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IPYS Venezuela, septiembre de 2025. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela presentó un nuevo informe el 22 de septiembre de 2025, y denunció que el Estado venezolano mantiene una política sistemática de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el país.
En materia de libertad de expresión, el informe destaca la persistencia de un patrón de ataques y acciones de intimidación, detenciones arbitrarias y procesos judiciales contra personas por la expresión de opiniones a través de plataformas digitales. En este sentido, señalan que las autoridades venezolanas utilizan el espacio digital para silenciar a periodistas, dirigentes de oposición e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.
Entre julio de 2024 y febrero de 2025, la Misión registró 45 casos de criminalización de la expresión digital en Distrito Capital, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Lara, Miranda, Monagas, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia. De acuerdo con sus registros, las autoridades responsables son la División contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y actores políticos locales vinculados con la administración de Nicolás Maduro.
La Misión documentó que el gobierno continúa restringiendo el acceso a plataformas y medios digitales, limitando el derecho a la información, la libertad de opinión y de expresión. Destacan que entre el 4 de julio de 2024 y el 31 de enero de 2025, se registraron 79 bloqueos a sitios web de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y redes sociales.
El informe también señala el uso de la tecnología por parte del Estado para reprimir, censurar y perseguir a la ciudadanía. Mencionan dispositivos forenses para la extracción de datos de equipos celulares de personas detenidas como Cellebrite, aplicaciones como VenApp, tecnologías de vigilancia y reconocimiento facial, y revisiones aleatorias de equipos celulares en la vía pública.
Entre julio de 2024 y febrero de 2025, de acuerdo con el informe, se documentaron 44 casos de detención por uso de redes sociales, incluyendo Tik Tok, Instagram, WhatsApp, y Facebook. El perfil de estas personas privadas de libertad es de jóvenes entre los 18 y 35 años de edad.
Estas prácticas socavan derechos fundamentales de la ciudadanía como la libertad de expresión, el derecho a la información, la privacidad y las garantías del debido proceso, y generan un entorno de miedo, autocensura e inhibición que afecta gravemente el ejercicio de las libertades civiles.
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