IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
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La defensa del periodista explicó que las autoridades no han investigado debidamente.
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El proceso judicial contra el activista de Derechos Humanos comenzó hace ocho meses con su detención y posterior excarcelación.
IPYS Venezuela, noviembre de 2019. Espacio Público, una de las organizaciones que forman parte de la defensa de Luis Carlos Díaz, entregó a los tribunales una solicitud de conclusión de la investigación en contra del periodista y activista de Derechos Humanos, tras vencerse el plazo de ocho meses que fijan las leyes venezolanas para presentar pruebas que respalden una acusación formal.
En la petición, los abogados del organismo exigen “el cese inmediato de las medidas en contra del periodista y defensor de Derechos Humanos” y explican que “la Fiscalía no ha investigado debidamente ni presentó prueba alguna que sustente la continuación del proceso legal en contra de Luis Carlos Díaz”, de acuerdo con una nota difundida por el propio ente en su portal web.
Espacio Público también pidió al Tribunal que desaplique parcialmente el artículo 296 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que establece que “al vencerse el plazo fijado para la investigación, el o la Juez debe decretar el archivo judicial, lo que implica que el caso podría ser reabierto en los próximos 20 años”. De igual manera, la organización solicitó que se aplique el artículo 295 del COPP, en caso de que el Tribunal no declare la inocencia de Díaz y deje abierto el caso. Ello implica que el juez debe fijar, durante las próximas 24 horas, un plazo de entre 30 y 45 días para que termine el proceso de investigación.
El caso de Luis Carlos Díaz sumó un nuevo capítulo el pasado 12 de noviembre. Ese día venció el plazo para que la Fiscalía indagara y presentara la acusación en su contra. Sin embargo, la instancia judicial no ha presentado las pruebas que justifiquen darle continuidad al proceso.
Un procedimiento de ocho meses
El procedimiento en contra Díaz comenzó cuando miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron de manera arbitraria al periodista mientras paseaba en bicicleta y, más tarde, irrumpieron en su residencia entre los días 11 y 12 de marzo de 2019. Al comunicador social lo privaron de libertad por el delito de “instigación pública” durante 30 horas y, tras su excarcelación, la justicia venezolana le prohibió declarar a los medios de comunicación sobre su caso, presentarse en manifestaciones, salir del país, y le impuso un régimen de presentación cada 8 días en tribunales.
El detonante de la detención fue un video manipulado presentado por Diosdado Cabello, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en su programa televisivo del 8 de marzo de 2019 en el que se mostraban recomendaciones de Díaz sobre acciones comunicacionales a tomar ante un apagón y en un escenario del colapso de las telecomunicaciones en el país. Para la fecha se había registrado en el territorio nacional el primer corte generalizado del servicio eléctrico, el cual se prolongó por varios días. Cabello acusó al periodista de ser parte de un “Operativo Blackout” y de ser un “Influencer Facistoide”.
El caso de Díaz ha generado diversas reacciones condenatorias de los hechos. El mismo 12 de marzo de 2019, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) responsabilizó a las autoridades públicas, principalmente a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, de la detención arbitraria de Díaz. Asimismo, esta organización exigió la libertad plena e inmediata del comunicador social.
Días después de su detención, el 13 de marzo, las 23 organizaciones que integran la red IFEX-ALC exigieron la libertad plena y rechazaron la censura impuesta al ciberactivista. Más tarde, el 29 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó la medida cautelar 250-19, en la que hace un llamado al Estado venezolano para que garantice que el periodista Luis Carlos Díaz pueda ejercer su labor comunicacional y su derecho a la libertad de expresión. El Ejecutivo nacional no ha dado respuesta al llamado de la CIDH.
En cuanto a la actuación de la defensa, en el caso de Díaz se han presentado cuatro solicitudes de permisos de viaje ante el Tribunal 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas para su asistencia a eventos internacionales sobre periodismo y democracia, y todas han sido negadas. La Fiscalía 67 nacional plena, la cual está encargada del caso, no ha atendido ninguna de las diligencias entregadas por la defensa de Díaz. Tampoco permite la revisión del expediente y mantiene en su poder la computadora, discos duros, pendrives y otros equipos electrónicos que fueron decomisados al comunicador en el allanamiento a su vivienda. Además de esto, el juez a cargo del caso ha sido cambiado en tres oportunidades y se tratan de jueces provisionales.
IPYS Venezuela se suma a las exigencias de la defensa de Díaz y pide una vez más que cesen las medidas en contra del periodista, a quien le han sido violados sus derechos y garantías. Esta organización insta al Estado venezolano a garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información y el libre ejercicio de los comunicadores sociales en el país.
