Huérfanos de la salud

Sección 2                                                                                                                                      s     a

Estado evade compromisos internacionales dsfsd sobre niñez

Los expertos independientes del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas presentaron una serie de exigencias al Estado Venezolano en una reunión celebrada en Ginebra, Suiza, hace tres años. Las demandas de los especialistas se centraban en el cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño suscrita por la República y tocaban aspectos cruciales: “reducir la malnutrición”, “aumentar la cobertura de vacunación”, “asignar recursos suficientes al sistema público de salud”, “elaborar una estrategia para reducir la mortalidad”, y garantizar el “acceso efectivo a la justicia”. Los esfuerzos del gobierno no han sido suficientes en esos ámbitos, según las evidencias que recogió el proyecto de periodismo de investigación Huérfanos de la Salud. Y desde 2014 al presente los males que han afectado a la infancia venezolana se han acentuado, según denuncias de las organizaciones sociales.

La deuda estatal se puede resumir con dos dígitos: 13 compromisos ignorados y 4 llamados de alertas desatendidos. Así se desprendió de una revisión de 22 reportes de organismos internacionales realizada por Ipys Venezuela en materia de salud infantil. Las obligaciones que debían ser honrados por mandato constitucional incluyeron no solo las del Comité de Derechos del Niño en 2014, sino también las que presentó el año siguiente el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales en una reunión celebrada en 2015, a la que asistieron una nutrida delegación estatal y también representantes de organizaciones no gubernamentales.

 

Los llamados de la ONU sobre el tema de la salud también se han realizado a las autoridades través de otros canales. El desabastecimiento de medicamentos en Venezuela ha encendido las alertas en la organización. Los relatores especiales del derecho a la salud, que son expertos calificados con destacada trayectoria,  enviaron cuatro cartas privadas, entre febrero de 2014 y septiembre de 2016, al gobierno nacional con el fin de exigirle que tomara medidas urgentes para que los ciudadanos tuviesen acceso a las medicinas esenciales. La Cancillería respondió, entre septiembre de 2014 y diciembre de 2016, sin asumir compromisos concretos y sostuvo que había una «guerra económica contra el Estado venezolano» que generó una situación de escasez y dificultó “el acceso normal a insumos médicos y medicamentos”.

Las mejoras en las políticas de distribución de tratamientos también aparecieron en las peticiones que le hicieron otros países a Venezuela en 2016 en el marco del Examen Periódico Universal, una evaluación que realiza Naciones Unidas para medir situación de los derechos humanos en más de 90 países. El gobierno optó por aceptar la sugerencia que le hizo El Salvador sobre este tema pero rechazó una solicitud similar que le presentó Canadá. La delegación nacional se escudó en el argumento de que “algunas recomendaciones realizadas sobre el derecho a la salud” se prestaban “a confusión”, y tenían una “fuerte orientación politizada y negativa”. El gobierno tomó esta posición a pesar de que el derecho a la salud de la población infantil está contemplado en los pactos internacionales, ratificados por la República desde hace más de cuatro décadas.

En las evaluaciones realizadas a la República, Venezuela fue cuestionada por haber incumplido la obligación de formular un plan integral de protección a la niñez para el período 2009-2013, que debió  delinear las estrategias indispensables para el país. El del plazo 2015-2019 no se conoce aún, lo que ha mantenido a Venezuela en la mira de observadores y activistas nacionales e internacionales de derechos humanos.

Unicef, otro de los organismos del sistema ONU, también ha expresado recientemente preocupación pública por la situación de la salud infantil en Venezuela. La oficina regional de Panamá emitió un comunicado en que manifestaba inquietud por el incremento de la mortalidad neonatal y por la expansión de enfermedades inmunoprevenibles, entre otras. La oficina local, que ha guardado silencio con respecto a esos temas, desarrolla planes de cooperación con el Idenna, el Ministerio de Salud y el TSJ, instituciones que han sido cuestionadas por defensores de derechos de la infancia. Con el Consejo Nacional de Derechos Humanos –una instancia nacional adscrita a la Vicepresidencia de la República– Unicef firmó un convenio para trabajar en un “plan enfocado en asegurar los derechos de la niñez y la adolescencia en el sector de la salud”. Se comprometieron también a fortalecer el “sistema de protección de la niñez, la promoción de los derechos a distintos niveles, y la mejora en la aplicación de “los principios del interés superior del niño y su prioridad absoluta”. Principios que, para muchos, no se respetan.

Luego de que los tribunales de infancia negaran, en la primera oportunidad, una solicitud para obligar al Ministerio de Salud a tomar medidas especiales a favor de pacientes pediátricos, Cecodap y Redhnna pidieron una reunión con los representantes locales de Unicef. Estas organizaciones le pedían buscar “soluciones a los problemas de escasez de medicamentos y alimentos que afrontan los niños”, según se constata en la carta. La petición no fue respondida como tampoco una solicitud de entrevista que le fue presentada para este trabajo el 6 de julio de 2017. Un silencio que, a juicio de las organizaciones sociales, en la circunstancia actual, debe cesar.