Los vetos digitales han hecho que Venezuela resalte en las mediciones mundiales. En 2017, en el Índice de Libertad en la red de Freedom House, estuvo entre los 22 países con mayores limitaciones a contenidos. Esas restricciones se mantuvieron en las pruebas realizadas por IPYS Venezuela en agosto de 2018, cuando la censura tuvo distintos comportamientos en las 14 entidades en las que se levantaron evidencias para esta investigación.

Para esta investigación dos mil setecientas pruebas se recogieron en el estado Táchira, que destacó por la más grande cantidad de bloqueos. Allí los mayores obstáculos a contenidos estuvieron en los portales proxyanonimo.es –página que ofrece un servicio de puente o intermediario para vencer las interferencias de conexión– y maduradas.com –espacio digital informativo, crítico a la gestión de Nicolás Maduro. Pasó igual con los portales extranjeros que generan información sobre Venezuela, como Infobae y NTN24. En esta zona fronteriza también hubo vetos frecuentes para acceder al blog de Alek Boyd, un bloguero que se ha dedicado a publicar información sobre hechos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno de Venezuela.

Los contenidos sensibles fueron otros en el oriente del país.

Los usuarios de Nueva Esparta tuvieron mayores dificultades para consultar contenidos noticiosos producidos en Venezuela. Los bloqueos más recurrentes durante las mediciones fueron el-nacional.com y VPI TV, censura que también se sintió en Sucre, un estado peninsular donde se sumó a la lista de portales con mayores sensibilidades Vivoplay, una televisora digital que fue bloqueada en 2017 por orden de Conatel. Hacia el centro del país sobresalieron otros portales menos conocidos: minuto30.com y noticias.com. Mientras que, en Carabobo, el contenido hípico resaltó por las restricciones a tuhipismo.com.

Estos bloqueos digitales ocurrieron en una Venezuela de intermitencias, no solo por la censura de contenidos sino por las interrupciones en el servicio de internet en esferas privadas y estatales. Lidiar con las restricciones para consultar las informaciones en línea y visitar algunas páginas web no fue el único desafío de los ciudadanos. También tuvieron que padecer las restricciones de la navegación del país con las peores condiciones de conexión de América Latina. Entre enero y julio de 2018, la velocidad promedio de conexión fija fue de 1,81 megabits por segundo (mbps), que es la escala de medición que se utiliza para conocer la rapidez con la que corre el internet.

Estos datos son un aporte del Laboratorio de mediciones de internet (MLAB por sus siglas de inglés), una comunidad de investigadores y técnicos que se encarga de monitorear el tráfico y la calidad de la conectividad a escala mundial, trabajo que en este país realiza en alianza con el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Los resultados revelan que Venezuela se ha mantenido en las mismas condiciones de navegación que durante el primer cuatrimestre de 2018, de acuerdo a los datos de Akamai, que es una empresa privada dedicada a analizar este tipo de datos.

La cifra indica que la velocidad con la que corrió el internet a nivel nacional en los primeros siete meses de 2018 fue ocho veces menor a lo que lo hicieron, en promedio, los usuarios en Chile, país que tuvo un récord de 9,3 mbps entre enero y abril del año pasado. Incluso Colombia navegó en un estándar de 5,5 mbps, mientras que Argentina lo hizo a 6,3, y el internet en Perú corrió a 6,2.

MLAB e IPYS Venezuela recogieron 40 mil mediciones en los 24 estados para testear las condiciones en las que navegaron los ciudadanos entre enero y julio. Estos datos reflejaron que la navegación fija, por servicios de conexión residencial o comercial, como los de CANTV y otros que son privados y exclusivos, fue de 1,8 mbps. La conexión, en este tiempo, tuvo mayores precariedades en los servicios móviles a través de conexiones satelitales e inalámbricas. En estos proveedores el internet corrió, en promedio, cuatro puntos por debajo para lograr 1,4 mbps. La inferioridad de las conexiones en Venezuela resulta un fenómeno porque la mayoría de los países de la región ha diseñado y ejecutado políticas públicas que han mejorado el desempeño de la navegación móvil, como consecuencia de la implementación de nuevas tecnologías. Venezuela en cambio ha tenido un rezago en esta materia, de acuerdo con estudios realizados por Freedom House, Akamai, y unidades de investigación de la Unesco.

