IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 8 de enero de 2015, funcionarios de seguridad privada del Abasto Bicentenario, ubicado en Plaza Venezuela de la ciudad de Caracas, amenazó a un equipo reporteril del multimedia Contrapunto con detenerlos sino borraban imágenes de apoyo registradas en las instalaciones del mencionado supermercado.
Airam Fernández, reportera de Contrapunto, relató a IPYS Venezuela que, luego de registrar las declaraciones de varias autoridades oficiales dentro de las instalaciones, dos funcionarios de seguridad privada de la Red de Abastos Bicentenario, los abordaron cuando registraban imágenes de los pasillos, y que servirían como tomas de apoyo para su trabajo periodístico.
Fernández aseguró que ambos trabajadores le prohibieron a su camarógrafo registrar las imágenes, y les notificaron que debían tener un permiso para hacerlo. “Estos sujetos nos dijeron que iban a llamar a la policía, y nos pidieron el carnet. No creían que éramos trabajadores de la prensa”, dijo.
Ambos reporteros borraron las imágenes.
Posteriormente, una persona de prensa del Abasto Bicentenario, llamada Génesis, habló personalmente con los reporteros y extendió sus disculpas. Alegó que los empleados estaban alterados por la situación y aseguró que no volvería a pasar un hecho similar. No obstante, les pidió a los reporteros que se retiraran de las instalaciones.
Esta es la sexta alerta que IPYS Venezuela ha registrado en relación con limitaciones de acceso a la cobertura de asuntos de interés público en supermercados del país por parte de funcionarios de seguridad del Estado y funcionarios de seguridad privada.
El artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene el derecho de expresar libremente sus ideas y opiniones, y para ello puede hacer uso de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura.
Por otro lado, el numeral 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que la presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida, a través de los medios de comunicación, debe estar prohibida por la ley. Además, su artículo 9 señala que los hechos de amenaza e intimidación a los comunicadores sociales violan los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión.
