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Liberaron a reporteros después de permanecer detenidos 10 horas

  • IPYS Venezuela registra 8 acciones del Sebin que atentan contra la labor reporteril y la reserva de las fuentes periodísticas entre 2016 y lo que va de 2017.

Ana Karolina Mendoza/Equipo IPYS Venezuela

A las 10 de la noche del 11 de febrero de 2017 fueron liberados Jesús Urbina, coordinador de Transparencia Venezuela en Zulia; María José Túa, periodista de la misma ONG; y los reporteros brasileros Leandro Stoliar y Gilzon Souza de Oliveira, luego que una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuerpo de seguridad del Estado, los sorprendió haciendo fotos del Puente Nigale (segundo puente sobre el Lago de Maracaibo que comunicaría la subregión Guajira con la Costa Oriental del Lago –COL-) en horas del mediodía. Esta obra inconclusa estuvo a cargo de la trasnacional brasileña Odebrecht y avalada por el Ministerio para el Poder Popular de Transporte y Comunicaciones.

El equipo reporteril fotografiaba el puente Nigale, obra que comenzó a construirse por la brasileña Odebrecht en 2005 y que aún no culmina. Foto. Transparencia Venezuela.

A los cuatro periodistas los escoltaron en un vehículo oficial de la Universidad del Zulia –LUZ-* hacia la sede del Sebin, al norte de Maracaibo. Les decomisaron los teléfonos celulares y les revisaron el material guardado en las cámaras fotográficas. A las 2.00 de la tarde, uniformados del Sebin se trasladaron con Urbina y los dos reporteros extranjeros a buscar las pertenencias de estos en el Hotel Intercontinental, para «seguir con la inspección y los interrogatorios», aseguraron los funcionarios. Alrededor de las 4.00 de la tarde ya estaban de vuelta en la sede del organismo.

Los funcionarios informaron que se comunicarían con el consulado de Brasil para saber -supuestamente- si Stoliar y Souza de Oliveira tenían permiso para reportear en Venezuela. Poco después de las seis de la tarde, informaron que ya tenían la información (no precisaron detalles) y que ahora esperaban información desde (el Aeropuerto Internacional de) Maiquetía» acerca de los dos reporteros brasileros.

A las 7.15 de la noche, pidieron se les llevara cena a los cuatro retenidos porque, supuestamente,  no habían recibido los datos desde Caracas; sacaron a los conocidos de Urbina y Túa y cerraron los accesos del Sebin. Alrededor de las 8.40 de la noche, llegó una representante de la Defensoría del Pueblo y una fiscal del Ministerio Público. Permanecieron reunidos dentro del Sebin.

A las 9.50 minutos de la noche, los reporteros fueron liberados y para las 10 se encontraban fuera de la sede de inteligencia. Se espera que una comisión de la embajada de Brasil traslade a los corresponsales el domingo 12 de febrero.

La detención arbitraria a los reporteros se ejecutó de manera arbitraria y sin una orden judicial, por lo que vulnera el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vinculado al debido proceso.

En 2016 y los primeros 30 días del mes de enero de 2017, IPYS Venezuela registró cuatro detenciones por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, con el fin de que los periodistas y corresponsales extranjeros revelaran sus fuentes informativas. También se registraron cuatro hechos de hostigamiento y persecución con fines intimidatorios.

En este período, IPYS Venezuela registró 24 obstáculos a la cobertura de corresponsales extranjeros. El caso más reciente vinculó a Aitor Saez, corresponsal de prensa extranjera, a quien se le prohibió la entrada al país, el 22 de enero de 2017, cuando pretendía cubrir las movilizaciones convocadas por sectores de oposición con relación al 23 de enero, fecha en la que se conmemora -anualmente en Venezuela- el golpe de Estado contra el régimen dictatorial de Marcos Pérez Jiménez en 1958.

Esta organización considera que las detenciones arbitrarias y los procedimientos irregulares de inmigración configuran un uso abusivo del poder estatal y son contrarios a los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión en el país. Las instituciones del Estado están en la obligación de garantizar que la labor de los periodistas de medios nacionales y extranjeros se pueda realizar sin ningún tipo de riesgos, amenazas ni presiones.

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