Alerta IPYSve | Periodistas siguieron siendo atacados y limitados en mayo en medio de coberturas informativas

Un total de nueve nuevos casos fueron registrados durante el mes de mayo de 2021 donde trabajadores de la prensa fueron limitados mientras ejercían reporterías informativas en hechos de interés público. Las violaciones contra los periodistas se registraron en coberturas de temas de salud, protestas ciudadanas vinculadas a la escasez de servicios públicos y exigencias de mejores condiciones salariales, además de las colas para repostar combustible, limitaciones que siguieron presentes durante este mes.

Pero tales hechos no son exclusivos del mes de mayo. A lo largo de todo el 2021 reporteros, fotógrafos y camarógrafos han sido víctimas de los obstáculos de funcionarios públicos, grupos irregulares y ciudadanos quienes han buscado intimidar a los trabajadores de la prensa y aumentar el ya opaca acceso a la información que existe en el escenario público nacional, y que se vio incrementado por las limitaciones impuestas por el Estado a partir de la cuarentena radical por la Covid-19

Es así como la cobertura de eventos vinculados a los operativos de vacunación han sido escenario represivos en contra de la prensa, tal como se registró en la jornada de vacunación anti Covid-19 que se realizó el 31 de mayo en Carrizal, estado Miranda.

El reportero Orlando Montlouis, del medio digital El Liberal Post y de El Tequeño, fue abordado por Yender Alcalá, concejal del municipio Carrizal, y efectivos de PoliCarrizal, justo cuando Montlouis grababa declaraciones de Alcalá, quien anunciaba que se habían acabado las vacunas en el ambulatorio María Isabel Rodríguez. Aunque las personas que presenciaron el atropello rechazaron la actuación del funcionario público, el reportero fue desalojado del lugar bajo la prohibición de grabar.

En otro evento en materia de salud, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) amenazaron a los periodistas Edwin Prieto Rosales, reportero de  los portales Impacto Mundo y Todos Ahora, y Madelyn Palmar, reportera de EVTV Miami y Unión Radio, luego de que cubrieran una protesta estudiantil que exigía vacunas contra la Covid-19 que se realizaba el 24 de mayo en Maracaibo, estado Zulia. 

El funcionario de la GNB los increpó durante la protesta y les exigió tener un permiso para ejercer su trabajo y antes de irse del lugar, los reporteros fueron advertidos de la posible confiscación de sus equipos de grabación en próximas oportunidades.

Por su parte, el martes 2 de febrero también ocurrió una limitación contra el corresponsal de Caraota Digital en Mérida, Jade Delgado, cuando realizaba tomas de apoyo a las afueras del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA) para un trabajo vinculado a la pandemia de coronavirus luego de salir de una rueda de prensa en el centro médico.

Delgado relató que fue obligado por presuntos efectivos de seguridad, uno de ellos con bata médica, a eliminar el material periodístico que tenía en su teléfono, a pesar de informar que realizaba un trabajo informativo y de estar lejos de alguna zona restringida. 

Aunque los hombres no se identificaron como parte de un cuerpo de seguridad de forma concreta, obligaron a Delgado a eliminar todo el material de su teléfono, y lo amenazaron con quitarle la motocicleta en la que se movilizaba.

Coberturas en riesgo

Tal y como se ha denunciado en otras oportunidades, se ha identificado que simpatizantes de distintos bandos políticos en Venezuela cometen actos de intimidación y represión en contra de la prensa y otros tipos de manifestaciones civiles con la intención de limitar la cobertura de los temas de interés público.

La periodista Rosalí Hernández denunció ser víctima de hurto cuando cubría una manifestación chavista frente al consulado de Colombia en Caracas, el 7 de mayo de 2021. Hernández fue rodeada por un grupo de 10 personas, aproximadamente, quienes extrajeron su billetera del bolso que tenía, sin que se diera cuenta, mientras le preguntaban en qué plataforma se publicarían los videos que había grabado.

En esta manifestación estuvieron presentes miembros del Partido Comunista, el partido Patria Para Todos (PPT) y el movimiento Somos Venezuela en rechazo a la representación violenta que se registró durante las recientes manifestaciones en Colombia, pero el evento concluyó en una discusión entre los mismos asistentes.

