jueves , marzo 28 2024

Reelección presidencial con los medios en crisis | Balance especial Elecciones 2018

La reelección de Nicolás Maduro transcurrió en condiciones de escasez informativa. Con los medios de baja, la reducción de espacios de noticias y los obstáculos en 12 estados durante la cobertura periodística, las precariedades también llegaron a la web. Los ciudadanos navegaron en Internet  con una plataforma lenta y restringida, mientras que la censura se impuso con fuerza después de las votaciones

La Prensa de Barinas declaró su cierre definitivo. Los diarios Versión Final y Diario Los Andes de Trujillo se convirtieron en semanarios. El Nacional web y Globovisión, medios con sede en Caracas, recibieron medidas de censura por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Esta seguidilla de desinformación tomó la agenda pública luego de las votaciones  en las fue reelecto Nicolás Maduro, el 20 de mayo de 2018. Con el proceso electoral no solo se redujeron los

espacios informativos sino que prevalecieron los obstáculos en 12 estados durante la cobertura periodística.  Las precariedades también tomaron la web, pues los ciudadanos navegaron durante esta jornada con la velocidad más baja registrada por IPYS Venezuela y MLAB desde octubre de 2017. La velocidad de internet móvil durante este periodo electoral pone en Venezuela en las peores condiciones de navegación a escala global, según los datos de Akamai.

Visualización de datos Camila Agelvis

Se lee cero coma cuarenta y cinco. Es igual a 0,45 megabits por segundo la velocidad a la que corrió, en promedio, el internet desde los servicios móviles de Venezuela el 20 de mayo, en unas votaciones en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó nuevamente a Nicolás Maduro Presidente de la República para el nuevo periodo gubernamental 2019-2025. Seis años más de gobierno chavista, que junto los anteriores suman 26.

Este 0,45 indica que la navegación desde los celulares estuvo por debajo de 1 megabit por segundo, y refleja unas condiciones de precariedad en el servicio de conexión on line de los ciudadanos desde diversas zonas urbanas, suburbanas y rurales del país, de acuerdo a las mediciones de la calidad de Internet que corrió el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela junto a la red mundial MLAB, el laboratorio de mediciones de internet.

Las mediciones colaborativas realizadas entre el 19 y el 21 de mayo en el contexto electoral contaron con la colaboración de ciudadanos en todo el país, que realizaron 374 pruebas desde sus conexiones fijas y móviles

Estas cifras muestran que hubo carencias de Internet desde las conexiones celulares y otros dispositivos móviles en diferentes zonas el día de los comicios, en los que también hubo escasez de participación ciudadana, pues solo asistió 46% del total de votantes inscritos en Venezuela, que representan 9,3 millones. Fue un proceso en el que 3 de cada 10 electores escogieron a Nicolás Maduro, con un total de 6,245 millones de votos, de acuerdo al último avance del poder electoral. Las condiciones no fueron justas, de acuerdo al análisis del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), una organización que ratificó que la jornada de votación no fue imparcial, equitativa, transparente y confiable. En un contexto en el que además el gobierno cuenta con una plataforma mediática utilizada con fines proselitistas, mientras los medios independientes y críticos se extinguen.

La lentitud en la navegación móvil durante las votaciones demuestra un deterioro progresivo de la velocidad de conexión en Venezuela. Así se observa cuando se compara la navegación estándar de 0,45 mbps durante los días 19, 20 y 21 de mayo, que marcaron la agenda electoral del país, con el promedio de Banda Ancha Móvil (BAM) anual de Venezuela en 2017, que se ubicó en 2,8 mbps según los datos de Akamai, una organización que reporta las condiciones mundiales de la navegabilidad, y que en su último reporte anual ya alertaba que este país tenía una de las peores condiciones de Internet. Solo le seguían conexiones bajas en el país latinoamericano Costa Rica, con 3,7 mbps, y en Namibia (África) con 3,8 mbps.

La navegación de Venezuela, durante las votaciones presidenciales fue incluso 13 veces inferior a los 6,16 mbps, velocidad promedio que disfrutaron los ciudadanos de 15 países latinoamericanos desde sus conexiones móviles a lo largo de 2017, de acuerdo a Akamai. La lentitud de la navegación interfiere con el principio de acceso a internet, de acuerdo a los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha dicho que “la falta de acceso a Internet incrementa la vulnerabilidad y profundiza la desigualdad, perpetuando la exclusión de muchos”.

