnológico en ese campo fue uno de los pilares que incluso permitió a la Organización de Naciones Unidas fijar la reducción de dos tercios de la mortalidad de niños menores de cinco años como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a cumplir entre 1990 y 2015. En el caso venezolano, las fallas en la disponibilidad de equipos como el que le faltó a la bebé de Bolívar no han sido aisladas. Las denuncias sobre desperfectos en los dispositivos de las unidades neonatales se han repetido en hospitales públicos de distintas regiones del país y están asociadas a una razón que, con la mayor cautela, ha sido mantenida en silencio por el Ministerio de Salud.

Una investigación realizada por periodistas del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, en alianza editorial con reporteros de El Pitazo, permitió revelar las interrupciones que desde casi un lustro ha tenido la ejecución de un convenio millonario con Argentina para la dotación y mantenimiento de aparatos destinados a las unidades de atención obstétrica y neonatal de centros públicos de salud en Venezuela. La pesquisa incluyó el examen de documentos oficiales del ministerio, la evaluación de contratos suscritos por la República, la visita a unidades neonatales de 13 estados del país y la consulta a médicos, padres y fuentes del sector salud vinculados con la ejecución del convenio.

Se pudo establecer con la labor periodística que el país adquirió entre 2005 y 2010 un total de 12.353 aparatos a la empresa argentina Medix Industrial y Comercial a un costo aproximado de 65 millones de dólares, pero que las garantías de mantenimiento y de suministro de piezas y repuestos para darle servicio técnico a los dispositivos caducaron en 2012 luego de que vencieran los lapsos que habían sido fijados en las primeras fases de la contratación. Desde entonces y por aproximadamente cuatro años quedaron paralizadas las reparaciones de la totalidad de los equipos adquiridos, en cuya lista no solo hay incubadoras y ventiladores, sino monitores de signos vitales, bombas de infusión, lámparas de fototerapias y cunas de distintas características, entre otros.

Apenas fue en septiembre de 2016 cuando el gobierno pudo concretar la firma de otro contrato con el proveedor internacional para retomar el mantenimiento. El acuerdo, sin embargo, nada más abarcó 3.768 aparatos equivalentes a poco más de un tercio del total. ¿Por qué solo se incluyó esa cantidad de dispositivos? Luisana Melo, ex ministra de Salud y quien era titular del cargo para la fecha de la suscripción del documento, fue consultada al respecto y respondió que las limitaciones presupuestarias de la República impidieron una reparación general y por ello fue necesario priorizar cuáles serían recuperados. “Hicimos una evaluación y decidimos que se diera mantenimiento a los equipos que estaban en unidades que prestaban servicios y recibían pacientes. En un momento histórico como el que estábamos, ¿para qué se iba a reparar los que están en lugares donde nadie va a parir o donde no se brinda atención?”, dijo la ex funcionaria en una breve entrevista telefónica que concedió el pasado 20 de abril. Cuando se le insistió en cuál era la situación de los demás aparatos –un total de 8.585– dijo que podían ser recuperados aunque era necesario aguardar: “Se supone que se arreglarán”. De momento, no obstante, su suerte futura es incierta.

El gobierno ya había intentado previamente rescatar parte de los equipos. En octubre de 2015, Henry Ventura, entonces ministro de Salud, firmó un contrato con Medix con un un doble objetivo: adquirir nuevos dispositivos para la apertura de 181 cupos neonatales en instituciones públicas y recuperar 4.676 de los equipos que habían sido comprados en los años precedentes. El acuerdo no se ejecutó por el incumplimiento del pago por parte de la República del monto total solicitado por el proveedor argentino y el cual ascendía a 232 millones de dólares, según reportes de la contratista.