CANTV, que cubre la mayoría del mercado tuvo un promedio de conectividad de 2,05 mbps en estos meses. La racha de esta empresa se ha mantenido constante cuando se compara con las mediciones que realizó IPYS Venezuela entre noviembre de 2017 y enero de 2018.

El desempeño de CANTV, que no llega a representar ni la mitad del promedio regional según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), rondó los 5 megabit por segundo en 2016. Pero en los primeros siete meses de 2018, CANTV acumuló un mejor comportamiento que el de las principales empresas móviles. Los registros obtenidos indican que Movistar, empresa que gestiona la concesión de la empresa internacional Telefónica, tuvo una velocidad que fue la mitad de lo que tuvo CANTV al alcanzar sólo un promedio de 1,19 mbps. Digitel estuvo por debajo con 0,93 y Movilnet -una filial estatal- solo navegó a 0,64. Esto habla de una navegación llena de precariedad si se toma en cuenta que la CEPAL ha establecido como estándar una navegación mínima de 0,257 mbps para poder ser considerada de Banda Ancha.

Entre enero y julio de 2018, sólo hubo un mejor comportamiento de la velocidad en el país en el mes de abril, en los días anteriores a las elecciones presidenciales. En ese mes la conectividad, en términos generales, subió a 2,4 mbps. Luego de la reelección de Nicolás Maduro, el internet en Venezuela corrió entre 1,8 y 1,5 mbps.

Este comportamiento cambió al mirar el mapa nacional, en el que destacó el estado Táchira, no solo por la alta proporción de bloqueos, sino también por las precariedades de la conexión. Esta región andina tuvo un promedio de navegación de 0,61 mbps, que la ubicó entre las cuatro entidades con peor conectividad del país entre enero y marzo.

Táchira fue uno de los once estados que tuvo un promedio de conexión por debajo de un megabit por segundo. En ese grupo estuvieron también Aragua, Sucre, Bolívar, Falcón, Mérida, Guárico, Delta Amacuro, Cojedes y Apure. Mientras tanto, Zulia y Caracas alcanzaron una media de 1,8 mbps, que fue la más alta del país.

La lentitud de la conectividad en Venezuela ocurre en medio de una crisis de los servicios públicos, de acuerdo con la documentación que han hecho Provea y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). Las fallas de internet se han convertido en un problema generalizado.

Al menos 60% de los usuarios reporta suspensiones del servicio en el país y 40% denuncia que tiene dificultades para conectarse, y las restricciones se presentan varias veces al día. Esta es una constante por lo menos en Táchira y Bolívar, según los resultados que surgieron de una encuesta de percepción de calidad de los servicios públicos que desarrolló la Asociación Civil Entorno, Sociedad, Desarrollo y Ambiente entre junio y agosto de 2018. Para ello consultaron a 5.200 personas en ocho ciudades del país, según se lee en una reseña del portal de análisis Prodavinci.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reconocido que el derecho a la libertad de expresión ha encontrado en internet un instrumento para llegar a amplios sectores de la población. Estas restricciones del servicio de internet interfieren con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En su reporte de 2018, Naciones Unidas ha considerado que “las limitaciones en cuanto a la capacidad y velocidad de las conexiones de banda ancha afectan la calidad y funcionalidad de esta herramienta para el desarrollo, con lo que se amplían las desigualdades existentes”.

IPYS Venezuela también ha insistido en que internet es un instrumento indispensable para el ejercicio pleno de los derechos humanos, especialmente para la exigencia de mejores condiciones de calidad de vida y mejores servicios públicos.