En 2015, el gobierno regional de Francisco Rangel Gómez vendió el equipo de fútbol más importante de la región a Traki, consumando una trama que burló varias leyes con la anuencia del parlamento regional dominado por el oficialismo y el entonces gobernador, hoy desaparecido de la vida pública. El equipo, patrimonio regional, fue mercantilizado por debajo de cuerdas como baratija de feria y cinco años después, Mineros de Guayana colecciona más dueños que goles

Por Marcos David Valverde

El periodista venezolano Oliver González León colaboró con esta investigación desde Lima, Perú.

“Eso no tiene importancia”. 

Dependiendo de cómo se mire, esa frase puede ser, en partes iguales, prólogo o epílogo para esta historia. Su autor es Teodardo Porras, connotado dirigente del chavismo en el estado Bolívar, exsecretario de gobierno de la gestión del gobernador de esa entidad Francisco Rangel Gómez (del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV) y, en un momento, parte de la directiva del equipo venezolano de fútbol Mineros de Guayana.

Hasta ahora no publicadas, esas palabras fueron la respuesta de Porras a la pregunta sobre cuál había sido la ganancia y el porcentaje de acciones con los que se quedó la Gobernación de Bolívar al vender, en 2015, el equipo de fútbol a empresarios privados. Resumía así los escondrijos de una transacción que estuvo lejos del fair play y sobre la que nadie se hace responsable.

La historia oficial registra que a partir de ese año, Mineros entró en un bajón de su rendimiento tras una etapa de logros en la que consiguió, en 2011, ser campeón de la Copa Venezuela (torneo paralelo a la liga) y en 2014, subcampeón de la Primera División.

Pese a la fama y a su pertenencia a un ente estadal, nunca se supo exactamente cómo terminó en manos del grupo Traki, empresarios dueños de la tienda por departamentos del mismo nombre, que adquirió 90% de Mineros de Guayana y dejó el 10% a la Gobernación de Bolívar, según Oscar Patiño, vicepresidente de operaciones de la empresa y vicepresidente del equipo en aquel entonces.

Vender el patrimonio

La historia de Mineros de Guayana (equipo fundado en Puerto Ordaz, estado Bolívar, en 1981) en el fútbol venezolano ha estado más signada por las derrotas que por los triunfos. En ese transcurso ha tenido siempre una sede: el Centro Total de Entretenimiento (CTE) Cachamay -antes conocido como el polideportivo Cachamay- rebautizado así en 2007 tras su remodelación para la Copa América de ese año, el primer torneo de fútbol internacional de gran magnitud celebrado en Venezuela.

En la década de 2000, cuando el chavismo tomó el control tanto de la Alcaldía de Caroní como de la Gobernación de Bolívar, la politización asaltó el equipo. Con la gestión del alcalde Antonio Briceño (del oficialista Movimiento Quinta República entre 2000 y 2004), fue declarado patrimonio de Ciudad Guayana. En aquel momento regía bajo la figura de asociación civil.

Iván García Marrero, periodista deportivo del diario Correo del Caroní, recuerda que esa declaración de patrimonio, más que un gesto con el municipio, fue una estrategia para que Mineros de Guayana no fuese vendido en ese momento. “Fue un decreto para evitar que lo comprara alguien de afuera y se lo llevara de la ciudad”, explica.

Una fuente que pidió el resguardo de su identidad para este reportaje, explica: “Los Yusef se lo habían comprado, entre comillas, a Antonio Briceño. Ellos tuvieron el equipo en la época de Farías”.

El Farías mencionado es César Farías, director técnico de Mineros de Guayana entre 2005 y 2007 y, a la postre, seleccionador de la selección venezolana de fútbol, la “Vinotinto”. Los Yusef a los que se refiere la fuente son los hermanos Eleazar y Raúl, empresarios de la zona.

Esta dupla adquirió al equipo una vez que Briceño dejó la Alcaldía, a finales de 2004. Raúl Yusef, también activista político y excandidato a alcalde del municipio Caroní recuerda que en 2005 dos empresas compraron Mineros de Guayana: Organización Planeta (de él y de su hermano) y TV Zamora, de Sergio Pérez, también empresario local.