Debido a ello el mantenimiento quedó congelado hasta la firma del segundo acuerdo que fue suscrito por Melo y el cual tiene un alcance menor. Es por un total de 120 millones de dólares y tiene como meta la dotación tecnológica de 52 servicios además de la ya mencionada reparación de una parte de los equipos. Hasta ahora, según fuentes ligadas a la ejecución del contrato, poco menos de 2.000 dispositivos fueron reparados entre septiembre del año pasado y marzo de 2017 y están pendientes nuevos pagos para la continuación del servicio.

El contraste entre equipos dañados y recuperados tiene importancia central en una Venezuela abarrotada de denuncias sobre el repunte de la mortalidad neonatal en los centros médicos estatales. Ese aspecto ha sido mencionado entre los argumentos centrales de quienes afirman que el retroceso de la inversión pública en salud, el deterioro de la infraestructura hospitalaria y la escasez de medicamentos, entre otros aspectos, han provocado una emergencia humanitaria en el país. La Asamblea Nacional así la declaró el año pasado, pero el gobierno ha negado que exista.

Las contrataciones del Ministerio de Salud y Medix se realizaron bajo el paraguas de un gran acuerdo que fue firmado entre los fallecidos presidentes Hugo Chávez y Néstor Kirchner: el Convenio Integral de Cooperación Argentina-Venezuela. Bajo su amparo se abrió un fideicomiso con fondos de la corporación estatal Petróleos de Venezuela los cuales fueron empleados para la adquisición de bienes y servicios a proveedores argentinos como el fabricante de equipos para la atención neonatal. En el sector salud se realizaron otras contrataciones semejantes gracias al mecanismo. Una de ellas se suscribió con la empresa argentina Invap para la dotación y mantenimiento de aparatos de radioterapia para hospitales públicos venezolanos. Una investigación periodística de El Nacional demostró en 2012 que las garantías que permitían la revisión y reparación de esos aparatos habían caducado y por ello la población con cáncer tenía dificultades para completar sus tratamientos en instituciones públicas del país mientras Chávez era atendido en Cuba por ese padecimiento que finalmente le quitó la vida. En su momento, afectados presentaron denuncias al Ministerio Público sobre el caso, pero la institución nunca informó si había identificado responsables. Ahora, cinco años de después, se comprueba una situación semejante con el convenio Venezuela-Argentina, pero con equipos para garantizar la atención de recién nacidos con graves problemas de salud.

La unidad de neonatología del Hospital Ruiz y Páez de Bolívar fue una de las dotadas por el convenio

Tecnología fuera de servicio   
21 de febrero. Es mediodía en el Hospital de Niños José Manuel de Los Ríos, en Caracas. La instalación está en la cúspide del sistema público venezolano: es el principal centro pediátrico del país y el único que presta servicios en todas las especialidades médico-quirúrgicas para niños y recién nacidos. Aunque allí no se atienden partos, existe un servicio de cuidados intensivos neonatales. Es para los pacientes que cumplen tratamiento o son operados en sus instalaciones. Muchos de ellos llegan en traslados de emergencia desde las maternidades de la capital y del interior del país y de otros centros de salud. La unidad la atienden seis médicos neonatólogos que cuentan con un inventario limitado: seis monitores de signos vitales, tres ventiladores, diez incubadoras y cinco bombas de infusión, de acuerdo con personal del centro de salud. La mayor abundancia de equipamiento, no obstante, está reservada a un ala contigua a la que se llega después de caminar unos metros por un pasillo oscuro que conduce a un salón cerrado. Detrás de una puerta de vidrio hay un espacio que semeja un pequeño cementerio a donde fueron a parar no menos de cuarenta aparatos fabricados o vendidos por Medix como parte del convenio.

No hace falta razonar demasiado, porque sobre los equipos hay carteles con notas que evidencian la situación precisa de los distintos dispositivos. “Dañado. Falta de presión”, “No funciona. 03/12/15”. Estos avisos reposan en pedestales y describen el estado de los ventiladores mecánicos. Un pedazo de cinta adhesiva al borde de una pantalla indica: “No registra onda. 14-8-15”. Es uno de los monitores de signos vitales que permanecen apagados y amontonados sobre una cuna. Con ellos se vigila la temperatura, la tensión arterial y la frecuencia cardíaca y respiratoria de los recién nacidos, de forma constante y sistemática y previniendo contactos excesivos entre el personal de atención y los pacientes para minimizar riesgo de contaminación.

