Las mediciones que se hicieron en agosto constataron que la discrecionalidad acompañó esta práctica de censura debido a que no fueron bloqueos absolutos y permanentes. Hubo también niveles de disponibilidad para toda la lista que se evaluó, con condicionamientos más abiertos o más cerrados. Esto reflejó que las teleoperadoras, bajo el juego de distintos mecanismos, decidieron qué portales podían ver los usuarios y cuáles no, en diversas fases de intermitencias.

La muestra de portales estudiada también tuvo un tratamiento distinto por cada proveedor, que dejaron niveles de disponibilidad para permitir el acceso, entre 26% y 52%. Estas proporciones indican que hubo una constante de bloqueo que se mantuvo firme en al menos la mitad de los contenidos consultados durante las 692 mediciones.

La modalidad más frecuente que utilizó Digitel, en 7 de cada 10 mediciones, fue el bloqueo por DNS, mientras que Movistar lo aplicó en 59,3% de veces. CANTV lo hizo en 38% y Movilnet alcanzó 31%. Los bloqueos por HTTP fueron más altos en Movilnet y Movistar, empresas que utilizaron este mecanismo en 8% de las mediciones que se hicieron desde cada uno de estos servicios móviles. El mecanismo de bloqueo por TCP/IP resaltó entre las pruebas que se corrieron desde la operadora estatal Movilnet, que recurrió a esta forma en 157 oportunidades.

La bitácora ciudadana

IPYS Venezuela emprendió una consulta empírica, semanalmente, para llegar a estos hallazgos. Esta exploración mostraba los cambios de los patrones de censura, así como las variaciones por proveedores, días y puertos de conexión. Estas consultas como usuarios digitales condujeron al equipo a respaldar las evidencias con mediciones técnicas. Estas pruebas a su vez motivaron la conformación de una mesa de trabajo multidisciplinaria –en la que se juntaron periodistas, estadísticos, informáticos, sociólogos y bibliotecólogos– que estuvo durante más de mes y medio pensando cómo abordar la complejidad de las mutaciones y la intermitencia de los bloqueos en Venezuela.

Esta insistencia permitió documentar y describir el comportamiento de la censura en la red, derivada de los bloqueos que afectan la operatividad de diversos portales, la disponibilidad de contenidos y el derecho de los ciudadanos a consultar contenidos e información en las plataformas digitales. El interés de IPYS Venezuela se centró en la necesidad de contar con información valiosa, verificable y sólida sobre las modalidades de los bloqueos digitales, que limitan el acceso y la neutralidad en la red. Esto facilitó el levantamiento de información, y obtener un diagnóstico detallado de las estrategias que las principales teleoperadoras aplican de manera directa e indirecta para censurar contenidos en la red.

El monitoreo técnico que fundamentó esta investigación aplicó la metodología desarrollada por el Open Observatory Of Network Interference, comunidad mundial de la que IPYS Venezuela forma parte. Esta es una red global que se dedica a rastrear las operaciones de censura, vigilancia y manipulación del tráfico en internet en las distintas partes del mundo. Sus reportes incluyen estudios realizados en diferentes países como Sudán del Sur, Mali, Egipto, Etiopía, Nigeria, Pakistán, Sierra Leona, Irán, España, Cuba, Indonesia, Myanmar, Tailandia, Malasia, Gambia, Bielorrusia, Zambia y Uganda. Los trabajos de monitoreo se desarrollan en contextos de crisis política y social, como épocas de elecciones o protestas. Así, el respaldo técnico que OONI estaba ofreciendo al mundo desde 2012 llegó a Venezuela en el marco de una línea de investigación que adelanta Ipys Venezuela sobre derechos digitales.

El abordaje de las mediciones supuso un reto para sacarle mayor provecho a la colaboración ciudadana y por ello las evidencias se recabaron a través de su aplicación móvil OONI Probe, que es un software libre y de código abierto diseñado para medir la censura de internet, disponible para sistemas operativos Android y IOS. La prueba de conectividad web de OONI está diseñada para medir de manera automática si los sitios web seleccionados están bloqueados en sus diferentes modalidades: DNS, HTTP, TCP/IP.

