Fiscalía ordenó congelar las cuentas de editor de medio

El 27 de julio de 2013, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz anunció la orden de congelación de las cuentas bancarias, y la prohibición de enajenar los bienes de Miguel Henrique Otero, editor del El Nacional, diario privado con sede en Caracas. Según la información del Ministerio Público, la medida obedece a una demanda civil interpuesta contra Otero por Alfredo Peña, ex alcalde de la ciudad capital venezolana. El proceso no se corresponde directamente con la gestión mediática.

Miguel Henrique Otero informó a IPYS Venezuela que hasta el 29 de julio, desconocía las razones por la orden de intervención de sus cuentas y afirmó que hasta el momento no ha sido notificado formalmente por el Ministerio Público. Agregó que la información la conoció por un tweet que colocó la fiscal en su cuenta@Lortegadiaz, que decía: “Prohibición de enajenar y gravar bienes y congelación de cuentas bancarias pidió el Ministerio Público en contra de Miguel Henrique Otero” (https://twitter.com/lortegadiaz/status/361208620152668161)

En su página web la institución judicial  reseñó: “el miércoles 19 de junio de 2013, el Ministerio Público recibió una solicitud del Tribunal 21º en lo Civil y Mercantil del AMC, el cual instó a investigar si en la demanda de Alfredo Peña contra el editor del diario El Nacional, existe un hecho punible” (http://bit.ly/18G6mbB).

El Ministerio Público añadió: “la demanda de Peña contra Otero es por el cobro de 3 millones y medio de dólares, ´y consideramos que estos hechos podrían revestir carácter penal, pues no sabemos de dónde el funcionario público obtuvo esa cantidad de dinero, ni tampoco conocemos por qué el demandado  (Miguel Henrique Otero) debía esa suma´, precisó la Fiscal General”.

La demanda civil  impulsada Peña fue interpuesta en 2012, según explicó Otero, quien explicó que ha tenido conocimiento de esta acción, pero no ha sido citado por los tribunales para el desarrollo de este proceso legal.

Alfredo Peña, ex alcalde Caracas, es investigado por el Ministerio Público, por presuntamente estar involucrado en el delito de malversación de fondos públicos, en su gestión como burgomaestre entre 2001 y 2004. En 2007, se dictó una medida de aprehensión, y en 2009 el Ministerio Público solicitó a la International Criminal Police Organization (Interpol) la captura de Peña.

Posible medida indirecta

Según la información, la orden de intervención de las cuentas bancarias serían las personales de Otero, y no las del periódico las que dirige. La  medida no estaría relacionada con su gestión como editor de El Nacional. Sin embargo, Otero considera que es una medida arbitraria y que representa un hecho que busca afectar al periódico, que ha mantenido una línea crítica a la gestión gubernamental, en los últimos 14 años.

Ésta  es la tercera acción legal que afecta a representantes de periódicos y empresas privadas de medios que se registra durante el mes de julio. En Falcón, el diario La Mañana; y en Bolívar el diario el Correo del Caroní han sido sometidos a procesos legales ( /search.aspx?search=acci%C3%B3n%20legal%20%22julio%22%202013&page=1).

Etiqueta: acción legal

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Lea la versión en inglés

 

Caracas: The attorney general´s office ordered the freezing of the bank accounts of the editor of a private newspaper

 

On July 27, 2013, Luisa Ortega Díaz, the Attorney General of the republic, announced an order issued to freeze the bank accounts and a prohibition to transfer, sell or dispose of the assets of Miguel Henrique Otero, editor of El Nacional, a private newspaper based in Caracas. According to the information issued by the public prosecutor, the measure was due to a civil lawsuit filed against Otero by Alfredo Peña, the former mayor of the Venezuelan capital city. The process does not correspond directly to his management of the media.

Miguel Henrique Otero informed IPYS Venezuela that until July 29 he had no idea as to the reasons for the order to intervene his accounts and stated that, so far, he has not been formally notified by the public prosecutor. He added that the information was made known through a tweet sent by the attorney general in her account @Lortegadiaz, which stated: “Prohibition to transfer, sell or dispose of or mortgage or encumber the assets and freezing of bank accounts requested by the public prosecutor against Miguel Henrique Otero” (https://twitter.com/lortegadiaz/status/361208620152668161).

In its web page the legal institution posted: “On Wednesday June 19, 2013, the public prosecutor received a request from court 21 on civil and mercantile instances of the AMC, which urged to investigate if there exists a punishable event in the lawsuit filed by Alfredo Peña against the editor of El Nacional” (http://bit.ly/18G6mbB).

The public prosecutor added: “Peña´s lawsuit against Otero is for the collection of 3.5 million dollars, ´and we consider that these events could be of a criminal nature since we do not know where the public official obtained that sum of money nor do we know why the defendant (Miguel Henrique Otero) owed that sum´”, the Attorney General stated.

The civil lawsuit thrust forward by Peña was filed in 2012, Otero explained, and said that he has had knowledge of this but has not been subpoenaed by the courts during the legal proceedings.

Alfredo Peña, the former mayor of Caracas, is being investigated by the public prosecutor for allegedly being involved in the crime of embezzlement of public funds during his term as burgomaster between 2001 and 2004. In 2007, a warrant to apprehend him was issued and in 2009 the public prosecutor requested that the International Criminal Police Organization (Interpol) capture Peña.

A Possible Indirect Measure

Based on the information, the order to intervene the bank accounts would only be on Otero´s personal accounts and not those of the newspaper he runs. The measure would not be related to his actions as the editor of El Nacional. However, Otero considered that this is an arbitrary measure which seeks to affect the newspaper, which has maintained a harsh critical line with respect to the government´s performance in the past 14 years.

This is the third legal action affecting newspaper representatives and private media companies registered during July. In Falcón, the La Mañana newspaper, and in Bolívar the El Correo del Caroní newspaper, have been subjected to legal proceedings ( /search.aspx?search=acci%C3%B3n%20legal%20%22julio%22%202013&page=1).

Label: legal action