IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
La reforma a la Ley Resorte incluye restricciones para los contenidos (textos, imágenes y sonidos) difundidos por radio, televisión (abierta y por suscripción) y medios electrónicos y prohíbe que estos medios difundan mensajes que puedan incitar o promover el odio y la intolerancia, inciten o hagan apología del delito, fomenten la zozobra en la ciudadanía, alteren el orden público, desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas, induzcan al homicidio o promuevan el incumplimiento del orden jurídico. Además, establece bloques de horarios restringidos a los canales que transmiten a través de servicios de televisión por suscripción. La norma contempla multas que pueden llegar a las 200 unidades tributarias (alrededor de 3 mil dólares) y la suspensión o retiro de la licencia a quienes incumplan la ley.
Según la opinión de diferentes expertos, el proyecto de ley es ambiguo y no define qué son “medios electrónicos”. En consecuencia, su aplicación quedará expuesta al criterio de las autoridades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, y podría aplicarse en contenidos difundidos en blogs, redes sociales, y a través de plataformas usadas por teléfonos celulares.
Por su parte, el proyecto de reforma de la LOTEL declara como “servicio de interés público” la prestación de servicios de telecomunicaciones, radio, televisión y producción nacional audiovisual, que en la legislación vigente estaban concebidas como actividades de “interés general”; esto implica, a nivel práctico, que el Estado tendrá la potestad de revocar una licencia cuando lo considere “conveniente a los intereses de la Nación”. Además, establece que si el Estado lo considera necesario, cuando finalice el período de vigencia de una concesión, “los bienes afectados” pasarán a sus manos.
De aprobarse de forma definitiva estas leyes se verán severamente afectados el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la libre asociación en Venezuela.