“Dañada”, “Dañada”, “Dañada”, “Dañada. Suena alarma y no cicla”, se lee en cuatro bombas de infusión, aparatos usados para administrar medicamentos de forma intravenosa con precisión garantizada en ritmo y cantidad. Están agrupadas sobre otra cuna. También hay un par de mesas de reanimación neonatal y varias lámparas, pero las reinas del lugar son las incubadoras: hay 12 de ellas arrumadas. Ellas permiten la posibilidad del contacto médico con los bebés a través de ventanas que tienen guantes incorporados. Las anotaciones también describen su situación: “Falla de sensor”, “Ojo. Ojo. Incubadora dañada. No calienta”. Las fechas de revisión también están apuntadas. Abril, mayo, junio, de 2016. “El técnico del hospital ha revisado algunos pero dice que están obsoletos. Yo creo que aún sirven, pero como aquí nadie los sabe reparar, los están desincorporando”, explica una fuente del hospital.

Los equipos dañados en el principal hospital infantil de Venezuela lucen como una metáfora de la suerte que ha corrido el convenio ideado por Chávez y Kirchner. La necesidad de mejorar la atención neonatal fue uno de los asuntos que mencionó el difunto gobernante venezolano en su primer discurso como presidente electo: “Veintisiete, casi veintiocho por mil nacidos vivos es la mortalidad infantil de Venezuela, de las más altas de todo el continente”. Al cabo de cinco años estructuró el convenio bilateral con su homólogo argentino orientado a mejorar el desempeño de las unidades públicas. Kichnner, en los días posteriores a la firma, declaró desde una refinería petrolera venezolana su solidaridad con el país: “Argentina es una patria hermana para trabajar juntos”.

El contrato para la primera fase de la dotación fue firmado el 28 de marzo de 2005 e incluyó un total de 1.083 aparatos para beneficiar a 150 mil recién nacidos. Francisco Armada, entonces ministro de salud, encabezó en noviembre de ese año la entrega inicial de la dotación: “Estamos empezando por la Maternidad Concepción Palacios, por ser el centro más representativo en este sentido (…) Se espera fortalecer los centros donde nace el mayor número de niños en Venezuela y además ir distribuyendo equipos en aquellos hospitales donde existe el servicio de neonatología”.

La segunda fase permitió sumar 9.087 artefactos en 2009 que quedaron identificados en las listas del denominado “Programa de Atención Obstétrica y Neonatal del Proyecto Vida”. Eran tiempos cuando las denuncias de parturientas remitidas de uno a otro centro de salud pública sin ser atendidas acaparaban los titulares de los medios, en los cuales se refería que debían recorrer cuatro o cinco hospitales antes de parir en Caracas debido al presunto colapso. El Ministerio Público, responsable de ejercer la acción penal en nombre del Estado, anunció en agosto de 2009 una investigación sobre esos casos tipificados como violencia obstétrica y dictó una medida de protección y seguridad para las embarazadas que acudieran a los hospitales caraqueños, la cual contempló cursos de capacitación y sensibilización del personal de salud.

El addendum Nº3 del Convenio Argentina-Venezuela dio inicio a la alianza binacional para la dotación tecnológica de hospitales venezolanos

Revise también el addendum Nº13 del Convenio Argentina-Venezuela con la segunda fase del proyecto de equipamiento de servicios obstétricos y neonatales.Ver documento haciendo click

Carlos Rotondaro, ministro de Salud para ese momento, reconoció el problema con la activación de un plan para prestar seguridad y traslado a las futuras madres hacia los centros hospitalarios. Poco después informó que los partos complejos –con bebés delicados en camino– podían ser atendidos en una mayor cantidad de hospitales con la apertura de nuevas unidades de cuidados intensivos neonatales gracias a la recién creada Misión Niño Jesús y al equipamiento importado desde Argentina. Los argumentos del rechazo hospitalario a mujeres a punto de dar a luz están relacionados con la capacidad de la institución de salud para cuidar a los recién nacidos. Por lo general, en centros que no tienen unidades de neonatología en funcionamiento se abstienen de atender casos complejos, por lo que la disponibilidad de especialistas y de equipos se transforma en factor crucial.

