Por María Eugenia Hermoso – 28/08/23

Foto: César Pérez

Muchas sienten que no les hacen un buen registro de la agresión ni hay seguimiento a sus casos. Además, sus victimarios no son castigados

María* (32), casada, madre de dos niños, profesional y activa laboralmente, intentó buscar justicia ante los organismos competentes. Hace tres meses, luego de la insistencia de una amiga, decidió ir a la Unidad de Atención a la Víctima (UAV) del Ministerio Público para acusar a su esposo.

Al principio tenía dudas de hacerlo y cuestionaba los pasos que daba por tratarse del padre de sus hijos. Incluso llegó a excusar el comportamiento agresivo de su pareja, porque él estaba pasando por una crisis laboral y no estaba generando ingresos.

“No vas a venir a denunciar para después retirar el caso”, eso fue lo primero que le dijeron cuando llegó a la UAV.

La segunda vez que regresó se dio cuenta de que nunca emitieron la orden de citación para su esposo. 

En ese momento se sintió sola y avergonzada, por lo que de inmediato abandonó el corto camino recorrido.

15 denuncias al día 

En Maracay, estado Aragua, la Oficina de Atención a la Víctima (OAV) recibe en el día un promedio de 15 denuncias de mujeres agredidas, de distintas maneras, por hombres. Este año, de enero a mayo, los casos ascendieron a 30 cada fin de semana. 

No obstante, y a diferencia del año anterior, 70 % de las mujeres no regresaron a impulsar la denuncia ni intentaron meter preso al maltratador, dijo Geraldine Mendoza, funcionaria de la policía estatal. La razón: son revictimizadas. Muchas sienten que no les hacen un buen registro de la agresión y que no hay seguimiento a sus casos.

Buscando justicia

En Venezuela, hay leyes nacionales (Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, Ley para Protección de las familias, la maternidad y la paternidad, Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente (Lopnna), Ley de Igualdad de Oportunidades, Ley Nacional de la Juventud…); y tratados y convenios internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

Además, desde el 12 de septiembre de 2011 funciona la Dirección para la Defensa de la Mujer, cuyo objetivo, en teoría, debe ser garantizar la efectiva actuación de los fiscales del Ministerio Público con competencia en materia Para la Defensa de la Mujer, a través del apoyo legal y técnico, así como la supervisión constante de los funcionarios.

Asimismo, el Ministerio Público ha dicho que tiene 72 Fiscalías con competencia en materia de delitos de violencia contra la mujer en todo el territorio nacional, cuatro de las cuales son Fiscalías Nacionales, entre ellas la 47° especializada en materia de Femicidio.

Pero mucho del articulado de esas leyes es letra muerta y no se aplica de manera eficaz, por un lado y, por el otro, las personas encargadas de ponerlos en práctica: policías, fiscales o jueces y hasta el personal de salud carecen de suficiente formación para asumir el rol de garante o deciden no actuar. 

“Por ello, es urgente la capacitación de los funcionarios encargados de la recepción de denuncias, pues los casos se dilatan sin tomar en cuenta la angustia y la situación de las víctimas. El Estado es responsable por omisión. En vista de ello, a la mujer sólo le queda seguir durmiendo con el enemigo. Al no existir un personal respetuoso capacitado, el círculo vicioso persistirá”, señaló Geraldine Mendoza.

La funcionaria insistió en que callar no es la solución para erradicar la violencia contra la mujer. “Al momento de iniciar el trámite de la denuncia se garantiza el anonimato de cada una de las víctimas, pues sabemos que el temor inicial es precisamente quedar expuestas. Hemos tenido casos de seguimiento que culminan con éxito, y muchas de ellas vuelven para agradecer. Nuestro deber es seguir asesorando y garantizando los derechos de las mujeres en situación de violencia”, resaltó.

Desprotegidas y a su suerte 

El caso de María no es aislado. Hay otras que no solo abandonan las denuncias, sino que además huyen de sus agresores a otros países. 

Desde el año 2020 hasta noviembre del 2022, la ONG Gran Alianza de Mujeres de Aragua, Gama, acompañó en la región a cerca de 80 mujeres que exigían, a través de las denuncias, la intervención del Ministerio Público (MP). “Algunas de ellas murieron en manos de ese hombre al que solo se le entregó un papel y se le amenazó con la policía”, indicó Wilmer Rivas cofundador de la organización.

Las estadísticas de Gama reflejan que, de estas 80 mujeres, 49 han salido del país, “huyendo de la violencia de su agresor”. 26 de ellas accedieron a retirar la denuncia y otras cinco cayeron en dentro de las estadísticas de femicidio.

En agosto de 2022, el fiscal general, Tarek William Saab, cuando hizo el reporte de los últimos cinco años, dijo que el Ministerio Púbico (MP) había otorgado 276.319 medidas de protección a mujeres en riesgo, presentado 43.765 imputaciones y 28.202 acusaciones a agresores. 

Pero María, lamentablemente, no está en esas estadísticas ni entrará en las de 2023, pues no se le brindó seguridad. Al final, fue víctima de su pareja y de la institución receptora. En la cifra en la que sí entra, es en ese 70 % de mujeres que desisten en la búsqueda de justicia. 

La denuncia como derecho 

• De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (aún sin reglamento), el órgano receptor de la denuncia tiene la obligación de recibir la acusación, de manera respetuosa. 
• Podrá ser presentada en forma oral o escrita, ordenar las diligencias urgentes, impartir orientación, emitir la comparecencia obligatoria del presunto agresor, imponer las medidas de protección y de seguridad pertinentes.
• La omisión de cada función podría constituir una violencia institucional, y esto es sancionado con una multa de 50 a 150 unidades tributarias (9 bolívares cada una).

*Se reserva su verdadera identidad