El Pitazo, con la mayor red de corresponsales del periodismo nacional, ha necesitado ofrecer diferentes vías de difusión de sus contenidos en momentos de demanda urgente de información. Las probabilidades de que los usuarios del internet venezolano puedan entrar de forma oportuna al portal de noticias están reducidas: elpitazo.com se encontró bloqueado en 625 de 692 intentos para acceder a la página practicados entre el 17 y el 22 de agosto desde distintas partes del país, a diferentes horas y mediante varios proveedores de internet. La página web sólo estuvo disponible en apenas 5,5% del total de las pruebas.

Cuando los usuarios intentaron abrir este portal desde elpitazo.info, otro dominio alternativo, tampoco pudieron acceder en una proporción 90% de las pruebas realizadas. Pero la ruta de conexión más sensible la marcó elpitazo.ml, que fue el último registro digital que activó este medio para vencer la censura y que fue bloqueado por las operadoras a principios de agosto de 2018. Este localizador web estuvo censurado 91,5% de los intentos realizados, lo que indica que solo uno de cada 10 usuarios lo pudieron ver.

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, IPYS Venezuela, que mantiene una línea investigativa sobre derechos digitales, desarrolló un estudio en el que buscó las mismas 53 páginas web casi 700 veces cada una, durante cuatro días. Los resultados exponen que, en promedio, sólo fue posible acceder a los contenidos en menos de la mitad de las pruebas debido a algún tipo de bloqueo intermitente. Estas restricciones para acceder a las páginas monitoreadas –que incluyeron medios de comunicación y portales de información hípica y de cotizaciones del dólar paralelo– incumplen principios constitucionales y estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la información. El silencio impera en los principales actores estatales y privados encargados de administrar el acceso a los sitios web.

Ipys Venezuela ha realizado este tipo de monitoreos a partir de 2014 mediante las herramientas técnicas que ofrece el Observatorio Abierto de Interferencia en Red (OONI, por sus siglas en inglés) para “detectar censura, vigilancia y manipulación del tráfico en internet”. La organización se dedica al desarrollo de pruebas de software gratuitas que permiten examinar bloqueos de sitios web en todo el mundo. En Venezuela, los hallazgos obtenidos con el uso metódico de la aplicación permiten establecer un comportamiento sistemático de censura digital a través de bloqueos intermitentes de ciertas páginas web.

Derechos inter-cortados

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en 2013 unos primeros estándares sobre libertad en internet como una condición indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos humanos. A principios del año siguiente, no obstante, cuando protestas callejeras contra el presidente Nicolás Maduro cumplían un mes, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) –que regula las telecomunicaciones en Venezuela– convocó a todos los proveedores de servicios de internet para una causa contraria: la reunión consistía en “asuntos referentes al bloqueo de páginas web y al uso de la herramienta de bloqueo de páginas”, según declaraciones de entonces de Patricia Valladares, presidenta de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (Casetel).  Estas medidas también se hicieron públicas en voz de Andrés Eloy Méndez, director de ese organismo para el momento. En junio de 2018, afirmó que el gobierno se encontraba en proceso de adquisición de desarrollos tecnológicos que permitían identificar, bloquear y censurar contenidos en línea.

En los años anteriores, casos aislados de bloqueos temporales de algunas páginas habían sido reseñados y denunciados por varias organizaciones no gubernamentales desde 2007, sin que hubiese respuesta o justificación oficial ante el público sobre las intervenciones. El tema adquirió otra dimensión con la reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos de 2010, que sentó las bases jurídicas para la ejecución de bloqueos de portales digitales por parte de los proveedores de servicios de internet. Desde entonces, las empresas venezolanas de este campo son las responsables de restringir “sin dilaciones” contenidos que presenten alguna de las características poco precisas apuntadas en la Ley, como incitación al odio, promoción del delito, fomento de zozobra, entre otras, sujetas a criterios y lineamientos reguladores de Conatel.

Los servicios de internet en Venezuela quedaron de este modo bajo amenaza de sanción legal, con altas multas, en caso de incumplir con sus nuevos deberes de limitar el acceso de sus usuarios a aquellas informaciones consideradas desde el Estado como inapropiadas o inconvenientes. Bajo ese contexto, los chequeos técnicos han permitido esclarecer las operaciones que se desarrollan para bloquear de forma intermitente algunos espacios de la web nacional: el nuevo estudio de Ipys Venezuela, basado en la medición de la frecuencia de los bloqueos en 53 portales, evidencia que proveedores privados de internet se mantienen a la cabeza de la censura digital. Su protagonismo en los bloqueos fue identificado dos años antes en un primer proyecto con el respaldo técnico de OONI.