La ampliación de la dotación de equipos que era presentada como una solución para madres y bebés hizo al gobierno pensar en el siguiente paso. Así fue como a finales de 2009 firmó un contrato de suministro de piezas y repuestos por tres años para garantizar el funcionamiento de la plataforma instalada con la argentina Medix, empresa que acumulaba para el momento más de cuatro décadas en el negocio y era uno de los líderes de América Latina en desarrollo y distribución de equipos para la atención neonatal. Jack Cheja, entonces presidente de la firma, era conocido como uno de los principales emprendedores y exportadores de su país en materia de electro-medicina. En 2005, según reportes oficiales filtrados por el diario argentino La Nación, se conoció que su empresa estuvo entre las afectadas por supuestas peticiones de sobornos por parte de altos funcionarios del convenio Argentina-Venezuela.

Medix a finales de 2010 pasó a ser propiedad del conglomerado estadounidense Natus Medical Incorporated, proveedora mundial de líneas tecnológicas para el cuidado de recién nacidos, y para lo relacionado con neurología, sueño, movilidad y audición. A pesar de que el contrato fue suscrito con Medix, la ejecución del servicio en Venezuela quedó a cargo de Meditron, una empresa con sede en Caracas que representa los productos del fabricante argentino así como a otras 30 marcas internacionales. Esa firma, presidida por Antonio Orlando, se convirtió en la última década en uno de los principales proveedores de servicios de revisión y reparaciones de los equipos comprados a proveedores extranjeros por el Ministerio de Salud. Sus técnicos se mantuvieron a cargo de la provisión de repuestos para las unidades neonatales, pero cuando venció el contrato en 2012 los aparatos de los centros públicos se quedaron sin garantías vigentes que los protegieran y los insumos asociados al convenio binacional desaparecieron de los hospitales. A partir de entonces las denuncias de equipos dañados comenzaron a multiplicarse en el país.

Deterioro agudizado
El impacto del vencimiento de las garantías de acceso a piezas y repuestos no fue menor. El equipamiento incluido en el convenio fue despachado a un total de 169 instituciones estatales, según los cálculos que divulgó en marzo de 2012 Héctor Ojeda, presidente de la Fundación Misión Niño Jesús. Fue precisamente en hospitales tipo III y IV del Ministerio de Salud –los cuales están obligados a tener servicios de cuidados intensivos neonatales, de acuerdo con regulaciones vigentes desde 1996–  en los que los problemas se intensificaron como si se tratara de una epidemia.

Uno de los casos más importantes ocurrió en San Cristóbal, Táchira, donde los miembros del Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente encontraron un cementerio de aparatos en una inspección en el Hospital Central de la capital tachirense el 10 de febrero de 2016, a propósito de la muerte de seis recién nacidos en cuatro días. El informe levantado menciona que se hallaron fuera de servicio 30 cunas de transporte con lámparas térmicas, 26 incubadoras, 6 ventiladores, 4 parales de CPAP –equipos de ventilación mecánica no invasiva– y una nevera de teteros. “La falta de mantenimiento de los equipos conllevó a que muchos de ellos lamentablemente se deterioraran”, afirma José Vicente Franco Soto, infectólogo pediatra y coordinador del postgrado de Pediatría en ese hospital.