“Nosotros estuvimos durante dos torneos: el Apertura y el Clausura. Lo tenía la Alcaldía y el equipo estaba en default. Después de que Briceño dejó de ser alcalde no había cómo mantenerlo y por eso es que se pensaba en venderlo. Nosotros pensamos que el equipo debía permanecer en la ciudad, porque lo de patrimonio, a fin de cuentas, era algo simbólico. Desde allí se filtró para la prensa que los Yusef lo iban a comprar.  Fue un problema muy grande porque había deudas no reconocidas de cuatro y cinco años, con jugadores, con hoteles”.

En 2007, un comprador insospechado comenzó a manifestar la intención de hacerse con el equipo. Era Francisco Rangel Gómez. Yusef recuerda que primero hubo amagues y luego frontalidad en la intención. La Gobernación tenía el control del estadio Cachamay. Esa fue la pieza con la que comenzó lo que hoy el mismo Yusef cataloga como una presión.

“La presión estuvo planteada en el sentido de que no hubo arreglo ni acuerdo sobre el uso del estadio. Ellos (la Gobernación, a través de Rangel Gómez) mantenían que querían el control del estadio y que solo podían alquilárnoslo, pero a la vez nos limitaban la venta de cerveza y la venta de las entradas. Nosotros lo rechazamos. Otra medida de presión fue que el equipo tenía el patrocinio de Sidor (entonces en control de la privada Ternium) y el logo de la empresa estaba en el pecho de la camisa del equipo. Rangel Gómez quería tener el sello de la Gobernación en ese lugar de la camisa”, detalla Yusef.

Entonces las negociaciones para la venta de Mineros de Guayana a la Gobernación de Bolívar comenzaron. “La condición que puse, para no venderlo a un testaferro, es que solo vendía el equipo a una fundación. La otra es que no le cambiaran el uniforme al equipo”, añade.

Por su parte, Rangel Gómez comenzó los trámites, mediante terceros, para cumplir con los requerimientos de los vendedores. En el Registro Mercantil Primero de Puerto Ordaz está el documento que, con fecha 24 de abril de 2007, da el saque inicial para el proceso de comercialización que atravesó el equipo. Ese día, los socios Víctor Raúl Betancourt, Alfredo Campos, María Betancourt, Jesús Brito, Miguel Ángel Escalona, Francisco Salazar, José Perazzo, Teresa Camero y Elis Subero constituyeron la Fundación Cachamay.

En el libro constitutivo de la Fundación Cachamay quedó establecido que esta sería “exclusivamente altruista” y que “promoverá y desarrollará acciones en pro de elevar la calidad en la formación y mejoramiento del individuo a favor del pueblo soberano y contribuir con la administración y canalización de recursos, bienes y servicios que permitan la optimización del deporte”.

De esa forma todo quedó listo para que el equipo quedara en manos de la Gobernación.

Zamuro cuidando fútbol

La Gobernación de Bolívar designó, apenas se constituyó, a la Fundación Cachamay como la encargada de administrar el Centro Total de Entretenimiento Cachamay. En agosto de 2007, en la víspera del Torneo Apertura, Víctor Raúl Betancourt confirmó que la Gobernación, con la anuencia de la Fundación Cachamay, compraría el equipo.

“Todo está en el contexto que podemos decir post Copa América (agosto de 2007). A Rangel Gómez le fue muy bien en la Copa América por una cantidad de cosas que se han hablado: sobreprecios en la construcción del estadio, las ventas de las entradas… fue una gran tajada”, dice otra fuente, ligada con el periodismo deportivo, que prefiere reservar su identidad.

No transcurrió mucho tiempo antes de que el entonces gobernador confirmara la noticia. Las motivaciones que adujo fueron la necesidad de “una política de adquisición transparente, porque ya basta de que Mineros pase de mano en mano”. Y apuntó: “Esto tiene que ver con una política de desarrollo del deporte en el estado, dirigida al deporte profesional”. Finalmente en junio de 2008 ya la venta a la Gobernación era un hecho.

La Fundación Cachamay adquirió todas las acciones del equipo por 1.600.000 bolívares (unos 740.000 dólares, si se toma en cuenta la tasa oficial de entonces: 2,15 bolívares fuertes por dólar). Así comenzó la etapa en la que el gobernador prometió transparencia, expansión y promoción de talentos locales.

Para muchos de los que estuvieron alrededor del equipo en aquellos años, eso no fue precisamente lo que ocurrió. Recuerda un gerente de aquella época, quien también pidió el anonimato, que pronto hubo “quienes hicieron del fútbol local su mina particular”. El deporte quedó en último plano.