Los datos recabados –a partir de 35 mil pruebas realizadas por ciudadanos–  en la investigación descriptiva de 2018 coinciden con resultados de un trabajo anterior publicado bajo el título Navegar en Libertad en 2016, también bajo la coordinación de Ipys Venezuela y en alianza con la organización Venezuela Inteligente. Aquel monitoreo evaluó la interrupción de 43 portales y reveló el protagonismo de las empresas privadas proveedoras de internet en los obstáculos para la navegación en el país.

Las mediciones realizadas por IPYS Venezuela demostraron que entre 2016 y 2017 los bloqueos fueron constantes, mientras que el fenómeno durante el monitoreo de 2018 mutó hacia bloqueos intermitentes que, durante el operativo, variaron según la ubicación geográfica, las horas y las conexiones de los usuarios. Apareció también una diversidad de las modalidades de bloqueos que aumentan los controles y que hacen más difícil sortear la censura.

La empresa Digitel, en las mediciones de 2018, encabezó los resultados de censura digital con una frecuencia de 70 por ciento en sus impedimentos para acceder a las páginas, seguida por la compañía Movistar con 69 por ciento en su proporción de bloqueo. Los dos proveedores de internet del Estado –la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv) y Movilnet– presentaron un porcentaje de bloqueo de 45 y 42 por ciento.

Las condiciones jurídicas que favorecen este tipo de intervenciones contravienen los derechos de libertad de expresión y acceso a la información establecidos en los artículos 57 y 58 de la Constitución nacional, así como recomendaciones internacionales sobre derechos digitales. Los Estándares de la CIDH para una internet libre, abierta e incluyente rechazan la existencia de presiones sobre los proveedores para censurar la web.

“La responsabilidad objetiva o estricta, que responsabiliza al intermediario por cualquier contenido considerado ilícito en su plataforma es incompatible con la Convención Americana por ser desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática. Este tipo de regímenes promueve el monitoreo y la censura de los intermediarios para con sus propios usuarios”, alerta el documento.

Bloqueos reforzados

Los resultados del monitoreo desarrollado por Ipys Venezuela en 14 estados del país, con colaboración ciudadana, demostraron que los obstáculos para acceder a los portales tienen impacto a lo largo del territorio nacional. Las páginas estudiadas presentaron un funcionamiento intermitente en todas las regiones, aunque la mayor frecuencia se concentró en Táchira, Mérida, Monagas y Caracas. Los bloqueos digitales han derivado en una política de control y regulación de la información, a pesar de que las instancias internacionales de Derechos Humanos los clasifican como recursos extremos que sólo deben aplicarse en situaciones excepcionales y mediante un proceso riguroso y transparente de evaluación y notificación del caso.

Uno de los procedimientos más públicos de Conatel sobre interrupción de páginas web ha sido la orden de impedir el acceso a portales dedicados a difundir el valor del dólar no oficial. Pedro Maldonado, director de Conatel entre 2011 y 2013, abrió expedientes sancionatorios durante su gestión contra las compañías Digitel, Movistar, Inter, Cantv, Supercable, Netuno, Omnivision, y Level 3, por no retirar las páginas sobre dólar paralelo de sus servicios de conexión. “La consecuencia de no cumplir con la medida cautelar que se dicta conlleva la revocatoria de la concesión de las empresas que prestan el servicio”, declaró.

Desde entonces los bloqueos se han ejecutado con un nivel más alto de opacidad, sin mayores anuncios oficiales. La página web de Conatel no ofrece información sobre estas medidas. La interrupción temporal o permanente de sitios web por parte de los proveedores de internet se conoce principalmente por las denuncias que hacen los dueños o autores de los contenidos censurados.

“Es la primera vez, en más de 50 años que tiene la actividad hípica en el país, que ocurre algo de esta naturaleza”, denunció Rubén Marcano, propietario de superfijo.com, un portal informativo sobre hipismo nacional y denuncias en torno a los hipódromos, en agosto de 2014. Marcano afirmaba haber sido víctima de bloqueo en el servicio estatal de internet de Cantv sin notificación ni justificación previa de Conatel.