Galería. El Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes encontró equipos dañados durante una inspección en el Hospital Central de San Cristóbal. Fue en febrero del 2016

Una situación semejante ocurrió en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda de Barquisimeto en el cual 30 incubadoras dejaron de funcionar entre 2015 y 2016 y durante esos dos años quedaron sin los repuestos del convenio binacional. “Las incubadoras que nosotros logramos recuperar fue a través del servicio de electro-medicina del hospital, que es un servicio propio que desarrollamos entre 2013 y 2014, y se repusieron siete u ocho”, explica Ruy Medina, director regional de Salud. Durante ese tiempo, los cupos del servicio de cuidados intensivos neonatales quedaron reducidos debido a la situación. En su momento miembros del Frente de Mujeres de Partido Socialista Unido de Venezuela, que apoya al presidente Nicolás Maduro, denunciaron el hacinamiento del servicio de neonatología de ese hospital ante la Defensoría del Pueblo de Lara y responsabilizaron al gobierno regional pero obviaron enfilar sus reclamos también al Ejecutivo Nacional, responsable del convenio.

Bernardo Guerra, diputado por el estado Vargas y miembro de la subcomisión de Salud del Parlamento, ya en 2012 había asegurado que había tenido acceso a un informe situacional de la unidad de neonatología del Hospital Central de Maracay, la cual es considerada la mayor de Venezuela. El documento divulgado por el parlamentario indicaba que en el piso cinco del centro de salud había equipos que requerían la evaluación de técnicos del convenio Venezuela-Argentina y se mencionaba de manera específica el mal funcionamiento de los ventiladores mecánicos. Guerra obtuvo el informe luego de que se denunciara una cadena de 14 neonatos fallecidos en menos de una semana, en febrero de 2012.

Ángel Sarmiento, presidente del Colegio de Médicos de Aragua, dio una rueda de prensa entonces con palabras directas: “No hay absolutamente nada para garantizarle la vida a los hijos de nuestras madres aragüeñas”. Un neonatólogo de ese centro, que pidió reservar su nombre, enumera las fallas menudas que se convirtieron en grandes carencias: “Por un bombillo, por un cable, por un sensor, por una conexión, por un circuito se descomponen. Si no hay mantenimiento, el equipo se deteriora más rápido. Hay muchos que están dañados y la mayoría no tiene problemas graves”. La Maternidad Negra Hipólita del estado Bolívar es otro caso: tiene cuatro incubadoras de la marca Medix y dos de ellas no calientan, por lo que permanecen inutilizadas en una habitación junto a tres lámparas de fototerapia también averiadas, según se corroboró en una visita.

Expertos consultados para este trabajo no tienen dudas sobre los pasos a seguir.  “El país debe reparar los equipos que están dañados”, dice María José Castro, coordinadora técnica de Protocolos de Atención Neonatal de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. La médica ha trabajado en alianza con el Ministerio de Salud y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, para capacitar neonatólogos venezolanos. Por ello conoce desde dentro el panorama: “Venezuela tiene equipos. Tú vas a los centros de salud y hay aparatos dañados. ¿Qué se debe hacer? Repararlos. Es mucho más barato que comprar nuevos y también es un acto de responsabilidad”.

La tardanza en la reparación de dispositivos se encuentra en contradicción con regulaciones venezolanas y protocolos internacionales. Las primeras se encuentran expresadas en la Gaceta Oficial del 20 de noviembre de 1996 e indican que toda sala de cuidados intensivos neonatales debe contar con, al menos, un ventilador mecánico, una incubadora de transporte –son empleadas para trasladar pacientes que lo ameriten– y lámparas de luz roja o blanca –que se usan para disminuir los niveles de bilirrubina en el recién nacido–. Una publicación más reciente de la Oficina Panamericana de la Salud, de Unicef y del Ministerio de Salud establece la importancia de la disponibilidad de aparatos. El documento se titula “Protocolos de Atención Integral en Salud a Niñas y Niños en el Periodo Neonatal” y señala que para tratar al recién nacido gravemente enfermo se necesita en primer lugar personal capacitado y en segundo término lo siguiente: “(…) equipos, insumos e instrumental accesible y en buen estado”.  La Organización Mundial de la Salud además ha difundido documentos en los que señala que los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos son esenciales para garantizar el acceso a la salud de la población y para evitar que la vida útil de los aparatos se vea reducida.