“El fútbol es notitia criminis. Siempre se maneja a hurtadillas. Hubo técnicos que terminaron convertidos en empresarios a partir de esta época. Mucho manejo, mucho tráfico de influencias. Eso uno lo ve hasta normal: la normalidad es el negocio. Finalmente, al fanático le importa es si quedan campeones”, recuerda.

Las torceduras respecto de las propuestas iniciales pronto se hicieron evidentes. “Trajeron jugadores de afuera, como José Manuel Rey. Se llegó a decir que   25 mil dólares. En una época hubo plata para traer jugadores. Y los periodistas no preguntaban por el costo. Todo el mundo se tomaba fotos con el gobernador y con los jugadores. Y así fueron esos años”, refiere.

Los contratos con jugadores y técnicos se manejaron siempre de manera soterrada. La transparencia en cuanto a las ganancias fue un asunto que estuvo siempre bajo llave.

Con la Gobernación de Bolívar al frente, el equipo se convirtió en un modelo a escala del ente, en el que secretarios y funcionarios ocupaban sus puestos en reuniones del partido (en este caso, el Partido Socialista Unido de Venezuela) y la gobernación para, luego, ocupar sus sillas como directivos del equipo.

Un primer ejemplo fue la designación como presidente de la Fundación Cachamay del general Ove Rafael Guede García, quien a su vez era secretario de Planificación y Desarrollo de la Gobernación de Bolívar.

Tras la muerte de Guede, Gaetano D’Elia, un empresario local, asumió la presidencia del equipo en mayo de 2009. Por vía telefónica y de manera tajante, D’Elia se negó a ser entrevistado para este trabajo.

Otro caso notorio fue el del general Gilberto Velasco, quien era secretario de Seguridad Ciudadana de la gestión de Francisco Rangel Gómez. De acuerdo con una investigación del portal Poderopedia, Velasco dividió su tiempo en varios roles: además de estar ecargado de la seguridad de los habitantes del estado Bolívar, fue presidente del equipo.

Otro de los nombres que destacó en la junta directiva fue el de Luis Velásquez Rosas, quien en 2011 fue detenido por formar parte del caso conocido como “la mafia de las cabillas”. Velásquez Rosas, también del PSUV, fue gerente de comercialización de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor, reestatizada por Hugo Chávez en 2008), cargo desde el cual comprometió material de la empresa para reventas ilegales mientras aseguraba ser gran amigo de Rangel Gómez.

El apresamiento no afectó al equipo y Velásquez continuó en la junta directiva. Tampoco hubo, al menos públicamente, sanción alguna. El partido debía continuar. Nadie quería pararlo.

De patrocinantes a dueños

Desde 2011, el año de la detención de Luis Velásquez, y hasta 2015, el equipo continuó con adquisiciones y ventas cuyos montos nunca fueron aclarados.

Por ejemplo, la venta en 2012 del jugador Darwin Machís (oriundo de Tucupita) al Granada Fútbol Club, en España. Según el gerente general en ese momento, Juan Pereira, de aquella transacción le quedó 10% al equipo. Los fondos serían usados para la construcción del centro de entrenamiento, algo que nunca sucedió ni con esa plata ni con Rangel Gómez como dueño.

Otro caso fue la contratación del cotizado exseleccionador de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) Richard Páez, quien en 2013 llevó al equipo al triunfo del Torneo Apertura y de nuevo a un torneo internacional, la Copa Bridgestone Libertadores 2015, que pagó al conjunto guayanés al menos 900 mil dólares por entrar a la fase de grupos.

Pero el técnico no fue la única adquisición. La plantilla del equipo creció tanto como el descontento de los jugadores locales que no fueron tomados en cuenta. Los venezolanos Jorge Rojas, Alejandro Guerra, Giovanni Romero y Rafael Acosta estuvieron entre los nuevos talentos. Luego se le sumaron otros reconocidos como Giancarlo Maldonado, Ricardo David Páez y Edgar Jiménez.

No hubo reparo, además, en fichar figuras internacionales. Nicolás Diez (Argentina), Diego Cardozo Barboza (Uruguay), Jorge Serna, Luis Felipe Chará y Walter Moreno (Colombia) estuvieron entre los primeros, además de Julio Gutiérrez (Chile), Julián Hurtado y Zamir Valoyes (también de Colombia).

La nómina fue siempre un tema esquivo de aquellos años. Aunque los patrocinantes eran más, menos eran las explicaciones acerca de cuánto ganaban los jugadores. La prensa local tampoco tenía mucho interés por saberlo: casi todos los medios que cubrían los partidos y eventos del equipo estaban financiados por la Gobernación.

