IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Los asesinatos en contra de periodistas, la impunidad en la mayoría de los casos, la censura y autocensura impuesta a periodistas y comunicadores de las áreas rurales por autoridades locales, el crimen organizado y la narcoactividad; las amenazas, intimidaciones y ataques en su contra, así como las campañas de desprestigio en contra de medios de comunicación y de periodistas, son las principales agresiones que enfrentaron los profesionales de la comunicación durante el 2017 en Guatemala.
Este año hubo algunos cambios en relación a la seguridad de la prensa, y, aunque se redujo sensiblemente el número de agresiones continuaron los asesinatos, las amenazas de muerte, ataques físicos, intimidaciones, casos de la utilización del derecho penal para amedrentar a los periodistas y obstáculos para acceder libremente a las fuentes de información.
Hay que tomar en cuenta que muchos de los hechos no son denunciados por temor o por falta de confianza en los entes encargados de la investigación, como aseguran los entrevistados, es decir que hay un sub registro de casos.
De enero a octubre del año en curso Cerigua registró 37 casos en total de agresiones a periodistas. Amenazas (7), obstrucciones a las fuentes de información (9), asesinato (2), intento de asesinato (1), censura (2), agresión material (2), intimidación (5), difamación (2), agresión verbal (1), agresión verbal y amenaza (1), agresión física (2), agresión física y material (2) y agresión judicial (1).
Los hechos ocurrieron en los departamentos: en Guatemala (18), Quetzaltenango (7), Escuintla (2), Santa Rosa (1), Chimaltenango (1), Alta Verapaz (1), Izabal (1), Quiché (1), Sacatepéquez (1), Sololá (1), Suchitepéquez (1), San Marcos (1) y Zacapa (1).
El 18 de enero, en el municipio de San Jorge, en el departamento de Zacapa, en el oriente del país, fue asesinado Manuel Salvador Trujillo Villagrán, periodista del noticiero “Impacto Informativo” de Canal 12 y vocero de la Municipalidad de San Jorge. Hasta el momento no existen capturas por este hecho y el caso se encuentra bajo reserva.
El 14 de junio le dispararon a Carlos Danilo Rodríguez, director de Notizabal y Multiviral Canal 19. El comunicador fue atacado en un negocio ubicado en Puerto Barrios, departamento de Izabal. Rodríguez recibió un balazo en el cráneo, sin embargo la herida fue superficial y no le causó secuelas. El caso se encuentra en reserva.
En un sondeo realizado por Cerigua en meses recientes a reporteros del interior de la república, se pudo evidenciar nuevamente la vulnerabilidad en la que se encuentran los comunicadores sociales de estas áreas. Las personas consultadas coincidieron que los funcionarios, autoridades con posibles vínculos a actividades criminales, grupos del crimen organizado y estructuras dedicadas al trasiego de drogas representan los principales riesgos para su labor profesional y son los principales señalados como responsables de los ataques a la prensa.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), fiscales del Ministerio Público (MP) y jefes de instituciones públicas fueron identificados también como parte de los agresores de la prensa.
En el caso de las autoridades, como alcaldes, diputados o gobernadores, han sido acusados de solicitar directamente a los periodistas que se abstengan de abordar o publicar ciertos temas. Si los comunicadores no acceden a sus demandas, existe el temor que ocurran represalias.
Los principales escenarios donde los reporteros se encuentran más vulnerables a sufrir amenazas o ataques son durante la cobertura de escenas de crimen (asesinatos o atentados con armas), allanamientos judiciales, así como durante el desarrollo de investigaciones sobre temas relacionados con corrupción, crimen organizado, narcotráfico, desalojos y manifestaciones o protestas ciudadanas.
Este año también fueron evidentes las campañas de desprestigio hacia medios de comunicación y periodistas independientes las que se incrementaron después de que el presidente intentara expulsar del país al Comisionado Iván Velásquez.
En los ataques en redes sociales, con páginas o perfiles falsos, así como supuestas páginas de noticias, se acusa a medios de comunicación de ser “traidores a la patria” o “causar división entre la población”, debido a la información que divulgaron sobre la crisis política. En otros casos, los medios fueron señalados de recibir financiamiento internacional para causar desestabilización y perjudicar a compañías extranjeras. Incluso se acusó a un periodista de ser buscado por la justicia panameña por un caso de lavado de dinero.
En este año se evidenció la complicada y errada relación que mantiene el presidente Jimmy Morales con los medios de comunicación y los reporteros en general. El mandatario y sus asesores carecen de una adecuada estrategia comunicacional y en su lugar han adoptado agrio relacionamiento con la prensa.
Por este motivo, el 17 de noviembre el Procurador de los Derechos Humanos emitió una resolución en la que declara que existe una violación hacia la libertad de expresión y libre acceso a las fuentes informativas de periodistas nacionales e internacionales, así como de la población en general, por parte del Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito.
El Ministerio Público ha reportado avances, tanto en la reestructuración de la Unidad de Delitos contra Periodistas, como en la creación y funcionamiento de la Fiscalía de Quetzaltenango. En este período se emitieron 6 sentencias condenatorias.