Para los médicos consultados, el impacto de un inventario con desperfectos va más allá de lo que ocurre en instituciones médicas que poseen equipos con fallas. También consideran que los daños impiden que otras instituciones que no han recibido los insumos puedan dar un salto de capacidad y calidad en sus niveles de atención. Un ejemplo lo representa el Hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello, en Carabobo, donde hay un déficit de 25 incubadoras, según Carlos Mujica, presidente del Colegio de Enfermeros de la ciudad.

En Delta Amacuro, una entidad remota donde habita la segunda población indígena más grande del país, el hospital materno-infantil Oswaldo Ismael Brito carece de equipos para tratar a bebés prematuros con dificultades respiratorias pese a que es una de las regiones de Venezuela con mayor mortalidad infantil según los últimos datos conocidos. Los recién nacidos con dificultades son enviados por carretera a Ciudad Guayana o Maturín. “Muchas veces los devuelven porque no hallan cupo”, dice un trabajador del centro de salud que pide reservar su identidad. Una foto de recién nacidos acostados dentro de cajas de cartón en lugar de cunas en el hospital Guzmán Lander de Anzoátegui recorrió medios nacionales e internacionales, seguida de disculpas públicas de parte de Carlos Rotondaro en calidad de presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales al que está adscrito ese centro asistencial.

El Ministerio Público ha anunciado en no menos de tres oportunidades el inicio de investigaciones con respecto a las denuncias de muertes de neonatos en Venezuela, sin embargo, en sus reportes oficiales y notas de prensa no ha hecho alusión alguna a averiguaciones con respecto a la ejecución del convenio con Argentina y a si el vencimiento de las garantías de continuidad operativa generó daños en el patrimonio público. En los informes publicados por la Contraloría General de la República tampoco se ha examinado el tema ni el relacionado con la planificación financiera para cubrir el mantenimiento de los equipos argentinos: los artículos 69 y 70 de la Ley de Bienes Públicos establecen que la propiedad estatal debe ser preservada y ser empleada para los fines que la hagan útil. En los reportes anuales de la Defensoría del Pueblo no se examinó el tema y tampoco se estableció si la suma de sus desperfectos representó una violación a los derechos de una población vulnerable habida cuenta de que el Estado en la Constitución y en la Convención sobre Derechos del Niño de las Naciones Unidas se hace responsable de brindar salud a la población.

En algunos estados, los consejos de derechos de niños y adolescentes han hecho inspecciones como en Táchira o como en Monagas, donde se realizó una de las primeras en octubre de 2015 en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Universitario Manuel Núñez Tovar de Maturín. Parlamentarios también han realizado visitas en otras salas neonatales, como las de los Hospitales Miguel Oraá de Portuguesa y Luis Razetti de Anzoátegui, y solicitaron interpelaciones a las autoridades ministeriales y de los centros de salud, sin obtener respuesta de los funcionarios ni apoyo de la fracción oficialista.

Reactivación tardía
Un total de siete funcionarios fueron ministros de Salud durante el período de cinco años que transcurrió desde el vencimiento de las garantías de los equipos neonatales de Medix hasta el presente. La lista está constituida por Eugenia Sader, quien encabezó la dependencia entre 2010 y 2013; Isabel Iturria, ministra entre 2013 y 2014; Francisco Armada y Nancy Pérez, que se alternaron en el cargo en 2014; Henry Ventura, quien lo ocupó en 2015 y Luisana Melo y Antonieta Caporale, al frente del ministerio en 2016 y 2017 respectivamente.