El mismo Juan Pereira, consultado en octubre de 2014 acerca de la inversión anual de la Gobernación de Bolívar en el equipo, despachó el asunto prácticamente como si se tratase de un secreto de Estado.

“Si tú le preguntas eso a cualquier equipo en Venezuela, nadie te lo va a decir. Son cuestiones íntimas (…) en Venezuela ningún equipo lo dice y sobre todo en la situación que hay actualmente en el país, que digamos cuánto se invierte, cuánto gana cualquier jugador… No, eso no lo va a decir nadie”, dijo.

Hoy en día, entrevistado para este trabajo, se reafirma en sus palabras e insiste que: “Lo que ganan los jugadores o las ventas siempre ha sido privado. En Europa sí es normal que se diga eso, pero aquí nunca se habla al respecto. Si se escuchan cuánto vale un jugador son comentarios que salen, que hace la gente. Eso difícilmente se puede saber porque son cosas que no son ni reales: unos dicen una cosa y otros dicen otra”.

Algunas investigaciones determinaron que ciertos pagos no tenían el sustento de transparencia necesario. Uno de ellos fue gestionado por Luis Velásquez (el detenido en 2011 por el caso de la “mafia de las cabillas”) mediante la empresa Orinoco Iron, de la que era directivo, como señala también Poderopedia.

 “A través de esta última, Velásquez, realizó dos pagos de 459.200 bolívares y 583.500 bolívares (176.000 dólares y 224.000 dólares, calculados con la tasa cambiaria oficial de entonces: 2,60 bolívares por dólar) a los equipos de fútbol y baloncesto Mineros y Gigantes de Guayana respectivamente. Para 2010, año de las transacciones, Velásquez era miembro de la directiva de ambos clubes”, detalla la investigación. El pago para Mineros de Guayana tenía por objeto la contratación de Ricardo David Páez, hijo de Richard Páez, como jugador.

Los patrocinios de las empresas básicas siempre fueron frecuentes en la historia de Mineros. Así como también algunas acusadas por corrupción, como el caso de Derwick, señalada en varias investigaciones de cobros excesivos al Estado venezolano por servicios eléctricos de gran envergadura, un caso que se hizo público en 2011 y que fue, además, un ejemplo cúspide para el concepto de “bolichico”, nueva casta de jóvenes adinerados que se enriquecieron a costa de contratos con el Estado venezolano.

“De los patrocinios no te puedo decir nada. Yo no me encargaba de la venta de la publicidad. Si los dueños del equipo eran la Gobernación y entre ellos podían apoyar el equipo. De lo otro de cómo se hizo no estoy enterado. Mi cargo no me permitía ir más allá (…) y hay asuntos en los que es preferible no estar, mantenerse al margen de todas esas cosas”, añade Pereira.

A pesar de la cantidad de empresas y nombres que pusieron recursos en el equipo, pronto todos fueron retirando su apoyo y comenzaron los nuevos amagues para venderlo otra vez. Despuntó entre los interesados Traki, cuyo logo desplazó al de la Gobernación en el pecho de la camiseta del equipo.

De pronto, “promover el deporte profesional”, como había dicho Rangel Gómez, no le interesó a nadie. “Hubo que hacer una negociación porque el esfuerzo que estaba haciendo la Gobernación era demasiado. Hay que comprender eso. Hubo varias ofertas y la oferta que se escogió fue de esta que tenemos ahora de nuestro patrocinante principal”, explicó Teodardo Porras en aquella declaración de 2015, la única vez que ha hablado del tema pues tampoco respondió la solicitud de entrevista para este trabajo.

Sin miramientos, entonces, se vendió el equipo patrimonio de la región.

Leyes fuera de juego

De acuerdo con un exgerente del equipo que opta por el anonimato, la nómina era un gasto demasiado abultado para el ente que dirigía Rangel Gómez, quien prometió la expansión y la consolidación de un bloque emergente de jugadores locales.

“El gobernador ofrece el equipo, aparece Traki como postor y la Gobernación se queda con el 10 por ciento. Julio César Fuentes Manzulli queda al frente como representante de ese 10 por ciento”, apunta la fuente. Una vez más, los detalles de la transacción quedaron en silencio.