Desde las conexiones fijas o tradicionales la situación no fue muy diferente a la reportada por IPYS Venezuela en sus investigaciones anteriores de octubre de 2017 y febrero de 2018, y las mediciones que se realizaron en los procesos electorales del año 2017.

Entre el 19 y el 21 de mayo de 2018, en promedio, la velocidad de conexión fue de 1,67 mbps. Este dato incluso se corresponde con las mediciones de Akamai sobre la conexión fija en Venezuela en 2017, que se ubicó en un promedio de 1,8 mbps.

Estos rasgos de la ralentización de la conexión a Internet en Venezuela ocurren justo cuando Conatel ha dicho que hay una “revolución móvil”.

Solo los oficialistas al aire

El día de las votaciones tampoco hubo espacios libres e incluyentes en la radio. Durante el desarrollo de la jornada electoral, en el espectro radiofónico predominaron la difusión de reproducciones musicales y las declaraciones de voceros oficialistas. Al menos cinco emisoras estatales y comunitarias favorecieron al gobierno transmitiendo declaraciones de personalidades de alto rango gubernamental, quienes además comparten militancia en primera línea en el partido oficialista. Se abrieron los micrófonos para darle espacio al presidente de la República Nicolás Maduro; el ministro para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez; el vicepresidente de la República, Tarek William Saab; la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Varela; la presidente del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; la rectora del CNE, Socorro Hernández; el gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres; la ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Blanca Eekhout, entre otros.

El empresario y candidato a la presidencia, Javier Bertucci, fue el único dirigente no oficialista que tuvo voz durante la jornada de monitoreo. En declaraciones a Actualidad 90.3 FM, emisora del circuito Unión Radio, y la estación Fe y Alegria 105.7 FM, denunció la presencia de puntos rojos en las adyacencias de los centros electorales.

IPYS Venezuela seleccionó 43 diales del ecosistema radial de Caracas, entre los que estuvieron 41 emisoras de radio estatales, privadas y comunitarias de frecuencia modulada (FM) y solo 2 de amplitud modulada (AM).

De la muestra de 43 emisoras seleccionadas por IPYS Venezuela para este monitoreo, al menos 27 medios radiofónicos no realizaron una cobertura completa de un hecho de sumo interés público. Esta tendencia también se presentó en las votaciones de diciembre del 2017. Solo 12 medios radiales ofrecieron información ese día a través de un operativo especial. Así ocurrió entre la 1:00 y 2:00 de la tarde del domingo 20 de mayo.

La mirada oficial prevaleció en televisión. En la televisión de señal abierta las condiciones informativas no fueron distintas. Durante la evaluación del horario matutino fue evidente la tendencia informativa hacia el sector oficialista. Durante el proceso de monitoreo no se detalló ninguna intervención por parte de los voceros opositores.

En los tres medios privados todas las transmisiones estaban relacionadas con declaraciones o con el ejercicio del voto de los voceros oficialistas. Eso permitió corroborar el sesgo político en la información ofrecida por los medios de comunicación social. Las declaraciones presentadas en estos medios fueron las del presidente del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime), Juan Carlos Dugarte; el canciller de la República, Jorge Arreaza; el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Eduardo Piñate; la presidenta de Consejo Nacional Electoral,  Tibisay Lucena y el ministro de Comercio Exterior, José Vielma Mora. Además de esta vocería proselitista, este grupo de funcionarios también extendió sus mensajes a favor de Nicolás Maduro en sus cuentas de Twitter, con excepción de Lucena, quien no se encuentra activa en esa red social.

El análisis de cobertura que hace IPYS Venezuela en este informe se deriva del monitoreo de la cobertura periodística que realizó esta institución en el bloque matutino (7:00 a 8:00 am)  y en el bloque estelar (7:00 a 8:00 pm), en los contenidos de las televisoras de alcance nacional Venevisión, Televen, Globovisión, Venezolana de Televisión (VTV) y ANTV. Dos de ellos de naturaleza estatal y los otros tres son privados.

Los medios estatales difundieron los llamados a votar de la gobernadora del estado Lara, Carmen Meléndez, así como también del gobernador del estado Táchira, Henry Rangel Silva. En la TV también hubo espacio para las declaraciones de Blanca Eekhout, quien comparte su función gubernamental con la militancia partidista.