Desde 2013 los informes de gestión ministeriales registraban que la reanudación del suministro de consumibles y repuestos era una diligencia pendiente. “Se espera la aprobación y firma de una extensión del contrato”, señala la memoria y cuenta de ese año. A Ventura, médico y quien había sido diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV por el estado Falcón, le correspondió llevar adelante el primer intento de renovación del convenio de dotación y mantenimiento con la compañía argentina en octubre de 2015. El contrato debía cumplirse en tres años y era una manera de honrar una promesa que ya había formulado el presidente Maduro a raíz de la baja de los precios del mercado de hidrocarburos del que dependen las finanzas públicas: “Así el petróleo llegue a cero, nuestros niños tienen garantizado todo, salud, educación y bienestar”.

El gobernante lo dijo ocho meses antes durante la inauguración de la Unidad Pediátrica Neonatal del Hospital Niño Jesús en San Felipe, estado Yaracuy. Aquel contrato con Medix, sin embargo, nunca se cumplió. Los informes financieros de Natus registraron la falta de pago por parte del gobierno venezolano. Según la firma, el gobierno ni siquiera pudo honrar un anticipo de cinco millones de dólares necesario para poder empezar la entrega de los productos y servicios. “Si bien el acuerdo permanece en su lugar, el Ministerio de Salud no ha realizado los pre-pagos requeridos. Dada la incertidumbre derivada de la situación política y económica actual en Venezuela, la Compañía ya no incluye los ingresos o las ganancias del acuerdo en su orientación hasta que haya más claridad en cuanto al rendimiento esperado en virtud del acuerdo”, registra el reporte de Natus del primer trimestre de 2016.

La contratista extranjera atribuyó el retraso en los pagos a la tensión política ocasionada por los comicios parlamentarios en Venezuela, celebrados el 6 de diciembre de 2015, y los cuales fueron ganados por la oposición con amplia ventaja. Al año siguiente, ante el silencio del gobierno venezolano, Natus excluyó el contrato de sus expectativas de ingresos. Al ex ministro Ventura se le llamó telefónicamente para consultarte sobre el contrato. “No sé, no sé, no sé”, fue la respuesta que dio a los interrogantes sobre su ejecución.

El fracaso de la iniciativa ministerial hizo que algunas autoridades regionales asumieran directamente el cuidado de los equipos en vista de la emergencia. Ocurrió con la Lotería del Táchira, instituto de beneficencia adscrito a la gobernación del estado, que en mayo de 2016 financió la rehabilitación de 26 incubadoras dañadas del servicio de neonatología del Hospital Central de San Cristóbal. Para ello hizo una inversión de 6.800.000 bolívares –equivalentes a 680.000 dólares, al cambio oficial a tasa preferencial que se usa para el sector salud–que pagó directamente a la compañía Meditron. “Es la única capacitada para tratar los equipos médicos que llegaron al país, a través del convenio Argentina”, informó entonces Luis Aníbal Velásquez, presidente de la lotería.

Los pocos avances logrados con el contrato de 2015 llevaron al Ministerio de Salud a un segundo intento. En septiembre pasado Melo llegó a un nuevo acuerdo con Medix para la dotación. El gobierno finalmente avanzó con el pago de anticipos de 13,1 millones de dólares en el tercer trimestre de 2016 y de 9,1 millones de dólares en el cuarto, según los registros financieros de Natus. Los términos del acuerdo exigen pagos previos antes del envío de los productos y el inicio de los servicios. Por eso, el balance más reciente publicado por este conglomerado estadounidense, al cierre de 2016, advierte que aunque Medix recibió el primer monto, el resto del contrato, igualmente con una duración estipulada de tres años, no se ejecutará si Venezuela deja de pagar. La posibilidad de una mora es analizada en el informe y se le menciona en vista de las condiciones de la economía venezolana y de los  cambios políticos en el país y en Argentina, donde los más recientes procesos electorales favorecieron a grupos contrarios a los que suscribieron el convenio binacional.

