Aseguró además que se evaluará la posibilidad de hacer extensiva esta regulación a los medios impresos.
Pimentel hizo las declaraciones ante la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de la Asamblea Nacional, que averigua la cobertura que le dieron los medios a las investigaciones de la Fiscalía sobre el asesinato del fiscal Danilo Anderson, ocurrido en noviembre de 2004, quien entonces investigaba a los responsables del golpe de Estado de abril de 2002. El 23 de enero de 2006, el Tribunal sexto de Control prohibió a los medios publicar las actas del expediente del homicidio de Anderson, amparándose en el artículo 304 del Código Orgánico Procesal Penal.
De aprobarse la investigación, las sanciones oscilarían entre 1% y 2% de los ingresos brutos de las empresas de comunicación, según el artículo 28 (numeral 4, literales X y Y) de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.