Por las diversas dimensiones de la censura digital en Venezuela, el equipo de investigación decidió estudiar portales contenidos sensibles. Por esto se seleccionaron intencionalmente 53 páginas web, a las que se aplicó pruebas de medición para determinar si se encontraban disponibles o con algún nivel de bloqueo. Surgieron principalmente de una lista definida por el CitizenLab –que investiga controles de información, y vigilancia y limitaciones de la red–, la cual fue actualizada para este estudio. Casos recientes de bloqueos sistemáticos para contener información sensible y de interés público llevaron a la incorporación de los nuevos dominios. La muestra incluyó sitios web de medios de comunicación, herramientas de anonimato y elusión, juegos de azar, acortadores, así como herramientas de VPN que ofrecen conexiones privadas y seguras.

La ruta para conocer si las páginas estaban censuradas o no, y de qué forma, comenzó con varias pruebas piloto destinadas a establecer parámetros apropiados: el número de pruebas necesarias por proveedor, los días más convenientes de la semana, las franjas horarias. Y la decisión fue así: cuatro días del mes de agosto -17, 19, 20 y 22- con tres días de semana y uno de fin de semana, tres mediciones por día en los bloques de ocho a diez de la mañana, de mediodía a dos de la tarde, y finalmente de cinco a siete de la noche.

Las mediciones corrieron desde los dispositivos móviles de los colaboradores a través de las operadoras móviles Movistar, Digitel y Movilnet, y el servicio de banda ancha fija de CANTV, que cubre la mayoría del mercado del servicio de internet en Venezuela. Así se conformó una muestra en la que que la mitad del análisis cubrió correspondió a servicios privados y la otra mitad a servicios estatales.

Las jornadas de medición que se realizaron cumplieron dos momentos. En la primera fase los colaboradores de esta investigación levantaron pruebas a través de OONI Probe, desde sus dispositivos móviles. En la segunda fase, ellos llevaron los resultados a un formulario digital que estaba integrado a una base de datos, y éste fue el insumo principal para realizar el análisis de resultados. Cada miembro de la red de medición repitió esta secuencia durante doce veces a lo largo del operativo.

Los hallazgos de esta investigación fueron el resultado del seguimiento y monitoreo riguroso que se hizo de manera colaborativa, desde la perspectiva ciudadana. Para ello, esta organización contó con 62 voluntarios, entre los periodistas, estudiantes de periodismo y activistas de distintos estados del país, bajo la coordinación de los líderes de la Red Nacional de Corresponsales de Ipys Venezuela.  

Esto permitió tener una amplia cobertura geográfica que abarcó 64% del territorio nacional para levantar evidencias en 14 estados del país: Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Zulia y el Área Metropolitana de Caracas. Nueve de estos estados son los que presentan la mayor densidad poblacional del país.  

Con este operativo se alcanzaron 692 mediciones para cada uno de los 53 portales web incluidos en el estudio, lo que permitió obtener 35.984 pruebas. La mayor cantidad de datos a nivel nacional se obtuvo desde las corridas que se hicieron con el servicio de Movistar, y que fueron 11.128, lo que representó 31% de las pruebas obtenidas. Además, 27% de los datos representaron las evidencias desde CANTV, que acumularon 9.776. Movilnet y Digitel también se incluyeron en las pruebas y desde cada una de estas operadoras se aportaron 21% de los datos.

Las medidas más recientes no ofrecen una perspectiva de cambio. La estrategia sistemática de bloqueos que encontró esta investigación se ha extendido al sector bancario nacional: el 27 de agosto de 2018 se dio a conocer la orden de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) hacia el sector financiero para controlar, de forma especial, la información y uso de cuentas de los clientes que emigren. El protocolo establece la obligación de las entidades de bloquear direcciones IP de clientes que no notifiquen previamente sus planes de ubicación en el extranjero, y así negarles el acceso a su cuenta en línea. El organismo alega razones de seguridad tecnológica,  pero el bloqueo como política de Estado sigue avanzando.