En el mismo 2015, Porras refería: “Es el que ofrecía mejores condiciones para el equipo y para la ciudad, evidentemente. Lo que tiene que ver la gente es lo que está pasando por el equipo. La Fundación Cachamay ha salido beneficiada y eso nos rebaja la presión de mantener un equipo, de pagar jugadores en divisas. No tenemos mecanismos para eso”.

César Ramírez, diputado entre 2013 y 2018 del Consejo Legislativo del Estado Bolívar (CLEB) explica el meollo de la ilegalidad de la venta del equipo con tres sustentos jurídicos que fueron violados con aquella transacción: la Constitución del estado Bolívar, la Ley Orgánica de Consejos Legislativos y la Ley Orgánica de Bienes Públicos.

“En el caso de la Constitución, esta establece (en su artículo 120, numeral 20) que el Consejo Legislativo es el que debe autorizar al ejecutivo estadal para enajenar bienes del estado, salvo excepciones de la ley. Ese sería el caso de Mineros. En el caso de la Ley Orgánica de Consejos Legislativos se establece, en su artículo 15, numeral 18, que estos son los que autorizan al ejecutivo estadal para enajenar bienes, muebles e inmuebles con las excepciones que establezca la ley”, desglosa el exparlamentario.

Sobre la Ley Orgánica de Bienes Públicos, argumenta que: “Como en Mineros de Guayana la Gobernación tenía más de 50 por ciento de acciones (de hecho, tenía el 100 por ciento), se debía crear una comisión de enajenación y nombrar peritos para determinar el precio final de esos bienes”.

“El 17 de noviembre de 2014, la Gobernación le otorgó al equipo un aporte, a través de la figura de crédito adicional al presupuesto, de 5 millones de bolívares. Luego, en diciembre (de 2014), dos créditos más: de 3 millones y de 2 millones. Son 10 millones de bolívares (que, al cambio oficial de la fecha, 6,3 bolívares por dólar, era 1.587.301 dólares)”, detalla.

En ese contexto fue que en 2015 se anunció la venta del equipo. Un patrimonio estadal pasaba, sin regulación alguna y sin claridad de términos, a manos privadas.

“Nosotros (Ramírez y Sait Rodríguez, los dos diputados de oposición que había entonces en el CLEB) hicimos el reclamo. Pedí que se incorporara el tema en la orden del día, y como el PSUV tenía la mayoría, negaron el derecho. Mineros no rendía cuentas. ¿Qué hacían con el presupuesto, recursos y créditos adicionales? ¿Qué hacía con los recursos que generaba (por ejemplo, aquellos 900 mil dólares de la Copa Libertadores)? El dinero de la venta tampoco ingresó a las arcas del estado Bolívar, como debía hacerse, ni se reportó en la memoria y cuenta del año 2015”. Se consumaba así aquella jugada de posición adelantada.

El 10 por ciento rojo

“Quiero agradecerle a la directiva de Mineros de Guayana ese reconocimiento. Vamos a seguir trabajando juntos”, dijo Rangel Gómez después de la presentación del equipo para el Torneo de Adecuación, en julio de 2015, en un acto en el que lo homenajearon y le entregaron una placa de reconocimiento, como una especie de despedida improvisada.

De aquel momento, César Ramírez recuerda que fue así como se enteró de la venta del equipo y no como debía ser: a través de la aprobación de la venta por parte del CLEB.

“El 8 de julio de 2015 envía esa nota de prensa donde anuncia que hay nueva directiva de Mineros. Allí es donde Rangel Gómez insinúa que hay una cláusula que estipula que la Gobernación seguirá siendo accionista, pero no especifica el porcentaje. Es fácil llegar a la conclusión de que Mineros fue vendido después de llenar las cuentas con créditos adicionales, por un precio por debajo del real y que Rangel Gómez se reservó acciones a título personal mediante un testaferro, que en este caso es Fuentes Manzulli”, asevera.

Enseguida, la sociedad de Yauodat Chalich (el vicepresidente administrativo de Tiendas Traki) y Oscar Patiño (vicepresidente de operaciones de la cadena) creó Mineros de Guayana, C.A., y se dejó a un lado el “Asociación Civil Club Deportivo Mineros de Guayana”, que le pertenece a Fundación Cachamay, pero no a sus integrantes chavistas.

