IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El martes 1 de febrero se hizo del conocimiento público que el Tribunal Trigésimo Primero de Control de Caracas, bajo el cargo de la jueza Vanerkis Márquez, decretó el archivo judicial del caso contra el periodista y activista para los derechos humanos Luis Carlos Díaz, quien fue detenido arbitrariamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 11 de marzo de 2019. Esta decisión también implica el cese de las medidas de coerción personal impuestas a Díaz, que incluían la prohibición de declarar públicamente sobre su caso y salir del país, y el régimen de presentación cada ocho días, período cambiado a 30 días posteriormente.
Después de 2 años, 10 meses y 20 días, archivaron el caso en mi contra en tribunales. Significa que logramos el cese de la medidas que restringían mi libertad y afectaron mi vida y la de mi familia, pero aún sigo en riesgo.
Gracias a tantísima gente que se movió por mi caso. https://t.co/5W727SGJ44 pic.twitter.com/wA4b1uHfh3— Luis Carlos 🏴☠️ One Piece (@LuisCarlos) February 1, 2022
La defensa de Díaz, ejercida por la organización Espacio Público, explicó a IPYS Venezuela que esta medida implica la suspensión de la investigación debido a pruebas insuficientes de parte de la Fiscalía, y que el proceso puede reactivarse si surgen pruebas contra el imputado. Sin embargo, la defensa del periodista advirtió que en un caso como el de Díaz, de tinte político, “a pesar de que el archivo judicial hace que se levanten las medidas de coerción, [Díaz] sigue sometido al poder penal, en cualquier momento se puede reactivar el caso por una orden de un factor de poder o en algún momento que él ejerza su libertad de expresión y el poder no lo considere viable”.
De acuerdo con el reporte de Espacio Público, esta resolución por parte del Estado venezolano “es una extensión de la violación de los derechos de Díaz, una situación que representa un riesgo y una directa violación a la libertad de expresión y debido proceso en su caso, pues el archivo judicial no se traduce en la declaración de su inocencia”.
El 9 de diciembre de 2019, en una audiencia celebrada en el tribunal competente, se determinó que la Fiscalía no contaba con pruebas suficientes para continuar con la investigación. Sin embargo, se le concedió un año más para entregar el acto conclusivo del caso, pero este lapso fue prolongado arbitrariamente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a causa de las medidas preventivas para evitar contagios de Covid-19, según reseña Espacio Público.
Dos años y 10 meses después de la detención de Díaz, el 10 de enero de 2022, el Tribunal decretó el archivo judicial y el cese inmediato de todas las medidas de coerción personal. Una semana más tarde, el 17 de enero, el Ministerio Público notificó esta misma decisión, y ese mismo día, el ente judicial se pronunció nuevamente para ratificar lo anunciado el 10 de enero.
La tarde del 11 de marzo de 2019 Díaz fue detenido por el Sebin cuando iba camino a casa y se desconoció su paradero por más de ocho horas, hasta las 2:30 a.m. del 12 de enero, cuando efectivos policiales lo llevaron hasta su vivienda y la allanaron. Allí confiscaron bienes materiales y herramientas de trabajo del periodista.
Tres días antes, el 8 de marzo de 2019, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), difundió un video a través de la cuenta de Twitter de su programa “Con el mazo dando”, transmitido por el canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV), en el cual responsabilizaba a Díaz, sin pruebas, de ser parte de un supuesto plan cibernético que causó el apagón nacional de marzo de ese año.
La defensa de Díaz informó a IPYS Venezuela que se están llevando a cabo los trámites para que las autoridades devuelvan los equipos confiscados durante el allanamiento, aunque señaló que rara vez en algún caso los bienes han sido devueltos.
La detención, desaparición forzada, las medidas de coerción personal y el proceso judicial colmado de arbitrariedades constituyen una violación a los derechos de Luis Carlos Díaz, quien además se vio limitado personal y profesionalmente por estas medidas.
IPYS Venezuela exige al Estado venezolano apegarse al debido proceso, pues estas acciones arbitrarias evidencian un sesgo político que viola la libertad de expresión especialmente de las voces críticas y disidentes. Esta organización también enfatiza que es deber del Estado devolver los bienes confiscados durante el allanamiento a la residencia de Díaz. Desde el inicio, el caso de Luis Carlos Díaz estuvo lleno de irregularidades y serias violaciones a los derechos del periodista y su familia.
