IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
La justicia del dictador nicaragüense, Daniel Ortega, declaró culpables y pidió entre 7 a 13 años de cárcel para los miembros de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Los juicios contra los exdirectivos y extrabajadores de la Fundación arrancaron el 3 de marzo en el recinto policial ‘El Chipote’, donde han sido torturados y han permanecido prácticamente incomunicados la mayoría de los detenidos políticos. El arbitrario proceso legal se llevó a cabo con la presencia de un fuerte contingente policial y con intervenciones de apenas 3 minutos diarios por cada detenido para expresar sus argumentos. La Fundación dejó de operar el 2 de febrero de 2021 cuando el gobierno emitió la ley de Agentes Externos para controlar la financiación de las organizaciones no gubernamentales.
El juicio contra cinco implicados ha durado siete días y el 12 de marzo de 2022 el juez Luden Martín Quiroz declaró culpables a:
- Cristiana Chamorro, periodista, activista por los derechos humanos y excandidata a la presidencia, quien fue detenida el 2 de junio de 2021. Cristiana había anunciado pocos días antes su intención de participar en las elecciones y las encuestas lo daban como la candidata con mayores opciones de ganar a Daniel Ortega. Ella fue acusada de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La CIDH otorgó medidas cautelares a su favor, pero la fiscalía nicaragüense ha pedido que sea sancionada con 8 años de prisión. Cristiana Chamorro ha permanecido bajo arresto domiciliario desde su detención.
- Su hermano, Pedro Joaquín Chamorro, político opositor perteneciente al partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), y miembro del directorio de La Prensa fue detenido el 25 de junio de 2021. Pedro Joaquin, de 70 años, ha sido acusado de supuestas acciones de apropiación y retención indebida, falsificación ideológica y gestión abusiva. La justicia nicaragüense le condenará a 9 años de cárcel.
- El contador general de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Marcos Fletes fue de los primeros presos políticos detenidos el año pasado por presunto lavado de dinero. La CIDH le otorgó medidas cautelares, sin embargo, la justicia nicaragüense lo condenará a 13 años de cárcel.
- De igual manera, el administrador financiero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez, quien fue secuestrado por el régimen el 28 de mayo del 2021, por supuesto lavado de dinero. Aunque la CIDH otorgó medidas cautelares, la fiscalía nicaragüense ha pedido que sea condenado a 13 años de cárcel.
- Incluso el conductor de Cristiana Chamorro, Pedro Vásquez, fue detenido el 14 de junio de 2021, por el supuesto delito de ser ‘cooperador necesario del delito de lavado de dinero’. La justicia nicaragüense lo condenará a 7 años de cárcel. Al igual que los demás presos políticos detenidos en ‘El Chipote’, sus familiares no podían entregarle comida, estaba incomunicado y ni tuvo acceso a un abogado. Su caso llegó a la CIDH y el 3 de agosto de 2021 se le otorgó medidas cautelares.
Está previsto que la sentencia condenatoria sea leída el 21 de marzo.
Voces del Sur rechaza las acusaciones de este arbitrario proceso claramente forjado para intimidar y censurar a quienes han trabajado en la promoción de la libertad de expresión. Es fundamental que la justicia revise las más de 1000 pruebas que han sido presentadas por la defensa y que, como han denunciado los abogados defensores, no fueron consideradas en este proceso plagado de irregularidades y que ha buscado silenciar a quienes se oponen al régimen dictatorial de Daniel Ortega.
Los miembros de Voces del Sur consideramos que la justicia nicaragüense está por dictar una sentencia aberrante, violatoria del debido proceso y que afecta gravemente a la libertad de expresión en América Latina. Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que condene este nuevo capítulo de violación a los derechos humanos en Nicaragua.
Latinoamérica, 14 de marzo de 2022.
