IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 11 de agosto del año 2015, se cumplieron ocho meses desde la última actualización de cifras económicas como la inflación (Índice Nacional de Precios al Consumidor), el Producto Interno Bruto (PIB) y escasez de productos, hecha por el Banco Central de Venezuela.
Es decir, la entidad bancaria que tiene la obligación constitucional (artículo 319) de proporcionar datos a la población, durante ocho meses, ha roto incluso su propio reglamento que establece que durante los primeros días de cada mes publicará las cifras públicas oficiales de la economía nacional.
En respuesta a esta limitación, el 17 de julio pasado, la organización no gubernamental Transparencia Venezuela introdujo una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia contra el presidente del Banco Central venezolano (BCV), Nelson Merentes, que tuvo como fin: “la defensa de los principios constitucionales de justicia, rendición de cuentas y transparencia, toda vez que desde que inició este año 2015 el BCV no ha publicado información sobre las principales estadísticas económicas del país”.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible la demanda hecha por la ONG Transparencia Venezuela, porque, de acuerdo con el juicio del tribunal, no se demostró que se hubiese intentado por otras vías que el ente ejecutara su obligación.
Por el contrario, el BCV ha actualizado hasta el mes de agosto de 2015, los datos sobre las reservas internacionales de Venezuela y hasta el mes de junio del presente años, las cifras de la tasa de interés aplicada al cálculo de las prestaciones sociales y los datos de tasas activas y pasivas. Sin embargo, los retrasos en la publicación de cifras oficiales de inflación y PIB, aunados a la demora en la publicación de datos sobre la escasez de alimentos, se han vuelto un impedimento para la toma de decisiones convenientes, para la planificación empresarial y de inversión en el país.