Durante el análisis del bloque estelar se registró que los medios privados fueron imparciales al presentar las declaraciones del candidato a la presidencia, Henri Falcón, y una entrevista realizada a Jesús Seguías, presidente de la Datincorp, empresa de estudios de opinión pública. Sin embargo, los medios estatales mantuvieron su línea informativa de solo presentar el llamado al voto hecho por Blanca Eekhout y los anuncios de la presidenta de la Misión Jóvenes de la Patria, Mayerlin Arias.

Prohibidos el paso y las fotos

Las acciones de discriminación en la acreditación de periodistas por parte del Consejo Nacional Electoral, los obstáculos para acceder a cubrir el evento desde los centros de votación, y los hechos de intimidación hacia los reporteros por parte de funcionarios militares, fueron los incidentes que afectaron la labor de los trabajadores de medios de comunicación en 13 estados del país durante la jornada del 20 de mayo.

Los corresponsales de IPYS Venezuela, en su jornada de observación en 16 estados del país, también evidenciaron poca movilización y despliegue informativo, así como violaciones de gravedad. La red de IPYS pudo constatar poca afluencia de votantes en los centros electorales y ventajismo para favorecer al sector oficialista, con la instalación de puntos rojos y el escaneo del Carnet de la patria, una nueva forma de identificación ciudadana utilizada con fines electorales.

Aunque el carnet de la patria fue creado so pretexto de mejorar la eficacia de los programas sociales, durante su campaña a la reelección el presidente-candidato Nicolás Maduro ofreció públicamente un bono automático para quienes acudieran a los comicios, carnet en mano. Esto ocurrió en un contexto en el que un sector representativo de oposición decidió no participar, porque consideró que estos comicios  eran ilegítimos, y prefirió abstenerse, por lo cual el Consejo Nacional Electoral emitió una medida de censura en la que prohibía difundir contenidos que apoyaran la postura de no votar. Pese a ello, 64% del padrón electoral no participó en estas votaciones.

Ese día IPYS Venezuela registró 16 casos de restricciones a la libertad de expresión durante la cobertura periodística de los comicios.

Funcionarios militares impidieron el acceso a la información en siete entidades. Se le prohibió a los medios de comunicación realizar la cobertura  periodística en varios centros electorales, y en algunas oportunidades se les prohibía a los reporteros tomar fotografías.

Fue así como en el estado Aragua los reporteros regionales no pudieron hacer seguimiento al ejercicio del voto del vicepresidente de la República, Tareck El Aissami. Gregoria Díaz, corresponsal de IPYS Venezuela en Aragua, explicó que,a  las 7 de la mañana, cuando el segundo mandatario nacional se dispuso a votar en la Escuela Antonio Rojas García de Maracay, los únicos que pudieron ingresar al centro electoral fueron los medios estatales.

Más tarde a las 8:00 am, en Caracas, periodistas de Venezolanos por la Información (VPI) tampoco tuvieron acceso a los centros electorales ubicados en los colegios Humboldt y San Ignacio de Loyola, porque no fueron emitidas sus credenciales de prensa por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esta situación ocurrió también en el estado Táchira, a las 10 de la mañana, en el centro de votación Ciclo Básico Táchira de San Cristóbal, donde un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) adscrito al Plan República impidió a los equipos de prensa de Venezolanos por la Información (VPI) y 30 minutos grabar material audiovisual sobre el desenvolvimiento del proceso de las elecciones.

El militar argumentó que para poder permanecer en el recinto electoral como trabajadores de la prensa tenían que estar autorizados por el superior al mando, a pesar que los reporteros poseían acreditación por el ente comicial.

Igualmente sucedió a las 10:30 am en el estado Guárico, en donde los funcionarios militares no le permitieron la entrada a la escuela República del Brasil al periodista de Fe y Alegría, Luismir Carreño, quien había sido acreditado por el CNE. Los efectivos le negaron el acceso argumentando que el coordinador del centro electoral no ofrecería declaraciones.

Los corresponsales de medios extranjeros no escaparon de las limitaciones. Marjuli Matheus, venezolana y corresponsal del 

Diario de Las Américas y la revista Proceso, fue desalojada por un funcionario del Plan República, de apellido Maldonado, del centro electoral Unidad Educativa Bolivariana Pedro Fontes, ubicada en la parroquia La Vega del municipio Libertador, en Caracas, de acuerdo al relato que ofreció a IPYS Venezuela. Mientras la periodista realizaba una entrevista al coordinador de un centro de votación, el funcionario le dijo que la estadía de la prensa estaba prohibida por “órdenes superiores”.

