Las heridas de la institucionalidad en el país pueden sanarse. Uno de los caminos para ello es salvaguardar la libertad de expresión como cimiento de la democracia y abonar el terreno para el ejercicio del periodismo libre, plural e independiente. Un periodismo que sea la voz de los ciudadanos, que denuncie con fundamentos, que escrute a las diversas fuerzas del poder y promueva la contraloría social como principio fundamental del ejercicio de ciudadanía.
Los periodistas tienen un diagnóstico claro de esta realidad, sus grietas y desafíos. Pero no se conforman con ello. Apuestan a unas mejores condiciones para su labor, para la sociedad y para la democracia. Así lo demostraron los aportes que recibió el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela de las 252 personas que participaron en el Estudio 2016 Censura y autocensura en periodistas y medios de comunicación en Venezuela, una investigación cuantitativa, con rigurosidad científica, que recogió la percepción de quienes ejercen la labor periodística en 18 estados del país, con representación de medios privados, independientes, comunitarios, estatales, así como de oficinas públicas y organizaciones no gubernamentales.
A pesar de las diversas aceras que le toca transitar a esta diversidad de periodistas, hubo coincidencias en cinco puntos de urgencias que se traducen en Cinco propuestas para el periodismo, para Venezuela y para la democracia, que buscan aminorar las fracturas que han dejado el mutismo, las amenazas, el hostigamiento, la violencia y la autocensura. De ello, dan cuenta estos los resultados.
- Acceso a la información
El derecho a saber -que se traduce en el acceso a la información pública- es la mayor prioridad para los periodistas. Por lo menos así lo indicaron ocho de cada 10 de los consultados, quienes refirieron en la investigación que en Venezuela se deben fortalecer los mecanismos de transparencia, incentivar la difusión de información oficial, robustecer las normas y las leyes que permitan conocer los asuntos que son de interés público.
Coinciden en tres apremios. El primero de ellos es establecer mecanismos efectivos para la rendición de cuentas en las instituciones estatales y no estatales que manejan información de interés público, en la búsqueda de la transparencia. Esta iniciativa fue respaldada por 89% de los periodistas que participaron en el estudio. También un 89% consideró que es indispensable desarrollar un programa que garantice la difusión de estadísticas oficiales de manera pertinente, adecuada y oportuna, bajo los estándares de datos abiertos.
Los periodistas piden que se apruebe una ley orgánica de acceso a la información pública, propuesta que fue el consenso de 83% de los participantes. Esta ha sido una de las principales exigencias que el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela ha encontrado con esta investigación desde 2014, y que tuvo avances con las discusiones legislativas en 2016.
IPYS Venezuela ha insistido que este marco normativo permitirá establecer procedimientos y obligaciones concretas que respeten las normas constitucionales venezolanas, para garantizar un real acceso a la información de interés público por parte de los ciudadanos. Debe fomentar, además, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos, en cumplimiento de los estándares contemplados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por Naciones Unidas.
- Seguridad y protección
La seguridad y la salvaguarda de la libertad, la integridad y de las garantías de justicia marcan el segundo apremio sobre el que los periodistas construyen consensos. Así se estableció un acuerdo entre 88% de los participantes de esta consulta, quienes consideran que en Venezuela es necesario implementar un programa de protección de periodistas, que resguarde las garantías fundamentales para el ejercicio pleno de la labor informativa.
Una política pública -incluyente y diversa- en esta materia contribuirá a reconstruir los fundamentos de la institucionalidad, y a mejorar las condiciones para el ejercicio del periodismo. Pero sobre todo, ayudaría a combatir la impunidad, ese estado permisivo y de complicidades que sostiene a la violencia como uno de los principales escollos del periodismo.
- Políticas de comunicación justas
La tercera prioridad que evidencian siete de cada 10 consultados en esta investigación se orienta a reestructurar las funciones de los entes reguladores en materia de comunicaciones. De ellos, 82% exige una estructura estatal en materia de comunicaciones que sea autónoma e independiente de cualquier interés ideológico o partidista. Instituciones que en vez de coartar las garantías, cumplan sus obligaciones de velar y propiciar un escenario adecuado para el ejercicio pleno de la libertad de expresión como fundamento de la democracia.
