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El 13 de agosto de 2015, Espacio Público interpuso ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de abstención o carencia en contra de Iris Varela, ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, luego de que negara información estadística sobre muertes y atención médica en los centros penitenciarios del país. La petición de información se envió a su despacho en enero de 2015, y fue reiterada en el mes de marzo.
Oswaldo Cali, abogado de Espacio Público, relató a IPYS Venezuela que esta acción legal surge a partir de la negativa de la ministra Iris Varela en entregar información sobre el número de muertes y heridos en los centros penitenciarios de cada región del país, así como la cantidad de médicos que atienden a las personas privadas de libertad en estos centros de reclusión.
Cali aseguró que la petición de información se hizo en el mes de enero de 2015, con el fin de obtener información estadística oficial para la elaboración de los informes que Espacio Público presentaría ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas durante su participación en las sesiones del cuarto examen periódico de Venezuela en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos los días 29 y 30 de junio en Ginebra (Suiza).
La negativa de la ministra Iris Varela para entregar información de interés público y de su competencia representa una violación al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública, consagrados en los artículos 51, 57, 58 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De igual manera, este hecho viola los artículos 19 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y el artículo 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
La organización también demandó al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López por no otorgar oportuna y adecuada respuesta a la petición de información que se envió a su despacho en enero de 2015, sobre el índice de criminalidad en el país entre 2001 y 2014, y que fue reiterada en marzo.
IPYs Venezuela hará seguimiento al caso.
