El proceso contra la televisora responde a la cobertura que diera el 17 de junio a un motín de la cárcel de El Rodeo, estado Miranda, que produjo la muerte de varios internos.
Éste es el séptimo procedimiento administrativo contra el canal, señala su consultor jurídico Ricardo Antela, pero el primero basado en el tratamiento informativo a un hecho y no sobre opiniones individuales, como en los casos anteriores.
De acuerdo a las normas venezolanas, reformadas en diciembre de 2010, si la televisora es encontrada culpable, le espera el pago del 10% de sus ingresos brutos o la suspensión de su señal por 72 horas.
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