La página web de Natus Medical Incorporated expone el contrato suscrito entre el ministro Henry Ventura y la compañía Medix entre sus balances financieros de 2015

La ministra Luisana Melo rebajó en 2016 el contrato con Medix impulsado por su antecesor hasta casi la mitad del monto inicial

Revise el reporte de Natus Medical Incorporated sobre el acuerdo  Ver documento haciendo click

El mecanismo habitual de pago, de hecho, ya sufrió cambios. El fideicomiso que ambos países mantenían abierto para las transacciones derivadas de los acuerdos binacionales fue cerrado en agosto de 2016 por el gobierno de Argentina según el diario argentino La Nación, que informó entonces que quedaba un remanente de 120 millones de dólares a favor de Venezuela. El fondo conjunto fue constituido el 24 julio de 2004 con la participación de Pdvsa y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela en el marco del Convenio de Cooperación Bilateral Argentina-Venezuela.

Sobre la situación actual del fideicomiso se presentaron solicitudes de información a la corporación petrolera, que no respondió, y a Nación Fideicomisos, ente oficial argentino encargado del fondo. La entidad hizo llegar su respuesta por correo electrónico a través de un asesor de prensa: “Lamentablemente no será posible entrevistar a nadie de Nación Fideicomisos ya que por política de la empresa no se brindan entrevistas ni declaraciones públicas, así como tampoco hay voceros designados. Otro impedimento es que los detalles de los fideicomisos están alcanzados por cláusulas de confidencialidad por lo que mucha de esa información nos es imposible difundirla”. En los informes financieros de la institución argentina, se menciona el fideicomiso al cual se le caracteriza como “Exportaciones a Venezuela – Serie I” sin mayores precisiones sobre el financiamiento de los distintos contratos del convenio y con un solo dato: el máximo disponible a cubrir que se indica es de solo poco más de 400.000 dólares.

La ministra Caporale, quien es médico gineco-obstetra, no contestó a la solicitud de entrevista entregada el 7 de marzo a su despacho. Se intentó contactar, sin éxito, a la exministra Sader también. Esta última, en cuya gestión se vencieron las garantías de mantenimiento, fue investigada por el Ministerio Público por presunto peculado doloso, asociación para delinquir y sobregiro presupuestario en relación con su gestión en el Ministerio de Salud. El despacho finalmente la sobreseyó de los cargos. El silencio alcanzó a las compañías involucradas: ni Natus, ni Medix, ni Meditron concedieron entrevistas para este trabajo a pesar de las solicitudes escritas que se le presentaron el 03 y 16 de febrero de este año y a las cuales se les dio seguimiento en dos oportunidades.

Entre finales de 2016 y principios de 2017, la empresa Meditron, representante de Medix en Venezuela, comenzó a instalar y reparar equipos obstétricos y neonatales en varios hospitales del país como parte de la primera asignación del contrato. Aparatos fueron puestos en marcha en hospitales de Maracay, Caracas, Maturín, Ciudad Bolívar, Barquisimeto y Cumaná, de acuerdo con datos de fuentes vinculadas con la operación. En Anzoátegui también fueron reparadas 62 incubadoras, según fuentes de la institución, pero otras 13 pudieron ser vistas almacenadas y sin uso en el Hospital Luis Razetti de Barcelona en febrero pasado. “El Convenio Argentina-Vzla a través de Meditron continúa rescatando un número importante de incubadoras en retén @GBT_HCentralSC RT”, reza un tuit publicado por la cuenta del Hospital Central de San Cristóbal, el 8 de marzo. Esa fecha fue Día Internacional de la Mujer. María Milagros hubiera cumplido su segundo mes de vida entonces de haber sobrevivido a su nacimiento prematuro en otro hospital en el cual faltaba un aparato clave.

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  1. Muy buen material revisión detallada y minuciosa, forma parte del diagnóstico de salud y del acervo histórico de nuestro sistema sanitario y las políticas de salud con sus programas y servicios.

    Felicitaciones al equipo!!!!!!
    Alejandro Rísquez

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