IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
IPYS registró cuatro casos de violaciones contra la libertad de expresión por censura, abusos de poder, restricciones en la cobertura periodística y agresiones físicas, en contra de periodistas, ciudadanos y una estación de radio, previo a las votaciones presidenciales del 20 de mayo
Durante la primera semana de mayo esta organización registró agresiones físicas en contra de dos periodistas en los estados Mérida y Zulia, así como la salida del aire de una emisora en Bolívar.
IPYS Venezuela también recibió una denuncia que indicaba que dos estudiantes de la Universidad de Los Andes (ULA) están detenidos de manera arbitraria y fueron imputados por delitos tipificados en la norma “constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, que impone restricciones para la libertad de expresión.
Bolívar: Conatel sacó del aire a la emisora Nuestra 100.7 FM
Funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), encabezados por el abogado Luis Ortega, ingresaron a la sede de la emisora Nuestra 100.7 FM, ubicada en el Municipio Heres de Ciudad Bolívar, para notificar el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio la mañana del jueves 3 de mayo de 2018, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Albert Torres, locutor de la estación radial, relató a IPYS Venezuela que ese mismo día en horas de la tarde el funcionario Luis Ortega, acompañado por un grupo de oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), indicaron que la emisora saldría del aire y procedieron a decomisar todos los equipos.
Torres informó además que los funcionarios de Conatel exigieron la presencia del director de la emisora, Luis Nono Bello, quien una vez que hizo acto de presencia dio a conocer que el motivo del cierre, que catalogó como “arbitrario”, se debió a las declaraciones que hizo el mismo Albert Torres en su programa de opinión llamado “En tres y dos”, realizado el día anterior, en donde presuntamente ofendió al Presidente de la República, Nicolás Maduro.
Sobre esta acusación el locutor Albert Torres aseguró a IPYS Venezuela que no había hecho tales declaraciones en dicho programa, en el que además tuvo como invitado al diputado de la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Américo de Grazia. “En ningún momento se produjo una aseveración de insulto en contra del presidente Maduro, porque aparte de no ser nuestro estilo no es tampoco el estilo del entrevistado que tuvimos ese día”, dijo Torres.
IPYS Venezuela alerta sobre las medidas de censura que se han ejecutado en espacios informativos y de opinión. De acuerdo con las actividades de monitoreo de esta organización, con este cierre son más de 50 medios radioeléctricos que Conatel ha sacado del aire entre enero de 2005 y mayo de 2018.
Mérida: Periodista fue agredida durante visita del candidato Henri Falcón
Nora Sánchez, corresponsal de El Pitazo en el estado Mérida, denunció que fue agredida mientras fotografiaba a un grupo de oficialistas durante el recorrido del candidato presidencial Henri Falcón en dicha entidad, el sábado 5 de mayo.
La periodista informó que, presuntamente, uno de los ciudadanos oficialistas le golpeó el teléfono celular y lo lanzó hasta el suelo para impedir que siguiera tomando fotografías, pero logró recuperarlo en medio del incidente. Sánchez dijo además que no pudo ver la cara del sujeto ni tampoco conocer su nombre.
Esta organización reitera su rechazo ante este tipo de acciones atentan contra a la libertad de expresión, y constituyen un ataque a la integridad física y los bienes del periodista.
#AlertaSNTP Grupos oficialistas que intentan impedir la gira de @HenriFalconLara en #Merida, sector Campo de Oro, agredieron a la periodista Nora Sánchez e intentaron impedir que grabara #5May
— SNTP (@sntpvenezuela) May 5, 2018
Zulia: Secuestraron a periodista del diario Panorama
El periodista de la fuente deportiva, Luis Bravo, quien labora para el diario Panorama, regresó a su casa luego de ser sometido por varios hombres armados en las inmediaciones de La Rinconada, en el oeste de Maracaibo, estado Zulia, la noche del domingo 6 de mayo.
De acuerdo con la información reseñada por Panorama, el reportero fue interceptado la tarde de ese día cuando pasaba por la zona en compañía de una tía de edad avanzada. La señora había sido dejada en el lugar y perdió el contacto con Luis Bravo durante cinco horas, tiempo durante el que los cuerpos policiales realizaron labores de búsqueda.
Luego de las 11 de la noche se conoció a través del hermano del periodista que logró regresar a su casa, ubicada en el municipio Jesús Enrique Lossada. El medio informó también que los delincuentes despojaron al reportero de la camioneta asignada para sus funciones laborales, de los teléfonos celulares, documentos e incluso de sus zapatos. “Los hombres armados lo obligaron a permanecer boca abajo en el vagón de la unidad hasta que le dieron la orden de que bajara y corriera en una zona aislada de Campo Boscán, en el municipio Jesús Enrique Lossada”, señala el artículo.
Luis Bravo relató además que corrió y después permaneció en silencio por más de una hora esperando que sus captores se marcharan. El periodista se guió por el sonido de los vehículos y de la música que provenía de algunas casas rurales, y fue allí donde logró comunicarse con sus familiares quienes pudieron encontrarlo casi a la medianoche.