A finales de 2016, más de un año después de la venta turbia, Mineros presentó a su nuevo presidente, un joven llamado Alejandro Arroyo, totalmente desconocido en el entorno del fútbol venezolano. Para hacerse conocido, a Arroyo se le podía ver en actos de entrega de material deportivo junto con el entonces viceministro del Deporte (y hoy secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial del Movimiento por la Paz y la Vida), Alexander “Mimou” Vargas.

En la presentación del equipo en 2017, Arroyo soltó un “gracias” al gobernador Rangel Gómez, quien estaba sentado en primera fila del evento (con pantallas gigantes y un sonido nada modesto) en el Gimnasio de básquet Hermanas González (en Puerto Ordaz). Ese día, por cierto, se presentó como gran atractivo el cantante Omar Acedo, ya entonces más que asociado al chavismo.

En octubre de 2017, con la salida de Rangel Gómez del poder y la cuestionada llegada de Justo Noguera Pietri (también del PSUV), la figura del gobernador quedó solo para asuntos logísticos, como ocurrió en 2019, cuando el equipo alcanzó la final del Torneo Apertura del fútbol venezolano.

La pregunta de rigor es: ¿cómo un 10% en manos del chavismo (si se toma en cuenta que la Gobernación está en manos del oficialismo) es tan influyente? Tras años como vicepresidente, Manzulli asumió la presidencia de Mineros de Guayana en 2018. Fue el año en el que también estuvo como gerente y director técnico Laydecker Navas, un exdirigente del Instituto del Deporte del estado Portuguesa y admirador confeso de Tarek El Aissami.

Julio César Fuentes Manzulli, quien al igual que Velasco fue secretario de Seguridad Ciudadana durante el primer gobierno de Rangel Gómez (2004-2008), es el único de aquel gabinete que permaneció hasta hace poco en el equipo.

Varias veces Rangel Gómez prometió una rueda de prensa para aclarar los términos de la negociación. Nunca la hubo y todo quedó en las presentaciones de las plantillas del equipo a partir de 2016, ya con nuevos dueños. El de mayor peso era Yauodat Chalich, vicepresidente de la cadena Traki, hoy dueño del Complejo Deportivo Ciudad Mineros, el centro de entrenamiento del equipo que fue construido en su gestión.

Consultado por el diario Correo del Caroní luego de la venta, Rangel Gómez selló la bóveda diciendo que no podía hablar sobre los términos de la negociación. Los registros y notarías de Puerto Ordaz también guardan con celo el secreto: en ninguna de ellas está el documento de venta del equipo. O eso es al menos lo que dicen los encargados.

Desde aquella venta, es decir, durante los años del 10 % de la Gobernación, el equipo prácticamente no levanta cabeza. Solo en 2017, Mineros de Guayana fue campeón de la Copa Venezuela, luego de vencer a Zamora Fútbol Club en la final.

El 30 de junio de 2020, en plena pandemia impuesta por la expansión de la COVID-19, el seleccionador Richard Páez anunció su salida intempestiva del equipo por una razón: la directiva pretendía reiniciar entrenamientos en momentos en que en Venezuela aumentaba el número de contagiados.

“No puedo convalidar esta aventura riesgosa de alto índice de contagio de COVID-19, en estos momentos en que se están elevando las cifras de contagiados confirmados en toda Venezuela”.

No había sido la única sorpresa de ese mes. El 24 de junio, el equipo emitió un comunicado anunciando la salida de Yauodat Chalich, “nuestro apreciado mentor financiero”, y, además, socio de Antonio Chambra, el presidente de Traki.

Los nuevos directivos, Jorge Ghamra y Jacinto Buenaventura, tampoco aclararon si hubo negociaciones y adquisición del equipo. Simplemente prometieron “trabajar en potenciar todas las virtudes que este club ofrece. En primer lugar, apoyar nuestras canteras para que sigan sirviendo de reclutamiento, formación y perfeccionamiento del talento guayanés. Asegurar nuestro espacio como una vitrina de referencia en cuanto al talento tendrá vital importancia en los años por venir”.

El esquema, una vez más, es el mismo: un traspaso sin claridad, una promesa de fomentar el talento guayanés y apenas un escueto comunicado institucional mientras el equipo sigue pasando “de mano en mano”.

Fue tal y como ocurrió en 2015, cuando todo quedó sepultado en lo que no se dijo. O en las sentencias de lo poco que se dijo, como en el caso de Porras: “Eso no tiene importancia”. Cinco años después no se sabe dónde quedaron los recursos que manejó Francisco Rangel Gómez, otro desaparecido de la escena pública.