Esta demanda exige una revisión de las funciones y la actuación de las instancias oficiales que, entre otros asuntos, regulan las concesiones y el monitoreo de los contenidos de los medios de comunicación radioeléctricos, las políticas de internet y el mercado de la compra y distribución del papel periódico.
También, 77% de los periodistas coincidió en que es necesario revisar el funcionamiento de los medios del Estado, comunitarios y privados, con miras a ajustar su función de servicio público y respetar los principios de libertad, diversidad y pluralidad de voces.
Los consultados proponen crear espacios de comunicación alternativos, que gocen de independencia y autonomía. Por ello, 62% propone generar un plan de acción que incentive la sostenibilidad e independencia de los medios comunitarios. Esto permitiría conformar real un ecosistema de medios ciudadanos que cuenten sus realidades
- Internet como DDHH
Los derechos digitales aparecen como cuarta urgencia en este estudio. Así lo reflejó la opinión de 70% de los 252 periodistas, quienes creen que es indispensable que Venezuela desarrolle un plan de acción nacional que promueva Internet como derecho humano.
IPYS Venezuela infiere que este apremio deriva de los cambios forzados y apresurados que se han dado en el ecosistema de medios en Venezuela, que ha hecho que los periodistas y los ciudadanos acudan al entorno digital para comunicarse.
Una política en este sentido exige aumentar la pluralidad de voces, la organización de comunidades orgánicas y autónomas, incrementar el acceso a internet, diversificar el mercado de operadores de este servicio y disminuir las barreras que impone la vigilancia y el control de contenidos desde el Estado.
- Libertad para opinar
La quinta dimensión de las prioridades que eligen los periodistas es la libertad para informar y expresarse sin temores, riesgos y represalias. Así, 48% de ellos reclama la eliminación de las penas por ejercer derechos comunicacionales. Consideran que en Venezuela se deben suprimir las demandas por difamación e injuria, que han sido ejercidas, principalmente, por funcionarios públicos y empresarios allegados al poder estatal, con la única intención de criminalizar la labor de los periodistas y medios de comunicación, para que la sociedad no delibere sobre asuntos de corrupción, criminalidad, violencia y abusos del poder.
Estas cinco prioridades que conforman la agenda en materia de libertad de expresión e información de los periodistas, ameritan responsabilidad, compromiso y disposición de los diversos sectores de la sociedad, no solamente para salvaguardar el periodismo, como ventana para el escrutinio, sino para preservar las libertades ciudadanas de la deliberación pública.
Estas propuestas delinean un antídoto contra la desinformación que se ha impuesto en Venezuela como estrategia política. Podría ser una fórmula para desarticular el círculo de la censura sobre el que giran las medidas de opacidad, las acciones de violencia, el ocultamiento temeroso de información dentro de los propios medios comunicación, las presiones directas del Estado y de los grupos al margen de la ley para acallar las denuncias ciudadanas, y la propia voluntad de los periodistas de asumir el silencio como salvoconducto para su autoprotección.
No es fortuito que los periodistas hayan planteado que las prioridades vayan desde el acceso a la información, las medidas de protección, hasta las garantías para la expresión en diversos ecosistemas de comunicación. Ese, justamente, fue el orden en el que ubicaron los problemas que enfrentó el periodismo en Venezuela desde los diversos trazos con los que se presentó el fenómeno de la censura y la autocensura.
De todo esto da cuenta esta radiografía del ejercicio del periodismo durante 2016, que se levantó a través de esta investigación cuantitativa la cual recogió la percepción de 252 periodistas, que de manera confidencial participaron en esta consulta que realizó IPYS Venezuela durante cinco semanas -del 19 de septiembre al 22 de octubre de 2016- con la finalidad de profundizar en las condiciones que giran alrededor del círculo de la censura en Venezuela.