La corresponsal Marjuli Matheus hizo algunas entrevistas al salir del recinto electoral, pero una ciudadana le comentó que no podía hacer grabaciones y estimuló a un grupo de motorizados a unirse al rechazo contra la corresponsal internacional. Los motorizados amenazaron con robar su teléfono celular si se negaba a retirarse o si continuaba con las grabaciones del proceso electoral. El suceso aconteció en horas del mediodía.

En Monagas, la periodista de la emisora Fe y Alegría de Maturín, Carlenis Avendaño, denunció que una funcionaria del Plan República la obligó a borrar una fotografía que tomó en un centro de votación. A las 8:00 de la mañana, dijo Avendaño a Ipys Venezuela, una militar del Ejército le pidió borrar unas fotografías que tomó de la cola su el celular en el liceo Ildefonso Núñez Mares, en la parroquia San Simón, avenida Bicentenario, alegando que estaba prohibido. La periodista que tenía acreditación del Consejo Nacional Electoral para la cobertura de estos comicios, dijo que en otros centros de votación no tuvo problemas para conversar con electores y hacer fotografías de la jornada.

La normativa electoral venezolana no prohíbe tomar fotografías de los centros de votación ni sus alrededores, pero sí del comprobante del voto y de la máquina de votación. Sin embargo, esta prohibición que se dio contra Avendaño en un centro en Maturín, constituye una limitación al ejercicio periodístico.

Otro incidente ocurrió pasadas las 12:00 del mediodía, cuando un militar del Plan República le impidió al periodista Jefferson Civira, quien trabaja para el diario regional El Periódico de Monagas, hacer una fotografía en el centro de votación Isabel Padrino de Campos, en el sector La Manga de Maturín.

A la periodista Daniela Tábata, del diario El Caroní de Ciudad Guayana, se le impidió tomar fotografías del proceso en tres centros electorales. Las prohibiciones tuvieron lugar en las escuelas La Consolación y La Gran Sabana, que forman parte de la red educativa Fe y Alegría. Esta misma situación se repitió en la Escuela Bolivariana Nacional Villa Bahía. En los tres centros de votación la reportera pudo realizar la cobertura periodística, pero sin registro audiovisual.

Este no fue el único incidente de obstrucción a la labor periodística en Bolívar. Cerca de las 11:15 de la mañana a Marco David Valverde, otro reportero de Correo del Caroní, se le impidió hacer fotografías en liceo Divina Pastora de Ciudad Bolívar, capital del estado. Ni siquiera pudo hacer cobertura porque se le negó el acceso al recinto electoral.

Hostilidad en la calle

En el estado Carabobo al reportero gráfico Saul Zerpa le robaron su vehículo particular mientras cubría el evento electoral a las ocho de la mañana. El fotógrafo, que trabaja para El Café Noticias, estaba cumpliendo con sus labores en la Unidad Educativa San Gabriel, al norte de la ciudad de Valencia, cuando al salir del lugar se dio cuenta de que su carro, Chevrolet Spark plateado, en el que se movilizaba para cumplir con sus labores como reportero gráfico, no estaba estacionado donde lo dejó.

En el estado Trujillo un sujeto desconocido persiguió a un grupo de periodistas del Diario de Los Andes, y tomó fotografías del vehículo donde se transportaban.

El equipo de prensa estaba integrado por Alexander Gonzalez, Henner Vieras, Patricia Araujo y Edgar Alviso, quienes realizaron la cobertura en los municipios Motatán y San Rafael de Carvajal a las 10 de la mañana, aproximadamente. Las víctimas aseguraron que el sujeto dejó de perseguirlos cuando se trasladaban hacia el municipio Valera.

La periodista Nora Sánchez, corresponsal de El Pitazo, fue intimidada por una ciudadana luego de fotografiar un punto rojo en el municipio Libertador en Mérida, en el transcurso de las Elecciones Presidenciales 2018.

“TE TENGO FICHADA” María Fernanda Rodríguez, corresponsal  de IPYS Venezuela, confirmó que un acto de intimidación por una ciudadana hacia Nora Sánchez, corresponsal de El Pitazo, tuvo lugar a las 12 del mediodía, e informó que luego de que se percatara de que la periodista había tomado fotos de un punto rojo, la mujer fotografió la placa y el vehículo donde se trasladaba Sánchez. “Te tengo fichada”, le gritó

En Caracas funcionarios del Plan República detuvieron durante 20 minutos al periodista Juan Carlos Salas, reportero de HispanoPost. En un contacto con IPYS Venezuela, Salas explicó que la detención ocurrió a las 12:20 de la tarde, en el Gimnasio Vertical de la urbanización Bello Campo del municipio Chacao. El argumento fue, una vez más, que estaba prohibido tomar fotografías en ese centro de votación.