Las pruebas técnicas respaldan el patrón de censura sobre determinados temas. La disponibilidad de portales digitales sobre precios del dólar paralelo, hipismo, humor crítico y periodismo conforman la muestra de las 53 páginas que fueron monitoreadas por Ipys Venezuela para precisar la intermitencia en el acceso a esos espacios: en qué frecuencia se encuentran disponibles, cuántas veces, por el contrario, aparecen bloqueados, y bajo qué tipo de bloqueo. Aunque, en promedio, más de la mitad de las pruebas resultaron infructuosas para ingresar a los contenidos, los portales de noticias destacan por presentar las frecuencias más altas de interrupciones en los cuatro principales proveedores de internet del país: CANTV, Movilnet, Movistar y Digitel.

El Pitazo y el portal informativo NTN24 presentaron un bloqueo casi total, mayor a 90 por ciento en los intentos para acceder durante los cuatro días de estudio. La siguiente página web con mayor censura fue el servicio de televisión por internet VPI TV (Venezolanos Por la Información) con 88 por ciento en su proporción de bloqueo.

Interruptores encendidos

El tipo de bloqueo a través del dominio de la página web, conocido como Bloqueo por DNS, es el obstáculo identificado más común. El Sistema de Nombres de Dominios (DNS, por sus siglas en inglés) es el puente entre un dominio o nombre y la plataforma web a la que está asociado. “Cuando la computadora de un usuario intenta utilizar un nombre bloqueado, el servidor especial devuelve información incorrecta, como la dirección IP de un servidor con un aviso que explica que el contenido se ha bloqueado. Otra posibilidad es que el servidor indique que el nombre no existe”, explica un informe de internet Society (ISOC), organización global dedicada a promover el desarrollo y la transparencia en el uso del internet en el mundo.

La mitad de las pruebas realizadas con la aplicación de OONI revelaron un bloqueo desde el funcionamiento del DNS, es decir, en que el nombre del portal no pudo conducir al espacio digital que representa. Este mecanismo fue utilizado por todos los operadores analizados. Seis de cada 10 bloqueos ejecutados por Movistar y Digitel se dieron por esta vía, mientras que las operadoras estatales CANTV y Movilnet lo usaron en tres de 10 oportunidades.

Los portales de Dólar Today y El Pitazo han vinculado sus sitios web a nuevos dominios. El monitoreo demuestra que los nombres alternativos de estos medios también fueron incluidos en una lista negra de bloqueos, con una proporción por encima de sesenta y seis por ciento.

El director de El Pitazo envió cartas hasta los escritorios de los directivos de CANTV, Movistar y Digitel el 2 de mayo de 2018, en las que pedía explicaciones sobre el bloqueo intencional que le han aplicado a este medio digital, censurado sin ninguna notificación formal. Los proveedores han optado por el silencio y este portal aún aguarda por una respuesta oficial, ante el veto que le impusieron sin ninguna orden judicial y en desconocimiento de los criterios de transparencia y el debido proceso, condiciones esenciales que se exigen en los estándares internacionales.

La incidencia de esta modalidad también fue alta cuando se consultaron páginas relacionadas al dólar paralelo, a pesar que días antes a esta medición, el gobierno derogó la Ley de ilícitos cambiarios vigente desde hace once años, y estableció unas nuevas garantías para las transacciones con divisas en el país.

A principios de agosto se eliminaron los delitos civiles y penales que incluían la difusión de información sobre el mercado negro del dólar establecidos en la normativa. Sin embargo, en 67% las pruebas realizadas, 18 páginas web creadas para transar dólares por bolívares, como aguacateverde.com, dolar-permuta.com y dolartoday.info, estaban bloqueadas por DNS. Pero los datos reflejaron que la intensidad de la censura en el contenido económico no era homogéneo y variaba en proporción de un dominio a otro. Incluso, bajo esta dinámica también estuvo bloqueado tucadivi.com, dominio que utiliza el slogan de Comisión de Administración de Lechugas. Este tipo de contenidos pudiese ser considerado por las instituciones del Estado como parte de “la guerra económica” que se mantiene en contra del gobierno nacional, de acuerdo al decreto de Estado de excepción dictado en mayo de 2017, en el que se establecieron condiciones legales para bloquear contenidos que supuestamente afectaran la economía nacional.

