IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
IPYS Venezuela rechaza las agresiones registradas el 9 de abril de 2026 contra periodistas y trabajadores de la prensa que daban cobertura a una movilización de trabajadores, jubilados y estudiantes en el centro de Caracas.
De acuerdo con información documentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), al menos 10 comunicadores fueron agredidos durante la jornada mientras cubrían la marcha que intentaba avanzar hacia el Palacio de Miraflores. Entre los hechos reportados se incluyen golpes con escudos antimotines, uso de gas pimienta, destrucción de equipos de trabajo y robos de pertenencias, en un contexto de restricción del acceso y control del espacio público por parte de cuerpos de seguridad.
El SNTP recopiló testimonios de periodistas afectados, entre ellos José Mireles Alcalá (El Martillo Venezuela), Francisco Cáceres (La TV Calle), Sergio González (Provea), Maryorin Méndez y Ana Rodríguez Brazón, cuyos casos evidencian un patrón de agresiones dirigidas contra trabajadores identificados en funciones informativas.
En este contexto, el equipo de VPItv, integrado por la reportera Irene Mejías y el camarógrafo Rafael Padrón, fue agredido por funcionarios de seguridad mientras realizaba una transmisión en vivo. Según denuncias públicas, Padrón fue impactado con un escudo, lo que le ocasionó heridas visibles en el rostro, en un hecho que quedó registrado en video y confirma el uso de la fuerza contra periodistas en ejercicio.
https://x.com/ipysvenezuela/status/2042344564065775807?s=20
Estos hechos constituyen una violación del derecho a la libertad de expresión y del derecho de la ciudadanía a recibir información sobre asuntos de interés público. La agresión a periodistas en contextos de protesta no solo compromete la integridad de quienes informan, sino que también limita la posibilidad de documentar actuaciones estatales en escenarios de alta relevancia pública.
IPYS Venezuela exige el cese inmediato de las agresiones contra la prensa, así como la apertura de investigaciones independientes que permitan identificar y sancionar a los responsables. El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico, especialmente en coberturas de manifestaciones, donde la presencia de la prensa es esencial para la transparencia y la rendición de cuentas.