Los funcionarios del Plan República también sacaron a empujones al periodista José Ángel Cepeda en el centro votación Lisandro Alvarado de Araure, estado Portuguesa. De acuerdo al registro de IPYS Venezuela, Cepeda se encontraba fotografiando el centro electoral.

Trabajadores del equipo reporteril del diario Correo del Caroní, del estado Bolívar,  recibieron agresiones verbales de efectivos militares cuando fotografiaban una manifestación en la mañana del lunes 21 de mayo. Así lo denunció el medio a través de su cuenta de Twitter.

Según informó Alba Perdomo, corresponsal de IPYS Venezuela, la periodista Jhoalys Siverio y el reportero gráfico William Urdaneta se dirigían a Residencias La Churuata para cubrir unas protestas que se iniciaron en la madrugada, como consecuencia de los resultados electorales.  Cuando se detuvieron en  la plaza Monumental de CVG Urdaneta, uno de los efectivos que se trasladaba en una moto los amenazó. Sin embargo, no lograron identificar el nombre del funcionario.

Reelección con menos periódicos

Posteriormente a las elecciones se conoció del cierre de un periódico y otros dos que cambiaron su frecuencia de circulación por la crisis del papel periódico.  Mientras los venezolanos ejercían su derecho al voto el 20 de mayo, en Barinas se cerraba el diario La Prensa de Barinas, que circuló justo hasta el día de los comicios por falta de papel y otros insumos, como planchas litográficas y tinta.

Alberto Santeliz, quien fue su director durante los 33 años, explicó en un editorial de la primera página del 18 de mayo, que durante el último año “batalló con todas las trabas burocráticas, las negativas, entregó papeles y documentos, compró en el mercado negro, pidió auxilio a otros periódicos para continuar y terminaron imprimiendo los últimos dos meses en el Diario Última Hora de Acarigua”.

No pudieron con las restricciones del Complejo Editorial Alfredo Maneiro (Ceam), empresa del Estado venezolano que centraliza la compra y suministro de papel prensa y otros insumos de imprenta.

La Prensa de Barinas ya había suspendido su circulación temporalmente el 1 de marzo, luego de que el CEAM no atendiera las solicitudes que había estado haciendo el periódico desde octubre de 2017.

“Fue imposible lograr que enviaran las remesas pedidas y canceladas con muchos meses de anterioridad”, comentó Santeliz en la publicación.

Esta misma semana, los diarios Versión Final en el estado Zulia, y el Diario Los Andes del estado Trujillo, anunciaron que dejarán de circular de manera diaria, y se convertirán en semanarios como medida para ahorrar papel e insumos de producción, y no abandonar la calle.

Sin embargo la gerencia de Versión Final insiste en asegurar que esta nueva etapa no representa para el equipo un retroceso sino un reto, y que insistirán en el pluralismo, la sensatez y el equilibrio.

Adscrito al Ministerio de Comunicación e Información, el Complejo Editorial Alfredo Maneiro es en teoría el garante del suministro de materia prima a los medios impresos de circulación nacional y regional que integran la Cámara de Periódicos de Venezuela. Sin embargo, lo que comenzó como un filtro para la prensa beligerante ahora también es sujeto de la crisis económica. La corporación Maneiro limita las operaciones de decenas de empresas porque son críticas al gobierno y porque ya no hay inventario, salvo para algunos pocos impresos del Estado, subsidiados, o de línea editorial oficialista.

De acuerdo con el registro de IPYS Venezuela, más de 50 periódicos han tenido que reducir el tiraje, la circulación y paginación para sortear la escasez de los insumos. En lo que va de 2018, seis medios impresos han dejado de circular de manera definitiva, mientras que otros cuatros han suspendido temporalmente. Estos hechos han incidido en la merma de las ventanas informativas en los estados Aragua, Miranda,  Zulia, Portuguesa, Zulia, Barinas, Sucre, Lara, Monagas y Táchira.

Esta cuenta forma parte de la crisis de papel que apareció en los primeros meses de gestión de Nicolás Maduro en 2013 y que trajo como consecuencia que 44 periódicos dejarán la calle por unos días, meses y otros cerraran para siempre.