Un segundo tipo de bloqueo refuerza la dificultad de acceso a portales de noticias y reportajes. Este es el bloqueo basado en HTTP, que consiste en un mecanismo que intercepta o redirige la navegación desde la propia ubicación en la web de la plataforma buscada. Este control del tráfico en internet es considerado más efectivo que el bloqueo de DNS, pero más costoso: “porque el dispositivo de filtrado generalmente debe estar ubicado entre el usuario e internet y, por lo tanto, requiere un elevado nivel de recursos para que su rendimiento sea aceptable”, expone ISOC.

La frecuencia de bloqueos por HTTP sólo es relevante, entre 20 y 50 por ciento en portales periodísticos, mientras su proporción general apenas resultó en 7 por ciento del total de las pruebas. El cerco digital sobre contenidos elaborados por los reporteros de cobertura diaria y de investigación se encuentra más diversificado y reforzado.

La incidencia más alta de este tipo de bloqueos estuvo en las visitas a la televisora digital VPI, en ellas se evidenció censura en su protocolo de navegación en 348 de las 692 mediciones realizadas. Lo mismo le ocurrió en 37% oportunidades a el-nacional.com, la web de El Nacional, uno de los principales periódicos de circulación nacional en el país, que mantiene una línea crítica hacia el gobierno. La misma situación se repitió en las pruebas de armando.info, el único medio digital dedicado exclusivamente al periodismo de investigación en Venezuela.

Armando.info presentó el fenómeno de bloqueo por HTTP durante 23% de los intentos de conexión, aunque también se vio afectado por la censura vía DNS (3,6%) y por el veto por IP (0,6%). Los datos demostraron que este fue un bloqueo intermitente porque en 68% de las pruebas el portal sí estuvo disponible en los servicios de conexión de las cuatro principales teleoperadoras del país.

El portal de investigación Armando.info es un medio que además enfrenta varias dificultades para operar: tiene en curso una demanda judicial desde septiembre de 2017. Parte de su equipo trabaja desde el exilio y enfrenta una medida de censura previa dictada por un tribunal de Caracas conjuntamente con Conatel, que prohíbe a sus periodistas Roberto Deniz, Joseph Poliszuk, Alfredo Meza y Ewald Schafenberg escribir asuntos que “vayan en contra del honor y la reputación del ciudadano Alex Naim Saab Morán”, un empresario con el que contrata el gobierno venezolano para importar alimentos desde distintos países para los programas sociales de alimentación. Esta última medida también fue enviada a las teleoperadoras para que ejerzan un control de censura.

Los bloqueos por IP no solo afectaron a la referencia del periodismo de investigación en Venezuela, sino que también se sintieron en menor medida que las otras clases de bloqueos. Los hallazgos de esta modalidad que eleva el riesgo en el semáforo de la censura digital se encontraron en 1% en las visitas a portales como dolarparalelo.tk, portal que ofrece información del mercado alternativo de divisas; y quelacreo.com un dominio utilizado para divulgar hechos de violencia que ha sido declarado como contenido sensible por lo menos en los últimos ocho años.

IPYS Venezuela encontró esta nueva forma de censura por bloqueos  de TCP/IP en 255 de las 35,9 mil pruebas realizadas. Aunque la proporción fue baja, todos los 53 dominios analizados sufrieron esta técnica de interrupciones forzadas que obstaculiza directamente las conexiones de las audiencias. Ello indica que la intensidad de los vetos digitales aumenta porque son prohibiciones para consultar páginas web, declarando como ilegal el IP o el TCP, que funcionan como un número de localizador o un puerto asignado a cada usuario para su conexión a internet. De esta manera los bloqueos no solamente se dirigen a las páginas web sino que se han ampliado para interferir la consulta directa de contenidos por parte de los usuarios.

El capítulo venezolano de ISOC ha manifestado su preocupación por la ejecución de los bloqueos sin fallos judiciales que respalden las decisiones de limitar los accesos digitales. También ha alertado sobre el poder de vigilancia y filtrado web que el Decreto de Excepción y Emergencia Económica aprobado por el Poder Judicial ha validado para el Gobierno.

La Asamblea Nacional el 14 de agosto de 2018 presentó una resistencia institucional frente al tema, al declarar la responsabilidad política de los presidentes de Cantv y Conatel en los continuos bloqueos de medios de comunicación digitales. “Equivale a quitarle el papel periódico a un diario, quitarle la concesión a una radio o sacar de la parrilla a una televisora”, ilustró el diputado Biagio Pilieri. Las mediciones de Ipys Venezuela y OONI iniciadas tres días después engrosan las evidencias de censura sistemática en el mundo web.