#ALERTA | Luis Bravo, reportero del diario @panorama fue secuestrado la noche de este #6May.
Fue sometido por varios hombres armados en las inmediaciones de La Rinconada, en el oeste de #Maracaibo y liberado, sano y sañvo, 5 horas después.
Exigimos que se investigue el hecho.— SNTP (@sntpvenezuela) May 7, 2018
Internet: Víctimas de la norma contra el odio en Mérida
El 5 de marzo de 2017, los estudiantes de la ULA Jhohann Adolfo Lobo Goyo y Michael Efrén Labrador Ramírez fueron detenidos por el Sebin a su salida de la Televisora Andina de Mérida (TAM), luego de participar en un programa donde invitaban a la comunidad merideña a asistir a una concentración pacífica el miércoles 7 de marzo como medida de protesta ante la crisis nacional. Los jóvenes fueron imputados por delitos tipificados en los artículos 20 y 21 de la norma “constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, que ha sido rechazada por las organizaciones de derechos humanos por se regresiva en materia de libertad de expresión. Hasta la fecha de la publicación de este balance, Lobo y Labrador continúan privados de libertad.
El artículo 20 de la norma constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela el 8 de noviembre de 2017 establece: “Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados”.
Migrar para evitar ser llevado a prisión
Más de dos meses antes, específicamente el 1 de septiembre de 2017, Manuel Alejandro Valero Abbate, un joven merideño, fue despedido de su trabajo porque “sus publicaciones en las redes sociales demuestran instigación al odio, a la violencia, a la xenofobia”. Así lo indicaba un oficio dirigido a la empresa empleadora de Manuel. La misiva estaba firmada por el coronel Luis Rafael Moreno Machado, gerente del Sistema Teleférico de Mérida “Mukumbarí”, en cuyos espacios se ubica la tienda donde trabajaba Manuel. Si bien en la carta el coronel Moreno solicita que Valero sea reubicado fuera de las instalaciones del teleférico, la pequeña empresa no contaba con otra sucursal, teniendo que tomar la decisión de prescindir de sus servicios.
Desde el mismo 1 de septiembre Manuel Valero se abstuvo de volver a su lugar de trabajo por sugerencia de sus propios compañeros, quienes vía telefónica le indicaron que podía ser peligroso para él presentarse en las instalaciones del teleférico, ya que podría ser detenido por fuerzas de seguridad. Para entonces él no sabía de la existencia del oficio dirigido a sus jefes y firmado por el gerente del teleférico. Sin embargo, atemorizado y sintiéndose desprotegido por un Estado que considera que no respeta el derecho a la libertad de expresión, el joven decidió abandonar el país por miedo a que aquella carta del gerente del teleférico pudiera desembocar en arresto, amedrentamiento o persecución. El 6 de septiembre salió por la frontera de San Antonio del Táchira rumbo a Colombia, país en el que continúa viviendo actualmente. Su historia también fue publicada en el portal La Vida de nos.
El 25 de septiembre el padre de Manuel, Arnaldo Valero, decidió ir hasta el que era el lugar de trabajo de su hijo -de acuerdo al relato que recibió IPYS Venezuela- a fin de conocer más detalles sobre las razones que supusieron su despido y posterior salida del país. Sostuvo una reunión en la tienda con los exjefes de su hijo y una abogada especialista en derecho laboral que trabaja para el teleférico.
Valero afirmó que esa abogada le indicó que la misiva del coronel Moreno se debió a que “se presentó una situación en las redes”, refiriéndose a unas publicaciones que Manuel había hecho en su cuenta personal de Facebook con sus opiniones sobre la entrega de cajas CLAP a los empleados del teleférico y a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. La abogada le advirtió al padre de Manuel que dichas publicaciones podían ser consideradas un delito, de acuerdo a “una nueva ley vigente”. Sin embargo, para esa fecha la Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia aún no había sido aprobada.
Luego de esa reunión, incluso semanas después, el padre de Manuel pudo obtener una fotografía de la carta firmada por el gerente del teleférico. Los exjefes de su hijo, por temor a represalias en su contra, no habían querido mostrársela ni mucho menos entregarle una fotocopia. De hecho, hasta la fecha, el único respaldo de esa misiva que tiene Valero es la foto que aparece en esta nota.
IPYS Venezuela condena estos hechos que han derivado en detenciones arbitrarias y migración forzada como consecuencia de la aplicación de la normativa contra el odio, la cual contiene controles arbitrarios en materia de libertad de expresión.
Con estos, suman 4 los casos que han derivado en privación de libertad, investigaciones y procesos judiciales a propósito de la aplicación de la norma contra el odio entre enero y mayo de 2018, según los registros de IPYS Venezuela.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exhortado al gobierno de Venezuela a dejar “sin efecto” esta normativa debido a que su aplicación podría “conducir a una grave afectación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela”.
