Un minuto de silencio

Las órdenes de censura desde el poder han llegado a normalizarse dentro de los medios de comunicación y han debilitado el oficio del periodismo y su rol de contrapeso dentro de la sociedad. Ante los temores y los vínculos opacos que se tejen dentro de esta sociedad de cómplices, las empresas de los medios de comunicación han hecho concesiones y restringido la autonomía, que deberían ser propios de esta labor. Han prevalecido sus intereses empresariales por encima del compromiso ciudadano y el rol de servicio público que están obligados a cumplir.

La tendencia sostenida de la sumisión de las empresas de los medios de comunicación ante las presiones gubernamentales para que los periodistas rectifiquen informaciones debidamente verificadas que se ha evidenciado en los últimos dos años, se mantuvo y se confirmó en 2016. De los 252 periodistas, 48% dio cuenta de esta situación como una de las manifestaciones de la censura interna, con la intención de evadir la cobertura de denuncias que involucren al poder estatal. Este fue el mismo promedio de la percepción de los periodistas consultados en 2015, mientras que en 2014 fue de 44%.

En 2016 también los grupos privados incidieron negativamente con la intención de que los medios de comunicación modificaran una edición informativa para que no afectaran sus intereses políticos y económicos, así lo dijo 11% de los consultados. Estas coerciones -según lo que evidenciaron los participantes- comprendieron diversas prohibiciones, como las de cubrir un tema en particular (33%); nombrar a una fuente de información específica (34%); y de cubrir asuntos noticiosos (28%). También estas presiones se manifestaron en sutilezas de la censura, como son las órdenes constantes para cambiar la redacción y el lenguaje por eufemismos y vaguedades que distorsionan y ocultan el fondo de las informaciones, tal como lo refirió 28% de la muestra.

Estas órdenes de censura interna -dentro de los propios medios de comunicación- se tradujeron en consecuencias que más que afectar a estas empresas afligieron a los ciudadanos que vieron disminuidas sus posibilidades y alternativas para informarse de manera pertinente, adecuada y oportuna. Estas secuelas de la censura interna estuvieron relacionadas -según la percepción de los periodistas- en las prohibiciones para difundir contenidos en plataformas digitales (14%); los impedimentos para publicar una edición informativa (12%), y las órdenes para recoger o suspender productos periodísticos, luego de su difusión (9%).

De eso no se habla

En 2016 la censura interna -como imposición de las empresas de las medios de comunicación- y la autocensura -la disposición del propio periodista de guardar silencio- bordearon la misma línea. Labraron la misma capa superflua para informar generalidades sin causar molestias, para evitar conflictos y esconderle información trascendental a los ciudadanos. En este fenómeno no hay ojos, oídos ni voluntad para contar profundidades ni relatar los verdaderos problemas de la sociedad.

Para el periodismo venezolano hubo temas prohibidos, intocables, indiscutibles. La decisión más común fue huir, esconderlos, no abordarlos, por decisión de las empresas de los medios de comunicación, pero también de los periodistas. No fueron temas menores, pues la percepción de los periodistas indicó que hubo tres aristas vetadas, que además fueron focos que ocuparon la agenda pública para ese momento, y tuvieron que ver con la cobertura sobre la crisis política, social y también de libertad de expresión en Venezuela.

Producto de la censura interna señalaron que hubo prohibiciones por parte de los medios de comunicación para cubrir los conflictos con las autoridades de gobierno (27%), la escasez de alimentos (23%). Los medios también evitaron hablar sobre las demandas por informar que afectan al periodistas y empresas mediáticas, según la percepción de 22%.

La censura interna surtió efecto, también, ante el interés de proteger a una fuente (21%); los intereses o puntos de vista de los anunciantes (21%); los conflictos con grupos de manifestantes violentos (17%); los actos violentos relacionados con la seguridad ciudadana (16%); los temas sobre la seguridad nacional (14%); el control  cambiario (11%); el tráfico y consumo de drogas (8%); e informaciones relacionadas con la infancia (8%).

Aunque estas cifras de los temas que se silenciaron por la censura interna fueron menores que en el año 2015, a IPYS Venezuela le preocupa que el grosor de este fenómeno se haya trasladado hacia la autocensura, ese terreno en el que las presiones directas e indirectas se instalan y en el que el periodista guarda silencio por voluntad propia. Así los consultados refirieron que prefirieron evadir su responsabilidad informativa ante la cobertura de asuntos que los expusieran a ellos y a los medios de comunicación a ser demandados (35%); cuando sentían la necesidad de proteger a una fuente en particular (30%), y ante los conflictos que involucraban al gobierno (26%).

Los periodistas también prefirieron el campo de la autocensura antes que hacer la cobertura de actos violentos y de seguridad ciudadana (22%); la escasez de alimentos e insumos de primera necesidad (20%); los conflictos con grupos de manifestantes violentos (19%);  el tráfico y consumo de drogas (18%); asuntos de seguridad nacional (13%): el control cambiario (7%); los intereses de anunciantes (7%); y relacionados con la infancia (7%).