Inicio con censura

El nombramiento de Maduro, también, fue sucedido dos medidas de censura. El 22 de mayo, Conatel abrió procedimiento administrativo contra el portal web del diario El Nacional (www.el-nacional.com)  por presuntas violaciones a la Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorteme), y a la Ley Contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

Conatel ordenó a El Nacional web a “abstenerse de publicar noticias y mensajes que puedan atentar contra la tranquilidad de la ciudadanía, pudiendo generar alteraciones en la población, al ofrecer información errada o infundada”. Sin embargo, no aclara cuáles son los contenidos que originaron la investigación, por lo cual la orden configura una medida de censura previa al prohibir al medio publicar contenidos que son de interés público.

Miguel Henrique Otero, presidente de El Nacional, argumentó que el proceso abierto es un “acto de retaliación política”. Aseguró a IPYS Venezuela que la medida contra el portal web intenta silenciar la influencia del medio en el espectro digital.

La segunda medida de censura a tan solo cinco días desde que Nicolás Maduro se reeligió en la presidencia fue este 25 de mayo, cuando Conatel emitió un exhorto a Globovisión para que deje de emitir mensajes que desconozcan a las autoridades.

Esto ocurrió luego de una entrevista que hizo el periodista Dereck Blanco el pasado 22 de mayo, en el programa Primera Página, al excandidato presidencial Luis Alejandro Ratti, en el que instó al desconocimiento de los Poderes Electoral y Ejecutivo. Luis Ratti calificó de dictadura al gobierno de Maduro y juzga como fraudulentas las elecciones del pasado 20 de mayo. Dice que los resultados fueron maquillados por Tibisay Lucena y Nicolás Maduro.

Conatel llama la atención al medio acerca de que el moderador no haya exhortado “oportunamente al cumplimiento de la ley Resorteme, la cual prohíbe la difusión de mensajes que desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas y así con ello evitar promover la desinformación a la colectividad y posibles sanciones al prestador de servicio, es decir al canal”.

Según los estándares internacionales esta medida estaría coartando la libertad de expresión y promoviendo la censura de sectores críticos, o de asuntos de interés público. También puede promover la censura interna, en tanto que otros medios pueden abstenerse de hacer seguimiento o cobertura por temor a las sanciones.

En esta medida de censura se apela a la supuesta responsabilidad establecida en la norma contra el odio, la ley RESORTEME y la Constitución. Sin embargo, la Constitución más bien establece una comunicación libre, abierta y plural, y prohíbe explícitamente la censura.

IPYS rechaza las medidas arbitrarias realizadas por la comisión de telecomunicaciones que atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información, contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los estándares internacionales de libertad de expresión.

Dirección ejecutiva: Marianela BalbiDirección de libertades informativas: Mariengracia ChirinosInvestigación y redacción:  Ciudadanos,  Red Nacional de Corresponsales de IPYS Venezuela, Maruja Dagnino, Juan Pablo LáresMariengracia Chirinos | Edición: Maruja Dagnino | Sistema de monitoreo de derechos digitales: Scarlet Clemente y Daniela Alvarado  | Dirección de comunicaciones: Maruja Dagnino | Coordinación de campaña y redes sociales: Aura García | Red Nacional de Corresponsales de IPYS Venezuela: María Fernanda Rodríguez (Mérida), Ana Karolina Mendoza (Zulia), Keren Torres (Lara), Gregoria Díaz (Aragua), Adriana Pérez Gilson (Falcón), Alba Perdomo (Bolívar y Delta Amacuro), Luis Javier Bazán (Portuguesa), Lorena Arráiz y Daniel Pabón (Táchira), Andrés Astudillo (Anzoátegui), Ronny Rodríguez (Monagas), Dayrí Blanco (Carabobo), Nairobi Rodríguez (Sucre) Miguel Cardoza (Apure), Aylin Hidalgo y Raúl Segovia (Trujillo) | Diseño y construcción del Índice de las Libertades periodísticas: Carolina Carrera, Carlos Medina, Bárbara Sosa | Trabajo de campo: María Victoria Fermín, Kira Al Assad, Roraima Grillet, Alfonzo Rodríguez, Julián Rodríguez y Mariengracia Chirinos | Visualización de datos Camila Agelvis

Descargue aquí la infografía completa

20mBalance_infografia-1.png (308 descargas )

Ver también

Reporte Anual 2023 de IPYS Venezuela “En el laberinto de la censura”

Estos son algunos de los datos que ilustran el camino lleno de limitaciones que atravesó …