jueves , marzo 28 2024

CONATEL amenazó a medios que divulguen información sobre hechos de violencia en protestas

El 11 de febrero de 2013, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), adscrita al Ministerio de Comunicación e Información (MINCI), advirtió sobre la posibilidad de aplicar futuras sanciones en contra de los prestadores de servicio en radio, televisión y medios electrónicos que han hecho cobertura de los hechos de violencia registrados en varios estados del país.

William Castillo, director de CONATEL declaró para los medios de información que la cobertura mediática de varios medios de comunicación sobre los hechos de violencia registrados en el país posiblemente violen lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley RESORTE-ME) que prohíbe la difusión de contenidos que hagan apología del odio y la violencia, los llamados al desconocimiento de las autoridades y a alterar la paz pública

A través de un comunicado emitido por el Directorio de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, califican que “algunos actores del espacio radioeléctrico realicen una cobertura mediática que podría o pudiesen privilegiar, en tiempo, tratamiento y lenguaje, la promoción de la violencia y los llamados a caotizar la vida pública, por encima de la convocatoria al diálogo, el respeto a la ley y la resolución pacífica de los conflictos”. (Ver comunicado http://conatel.gob.ve/#http://conatel.gob.ve/index.php/principal/noticiacompleta?id_noticia=3344)

El organismo exhortó a todos los prestadores de servicio en radio, televisión y medios electrónicos a cumplir con lo establecido en la ley RESORTE-ME, afirmando que la violación de la misma acarrea penas y sanciones. El organismo estará en sesión permanente para garantizar el cumplimiento de la ley y la defensa del orden  constitucional.

En los últimos días se han registrados hechos de violencia y desorden en estados del país, como Mérida y Táchira, región sur-occidental del país, relacionados con manifestaciones estudiantiles en apoyo a la detención de 5 que fueron acusadas de causar daño contra la reja de protección de la residencia oficial de José Viema Mora, gobernador del estado Táchira.

Por esta hecho, organizaciones  civiles miembros de SOS-VENEZUELA (Federación de Abogados de Venezuela, Foro Penal Venezolano, Nueva Conciencia Nacional, Damas de Blanco, Una Ventana a La Libertad, Mujeres de Negro, Espacio Civil) se pronunciaron en contra de lo que consideran una clara criminalización de la protesta.

IPYS Venezuela considera que este tipo de advertencia puede producir un efecto intimidatorio en los medios de comunicación e información, lo que podría devenir en autocensura sobre la cobertura de protestas y manifestaciones públicas suscitadas en el país.

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