También en mayo, pero durante los últimos días, la intimidación estuvo presente y limitó a tres trabajadores cuando cubrían una protesta de adultos mayores, jubilados y pensionados de las empresas básicas en Puerto Ordaz, estado Bolívar. 

Las reporteras Karla Ávila, de los medios digitales Qué Pasa en Venezuela, Guayana 360 y Termómetro Nacional y Jessica León de Todos Ahora, y el camarógrafo de Venevisión Franklin Álvarez fueron fotografiados por cuatro hombres que estaban en dos motos y un efectivo de PoliBolívar que se encontraba cerca del lugar de la protesta durante la mañana del 29 de mayo.

De acuerdo con el testimonio de Ávila, dos hombres desconocidos en una motocicleta se acercaron al lugar, les hicieron fotos a los reporteros y a los manifestantes y se marcharon.

Minutos después otros dos sujetos también en una moto, rondaron por la Plaza Monumento CVG en Alta Vista y fotografiaron a los que se encontraban en ella. En paralelo, el funcionario policial desde otra esquina realizaba un registro con su teléfono de quienes protestaban. Ávila destacó al equipo de IPYS Venezuela que los hombres desconocidos en todo momento fueron percibidos por los reporteros con actitudes intimidantes.

Semanas previas, el martes 11 de mayo en Carabobo, la periodista Gabriela Suniaga fue impedida a continuar una entrevista al profesor Luis Guillermo Padrón, presidente de la Junta Transitoria Sindical de la Federación Venezolana de Maestros en Carabobo, quien se encontraba manifestando frente al Capitolio de la ciudad de Valencia.

Mientras Suniaga tomaba las declaraciones, el secretario de gobierno de la entidad, Jesús París, interrumpió de forma abrupta a la periodista y el docente, y viendo a Suniaga dijo “tú te prestas para esto”. Luego continúo el amedrentamiento contra el representante del magisterio regional, a quien amenazó con detener por alteración del orden público. Posteriormente, el funcionario pidió a la periodista y a los otros ciudadanos que estaban protestando que salieran del lugar en que se encontraban.

En Falcón, funcionarios de la GNB pertenecientes a la Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI Falcón) y del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur), impidieron que la periodista Marivane García, reportera de NotiFalcon, tomara fotos de un arrollamiento ocurrido el 6 de abril en la estación de servicio Texaco de la parroquia Punta Cardón de Carirubana, en Punto Fijo.

Los funcionarios abordaron a García para decir que estaba prohibido grabar y cuando la reportera presentó sus credenciales, intentaron tomar fotos a los documentos. También pretendieron borrar el material audiovisual, pero García se negó y se retiró del sitio.

Por su parte, Hidroandes, la institución estatal responsable del servicio de agua potable y saneamiento en los estados Barinas y Trujillo, calificó como “show mediático” la cobertura periodística que realizaron el 25 de mayo los medios regionales en una protesta en contra de la calidad del servicio prestado por esta institución en Valera.

Representantes de medios de comunicación regionales (adversos al Gobierno) efectuaron show mediático hoy con acciones programadas a las afueras de la sede de Hidroandes en el estado #Trujillo, alegando con análisis falsos la calidad del agua”, publicó la cuenta oficial de Hidroandes en Twitter.

De acuerdo con información suministrada por el corresponsal de IPYS Venezuela en el estado Trujillo, José Antonio Ocanto, a la protesta acudieron periodistas locales de El Pitazo, Diario de Los Andes, Palpitar Trujillo y Tv Andes Trujillo.

Durante el último año las coberturas informativas en lugares públicos disminuyeron producto de las medidas del confinamiento. Sin embargo, en estos espacios siguen evidenciándose serias limitaciones contra los trabajadores de la prensa, que habitualmente son ejercidas por los cuerpos de seguridad, los grupos irregulares y los simpatizantes políticos. IPYS Venezuela recuerda al Estado que dentro de sus responsabilidades está brindar condiciones para que los reporteros puedan ejecutar su trabajo sin limitaciones de ningún tipo.

#InformarNoEsDelito

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